La alcaldesa que expropia a los bancos
Bastidas señala que las viviendas están abandonadas.
También los bancos acumulan deudas. Y pueden ser penalizados: también los bancos pueden ser desahuciados.
Elena Bastidas, alcaldesa del pueblo de Alzira
por el Partido Popular -el mismo que gobierna España- echó mano de un
mecanismo administrativo para "expropiar" 48 viviendas vacías a la CAM y
Bancaja, dos cajas absorbidas por el Banco Sabadell y Bankia.
Son casas con las que se quedaron después de desalojar por impago a sus propietarios.
El mecanismo comienza a regir esta semana y está apoyado en la ley urbanística valenciana.
Alzira es una localidad de 45.000 habitantes en
la comunidad de Valencia, en la costa oriental española, cuyos ingresos
provienen principalmente del ocio, el comercio y la mediana industria.
Bastidas toma esta medida, dice a BBC Mundo,
porque estos inmuebles están abandonados y, por tanto, en mal estado,
"generando gastos, molestias a los vecinos y hasta ocupaciones
ilegales". Además de incumplir las normas de ornato público.
"80% de los casos son de titularidad de los
bancos, que, por no atender adecuadamente a sus obligaciones tributarias
(impuestos de inmuebles) y de conservación, están consintiendo que se
vayan deteriorado muchas de las viviendas de Alzira", elabora Bastidas.
Ésta es una de las casas que la alcaldesa de Alzira le expropió a los expropiadores.
La alcaldía que dirige Bastidas también embargó un banco por impago para usar ese dinero para este plan.
Los 400.000 euros (casi US$538.000) que cuesta
el proyecto los sacó de la ejecución de recargos contra una entidad
financiera que acumulaba una deuda de cuotas urbanísticas que no pagó
"de modo voluntario, en el plazo voluntario".
Una medida que a primera vista parece más propia de un gobierno de izquierdas que de uno de centroderecha como este del PP.
Bastidas, de 43 años, milita en este partido
desde los 16 y responde que "el tema social no es patrimonio de la
izquierda, que ha sido el gran generador de paro de este país".
"En mi partido conozco mucha gente sensible a los grandes problemas".
Por etapas
El ayuntamiento comienza el plan esta semana con
las diez primeras viviendas. Para activarlo, instará a CAM y Bancaja a
que las rehabiliten en un plazo de cuatro meses.
Si no lo hacen, la alcaldía, sin mediación de
los juzgados, tomará las viviendas "de manera forzosa" y las inscribirá
en el registro municipal de solares. Tras otras gestiones, obtendrá la
propiedad de estos inmuebles.
Luego hará un diagnóstico de la reparación que
necesitan, después de lo cual contratará a unos 40 obreros de la
construcción, de entre los 5.000 desempleados de Alzira, para que hagan
las reformas.
Entre tanto, los servicios sociales del
ayuntamiento evaluarán quiénes son los más aptos para optar a un
alquiler social de estos inmuebles cuando sean habitables, por un pago
mensual de unos US$67.
"Nosotros también debemos ser implacables con los bancos. Somos la administración más próxima a los ciudadanos"
Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira
Según Bastidas, no hay una cifra precisa de las
familias desahuciadas en Alzira, un tema de los tribunales. "Mucha gente
no lo dice por vergüenza".
En todo el país, superan los 400.000 en los últimos cuatro años, según el Consejo General del Poder Judicial.
Los jóvenes desalojados por deudas hipotecarias
tendrán prioridad para este alquiler simbólico, apunta. Las 48 viviendas
están en el barrio de L’Alquerieta, una zona que justamente necesita
"rejuvenecerse".
Pasará más o menos un año para que estos primeros inquilinos lleguen a las casas reformadas, mientras pasa todo el proceso.
Pero el proyecto tiene "vocación de continuidad", asegura la alcaldesa.
Competencia solo urbanística
Los ayuntamientos españoles no tienen, como las
comunidades autónomas o el estado, competencia en el renglón de la
vivienda. Menos pueden legislar en temas hipotecarios.
Tampoco tienen los mismos fondos. Bastidas,
también presidenta de la federación que agrupa a todos los ayuntamientos
de Valencia –546; en toda España hay más de 8.000— ha alertado de la
falta de liquidez de las alcaldías de su comunidad.
Los bancos no hacen acuso de recibo de las advertencias de la alcaldesa.
Por eso el hilo del que halar es el urbanístico: hacer cumplir las normas y el pago de impuestos municipales.
"Nosotros también debemos ser implacables con
los bancos. Somos la administración más próxima a los ciudadanos y en
este momento tenemos que dar un paso más allá al lado de los vecinos",
afirma Bastidas.
Hay discrepancias sobre el número de casas
vacías en manos de los bancos en España, varios de los cuales han sido
nacionalizados o fusionados por su falta de liquidez.
Son cifras muy generales, que han perdido
vigencia. Las últimas del Instituto Nacional Estadística vienen del
censo de 2001: poco más de 3 millones de inmuebles deshabitados.
Este año debería conocerse el nuevo censo.
Expertos como Ada Colau, fundadora de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, dicen que hay estimaciones que hoy superan los 5,5 millones.
Lo que responden los bancos
Bastidas no conoce la reacción a esta medida de
los dos bancos señalados. "Ojalá se interesaran, pero esto se va a hacer
con o sin los bancos".
"No tenemos conocimiento oficial del plan de la alcadesa de Alzira "
Banco Sabadell
Bankia y Banco Sabadell evitan pronunciarse en
concreto sobre el plan del ayuntamiento de Alzira en sus respuestas a
BBC Mundo, y hablan, más bien, de medidas generales.
"Bankia ha renegociado condiciones para más de
80.000 préstamos, el 10% de su cartera hipotecaria, para evitar
desahucios", defiende un vocero autorizado de esta entidad que prefiere
no ser identificado públicamente.
Según esta fuente, el banco puso 300 casas a
disposición de la Generalitat Valenciana y 1.000 viviendas a disposición
del Fondo Social de la Vivienda: el gobierno nacional anunció el 17 de
enero que las instituciones financieras cederán 6.000 inmuebles vacíos
para un plan de alquiler social por un máximo de 400 euros al
mes(US$537).
En términos similares declaró a BBC Mundo el Banco Sabadell sobre la CAM.
"No tenemos conocimiento oficial del plan de la
alcadesa de Alzira y por tanto no podemos opinar al respecto", dijeron
desde el Departamento de Comunicaciones Externas. Este banco, agregaron,
aportará 250 inmuebles al Fondo Social del gobierno.
El resto de España
Elena Bastidas afirma que su despacho ha
recibido llamadas de algunos de sus pares en Girona (Cataluña) y
Canarias "para interesarse por el procedimiento legal".
Que la iniciativa sea replicable en el resto de
España depende del uso que hagan sus colegas de la legislación
urbanística de cada autonomía.
Alzira es una localidad de 45.000 habitantes en la comunidad de Valencia.
Por lo pronto, presentará la medida a la
Federación de Ayuntamientos de Valencia para que "puedan copiarla y
crear una gran cadena de ayuda".
Ada Colau, cuyo movimiento defiende a los
desahuciados desde hace dos años, ve bien el plan y está segura de que
los ayuntamientos, en su escala, pueden hacer todavía más.
"Es cuestión de voluntad política. Las reformas
urbanísticas de los centros históricos se han hecho con expropiaciones
masivas. ¿Cómo no se va a hacer para esto?", comenta a BBC Mundo.
Dice Colau que lo mínimo las alcaldías deben
interpelar "por las buenas" a los bancos que operan en sus ciudades
"para que dejen de desahuciar y pongan las viviendas vacías para
alquiler social".
Los ayuntamientos, opina, deberían "hacer
público cuáles bancos responden y cuáles no" y, además, retirar sus
fondos de los que no.
"Cientos de ayuntamientos han apoyado nuestras
demandas y piden al estado el cambio de la ley (hipotecaria). Luego
pasar a actuar es otra cosa. Han sido pocos, porque al final todas las
administraciones tienen préstamos bancarios y una relación de
dependencia con ellos. Así que no es una cuestión de incapacidad
técnica", concluye.
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