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martes, 15 de enero de 2013


GALUCCIO NECESITA MUCHO MÁS QUE MAGIA

Cristina no regala el país, lo pierde: Se viene el embargo de los bienes de YPF

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Ni la magia alcanzará a Miguel Galuccio para solucionar el pasado, presente y el destino que le espera a la empresa estatal YPF. Cerca de perder un juicio millonario, con el posible embargo de sus bienes, lista para ser demandada ante el Ciadi por Repsol, perdida la única empresa que había manifestado, al menos, interés en ser su socio, a poco de meter la mano en la caja de la Anses, con las acciones por el piso, y valuada ahora en apenas US$4.400 millones, queda claro que al Gobierno se le fue de las manos.
Cristina Fernández y Miguel Galuccio.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La empresa petrolera estatizada YPF podría recibir en las próximas semanas un fallo internacional en el que lo obligarían a resarcir a varias compañías de gas brasileras por unos US$1.633 millones por haber cortado el suministro de gas.
Según publicó el diario 'La Nación' fuentes ligadas al caso expresaron que "es altamente probable" que la Cámara de Comercio Internacional de París dictamine desfavorablemente para la compañía luego de una larga y compleja disputa que lleva 4 años, y comenzó cuando la española Repsol era la dueña.
 
El Gobierno de Cristina Fernández heredó la demanda que las empresas Companhia de Gas do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgas) y AES Uruguaiana Empreendimentos (AESU) presentaron ante la justicia internacional en contra de YPF, por un contrato firmado en 1999. El otro demandante es la firma Transportadora de Gas del Mercosur.
 
"No existe una decisión del tribunal arbitral, porque tiene fecha para laudar hasta el 31 de diciembre", dijo uno de los voceros de YPF al diario.  
 
"Si antes YPF podía argumentar, como lo hizo ante los árbitros, que tomó una decisión por razones de fuerza mayor, ahora el dueño de la empresa, el Estado, es el mismo que tomó la decisión de cortar el gas", precisaron.
 
En plena crisis argentina, el gobierno frenó en 2004 todos los despachos de gas al exterior, lo que afectó tanto a Brasil como a Chile y generó la disputa judicial posterior.
 
De confirmarse, Miguel Galuccio deberá sacarle brillo a su apodo, "el Mago". 
 
Ya que pese a que las previsiones de YPF en sus balances anticipan un desenlace favorable para la empresa argentina, si se confirma el escenario en contra, el grave problema para YPF será que el arbitraje tendrá ejecución inmediata.
 
Por lo tanto, a diferencia de las armas legales con las que cuenta el Gobierno para dilatar el cumplimiento de un proceso internacional en su contra o proteger a sus activos soberanos, YPF es una empresa pública con actividad comercial.
 
Como tal, explicaron dos abogados, sus bienes pueden ser embargados sin ningún tipo de rodeo.
 
En este marco, y complicada por la falta de socios, YPF anunció de todas maneras, que invertirá en Santa Cruz más de US$ 3100 millones en los próximos cinco años, una cifra que duplica,  según la empresa, el promedio de inversiones que había realizado en el último lustro. De acuerdo con un  comunicado, "esta decisión revierte drásticamente la desinversión planificada" por la gestión de Repsol, publica el sitio 'iProfesional'.
 
"Este acuerdo le permitirá a la provincia tener un horizonte económico y de desarrollo completamente favorable. Se mejorará el trabajo en la provincia, y se multiplicarán los empleos directos e indirectos vinculados con la actividad hidrocarburífera", indicó la compañía, en un comunicado.
 
En efecto, hay un socio. Más que un socio, una caja por vaciar: según el diario 'Página/12', la ANSES aportará este año hasta $6.500 millones a la empresa. 
 
Los recursos están siendo canalizados a través de la compra de títulos de deuda de la petrolera. El comprador es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones, que administra el organismo previsional, según indicaron fuentes oficiales al diario.
 
"YPF es una buena inversión. Factura $85.000 millones al año, es una empresa sólida, que produce un recurso estratégico y que está dejando atrás años de desinversión", definió Diego Bossio, titular de la Anses, en su visita al Congreso del mes pasado.
 
El último viernes, el FGS se quedó con el 20% de la colocación de Obligaciones Negociables de YPF, unos $150 millones, a una tasa cercana al 20% anual.
 
Hasta el momento, la petrolera hizo tres emisiones de ON, por un total de $4250 millones de pesos. El FGS fue el principal suscriptor, con cerca de 1900 millones. Bossio explicó que la rentabilidad de estas inversiones es superior a la de los plazos fijos y defendió la estrategia oficial de financiar desde la ANSES proyectos productivos y de infraestructura. En diciembre de 2009, cuando las AFJP dejaron de operar, entre todas las administradoras tenían invertido apenas el 2,2% de los aportes previsionales a esos rubros: eran $2.158 millones. Después de tres años de gestión estatal, esa cifra creció hasta 32.717 millones, el 14,4% del FGS".
 
¿Por qué no aumentar, en cambio, jubilaciones? La respuesta de las autoridades de la Anses, según el diario, es que "si se lo utilizara para aumentar las prestaciones o actualizar haberes de jubilados en línea con los fallos Badaro o Eliff, se agotaría al cabo de un tiempo relativamente corto y luego el Estado quedaría desfinanciado para seguir afrontando sus obligaciones".
 
Acaso, ¿no están agotando también a YPF? ¿Rifarán el dinero de los jubilados?
 
Ayer, por caso, YPF volvió a caer en la Bolsa de Nueva York. Ocurre que Cristina no puede con YPF. Los papeles de YPF perforaron el piso emblemático de US$10 por acción. Opera en la franja de US$9,90 a 9,92 como quedó en el pos cierre en la Bolsa de Nueva York. En Buenos Aires perdía 0,14%. Y los inversores no le ven el piso al valor de la petrolera y siguen desprendiéndose de esos títulos.
 
Como consecuencia, la capitalización bursátil cayó a niveles próximos a US$3.900 millones.
 
El valor contable, o de libros, perforó el piso del dólar y ya se ubica en 91 centavos. 
 
Evidentemente, dista de haber buenas señales para una empresa que hace cuatro meses presentó su master plan de inversiones por US$37.000 millones en el próximo quinquenio, apoyándose en la captación de inversores estratégicos que no llegan.
 
En 2011, cuando todavía no se habían expropiado las acciones en poder de Repsol, el valor de la empresa era de más de US$13.500 millones.
 
El pico poscrisis de 2008 fue de US$16.800 millones y el máximo histórico lo tocó en 2005 con una valuación en bolsa de US$28.000 millones.
 
La acción de YPF se situó en US$41,47 el 26 de enero de este año, pero, a partir de los rumores de reestatización de la compañía, lo que se concretó en abril, el papel comenzó a desvalorizarse en forma pronunciada.
 
Cuando el 16 de abril de 2012, la presidente anunció la reestatización del 51% de las acciones, en manos de Repsol, la compañía tenía un valor de US$7.900 millones (precio de la acción: US$19,50 en Nueva York). Al 1° de noviembre de este año, la empresa está valuada en apenas US$4.400 millones. Y es en este contexto que España aguarda "una solución relativamente pronto" al conflicto por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
 
Al respecto, el cancillerespañol, José Manuel García-Margallo explicó: "No hay un solo día en que no haya conversaciones sobre ese asunto entre el gobierno argentino y el gobierno español, con discreción, que es como se hacen las cosas en diplomacia, pero no hay un solo día en que no se hable de eso".
 
En declaraciones a la televisión pública de su país, el ministro de Mariano Rajoy dijo que las negociaciones "van por buen camino": "Espero que tengamos una solución relativamente pronto".
 
Este miércoles (14/11), Rajoy decía que la expropiación de YPF no fue "una decisión correcta" y que le "gustaría que esa situación se revirtiera".
 
"Como todo el mundo sabe, la decisión del gobierno argentino sobre YPF no nos ha satisfecho ni a nosotros ni a casi nadie en el mundo. Eso es perfectamente entendible, y no hay que dar más razones ni argumentos", añadió.
 
Lo que reclama Repsol es una indemnización de al menos US$10.500 millones, es decir, el 51% de las acciones de YPF quedaron en poder del Estado nacional.
 
Pero a ese ritmo es que caen las ganancias de YPF: esto es: 51%, en el tercer trimestre frente al mismo lapso del 2011. La empresa nacionalizada a principios de mayo reportó ingresos netos por $756 millones, por debajo de las expectativas del mercado de $902,5 millones.
 
YPF explicó la caída en sus beneficios por un aumento de sus costos operativos y peores resultados en algunas empresas participadas. La alta inflación en Argentina, que según estimaciones privadas ronda el 25% anual, disparó los costos de las empresas.
 
 
Mientras sigue buscando socios para financiar el ambicioso plan de inversiones de US$37.200 millones, gran parte de los cuales se destinarán a desarrollar el megacampo Vaca Muerta, que podría contener una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales.
 
Sin embargo, ahí también se presentaron algunos problemas puesto que Chevron Argentina era la única que, al menos, se había interesado en explorar ese yacimiento, cuando los pueblos originarios de la Amazonia ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, la embargaron en un juicio por daños ambientales.
 
Otra pésima noticia para Miguel Galuccio. Además de estar fastidiado con el balance de su empresa, pierde la única asociación internacional que, brumosa y todo, podía exhibir. El miércoles, el juez Adrián Elcuj Miranda bloqueó el 40% de los depósitos bancarios y de las ventas de Chevron como parte de un embargo de US$ 19.000 millones decidido por Ecuador.
 
Por supuesto, el acuerdo con YPF quedará para otro momento. Como carece de estaciones de servicio, Chevron no es una empresa popular. Sin embargo, se trata de la cuarta productora de petróleo, que tiene entre sus clientes a Esso y Shell, que ya recibieron la orden de retener el 40% de lo que le pagan.
 
El embargo es parte de una historia agresiva y novelesca que comienza en 1993, pero que no viene al caso.  Aquí la preocupación oficial es que está involucrada la única multinacional que admitió estar evaluando una inversión en YPF. Desde que lo hizo, el director de Chevron para América latina, Alí Moshiri, aparece en la página web de la empresa estatizada estrechando la mano de Galuccio como si fueran Napoleón y Wellington. Para que se sienta más a gusto, la Presidente invitó a Moshiri a pasar unos días de descanso en El Calafate.
 
Más allá de la ANSES, será casi imposible encontrar un nuevo socio.
 
En el chiquitaje, YPF vendió un par de stands en Tecnópolis, y aumento el precio de sus combustibles. Según 'Clarín', la súper de YPF está 24% más cara si se tiene en cuenta que en octubre de 2011 estaba a $ 4,829 por litro.
 
El pasado de 19 de octubre, la petrolera estatal aplicó un nuevo ajuste que elevó el precio a $ 5,979 por litro, ya muy cerca de la barrera psicológica de los $ 6. La idea del aumento, según explicaron entonces, fue la de “acortar la brecha” con los valores de la competencia sin dejar de tener “el precio más bajo” del mercado.
 
# Venció el plazo: Repsol puede recurrir al Ciadi
 
La fechas tampoco acompañan la 'suerte' de la empresa: Ocurre que Repsol ya puede recurrir al Ciadi porque pasó el plazo abierto para llegar a un acuerdo por YPF.
 
La española Repsol puede presentar, a partir de ayer, una demanda de arbitraje internacional por la confiscación del 51% de YPF, con el objetivo de que la Argentina le pague una compensación justa por lo que considera un "expolio ilegal", según informó la agencia EFE.
 
En mayo, Repsol había enviado una carta a la presidente, en la que declaraba la existencia de una controversia entre la compañía y el Estado argentino, con lo que dio el primer paso para llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Entonces se abrió un plazo de 6 meses para que ambas partes intentaran llegar a un acuerdo antes de que Repsol presentara definitivamente la demanda de arbitraje, un período que expiró ayer.
 
El objetivo de Repsol es que se declare ilícita la actuación de la Argentina y que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
 
Hasta la expropiación, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valora en US$10.500 millones (unos 8050 millones de euros al cambio actual).
 
La compañía entiende que el Gobierno vulneró los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre España y la Argentina.
 
Actualmente, Repsol tiene abiertos varios frentes judiciales contra la Argentina: ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y ha impugnado las asambleas de accionistas de la petrolera, así como ante la justicia estadounidense por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país..
 
La nacionalización de YPF, en abril pasado, abrió además un período turbulento en la historia reciente de las relaciones entre España y la Argentina. 
 

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