España reclama a 136 niños sacados del país por uno de sus padres
Las sustracciones internacionales de menores se triplican en una década
Menos de un 20% de casos se resuelve con una orden judicial de regreso
“No quiero que mi hija, cuando crezca, me diga: ‘Tu no venías”. Antonio Blanco, profesor de música de 50 años, ha tenido que viajar a Japón este verano para poder reunirse con su hija de 6. Su exmujer, nativa de ese país, se la llevó en agosto de 2009 pese a que una sentencia prohibía su salida de Salamanca, lugar de residencia de la familia. El periplo hasta el reencuentro en 2011 y el posterior acuerdo con la madre para establecer un régimen de visitas ha sido arduo. Blanco se ha dejado por el camino sus ahorros y dos años perdidos de la infancia de la pequeña.
El caso de Blanco es cada vez más habitual. El número de sustracciones internacionales de menores no ha dejado de aumentar. En 2011 elMinisterio de Justicia tramitó 136 requerimientos de retorno de niños llevados al extranjero por uno de sus progenitores sin consentimiento del otro. Es una cifra “alarmante”, según denunció el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, esta semana en Salamanca. El dato del año pasado es muy superior a los 41 casos de 2001, los 70 de 2007 y los 95 de 2008. Y pueden ser muchos más porque el ministerio solo contabiliza los procesos en los que el país al que ha ido a parar el menor es firmante del convenio de La Haya. Japón no es uno de ellos.
La principal razón de este aumento es, según los expertos consultados por este periódico, el incremento de matrimonios entre cónyuges de distinta nacionalidad en España durante la época de bonanza. El conflicto surge cuando esas parejas se rompen y uno decide volver a su país de origen llevando a los hijos consigo sin consentimiento del otro. El convenio de La Haya establece que debe primar el lugar de residencia habitual. “Una vez se demuestra que es España, con matriculaciones de colegio o la tarjeta sanitaria, lo requerimos a la autoridad judicial del otro país”, explican desde el Ministerio de Justicia. “Pero la justicia tiende a ser muy proteccionista con sus nacionales”, añaden las mismas fuentes. Los datos lo corroboran. En 2011 solo 20 de los 136 requerimientos se resolvieron con una orden judicial (sin posibilidad de apelación) del país al que fue sustraído el menor que obligase a su retorno. Esta cifra podría aumentar si se resuelven en este sentido procesos aún abiertos. Pero en años anteriores, con más cantidad de casos cerrados, el dato es muy parecido.
Los padres cuyos hijos han sido sustraídos a países firmantes del convenio de La Haya pueden acudir al Ministerio de Justicia para que los reclamen. Cuentan además con asistencia legal gratuita. “Si el país implicado no forma parte del convenio no podemos hacer nada”, aseguran fuentes ministeriales. Blanco no tuvo esta oportunidad porque Japón no está entre los firmantes. Tardó un año en localizar a su hija para lo que tuvo que contratar a un detective privado. Ningún abogado nipón quería hacerse cargo de su caso. Cuando lo consiguió en verano de 2011 pudo viajar a Japón para reunirse con su hija, dos años después de su marcha. “Ella preguntó quién era yo y le enseñé fotos juntos. Tuve ganas de llorar pero no me parecía apropiado que lo primero que viera fuera un señor llorando y me contuve”, relata el padre. Tras seis meses de litigio llegó a un acuerdo con su exmujer para establecer un régimen de visitas. Seis horas a la semana siempre que él vaya al país nipón. A partir de 2016 podrá traerse a la pequeña un mes a España. Pese a que tiene reconocida la patria potestad de su hija, Blanco se conforma con estos términos. “¿Qué otra cosa puedo hacer?”, lamenta al otro lado del teléfono. No deja de quejarse, sin embargo, de la indefensión que ha sentido, sin apoyo por parte de la justicia española.
Francisco Javier Forcada, miembro de la red internacional de jueces de la Convención de La Haya, apunta que en España no hay jueces especializados en el tema, situación que cree que debería cambiar. Pero mientras se “moderniza la legislación” recomienda que se prohíba expresamente, en las sentencias de divorcio, la salida de los hijos sin consentimiento de los dos progenitores o sin que lo autorice un juez, en caso de desacuerdo. “Evita que se malinterprete nuestra legislación en otro país”, explica.
La Unión Europea ha habilitado una red de mediadores para que los padres puedan resolver qué hacer con los hijos cuando uno de los dos quiere marcharse a otro país. Ana Criado es una de las tres españolas que han formado para este tipo de intervenciones. La experta apunta que cuanto antes se comience un proceso de mediación, más fácil es que haya un acuerdo. “Se evita además el proceso judicial que es demoledor”, señala. Pero este mecanismo es siempre voluntario y “normalmente las personas buscan la protección jurídica de su país”, subraya Forcada. Lo que en la práctica se traduce en la sustracción del menor en busca de una sentencia favorable en casa. El tiempo transcurre, los procesos se dilatan más de lo establecido y los padres dejan de ver durante años a sus hijos. Los pequeños son en última instancia las víctimas de esta clase de conflictos al verse privados de una parte de su familia y, en muchos casos según los expertos, manipulados para creer que fueron abandonados.
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