En este post figuran numerosos EJEMPLOS CONCRETOS de
pleitos cotidianos de la aplicación de la tasa judicial estatal según
redacción del INCONSTITUCIONAL proyecto de ley de tasas judiciales (enlace a texto pinche aquí . El proyecto está YA en en el Congreso, y el Gobierno quiere que entre en vigor EN ENERO DE 2013. Han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley diversos grupos parlamentarios, incluyendo PSOE, UPyD, Izquierda Plural y BG, pero, salvo error, no
consta que el PP haya aprovechado el plazo de enmiendas para rectificar
un proyecto no solo injusto, sino inconstitucional y que suscita rechazos categóricos y frontales de juristas de todo tipo. No pretende ni de lejos ser una lista exhaustiva: el Consejo General de la Abogacía, Colegios de Abogados (Baleares, Pontevedra, etc.), jueces, secretarios judiciales, fiscales, Colegios de Procuradores, asociaciones jurídicas, más la OCU, asociaciones de derechos humanos, sindicatos, por no mencionar que hasta el Consejo General del Poder Judicial, el cual informó desfavorablemente el anteproyecto.
Se pretende que pague CUALQUIER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, SEA CUAL SEA SU NIVEL DE INGRESOS,
en todas las jurisdicciones, excepto penal (¿por ahora o más adelante
volveremos al preconstitucional sistema de tasas por asuntos penales?).
Exenciones previstas en el proyecto al pago: básicamente el Estado en
todas sus formas y los que tengan derecho a justicia gratuita (en
personas físicas, las que tengan ingresos por unidad familiar superiores
al doble del IPREM (http://www.iprem.com.es/) es decir, 532,51€ X 2,
aprox. 1.100€/mes para año 2012. No se gradúa por capacidad económica:
cualquier familia que gane, en su conjunto de unidad familiar más de
aprox. 1.100€/mes. Ha leído bien: si su unidad familiar supera de
ingresos 1.100€/mes –es usted un gran potentado – TENDRÁ QUE PAGAR LAS
CANTIDADES que se indican abajo como ejemplo, MILES DE EUROS por pleitos
normales y corrientes, en el mismos importe que una familia
supermillonaria o que una multinacional. Exenciones por materia:
unas pocas cuestiones en Derecho de Familia. Basta leer los ejemplos
para comprobar que en pleitos cotidianos resultan unas tasas
desorbitadas e inasequibles, y en asunto de pequeña cuantía (multas,
Derecho del Consumo) las tasas son directamente disuasorias porque
llegan a doblar, e incluso más que doblar, los importes reclamados.
ADEMÁS se fija un límite a la tasa de 10.000€, por lo que los grandes
pleitos en los que estén en juego cientos de millones de euros de euros
entre la multinacional A y el multinacional B costarán apenas un poco más
que el pleito en el que interponen los padres de un niño que sufre
graves daños cerebrales por una negligencia médica y reclaman una
indemnización contra el hospital. Y por si fuera poco las empresas se
quitan la tasa como gastos fiscalmente deducibles y el particular no.
Estimado lector, jurista o no jurista, no crea a quienes dicen que el proyecto es una simple “actualización de tasas”. porque es falso,
y me cuesta decirlo así de claro. Ahora solo hay tasas estatales muy
módicas, para personas jurídicas mercantiles (empresas) en casos
concretos, JAMÁS para personas físicas; y no lo digo yo, lo dice
el informe del propio CGPJ arriba mencionado. Y no crean tampoco lo que
se dice de que con estas tasas se quiere financiar la justicia gratuita,
no solo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y porque la
Ley de Tasas no lo permite, sino porque asombra que pueda sostenerse
en serio que los que ganan un euro más de los 1.100 aprox. tengan que
financiar a los que ganan un euro menos el derecho CONSTITUCIONAL a la
justicia gratuita que debe garantizar el Estado en todo caso, le guste
al legislador o no.
Que el lector jurista o no jurista lea estas cifras y piense si él o su familia o sus amigos, por muy buen trabajo que ahora tengan, estarían en condiciones de pagar estas tasas.
Porque seguro que no lo estarán millones de ciudadanos de clase media
(¿es clase media la familia que sea cual sea el número de sus miembros
sobrevive con 1.100€/mes?); y el Tribunal Constitucional declara
inconstitucionales, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza
frontalmente, que las tasas judiciales el ciudadano opongan barreras
infranqueables de acceso a la Justicia por motivos económicos; la jurisprudencia constitucional española y la europea son CLARÍSIMAS. Y piense también, lector, si
le parece de recibo, porque constitucional por supuesto no es, que el
Estado pretenda que se pague por un pleito más que lo que se reclama.
Y el lector que tenga en cuenta que ADEMÁS, hay YA tasas judiciales autonómicas, módicas en Cataluña (si es módico 120€ por cualquier pleito civil normal y corriente), en vigor desde hace poco, e inminentes en Comunidad Valenciana, que se SUMARÁN a las estatales. Y usted, lector, si cree que no le afecta la dooble tasa porque vive en otro sitio, se equivoca por completo:
puede verse obligado a demandar en Cataluña o Valencia por muchos
motivos, los que marcan las leyes procesales que no permiten demandar
donde se quiera, sino donde corresponda: ejemplos entre muchos, si quien
le debe dinero, con quien ha firmado el contrato o le causa el
perjuicio reside allí o se traslada allí, o si es allí donde tiene usted
el accidente o donde es propietario de un apartamento en la playa.
Empezamos con ejemplos por sectores: laboral, civil, contencioso-administrativo.
En laboral, es sencillo: se pretende que se pague por recurrir una sentencia desfavorable (en suplicación, 500€; en casación, 750€), cualquier persona física o jurídica que recurra. O sea, el trabajador despedido,quien recurre la denegación de un subsidio por desempleo o la calificación de incapacidad frente a la Seguridad Social,
etc.. El Estado no pagaría tasas y la empresa sí, pero para la empresa
es gasto deducible; por tanto el trabajador o pensionista tendrá una oportunidad de ganar su pleito y su contrario, Estado o empresa, dos, porque dispondrá de dos instancias.
Sigamos con ejemplos en jurisdicción civil.
Se incluyen ejemplos de DEMANDAS por el llamado “juicio ordinario”,
que es la regla; hay otro tipo de juicios, como el verbal, básicamente
para reclamaciones inferiores a 6.000€, en muchos de los cuales ni
siquiera es preceptivo abogado o procurador, en los que la tasa es fija,
150€, y por tanto disuasoria para las reclamaciones de pequeña cuantía, que son la mayoría de Derecho de Consumo. Al coste de la demanda habrá que añadir las posteriores vicisitudes procesales (recurso de apelación contra sentencia desfavorable, tasa fija 800€; recurso de casación, tasa fija 1.200€;
tasa por solicitar la ejecución de una sentencia favorable se desconoce
porque el proyecto no lo menciona pero técnicamente podría entrar
también el mismo apartado demandas, etc.). La tasa por la apelación y
por la casación son las mismas para personas físicas y jurídicas,
incluso para empresa multinacional o un millonario; así que mejor que no
tenga usted pleitos con los poderosos, porque ellos dispondrán de la
oportunidad de varios tribunales pero si usted no puede conseguir los
800€ para tasa en los pocos días que la ley concede apara apelar, se
tendrá que aguantar con lo desfavorable que por mala suerte dictó el
juzgado de primera instancia, por mucho que le diga su abogado que esa
resolución no coincide con los crieterios de la Audiencia Provincial.
Más aún, y esto ya es espectacular, se pagará TAMBIÉN incluso si uno NO DEMANDA, pero es demandado por quien sea y para defenderse se ve obligado a su vez a contraatacar. En todo lo que no sea la petición de que se desestime la demanda, la llamada “reconvención” el demandando-reconviniente, que NO ha buscado el pleito,
tendrá que pagar las mismas cantidades que si hubiera demandado,
conforme a las cuantías que se indican a continuación. Ejemplo: la
constructora A reclama al consumidor B tal cantidad por el precio
aplazado un contrato de compraventa de piso y B, que ya había dado por
perdida la entrada que entregó en su día, ahora para evitar la condena
al pago del resto tiene necesariamente que solicitar la resolución del
contrato porque el piso no tenía licencias, y pagar de tasa como si
demandara.
Sistema en civil: en todo “juicio ordinario”, el mas frecuente, se pretende establecer un
fijo de 300€ más un variable del 0.5% por demanda (o por reconvención)
que se calcula sobre la llamada “cuantía procesal”, es decir, el valor
económico que la propia ley procesal asigna al pleito. El resultado
de la aplicación de la tasa (300€ de fijo más 0,5% de tasa variable
sobre cuantía procesal) sería como se indica en los siguientes ejemplos de pleitos cotidianos:
- Si se discute sobre un inmueble, el valor real del inmueble, tanto si se refiere a propiedad como la posesión. Ej. pleito contra constructora sobre piso vendido sin licencia, precio 300.000€. Fijo 300€ + variable (300.000 X 0.5%) = 1.800€. Que cada cual saque la calculadora y calcule con lo que vale su piso. Porque si vale 600.000€, su tasa será 3.300€, aunque usted esté asfixiado con unos ingresos familiares de 1.100€/mes.
- Ídem una acción posesoria (antiguos interdictos, p.e., la constructora del edificio al lado no respeta linderos y empieza a construir ilegalmente encima del suelo del reclamante). Por un piso de 300.000€, 1.800€ de tasa.
- Ídem una demanda de retracto por un inquilino. El arrendador tiene obligación de ofrecer la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a otros; si no lo hace, lo puede comprar el inquilino interponiendo este pleito. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del precio pagado por el piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€
- Ídem la división de la cosa común. Dos copropietarias de un inmueble, por haberlo heredado, o por haber estado casados en su día, quieren dividirlo. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del valor de mercado del piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€
- División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). Cuantía procesal, el valor del global del patrimonio. Ejemplo de patrimonio común consistente en piso de 300.000€, apartamento en la playa de 60.000€, 35.000€ en el banco y un coche de 5.000€, total 400.000€ Cuantía tasa: fijo 300 + variable (300.000 X 0.5%) = 2.300€. Que cada cual saque la calculadora y piense qué tendrá que pagar por esa herencia problemática que tiene pendiente.
- Si se discute sobre una servidumbre –ejemplo, litigio por ventana ilegal abierta en un patio de vecinos entre dos comunidades -la suma de la cuantía procesal sobre la que se calcula el variable del 0,5% es el valor completo de los dos edificios dividido entre 20. No me atrevo ni a decir cuánto sale.
- Una reclamación de cantidad de cualquier índole, o indemnización, cuantía procesal, la cantidad reclamada. Ejemplo real del jubilado que ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil. Ahorros reclamados: 128.000€. 300 + (128.000 X 0.5%) = 940€. ¿Le deben a usted dinero en importe superior a 6.000€? Saque la calculadora y calcule: tasa, 300€ de fijo más el 0,5% de lo que le deben.
- Un niño muere en un accidente de avión. La legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (caso real). Tasa: 300€ + (1M€ X 0.5%) = 5.300€.
- Humedades en un piso: la cuantía es la suma de los daños, pongamos 5.000€, más “cuantía indeterminada” por pretender que se arregle la terraza de donde proceden las filtraciones con obras que no se sabe exactamente cuáles serán (cuantía a estos efectos según el proyecto 20.000€), total 25.000€, o sea, 300 + .05% de 25.000€ =425€
- Reclamación de una comunidad de propietarios contra la constructora por vicios de construcción: cuantía procesal, lo que cueste efectuar la reparación. Imagínese el coste de la tasa si la reparación sea de millones o cientos de miles de euros como es cotidiano, y sobre eso calcule 300€ de fijo para el 0.5% de lo que cueste la reparación.
Sigamos con ejemplos en contencioso-administrativo. Se ve muy claro que la tasa sería directamente disuasoria, con la inmediata consecuencia de impunidad del Estado (cálculos efectuados Rosa Mª López, abogada). Recordemos
que el Estado en cualquiera de sus formas (Administración estatal,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos de todo tipo) NO
pagaría tasas.
- Sanciones de tráfico
- Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100€): tasa judicial: 200€, el doble de la multa.
- Graves sin detracción de puntos (multas de 200€), tasa 200€, lo mismo que la multa.
- Graves con detracción de puntos: 450€, es decir, un 225% del importe económico de la multa.
- Muy graves (multas de 500€) con detracción de puntos. : 450€, es decir, algo menos que la multa.
- Los mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa (medioambiente, tributarias, cese de actividades, etc.)
- Sanciones hasta 30.000€: tasa, hasta 350€
- Sanciones superiores a 30.000€ y de cuantía indeterminada, como
cese de actividades: tratándose de sanciones evaluables económicamente,
las tasas judiciales ascenderían a 350€, más 0,5% de la cuantía de la
sanción (de 151€ en adelante). Ejemplo sanción de 50.000€: 600€. Ejemplo sanción 200.000€: 1.350€.
- Urbanismo. Denegación de licencias urbanísticas de apertura de actividad, cerramiento de fincas, obras, etc. Análogo al caso anterior.
- Interposición de recurso contencioso-administrativo por personal laboral interino al servicio de la administración pública no estaría exento, según el proyecto, por lo que deberían abonar tasas judiciales: 450€
- Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- Se reclama al Estado 500.000€ como indemnización para un niño
con graves daños por negligencia médica en un hospital de la Seguridad
Social: 2.700€
- Se reclama al Ayuntamiento 100.000€ por unos graves daños
físicos sufridos al caer al vacío un viandante por hundirse una rejilla
bajo sus pies por falta de mantenimiento (caso real): 850€
- Además del pago de las tasas judiciales referidas en la primera instancia, en caso de inadmisión de un recurso contencioso administrativo, el recurrente debe pagar 800€ adicionales, en concepto de tasa judicial por la interposición de recurso ordinario de apelación al que tendría derecho, en virtud del Art. 81.2 LJCA. En el ejemplo anterior, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, por la sola interposición de un recurso contencioso-administrativo que es inadmitido, el recurrente abona otros 800€ sin haber obtenido la tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo ya que es inadmitido.
No digo más. Considere el lector si está
justificada o no el rechazo generalizado de los profesionales jurídicos
que saben bien lo que es la indefensión, y que son conscientes de que
sin acceso a los Tribunales sencillamente no hay Estado de Derecho, y si
es indispensable la movilización ciudadana urgente para impedir este
despropósito que se nos echa encima de forma inminente.
- Para leer las razones jurídicas de manifiesta inconstitucionalidad, pinche aquí
- Para leer sobre la responsabilidad del Estado sobre la litigiosidad, que primero causa los pleitos y luego reprocha que se interpongan: pinche aquí
- Para leer cómo las tasas, el IVA y demás gastos procesales son deducibles para las empresas y no para los particulares pinche aquí
- Para leer las autorizadas opiniones del Catedrático D. Andrés de la Oliva contra el proyecto pinche aquí, aquí y aquí.
Verónica del Carpio Fiestas www.delcarpio.es
Realmente espeluznante y vulnera sin lugar a dudas el derecho de la igualdad de la justicia. No todos somos iguales ante la ley y ni la ley nos trata como tal, en condición par, y es más estoy con Dña. Verónica Carpio. Realmente si esto no se polemitiza en las calles, y se reivindica los derechos pasará sin pena ni gloria y será, implantado como tantas otras cosas injustas que están pasando en este país.
ResponderEliminarSaludos,
Gema