el pais

ANATOMÍA DE UN DESAHUCIO: UN DESALOJO A TRAVÉS DE LOS PERSONAJES

“Perdimos la casa por 6.000 euros”

Milagros, José Luis y sus hijos se fueron a la calle por avalar con su vivienda una pequeña deuda

El juez: "El trabajo no es grato, todo lo contrario; pero la ley es estricta, no hay margen"

El funcionario que ejecuta el desalojo: "Pienso que puede tocarme a mí, pero hoy estoy al otro lado"

Milagros Carbajo, desahuciada de su vivienda, en su casa de alquiler en Madrid. / LUIS

“Me preocupa que no tengo mantas y en Madrid ya está haciendo frío, y el que viene. Me han dado unas sábanas de franela, pero no tengo mantas. ¿Tú tienes hijos? Es que se siente una preocupación distinta... Ayer le dije al niño que se acostara con la cazadora puesta”. El pasado 27 de junio, Milagros Carbajo, José Luis Estévez y sus tres hijos fueron desahuciados. Su historia es un tanto especial porque tenían completamente pagada su vivienda. Cometieron el error de avalar con su piso una pequeña deuda de unos 6.000 euros que pidieron a unos prestamistas, que además presuntamente les estafaron. El asunto está en los tribunales, pero el error ya les ha costado la casa. José Luis, oficial de construcción de 52 años, está en paro y no cobra prestación. Milagros, de 49, limpia en casas por unos 500 euros al mes. Algo tienen ahorrado del finiquito de ella, pero en la familia no entran más ingresos. El alquiler son 600. Y son cinco para comer. Milagros calcula que podrán pagarlo dos meses más. Después, otra vez la calle.

Tres de los prestamistas han declarado como imputados por estafa el pasado 10 de octubre. No han tenido ni un gesto de humanidad

Juan Moreno, abogado de la PAH

“Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera de la vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependieran, el secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo”, dice el artículo 704.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que se ejecutan todos los desahucios. La letra de la ley es fría. Gélida como el proceso que termina con el desalojo y como la casa en la que viven ahora de alquiler Milagros, José Luis y sus hijos de 11, 19 y 23 años en el madrileño distrito de Usera, porque no pueden permitirse tener calefacción.

EL PAÍS ha reconstruido su caso —una más de las 350.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España en los últimos cuatro años— a través de todos los actores que intervienen: de la familia al funcionario que ejecutó el desalojo, pasando por los acreedores, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que les ayudan o el juez que dictó el auto. La cadena que acaba con la familia en la calle.

» Milagros, José Luis y sus hijos.

“Lo pintó Dani cuando tenía tres añitos. Era un barquito en el agua, y todo el mundo se sorprendía de que un niño tan pequeño fuera su autor. Lo enmarcamos y todo”. Piensa un poco y añade, y mientras lo hace se quiebra: “Los cuadros de la comunión, y un reloj precioso que yo tenía de porcelana con forma de media luna. Y las fotos, sobre todo las fotos”. A Milagros le faltan muchas cosas. “Nos dejaron salir de la casa con cuatro maletas, y luego tuvimos otro día solo dos horas para recogerlo todo”, rememora delante de la estantería de su salón, que luce prácticamente vacía. Las familias conocen con al menos un mes de antelación que tienen que abandonar su vivienda; el proceso de alarga en la práctica hasta casi ocho meses por el atasco judicial. Pero muchos afectados no vacían la casa porque no tienen dónde llevar sus enseres o porque conservan la esperanza de evitar al final el desalojo. Cuando llega el momento apenas hay tiempo.

Cáritas y Cruz Roja les han ayudado con el alquiler, pero solo tienen para dos mensualidades más

La historia de la pesadilla de esta familia es compleja: intervienen hasta cinco acreedores distintos. José Luis era autónomo y contrajo una deuda con Hacienda por no pagar las cuotas. Era 2002, ningún banco les prestaba la cantidad completa así que acudieron a una prestamista que conocieron por un anuncio en prensa. Su vivienda sirvió de garantía de los 6.000 euros que no pudieron pagar. Después de acudir desesperados a otros prestamistas para salvar la casa, la deuda creció hasta 43.000 euros. Tampoco pudieron pagar. Y adiós al piso. El desahucio fue el 27 de junio de 2012.

En Cáritas les han dado la mitad de la fianza del alquiler del piso en el que viven ahora. Cruz Roja les ha ayudado con la primera mensualidad: “En Navidades dicen que nos llenarán la nevera”.

» Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Juan Moreno es el abogado de la familia. Pertenece a la plataforma y trabaja para ellos de forma altruista. “Tres de los prestamistas han declarado como imputados por estafa el pasado 10 de octubre. No han tenido ni un gesto de humanidad”, lamenta. Intentó que el desahucio se paralizara con el proceso penal por estafa, pero no tuvo éxito. Defiende que los jueces tienen margen de maniobra, que no tienen un interés real en poner coto a la sangría de desalojos: “Un juez atrevido podría actuar de otra forma, el Código Civil estipula que la ley debe interpretarse de acuerdo con la realidad social, la interpretación estricta es la que está abocando a un desahucio masivo”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se felicita de haber logrado paralizar 438 desahucios, entre la presión social y el trabajo de sus abogados voluntarios.

» El juez.

El titular de uno de los tres juzgados especializados en asuntos hipotecarios de Madrid, que prefiere no revelar su nombre, discrepa del abogado. Calcula que en lo que llevamos de año ha tramitado unas 1.200 ejecuciones hipotecarias. Los jueces también están en el punto de mira. ¿Falta sensibilidad social? El magistrado lo niega. “Desgraciadamente la letra de la ley es muy estricta, no hay margen de decisión, solo la prórroga del plazo para el desalojo voluntario, que se suele conceder”. Él no es ajeno al drama: “El trabajo no es grato, todo lo contrario”. Su papel en la cadena, defiende, es menor, y recuerda que la justicia actúa solo a instancia de parte: “El ejecutante puede disponer de lo que es suyo, si quiere suspender la ejecución puede hacerlo. Si se llega al desahucio es porque alguien lo reclama, no hay más”.

» Los acreedores.

En el caso de Milagros y José Luis no hay una entidad bancaria detrás, como ocurre en la mayoría de los desahucios. Los prestamistas son particulares que no figuran en el Registro Mercantil al frente de ninguna financiera, sino de empresas de promoción inmobiliaria o despachos de abogados. La deuda que contrajo la familia se fue, de hecho, endosando (transmitiendo) entre varios particulares. Uno de ellos, contactado por este periódico, ha rehusado dar su versión de los hechos; al resto no fue posible localizarlos.

» El funcionario que ejecuta el desahucio.

El último eslabón de la cadena, su función es dejar “vacuo y expedito el piso” (desalojado), relata un miembro de una comisión judicial de Madrid, que prefiere mantener el anonimato. En la capital hay una decena de comisiones; la suya, que integran dos funcionarios a los que acompaña como mínimo una pareja de la policía municipal, lleva a cabo unos cuatro desahucios diarios. “Vemos de todo, las situaciones son durísimas”. El suicidio de un afectado, como el que ha ocurrido esta semana en Granada, tampoco les resulta nuevo: “En una ocasión entramos en una vivienda y encontramos a un hombre ahorcado”.

“Actuamos de la forma más profesional que podemos, pero tratamos de cumplir la ley al pie de la letra”. No hay otra: el piso tiene que ser desalojado. El funcionario ya no tiene hipoteca y se ríe con la pregunta. Aunque enseguida se pone serio. El tema no es para bromas. “La he acabado hace poquísimo, como todo hijo de vecino. Claro que pienso que podría pasarme a mí, solo que hoy estoy al otro lado y es lo que me toca”.

Los bancos no quieren más pisos

E.G. DE BLAS

Más de un centenar de bancos y cajas se han adherido al Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo para suavizar la escandalosa cifra de desahucios. El informe de siete magistrados que ha adelantado EL PAÍS recoge que la aplicación de la norma, que es voluntaria, ha sido sin embargo testimonial. Fuentes del sector explican que el código recoge unas condiciones tan estrictas para las familias beneficiarias que apenas se está utilizando.

Las entidades defienden que el desahucio es la última opción y que han puesto en marcha distintos mecanismos para ayudar a los clientes a pagar. “Al banco no le interesa nada quedarse con más casas”, aseguran fuentes financieras.

Bankia aporta el dato de que ha modificado las cuotas hipotecarias para facilitar el pago a más de 80.000 familias. El Banco Santander indica que ha refinanciado los créditos a unas 17.000 personas: en total, más de 2.750 millones de euros. BBVA, por su parte, habla de 110.000 familias a las que ha ofrecido soluciones. Nueve de cada diez clientes que tenían dificultades para pagar sus préstamos han podido seguir haciéndolo después de la negociación, asegura un portavoz. Ninguna de las tres entidades ofrece, sin embargo, los datos del número de ejecuciones hipotecarias que han llevado a cabo.

La dación en pago (que la entrega de la casa salde la deuda) que reclaman los afectados también se está aplicando, aseguran en el sector, e incluso la quita, pero los casos no trascienden porque las entidades no quieren hacerlos públicos “para evitar la picaresca”.

Las entidades han acogido con frialdad el informe de la comisión de jueces que propone, entre otras cosas, que la dación en pago se convierta en “regulación imperativa en determinadas circunstancias”. Fuentes financieras apuntan que los tipos de interés bajos fueron posibles por las reglas anteriores. Si se generaliza la dación, indican, las condiciones de los créditos serán menos ventajosas.