Venezuela inicia una guerra contra la economía ‘negra’ tras la devaluación

La población corre a comprar y el Gobierno se arma contra la inflación

El Ejecutivo cierra una cadena de supermercados 72 horas por "usura"

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Los venezolanos abarrotaban las tiendas de electrodomésticos este miércoles antes de la r

Que una depreciación masiva del 32% de una moneda se haga efectiva al inicio de la Cuaresma, tiempo de penitencia, resulta una imagen adecuada para el impacto que debería tener en la economía. Así pareció ayer, miércoles de ceniza, cuando se publicó en la Gaceta Oficial de Venezuela el convenio cambiario por el cual el bolívar, la divisa local, pasa de una paridad oficial de 4,30 bolívares por dólar a 6,30.

En un país que desde hace dos meses no tiene otro testimonio de vida del presidente Hugo Chávez más que una firma dudosa, la situación económica ahora se presenta como el enfrentamiento entre los mandatos del mercado y la fe voluntarista de su Gobierno.

Los venezolanos conocen las secuelas de una devaluación: han vividocinco en los últimos diez años, sin contar otros programas de ajuste desde hace tres décadas. Por ello no sorprende que entre el viernes, cuando el Gobierno anunció la devaluación, y el martes, último día de Carnaval, verdaderos tumultos abarrotaran las tiendas de bienes de importación, especialmente electrodomésticos, para arrasar con sus inventarios a precios viejos. Muchos también hicieron uso anticipado del cupo anual que el Gobierno asigna para compras por Internet, unos 400 dólares por persona, o adquirieron billetes aéreos.

Verdaderos tumultos abarrotaran

las tiendas de bienes de importación, especialmente electrodomésticos, para arrasar con sus inventarios 

a precios viejos

La víspera de la entrada en vigor del nuevo tipo de cambio, el ministro de Industria, Ricardo Menéndez, declaró a la principal televisión del Estado que movilizaciones como esas se activaron bajo “una premisa falsa”, la de que el ajuste cambiario alimentará las presiones inflacionarias. Ayer lo respaldó el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, quien aseguró que “al corto tiempo no debería haber ese efecto [inflacionista]”, porque “no todo lo que se consume está dolarizado, como es el caso de alimentos que se producen en el país”.

Las autoridades venezolanas previeron en sus recientes medidas que las solicitudes de divisas que estuvieran todavía en trámite para la importación de ciertos bienes de primera necesidad se salden al tipo de cambio anterior. Eso aseguraría dólares baratos para algunos comercializadores y manufactureros, entre ellos, el propio Gobierno, uno de los mayores importadores del país.

Pero la previsión no parece contar con la cotización del dólar en el mercado negro. Con la economía venezolana sometida desde 2003 a un estricto régimen de control de cambios estatal, los precios al público suelen estar marcados por la paridad negra. Se calcula que entre el 15% y el 20% de la demanda anual de divisas se satisface en ese mercado paralelo, al que acuden personas y sobre todo empresas que no pueden esperar por los cuellos de botella del organismo que asigna las divisas o cuyas demandas no se corresponden a los criterios —políticos— para la asignación.

Se calcula que entre el 15% y el 20% de la demanda anual de divisas se satisface en el mercado paralelo

Aún después de la devaluación, la tasa de cambio oficial representa algo menos de un tercio del precio del dólar en la calle, que repuntó tras las medidas del Gobierno. Para contener esos efectos, el ministro Menéndez anticipó una mayor fiscalización de las empresas favorecidas con dólares oficiales “para evitar que incurran en especulación”. Ayer, la oficina del Estado para la protección del consumidor anunció el cierre por 72 horas de la mayor cadena de tiendas por departamentos del país, Beco, por “un ilícito que tiene que ver con la usura”.

Mientras suenan los tambores de la guerra contra la especulación, los expertos hacen notar que no son nuevas las armas en el arsenal del Gobierno. Desde hace tiempo el Ejecutivo cuenta con leyes ad hoc para determinar precios de ciertos bienes, supervisar los costos de producción, sancionar a los minoristas y hasta para prohibir, con pena de cárcel, la simple mención del dólar negro. Pero a fines de enero se acumulaba una tasa de inflación de 22,2% anual, la más alta del hemisferio. La inflación y la escasez de productos, junto a la inseguridad, son lo que más preocupa a los ciudadanos de un país que vende alrededor de 100.000 millones de dólares al año en petróleo.