Cristina Fernández recibió la fragata Libertad en enero junto a su gobierno. / ENRIQUE r
No tiene una deuda pública neta (pasivos menos activos) equivalente al 161% del PIB, como Grecia, que el año pasado debió reestructurarla. Tampoco llega a niveles de otros países europeos en riesgo, como España, con el 67%; Portugal, con el 110%; Irlanda o Italia, ambos con el 102%, o Chipre, con el 74%. Su deuda pública neta ronda el 19% y, sin embargo, se encuentra bajo la amenaza de la suspensión de pagos. Es Argentina y espera que el próximo miércoles se disipen esos temores.
La tercera economía latinoamericana quiere evitar un impago como el de hace 12 años. En 2001 declaró la mayor suspensión de pagos de la historia de un país, al incumplir con un pasivo de unos 82.000 millones de dólares. El 93% de esas deudas fueron canjeadas por títulos públicos que valían entre un tercio y la mitad de su valor original, tras las quitas que les ofrecieron el Gobierno de Néstor Kirchner en 2005 y el de su esposa, Cristina Fernández, en 2010. El 7% restante está en manos de inversores que litigan contra Buenos Aires en tribunales de EE UU (dos tercios), Europa, Japón, el Banco Mundial o Argentina para recuperar el 100% del valor nominal de los bonos impagados desde 2001.
Esos acreedores son los que quieren forzar a Argentina a pagarles antes que a los que aceptaron la reestructuración de la deuda, algo que Fernández no está dispuesta a hacer, y de ahí el riesgo de suspensión de pagos técnico, como lo definen los mercados. No es que Argentina no tenga dinero para seguir abonando el pasivo refinanciado, sino que un juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, decidió en octubre pasado que se bloquearan esos pagos hasta que se abone el 100% a los litigantes. El próximo miércoles se darán cita en el Tribunal de Apelaciones neoyorquino los abogados de Argentina, un reputado bufete de la Gran Manzana, y los de los demandantes para derogar o confirmar, según el caso, la decisión de Griesa, que por ahora está suspendida.
El grupo de litigantes está encabezado por dos fondos, NML y Aurelius, calificados de buitres porque se dedican a comprar títulos de empresas y Gobiernos cuando suspenden pagos, es decir, cuando cuestan muy baratos, y después emprenden juicios para cobrar el 100% de su valor nominal. NML, de Paul Singer —asesor del excandidato presidencial republicano Mitt Romney—, fue el que logró embargar por dos meses el buque escuela de la Marina argentina, la fragata Libertad, en Ghana. Cuando el barco regresó a Argentina en enero pasado, después de que un tribunal recordara la inmunidad de los bienes militares de los países, Fernández espetó: “¿Quiénes son estos fondos buitres? Son el producto de esta crisis global, una suerte del anarcocapitalismo, donde no hay reglas. Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos para comer la carroña. ¿Qué hacen? Ellos sobrevuelan los países endeudados y en default (suspensión de pagos)”. A los buitres se les han unido 13 ahorradores argentinos que compraron los bonos antes de la suspensión de pagos, cuando valían hasta el 100% de su valor nominal. Los litigantes piden que Argentina les pague de una sola vez los 1.400 millones de dólares que reclaman.
Todos ellos argumentan que los títulos impagados en 2001 contenían una cláusula de equidad por la que el Gobierno debe dar el mismo trato a todos los bonistas, fueran o no a los canjes de 2005 y 2010. Con ese razonamiento convencieron al juez para bloquear todos los pagos de deuda externa que Argentina ha regularizado, incluidos los regidos por legislación europea y japonesa, hasta que no se salde la totalidad de lo que les deben. Argentina, en cambio, ha cambiado su discurso de que nunca les pagaría nada y, después del fallo desfavorable de Griesa, ha ofrecido al Tribunal de Apelaciones la reapertura del canje de deuda para el 7% que lo ha rechazado, siempre y cuando le conceda una sentencia en su beneficio. De resultar así, la justicia estadounidense prácticamente obligaría a la minoría litigante a aceptar la quita que ha aceptado la mayoría de los acreedores, lo que sentaría un precedente para otras reestructuraciones de deuda. Precisamente para el Gobierno de EE UU y la comunidad financiera de Wall Street, el caso argentino puede ser un ejemplo en la materia, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de suspensiones de pagos soberanas en Europa.
Los litigantes argumentan que Argentina dispone en su banco central de 42.000 millones para hacer frente a los pagos de los títulos impagados, que superan los 11.000 millones en total. Buenos Aires sostiene que si EE UU le bloquea el pago de la deuda reestructurada, deberá afrontar demandas adicionales por otros 43.000 millones tanto de otros acreedores de deuda impagada en 2001 como de todos los inversores con títulos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, ya sea Nueva York, Londres o Japón.
Otras dos partes contrarias se harán oír en la audiencia judicial del miércoles. El grupo de Bonistas del Canje, que encabeza el fondo estadounidense Gramercy, reclamará que el bloqueo del pago de deuda normalizada constituye una violación a su derecho de propiedad. Y el Bank of New York, contratado por Argentina para canalizar los pagos al exterior desde Buenos Aires, pedirá que se revierta la amenaza de Griesa de sancionar, por cómplices, a todos los intermediarios que contribuyan a incumplir su decisión.
En los últimos meses se han presentado amigos a favor de unos y otros. Argentina recibió 11 apoyos; entre ellos, algunos críticos de sus políticas económicas, pero que consideran que las futuras reestructuraciones de deuda soberana pueden verse desalentadas por un fallo a favor de quienes no las aceptan. Se trata del Gobierno de EE UU y de la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger. Se desconoce si el Tribunal de Apelaciones resolverá el propio miércoles o se tomará semanas o meses. En caso de una sentencia desfavorable, Argentina intentará apelarla ante el Tribunal Supremo de EE UU.
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