ayer visualizando un poco la prensa, me llamo alarmantemente la atención este suceso que esta sucediendo en el gigante asiático, de cómo el poder se mueve a sus anchas, indemne a situaciones tan atroces como las que se relatan en el ss. art., sinceramente vemos que China crece a la velocidad abismal del rayo pero, a costa de quién, cómo lo hace, que medidas utiliza, rara vez se cuenta lo que ocurre porque se intenta censurar a los medios qué es lo que pasa realmente.
Bueno para mi, no me ha dejado impasible esta situación y bien es cierto, que las leyes en este país son papel mojado.. bueno como en casi todos..
Saludos,
Gema
Amnistía denuncia los horrores de las expropiaciones masivas en China
La corrupción local alimenta los abusos en la expropiación de tierras e inmuebles para su reventa
El informe detalla amenazas, torturas y muertes para obligar a la gente a abandonar sus casas
El rápido desarrollo que ha experimentado China en las tres últimas
décadas ha provocado una marea de desalojos forzosos de ciudadanos de
sus casas y tierras por todo el país, en muchos casos de forma ilegal.
Esta práctica —que a menudo va unida a abusos de poder y corrupción— ha
experimentado en los últimos años un fuerte incremento y es una de las
principales causas de descontento entre la población y fuente de
protestas, según denuncia en un informe publicado este jueves la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.
AI afirma que los casos de expulsiones obligadas han aumentado de
forma significativa en China, debido a que los funcionarios locales se
confabulan con los promotores inmobiliarios para confiscar y luego
venderles las propiedades requisadas, con objeto de pagar las deudas
gubernamentales. La organización, que cita a activistas, abogados y
académicos chinos, dice que los desalojos se han multiplicado durante el
auge de construcción que ha vivido el país desde que puso en marcha un
plan de estímulo de la economía a finales de 2008 para hacer frente a la
crisis global. Los funcionarios locales recurren a menudo a la venta de
suelo para obtener capital con el que cumplir los objetivos de
construcción de infraestructuras fijados por Pekín.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre febrero de 2010 y
enero de 2012, asegura que las presiones y la violencia que es ejercida
a menudo, incluso con matones, sobre los afectados para que entreguen
sus tierras han conducido a muertes, encarcelamientos y
autoinmolaciones.
De los 40 casos de desalojos forzosos que Amnistía analiza en
detalle, en nueve se produjo la muerte de personas que se resistieron.
En un caso, una mujer de 70 años fue enterrada viva por una excavadora
cuando intentaba evitar que los trabajadores derribaran su casa en la
ciudad de Wuhan (capital de la provincia de Hubei). En otro caso, la
policía de la ciudad de Wenchang (provincia de Sichuan) se llevó a un
bebé y se negó a devolvérselo a su madre hasta que firmara la orden de
desalojo. Algunas de las personas que se negaron a aceptar las
expulsiones acabaron en la cárcel o en campos de trabajo, un sistema de
detención que aún es utilizado ampliamente en China.
El documento cita también a una mujer en Hexia (provincia de
Jiangxi), que, tras protestar ante las autoridades por su expulsión, fue
apaleada y sometida a una esterilización impuesta. Desesperados,
algunos afectados se han prendido fuego. Amnistía Internacional ha
documentado 41 casos entre enero de 2009 y enero de 2012.
“El problema de los desalojos forzosos supone la mayor fuente de
descontento popular en China y es una grave amenaza para la estabilidad
social y política”, señala el informe, que pide a las autoridades que
detengan de inmediato todas las expulsiones obligadas, garantice que
nadie se queda sin hogar y castigue y persiga a quienes emplean la
violencia en los procesos de expropiación. AI asegura que no hay
estimaciones fiables del número de personas que han sido obligadas a
dejar sus granjas y casas, “pero no hay duda de que la cifra ha
aumentado de forma significativa”.
En China, el suelo pertenece al Gobierno y a las colectividades
locales, que lo pueden requisar para proyectos que consideran de interés
público. A cambio, deben pagar de forma adecuada a los afectados, pero
no siempre ocurre y a menudo las compensaciones son injustas o acaban en
buena parte en los bolsillos de funcionarios corruptos. Aunque no hay
propiedad privada del suelo, los ciudadanos pueden comprar y vender los
derechos de uso por un periodo hasta de 70 años.
Amnistía afirma que uno de los problemas es que el Partido Comunista
Chino continúa animando a los funcionarios locales a que hagan crecer
sus economías como sea, y el desarrollo del suelo para carreteras,
fábricas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios es una vía
rápida para lograr resultados.
La fuerte actividad y la especulación desencadenaron una burbuja
inmobiliaria, que condujo a un endeudamiento de los gobiernos locales
cifrado en 10,7 billones de yuanes (1,32 billones de euros) a finales de
2010. Las autoridades tuvieron que vender cada vez más suelo para
devolver los créditos que habían pedido para los proyectos de
construcción.
Consciente de la situación, Pekín puso en marcha ese mismo año una
campaña para frenar la especulación, y hay algunos indicios de que las
medidas están funcionando. La superficie adquirida por los promotores
cayó un 16,2% en los ocho primeros meses de 2012, frente al mismo
periodo del año anterior. El Gobierno también aprobó en 2011 nuevas
medidas para ilegalizar las expulsiones forzosas y dijo que las
compensaciones deben igualar al menos el precio de mercado. AI ha dado
la bienvenida a las nuevas reglamentaciones, pero dice que aún están muy
lejos de lo que deberían ser, que solo afectan a los residentes de las
zonas urbanas y que los tribunales las hacen cumplir de forma desigual.
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