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miércoles, 31 de octubre de 2012


Antonio Meño fallece tras pasar 23 años en coma vegetativo por una negligencia médica

  • Quedó en coma en julio de 1989, con 21 años, por un error en la rinoplastia practicada en la Clínica Nuestra Señora de América.
  • Sus padres denunciaron al centro y fueron condenados a pagar 400.000 euros. Acamparon durante 522 días frente al Ministerio de Justicia.
  • Tras dos décadas de batallas legales, obtuvieron una indemnización de 1 millón de euros, pero pensaron que habían "vendido" a su hijo.
Según confirmó a 20minutos.es la abogada Julia Puche, fue Juana Ortega, su propia madre, la que notificó su fallecimiento al despacho de Luis Bertelli, el jurista que llevó la recta final del caso y que concluyó, tras 22 años de batalla judicial, con una indemnización de más de un millón de euros.
Esta resolución, según explicó la madre de Antonio en conversación con este digital, que no resarce a la familia y mucho menos hace justicia a su hijo: "Tienen que admitir que le mataron".

La operación

El caso de este estudiante de Derecho se convirtió en un referente en la lucha contra las "injusticias" judiciales y en un ejemplo de dignidad personal.
Mi hijo entró sano y salió en estado vegetalAntonio entró a quirófano el 3 de julio de 1989 para hacerse unarinoplastia. El descontento con su aspecto físico pudo con su temor  a las operaciones, por lo que se puso en manos de los especialistas de la Clínica Nuestra Señora de América. El cirujano plástico Miguel Ballester realizaría la operación. Francisco González Martín-Moré le asistiría en la anestesia del paciente. Pero algo salió mal.
Los médicos explicaron a sus padres que se habían dado "complicaciones" durante el proceso. El eufemismo significaba que, según su versión, Antonio había vomitado de manera espontánea durante el proceso. Ello, aseguraron, le impidió respirar e hizo que su cerebro permaneciese sin oxígeno durante un tiempo indeterminado. Cuando el responsable de la operación se dio cuenta, era demasiado tarde. "Mi hijo entró sano y salió en estado vegetal", repetiría Juana Ortega después en innumerables ocasiones.

Del juzgado al campamento en la calle

Las explicaciones no convencieron a la familia. Tras consultar con abogados, los Meño iniciaron una batalla judicial cuyas consecuencias no imaginaron. Cuatro años después de la operación (1993), todo parecía ir bien. El juzgado de Instrucción número 19 de Madrid les reconocía una indemnización de 172 millones de pesetas.
El anestesista atendía varias operaciones al mismo tiempoEl anestesista, que confesó haber salido del quirófano porqueatendía dos operaciones al mismo tiempo, era condenado por quitar el tubo de respiración pese a que Antonio no se había recuperado de la anestesia general. El vómito le obstruyó las vías respiratorias y, como estaba inconsciente, se quedó sin oxígeno.
El condenado, sin embargo, recurrió. Con ello arrancó el calvario legal y personal de los Meño, que empeñaron todos sus recursos y se negaron a darse por vencidos.
En el año 2000, once años después del día fatídico, el juzgado de Primera Instancia número 11 y la Audiencia de Madrid absolvían al anestesista. En 2008, el Tribunal Supremo rechazó las demandas de la familia y concluyó que no había existido negligencia. En 2009, la misma instancia les condenaba apagar 400.000 euros en costas por todo el proceso. Su casa de Móstoles les fue embargada —aunque su abogado logró para el desahucio— y ellos se lanzaron a la calle.
Ninguna autoridad pública se interesó por el caso Meño mientras la familiaba estuvo en la calleJuana y su marido Antonio se instalaron con su hijo, postrado en cama, en un cobertizo que ellos mismos levantaron en la plaza de Jacinto de Benavente de Madrid, una de las más transitadas y donde se encuentra la sede del Ministerio de Justicia. Allí, los carteles de denuncia que pintaron a mano se mezclaban con las casetas de feria, puestos navideños y chiringuitos medievales que autorizaba el Ayuntamiento.
A los pocos días ya se habían convertido en parte del paisaje habitual del barrio. Calor, frío, viento, ruidos, borrachos y hasta la Policía, que de tarde en tarde amenazaba con echarles si no ocultaban sus pancartas, compusieron se día a día. En paralelo, Juana seguía lavando a Antonio cada día para evitar que su piel padeciese llagas e infecciones por permanecer postrado en la cama. Ninguna autoridad regional ni del Estado se interesó por su caso, a pesar de que la puerta del Ministerio y la sede de la Comunidad de Madrid se encontraba a pocos metros de su campamento.

Aparece el testigo clave

Antonio y Juana no dejaban de darle vueltas al caso. Entre 2009 y 2010 contactaron con el abogado Luis Bertelli. Alguien les dijo que estaba especializado en casos imposibles, en "sentencias injustas" y casos flagrantes. En Málaga no había tenido reparos en litigar contra los propios jueces. "Estaba desesperada. No dijo que si nosotros no nos encargábamos, nadie les ayudaría. Y les hicimos caso", explica a 20minutos.es la abogada Julia Puche, del mismo despacho.
El doctor Frade, que estaba en aquel quirófano, se ofreció a declararLos esfuerzos de Bertelli se centraron en conseguir por todos los medios que la condena a costas de 400.000 euros dejase de pesar sobre los Meño declarándola nula. Presentaron una querella contra los jueces de 80 páginas. Sin embargo, el factor que daría la vuelta por completo a la situación vino de fuera.
La suerte (o la conciencia) hizo que el doctor José Ignacio Fradepasase por Jacinto Benavente una noche de febrero de 2010. El médico, especialista plástico, aseguró que había estado en el quirófano donde se operó su hijo 21 años atrás y le preguntó cómo habían llegado a quedarse en la calle. Sin dudarlo, le prometió que declararía a su favor. Lo que contó el anestesista y los jueces habían dado por válido, no era la verdad.
El abogado de los Meño consiguió que el Supremo accediese a revisar el caso. La familia, tras 522 días acampada, dejó la calle y regresó a su casa. Frade declaró ante los magistrados que Antonio Meño no se había ahogado al sacarle el tubo de respiración. Aseguró, al contrario, que este se desconectó de la máquina de asistencia y que el anestesista no estaba allí para comprobar que todo iba bien. Cuando el cirujano —ya fallecido— se dio cuenta, Antonio ya había sufrido un daño cerebral irreversible.

La última pelea

El Supremo anuló todas las sentencias anteriores, la pena de costas de 400.000 euros y el embargo de la casa familiar. La Sala de lo Civil estableció que el personal sanitario que estaba el 3 de julio de 1989 en el quirófano de la Clínica Nuestra Señora de América cometió un "fraude  procesal-maquinación fraudulenta" para ocultar lo que realmente pasó. Los padres de Antonio no dejaron de llevarle al Tribunal en camilla. "Lo hacíamos por él. Tenían que verle", explica su madre.
"Siento que he vendido a mi hijo", declaró su madre al recibir la indemnizaciónDespués de 22 años y dos décadas de castigo físico y psicológico, la Justicia por fin les daba la razón. Luego llegó la negociación "humillante" con las aseguradoras de la clínica, que se negaron a pagar la indemnización de 1,6 millones de euros que reclamaban. Esta cantidad se correspondía con los 172 millones de pesetas establecidos por el juzgado de Instrucción en 1993 más los intereses después de dos décadas.
El 14 de julio de 2011, agotados, Antonio y Juana aceptaban la cantidad de 1.075.000 euros, prácticamente lo mismo que pedían en 1993. "Siento que he vendido a mi hijo, me siento humillada, pero no puedo más", declaraba la madre. Su abogado declaró que con ese dinero lograban tranquilidad para la familia, pero no una conciencia limpia. Este martes, 48 horas después de morir su hijo, la familia sigue reclamando que el anestesista responsable de la negligencia que mató a su hijo le pida perdón: "Mintió y provocó esto. Tiene que decirlo".
Hoy, nada se sabe de este profesional médico. A preguntas de 20minutos.es, la clínica donde ocurrió todo se niega a hacer declaraciones. El doctor Frade sigue ejerciendo de forma privada como cirujano plástico y rechaza el contacto con los medios de comunicación. Antonio y Juana ya no tienen a su hijo, pero ahora dedicarán su tiempo a ellos mismo y a sus nietos.


Siete jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios español

Desde 2008, año en que comenzó la crisis, hasta hoy se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación preocupa a los jueces.
Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la "mala praxis" de las entidades bancarias.


Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.

La "mala praxis" de los bancos


El informe, al que tenido acceso el diario El País , habla de "mala praxis de las entidades bancarias" y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.



Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que "en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual", dice textualmente el informe.



Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada "sin valorar las posibilidades reales del deudor". En concreto se afirma que realizaron una "comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)".



El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que "no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos," no pueden pagar lo que deben.

Se necesitan "soluciones excepcionales"


Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y "generalmente por un precio inferior al mercado" aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.



¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden "soluciones excepcionales" ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.



En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de "deudor hipotecario de buena fe" para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.



Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretos como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una "regulación imperativa en determinadas circunstancias": con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.



Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.

El Código de Buenas Prácticas: un fracaso


En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. "No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios", se queja el informe.
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Fuente: kaosenlared.net

martes, 30 de octubre de 2012


Grecia - Los médicos son los Robin Hood griegos

Las sucesivas medidas de austeridad han dejado a cientos de miles de griegos desempleados sin seguro médico, una situación de desesperación que intenta paliar una red clandestina de médicos.

El Dr. Kostas Syrigos, jefe del mayor servicio de oncología de Grecia, creía haberlo visto todo. Pero jamás había visto un caso como el de Elena, una mujer en paro a la que le habían diagnosticado un cáncer de pecho un año antes de que acudiera a él. Para entonces, el cáncer había crecido hasta tener el tamaño de una naranja y había atravesado la piel, dejándole una herida que le supuraba y se limpiaba con servilletas de papel. “Cuando la vimos nos quedamos sin palabras”, cuenta el Dr. Syrigos, jefe de oncología del Hospital General Sotiria, en el centro de Atenas. “Todo el mundo lloraba. Cosas así se describen en los libros de texto, pero nunca se ven porque, hasta ahora, cualquier persona que enfermaba en este país siempre podía obtener ayuda”.

Desde que se desencadenó la crisis de la deuda, la vida ha dado un vuelco en Grecia. Pero en pocas áreas el cambio ha sido tan drástico como en la sanidad. Hasta hace poco, Grecia contaba con un sistema sanitario normal. Las personas que perdían su empleo recibían asistencia sanitaria y subsidios de desempleo durante un año, pero seguían recibiendo asistencia en los hospitales si no podían pagar incluso después de que se les acabaran los subsidios.

Las cosas cambiaron en julio de 2011, cuando Grecia firmó un acuerdo de préstamo complementario con los prestamistas internacionales para evitar el hundimiento financiero. Ahora, tal y como se estipuló en el acuerdo, los griegos deben pagar de su bolsillo todos los gastos cuando dejen de percibir los subsidios.

"Estar desempleado equivale a la muerte"

Alrededor de la mitad de los 1,2 millones de griegos desempleados de larga duración carecen de seguro sanitario, una cifra que se espera que aumente en gran medida en un país con una tasa de desempleo del 25% y una economía moribunda, como afirmaba Savas Robolis, director del Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores Griegos.

Con los cambios cada vez más personas se ven obligadas a buscar ayuda fuera del sistema sanitario tradicional. Elena, por ejemplo, fue remitida al Dr. Syrigos por un grupo de doctores de un movimiento clandestino que ha surgido aquí para asistir a los que carecen de seguro. “En Grecia, ahora mismo estar desempleado equivale a la muerte”, comentaba el Dr. Syrigos, un hombre con una presencia imponente y un tono severo que se suaviza cuando habla sobre la difícil situación de los pacientes con cáncer.

Esta situación es nueva para los griegos y quizás para Europa también. El cambio es especialmente asombroso en la asistencia oncológica, con sus tratamientos prolongados y costosos. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, afirmaba el Dr. Syrigos. “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”, explicaba.

El sistema sanitario es cada vez más deficiente y puede empeorar si el Gobierno recorta 1.500 millones de euros más en el gasto sanitario, que es una de las propuestas de un nuevo plan de austeridad cuyo fin es garantizar más financiación. Con las arcas del Estado vacías, los suministros sanitarios escasean tanto que algunos pacientes se han visto obligados a llevar sus propios suministros para los tratamientos, como los stents o las jeringas.

Una iniciativa con fecha de caducidad

Los hospitales y las farmacias ahora piden el pago en efectivo de los medicamentos, algo que para los pacientes de cáncer puede suponer decenas de miles de euros, un dinero que la mayoría no tiene. Con el deterioro del sistema, el Dr. Syrigos y varios compañeros decidieron actuar.

A principios de este año, crearon una red clandestina para ayudar a los pacientes con cáncer sin seguro y otras personas enfermas, que funciona fuera de la red oficial y utiliza los medicamentos sobrantes que donan las farmacias, algunas empresas farmacéuticas o incluso las familias de pacientes con cáncer que han fallecido. En Grecia, si se descubre que un médico ayuda a un paciente sin seguro utilizando medicamentos del hospital, se le obliga a pagar los costes de su propio bolsillo.

“Somos como una red de Robin Hoods”, comentaba el Dr. Giorgos Vichas en la Clínica Social Metropolitana, a las afueras de Atenas. Vichas es un cardiólogo que fundó el movimiento clandestino en enero. “Pero esta operación tiene una fecha de caducidad”, señalaba. “Llegará un momento en el que la gente ya no pueda donar, por la crisis. Por eso estamos presionando al Estado para que vuelva a asumir la responsabilidad”.

Mientras hablaba, apareció Elena, con un turbante gris en la cabeza y una blusa holgada. Llegó a que le dieran fármacos para soportar las consecuencias de la quimioterapia que le administró recientemente el Dr. Syrigos.

Hacer renacer el optimismo

Elena nos contó que se quedó sin seguro al dejar su trabajo de profesora para poder cuidar de sus padres, que también padecían cáncer, y de un tío enfermo. Cuando murieron, la crisis financiera ya había estallado en Grecia y, con 58 años, le fue imposible encontrar trabajo.

Comenta que se aterró cuando le diagnosticaron el mismo tipo de cáncer de pecho que mató a su madre: le dijeron que los tratamientos costarían al menos 30.000 euros y ya no contaba con ningún dinero de la familia. Intentó vender un pequeño terreno, pero nadie lo compró.

El cáncer se extendió y no pudo encontrar ningún tratamiento hasta hace unos meses, cuando acudió a la clínica clandestina del Dr. Vichas tras haber sabido de ella por el boca a boca. “Si no pudiera venir aquí, no haría nada”, afirma. “En Grecia hoy en día tienes que firmar un contrato contigo mismo en el que te comprometes a no enfermar”.

Comenta que le dejó consternada que el Estado griego, como parte del rescate, negara un pilar de protección a la sociedad. Pero el hecho de que un grupo de médicos y de griegos normales se estuvieran organizando para echar una mano allí donde el Estado había retirado su ayuda, le dio esperanzas en sus horas más sombrías. “Aquí siempre hay alguien que se preocupa”, comentaba Elena.

Según el Dr. Vichas, la terapia más poderosa puede que no sean los medicamentos, sino el optimismo que este grupo de Robin Hoods aporta a los que casi se han rendido. “Con la crisis hemos aprendido a unirnos más”, afirmaba.

“Esto es la resistencia”, añadía, recorriendo con la mirada a los voluntarios y a los pacientes que se agolpaban alrededor de la clínica. “Es una nación, un pueblo que se vuelve a poner en pie con la ayuda que se prestan unos a otros”. 
Traducido por presseurop.eu

 
Autor/a: Liz Alderman / The New York Times
Fuente: nytimes.com
Muchas gracias como siempre Gabriel por tu aportación.
Un abrazo.

Gema


Algunos indicadores de fraude electoral
Por Gabriel Boragina ©

El axioma básico de la acción humana -conforme a la praxeología de Ludwig von Mises- es que los seres humanos siempre pretendemos pasar de un estado de menor satisfacción a otro de satisfacción mayor. En todas nuestras elecciones procedemos siempre de la misma manera. Otro axioma básico de la acción, nos enseña que las necesidades humanas -en todo momento y lugar- siempre serán mayores a los recursos disponibles y necesarios para cubrirlas.
Nuestras necesidades políticas -y las acciones que emprendemos dentro de su órbita- se insertan, desde luego, en este marco en el que se encuadran todas las acciones y decisiones humanas.
Difícilmente -por no decir imposiblemente- nuestros semejantes podrán compensar nuestras insuficiencias, ni en todo ni en parte. Si consideramos a los políticos como destinados a satisfacer pretensiones políticas, ellos siempre serán insuficientes tanto en cantidad como en calidad para colmar a sus votantes. El electorado naturalmente exigirá la renovación constante de los cuadros políticos, a fin de que los requerimientos de la comunidad se cumplan más y mejor que el día anterior a la elección. No necesariamente significa que el político en ejercicio haya efectuado "mal" las cosas durante su gestión, sino que simplemente constata el hecho de que el público elector siempre estará insatisfecho por lo que se haya actuado, independientemente de que se lo califique como malo o bueno. La acción humana siempre nos impulsa a buscar lo superior, o lo que al momento, creemos que es lo excelente (aunque luego comprobemos que no lo fue). De allí que, sea extremadamente dudoso que un mismo candidato/a sea reelegido por más de una vez, o siquiera una vez más, salvo -por supuesto- que haya mediado algún artilugio fraudulento en la votación, lo que -en los tiempos políticos que corren- en modo alguno es de descartar.
Ya hemos hablado del carácter inconstante y mudadizo de la naturaleza humana, lo que podemos verificar -inclusive- en nuestra vida diaria. ¿Existiría algún motivo para que nuestras decisiones y acciones políticas sean diferentes a las que emprendemos para nuestras elecciones cotidianas y caseras? Ninguno. Es más probable que decidamos mucho mejor y con numerosos más elementos de juicio cuando vamos a comprar un par de zapatos, o un coche, o una casa, que cuando decidimos quién nos va a gobernar, porque conocemos mejor la medida de cuánto calzamos, o cómo y dónde tenemos que movilizarnos, o dónde nos conviene vivir y de qué manera, que al candidato que se propone para "resolver" nuestros problemas políticos, y menos certeza siquiera podemos tener de si va a cumplir con sus promesas, mas bien, al contrario. De modo que, son más racionales las decisiones que tomamos en las cuestiones domésticas más cercanas y cotidianas, que las que hacemos cuando debemos votar a los políticos. Y como, salvo en casos muy raros y muy puntuales, es prácticamente imposible que mantengamos inadulteradas nuestras decisiones en el corto, mediano y largo plazo, es muchísimo más improbable que lo hagamos cuando vamos a votar. Todo lo cual refuerza la tesis de que los resultados repetidos siempre "a favor" de un solo y mismo candidato, tiene que llevar, necesariamente y por la propia lógica de la acción humana, a la conclusión de que el grado de fraude incurrido en esas extrañas "reelecciones" sea cada vez mayor.
A todo lo dicho se le suma la extrema ingenuidad y credulidad de muchos, cuando se anuncian los "resultados" electorales en términos rimbombantes y estruendosos por medio de la prensa o de los "voceros" oficiales. No es difícil que la gente -aun la de mayor inteligencia- crea de "buena fe" que el "dato electoral" que la prensa o los medios oficiales le brinda sea "cierto". Pero, como dice aquella célebre frase de Abraham Lincoln: "Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo".
Aunque cada uno de nosotros conozcamos a muchísimas personas en la vida social, siempre serán muy pocas las que satisficieran nuestras exigencias, y las que lo hagan no podrán hacerlo durante toda nuestra vida, ni tampoco en toda la extensión, cuantía y calidad de cada una de nuestras demandas. Si esas personas son los políticos que votamos, la conclusión será exactamente la misma. Por eso, siempre la gente tiende a elegir candidatos diferentes para cada ocasión electoral, y si no los tiene (o los partidos no se los ofrecen), no vota a ninguno. Esto determina la casi imposibilidad que el mismo "resultado" de la elección se repita en un mismo y único candidato más de una vez. Y si se dice que se "repite" las posibilidades de fraude son cercanas a un 100 %, considerando la lógica de la acción humana.
Los políticos que tienden a monopolizar el poder, sufren todos los efectos limitativos a los que cualquier monopolio esta subordinado en cualquier campo, ya sea el económico o el político. Estos límites se conocen en doctrina como el de la competencia potencial, el factor competitivo permanente, la ley de precios, la elasticidad de la demanda, y la ley de los rendimientos decrecientes. Restricciones que sólo se pueden "salvar" blindando por ley al monopolio gubernamental para ponerlo a seguro de los mismos. Lo que, en otros términos, significará que el resultado electoral en el que recurrentemente "gana" el monopolista del poder, no estará representando nunca la verdadera voluntad del electorado al momento de la votación. O lo que, en palabras más simples, será un claro indicador de lo que se llama fraude electivo.
Por muy acotada que sea la oferta electoral, nuestra innata tendencia a mejorar (axioma de la acción) a la que aludimos en las líneas precedentes, nos hará votar en un sentido muy diferente al que lo hicimos en oportunidades anteriores, y cuando ningún candidato nos representa, lo expresaremos mediante el voto en blanco, la abstención o la inasistencia al acto eleccionario. Así actuamos todos sin excepción, dado que siempre estamos eligiendo en todo momento y lugar.

Dos ejemplos reales de aplicación de las tasas judiciales que se pretenden imponer de inmediato, para entrad en vigor YA EN NOVIEMBRE. Caso reales de dos abogados que conozco, no hipótesis.

Ejemplo real 1. Abogado gallego que lleva ahora mismo en su despacho un pleito civil de  preferentes contra Caixagalicia, 120.000€ a un matrimonio de 70 años, los ahorros, pidiendo nulidad de contrato

·        Demanda: fijo 300€ tasa fija más tasa variable (120.000X 0.5%= 600) :  900
·        Si tienen la mala suerte de perder, apelación 800€  fijo más tasa variable 120.000X 0.5%= 600):  otros  1.400€
·        Total, sin casación:  900 + 1.400 = 2.300€
·        Porque si hay casación añadimos 1.200€ de fijo más otros 600€ de tasa variable, o sea, otros 2.000€, total 5.700€

Ejemplo real 2. Abogada de Madrid amiga mía que lleva ahora mismo en su despacho el pleito civil de un niño que sufrió gravísimos daños en el parto por una negligencia médica. Los padres reclaman  indemnización de 800.000€ y en el Juzgado les dieron en efecto 600.000€
·        Demanda: fijo 300€ más tasa variable (800.000 X 0.5% = 4.000€): otros 4.300€
·        Apelación: fijo 800€ más tasa variable (800.000 X 0.5% = 4.000€): 4.800€
·        Total sin casación: 9.100€
·       Porque si hay casación añadimos 1.200€ de fijo más los 4.000€ de variable), o sea, otros 5.200€total, 14.300€.


Esas cantidades para que las paguen personas físicas que gane en el conjunto de su unidad familiar más de 1.100€/mes. Y si no pueden pagar, se quedan sin pleito.

Abogado, jurista, ciudadano, piensa
·        si puedes tolerar este atentado gravísimo contra el Estado de Derecho, cuya misma esencial es el control judicial contra los atropellos del Estado y de los poderosos.
·        y si es una opción la pasividad cuando se quiere cercenar ese derecho constitucional al control judicial a los muchos que no podrán defenderse pro no poder pagar de tasas estas barbaridades.

Mañana día 31 de octubre a las 12 de la mañana tenemos concentración ante los Juzgados de toda España, en Madrid, Juzgados de Pza. de Castilla. Lloverá quizá, pero si uno tiene que mojarse por esto, se moja, en los dos sentidos.

Más información en blog jurídico veronicadelcarpio.wordpress.com




NTERNACIONALES | MARTES 30 OCTUBRE 2012 | 10:57:00 HS
Ciclón en EEUU y tormenta en la Argentina advierten de cambio climático, dicen expertos
    Las fenómenos meteorológicos que se abaten sobre diversas regiones de América como el huracán Sandy en Estados Unidos y una tormenta en Argentina son señales del cambio climático en el planeta que serán mucho más graves en el futuro, advirtieron el lunes expertos reunidos en Perú.
    "Este huracán Sandy y la tormenta en Argentina son una gran llamada de alerta y aunque suene un poco catastrófico la verdad es que los impactos ya están siendo muy graves y sólo pueden ser más serios a futuro", aseguró a la AFP Adrián Fernández, biólogo mexicano especializado en ecología.
    El británico Nicholas Stern, experto en temas de medio ambiente, afirmó por su parte a través de un video que "el precio de ignorar los efectos del cambio climático tendrá como consecuencia el incremento de la temperatura del planeta que hará que la situación empeore".
    Ambos expertos, junto a cien especialistas, funcionarios de gobierno y encargados de la toma de decisiones de 14 países inauguraron este lunes en Lima el encuentro internacional Inter-Clima 2012, para analizar el avance en la incorporación del cambio climático en los procesos de desarrollo y en la economía.
    "Desafortunadamente, las cosas se van a poner mucho peor antes de que mejoren", analizó Fernández, quien observó que "no se está haciendo lo suficiente en ninguna parte del mundo, aunque las cosas están cambiando rápido pues el tema es que la situación es urgente en cuanto a tiempos".
    El experto señaló que Sandy, que comenzó a azotar el lunes la costa este de Estados Unidos, "va a poner a prueba todos los sistemas de protección civil con desplazamiento de miles de gentes de una zona rica en uno de los países más ricos del mundo".
    El huracán Sandy comenzó a azotar el lunes la costa estadounidense y se aprestaba a pasar en las próximas horas cerca de grandes ciudades como Nueva York.
    En tanto, Argentina sufrió este lunes fuertes lluvias que provocaron un muerto, apagones, inundaciones de avenidas y parálisis temporal de trenes y el metro.
    Fernández alertó que "al paso que vamos dentro de 50 a 80 años vamos a tener que volver a dibujar la geografía de los países del mundo de manera diferente a la actual".
    El gran problema, añadió, "es si la humanidad va a responder con la celeridad necesaria ante lo urgente de los cambios que ya se están presentando".
    Por ello anotó que quienes toman las decisiones en los gobiernos tienen que adoptar medidas enérgicas para cambiar los sistemas de producción y consumo, los de generación de energía y el tipo de combustible que usamos.
    Por su parte, Stern apuntó que hay un acelerado derretimiento de los glaciares, no sólo en América sino en diversas partes del planeta en especial Perú, al que calificó como uno de los países más vulnerables a las variaciones climáticas.
    A estos fenómenos se unen la desaparición de "grandes masas de hielo en el Ártico que siempre estaban cubiertas, así como el aumento del nivel del mar que puede afectar a islas del pacífico Sur". (AFP)

    lunes, 29 de octubre de 2012


    Suiza es un Estado criminal

    Por Ignacio Escolar-NOTICIAS SIN CENSURA
    El mundo al revés: la policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes. El periodista se llama Kostas Vaxevanis y los delincuentes son un buen montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar impuestos. Vaxevanis señala a los criminales y la policía le persigue a él, por “entrometerse en su intimidad”. Su caso demuestra a las claras una obviedad: que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad del resto de los Gobiernos occidentales. Es la UE, Estados Unidos y Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco. Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alí Babá, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un Estado criminal, aislado y castigado comercialmente por todos sus vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir sucursales en nuestro suelo. Es Europa, que controla el cien por cien de la frontera suiza, la que permite a este refugio del dinero negro conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este negocio inmoral.
    En la lista de Vaxevanis hay dos exministros conservadores griegos y un asesor de Antonis Samarás. Es solo una muestra, con seguridad son mucho más de tres los políticos griegos con dinero escondido en un paraíso fiscal. El periodista ha publicado la parte griega de un archivo mucho mayor, el que se llevó Hervé Falciani en 2007 del HSBC, que no es ni mucho menos el único banco de toda Suiza.
    Falciani está hoy encarcelado en España, en la prisión de Valdemoro, detenido bajo la acusación de un delito que ni siquiera existe en nuestra legislación: revelar secretos bancarios. La contradicción es brutal: en España, si alguien tiene conocimiento de un delito fiscal, su deber es ponerlo en conocimiento de la justicia; por hacer precisamente eso, la justicia española lo mantiene hoy en prisión.
    En breve, el Gobierno tendrá que decidir si lo extradita a Suiza o si –como piden el PSOE e IU–, lo pone en libertad. Gracias a Falciani, que entregó su valiosa información a Francia, España pudo recaudar 6.000 millones de euros defraudados por 659 personas, una lista que en España aún no es pública en su integridad.
    Falciani se ha ofrecido a colaborar con España, ayudando a localizar a otros delincuentes españoles que esconden su dinero en Suiza para no pagar. ¿Aceptará el trato el Gobierno de Rajoy, ese mismo Gobierno que aprobó una amnistía fiscal y que negocia con Suiza otra fórmula similar? Prefiero no apostar.

    Suiza ofrece a España alternativas para prorrogar la amnistía fiscal a los defraudadores

    • El jefe de la diplomacia suiza ofrece a España un acuerdo para mantener el anonimato de los defraudadores a cambio de dinero
    • Suiza pregunta a España sobre el proceso de extradición de Hervé Falciani
    Suiza quiere que los defraudadores fiscales españoles con cuentas en su país continúen operando en el anonimato. Para ello ha ofrecido a España un pacto que consiste en garantizar esa privacidad a cambio de dinero. La oferta fue trasladada por el jefe de la diplomacia helvética, Didier Burkhalter al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid el pasado día 8.
    Lo que Suiza propone a España es la firma de un Acuerdo Rubik a través del cual el país alpino paga a las haciendas extranjeras los impuestos derivados de las inversiones de sus ciudadanos en la banca helvética, pero mantiene la confidencialidad de los nombres. El encuentro entre los máximos representantes de la diplomacia de ambos paises no ha tenido (hasta la fecha) ninguna repercusión en la prensa española pero sí ha sido recogido por los diarios de aquel país.
    En la nota de prensa del Ministerio sobre la reunión, no aparece ninguna referencia a asuntos fiscales.
    Según la crónica del rotativo Le Matin, España estaría interesada en firmar un Acuerdo Rubik al término del actual periodo de amnistía fiscal a finales de noviembre. Según información de los medios suizos, aquel país toma nota del interés español y de los plazos derivados de esa amnistía fiscal en curso.
    Dicho de otro modo, si España acepta firmar el Acuerdo Rubik estaría subcontratando su política fiscal a la banca suiza. España cobraría un dinero al que no consigue acceder por otras vías pero nunca podría saber qué empresas o particulares están defraudando. Este tipo de acuerdos, según la prensa local, cuentan con el respaldo de la Asociación Suiza de Banqueros y la Asociación de Bancos Extranjeros en Suiza.
    La banca suiza impulsa este tipo de acuerdos para evitar una fuga de capitales si la crisis continúa invitando a los gobiernos a investigar a los defraudadores con cuentas en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece una pequeña cantidad de dinero a cambio de silencio y tranquilidad para sus clientes.
    Austria, Reino Unido y Alemania ya han firmado acuerdos similares con el país helvético, que ahora tiene entre sus prioridades extender estos acuerdos a Italia, Grecia y España. En el caso alemán lacontestación ha sido muy fuerte y ha estado encabezada por socialdemócratas y verdes que rechazan el acuerdo al considerar que constituye un premio a los defraudadores.
    El caso Falciani
    Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa de trabajo de los ministros de Exteriores español y suizo fue, según Le Matin, el caso Falciani. Hervé Falciani es un extrabajador del HSBC que en 2006 se hizo con los datos de 130.000 presuntos defraudadores. Gracias a la información facilitada por Falciani a los distintos gobiernos, España pudo revisar cerca de 3.000 cuentas, localizar a casi 700 defraudadores y recuperar una cantidad que se acerca a los 6.000 millones de euros, según fuentes de Hacienda.
    Sin embargo, Falciani se encuentra en una cárcel española a la espera de que la Audiencia Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros decidan sobre su extradición a Suiza, que le reclama por un delito de vulneración del secreto bancario, un tipo penal que en nuestro país no existe. Más bien al contrario, la legislación española obliga a denunciar cualquier indicio de blanqueo.
    Según la prensa suiza, Margallo se limitó a trasladarle a su homólogo suizo que la situación de Falciani está en manos de la justicia y que sobre ella no hay ningún tipo de consideraciones políticas. El ministro español evitó un detalle: es el Gobierno de Rajoy quien tendrá la última palabra sobre la extradición del informático al país de la banca opaca.
    Falciani fue detenido en Barcelona en julio de este año. La policía solicitó en un control rutinario la documentación de la tripulación de un barco que, procedente de Francia, acababa de llegar al puerto de la Ciudad Condal. Al comprobar la documentación del suizo saltaron las alarmas ya que sobre él pesaba una orden de detención internacional dictada por Suiza.
    En la lista de nombres facilitados por Falciani figuran algunos tan conocidos como los del banquero Emilio Botín o el de su hija Ana Patricia. Ante el temor de que los delitos fiscales de Botín pudieran prescribir en 2010, Anticorrupción denunció a Botín ante la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal. El juez Fernando Andreu decidió archivar la causa tras comprobar que el banquero había abonado lo que debía, una vez que Falciani puso sus cuentas al descubierto. El presidente del Banco Santander había regularizado su situación con un ingreso de 200 millones de euros a la Hacienda española.
    En la actualidad Falciani se encuentra recluido en prisión preventiva en Valdemoro (Madrid) y a la espera de que la Audiencia Nacional decida qué hacer con su solicitud de extradición. Cuando el tribunal tome una decisión, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.
    Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.