La ONU reconoce la libertad de expresión en la red como derecho básico

La resolución, firmada por 72 países, recogía que:

Los mismos derechos que tienen los ciudadanos en el mundo físico también deben ser protegidos en la red, en particular la libertad de expresión, que es aplicable con independencia de las fronteras y los medios.

Esta resolución reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

Eileen Donahoe, la embajadora de Estados Unidos, comentaba al respecto de la resolución que:

Es la primera vez que una resolución de ONU afirma que los derechos humanos también tienen que ser protegidos en el ámbito digital y promovidos en la misma medida y el mismo compromiso que se hace en el mundo físico.

La idea es forzar a los países y gobiernos a promover y facilitar el acceso a la red y la libertad de expresión, aunque como afirma Ken Roth, director de Human Rights Watch, el carácter no vinculante de esta resolución se utiliza para avergonzar públicamente a los países que no respetan este tipo de propuestas. Según Roth:

Sirve para avergonzar públicamente. China, a pesar de la obvia hipocresía, se sintió obligado a firmar un programa en el que no se siente cómodo ya que mantienen un régimen de censura en Internet con el que pretender continuar.

Y es que al igual que China, quién no ha tenido más remedio que firmar la propuesta aunque se trate de uno de los países que más filtran y censuran la red, el debate gira en torno a las empresas y gobiernos y el esfuerzo que dedican a que la libertad de expresión sea una realidad en la red.

China censura, pero en la mayoría de casos lo hace a través de la tecnología de Cisco. Si atendemos a los reportes de transparencia Google, Estados Unidos y sus agencias solicitan de manera rutinaria información privada de los usuarios. Otro de los firmantes, Reino Unido, ha obligado a varios proveedores a bloquear el acceso The Pirate Bay. Peor aún, trata de implantar un proyecto de ley donde el gobierno pueda acceder a todo lo que se escribe y publica en la red. Lo mismo ocurre con Australia, otro de los países que han firmado manteniendo a su vez el compromiso en el futuro de una red propia de filtrado.

Tan sólo Twitter y la misma Google se muestran como compañías del sector transparentes, informando a los ciudadanos sobre los datos que piden gobiernos y entidades. Incluso Facebook, la red social más grande en el mundo, niega este tipo de reportes al público, aunque afirma que elimina mensajes y páginas que se encuentren dentro de la ilegalidad de cada país o de sus propios términos de servicios.

Es posible que esta resolución no sirva más que para darnos cuenta de la hipocresía de todos y cada uno de los países que la firman, abierta a interpretaciones individuales que dependen más de la rentabilidad de cada país y sus gobiernos y empresas. Las herramientas que utilizan los países para controlar y delimitar a sus ciudadanos en la red son creadas por sus propias compañías de tecnología, quienes miran primero por sus intereses económicos acabando por colaborar con regímenes represivos.