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miércoles, 18 de julio de 2012


El Gobierno lleva al TC al País Vasco por desoír el 'apartheid' sanitario


El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto del País Vasco que amplía la cobertura sanitaria a los 'sin papeles' y mantiene el copago farmacéutico tal y como se entendía antes de la reforma del Ministerio de Sanidad.
El departamento de Ana Mato ha recibido un informe del Consejo de Estado que considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional" el decreto sanitario del gobierno de Patxi López.
El pasado 26 de junio, el equipo del lehendakari aprobó un decreto que superaba el recorte de la reforma sanitaria de Ana Mato del pasado abril, el llamado 'apartheid' sanitario, que dejará fuera del acceso a la tarjeta de salud a quienes no tengan condición de asegurado. Es decir, entre otros, a miles de inmigrantes en situación irregular.
Según su decreto, el País Vasco, en cambio, garantiza la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, una regulación similar a la que existía antes de la reforma aprobada por Mato.
Tanto el Ministerio de Sanidad como el de Hacienda se mostraron contrarios a este texto autonómico y pidieron al Consejo de Estado un parecer. Ahora, en un documento fechado ayer, el Consejo de Estado sostiene que el País Vasco comete "incorreción jurídica" y "desarrolla una disciplina divergente e incompatible con la estatal".
Para el Consejo de Estado, "ampliar la cobertura sanitaria no es la mecánica entre la ley estatal y las autonómicas". Y, sobre todo, el alto organismo consultivo del Estado estima que esa ampliación de asistencia a las personas que vivan en el País Vasco "conlleva efector perturbadores, como son la ruptura del principio de igualdad, al configurar categorías de personas con acceso a prestaciones sanitarias en una parte del territorio que no lo tienen en el resto".
Por todo ello, el Consejo de Estado entiende que "existen fundamentos para objetar" el decreto vasco, del que dice que presenta "defectos jurídicos" suficientes como para ser impugnado ante el TC.

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