Torturas policiales en Argentina
La localidad de General Güemes, en la provincia de Salta, al norte de Argentina, se ha ganado fama de sitio divertido por sus coloridos carnavales, los fuegos artificiales y sus bellezas naturales en medio de montañas y bosques.
Pero este viernes ha saltado a la portada de los periódicos por un caso de torturas en la comisaría del pueblo, que trae a los argentinos el amargo recuerdo de las salvajadas en la 'guerra sucia' de la dictadura (1976-1983).
Por si no fuera suficiente, uno de los agentes filmó con su móvil los castigos que sus compañeros infligían a dos jóvenes, sospechosos de robo a una casa, en el patio de la comisaría y luego los subió a Internet.
Las imágenes muestran a las víctimas sólo en calzoncillos y los policías vestidos de paisano, pero bien abrigados a raíz del frío reinante en este invierno austral.
Ambos jóvenes reciben golpes y 'cubazos' de agua fría. Pero e a uno de ellos casi lo asfixian colocando una bolsa de plástico en la cabeza, "submarino seco", lo cual impide la respiración hasta que cae al suelo.
Las víctimas lloraban y juraban a gritos: "¡No sé nada, lo juro!", pero no obstante el maltrato continúa. Las torturas fueron abolidas en 1813, tras la independencia de España y la Constitución las considera delito.
Detenidos los culpables
El hecho se produjo la semana pasada pero se conoció ahora, cuando en General Güemes empezó a circular que el video estaba subido a Internet.Los policías son cinco y reconocidos por la gente por pertenece a la división antidrogas.
La noche del jueves fueron detenidos luego de que el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, y el jefe de Policía, Marcelo Lami, hicieron la denuncia ante el juez de Instrucción formal de tercera nominación, Pablo Farah.
En Salta han sido asesinados cinco turistas extranjeros en los últimos dos años, en sucesos de abuso sexual o robos. No obstante, a pesar de eso y las torturas en comisaría el ministro de Gobierno Julio César Loutaif aseguró que "no es una provincia insegura".
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Detenidos por torturas cinco policías en Argentina
Un vídeo difundido en Internet muestra cómo se asfixiaba a un preso con una bolsa
Recomendar en FacebookLa difusión de un vídeo a principios de esta semana en Internet, donde se ve a varios policías torturando a presos en una comisaría de la provincia argentina de Salta, ha provocado la destitución de cinco agentes. En las imágenes se observa cómo un policía agarra de los pelos a un preso maniatado y semidesnudo y comienza a asfixiarlo con una bolsa mientras otros dos agentes torturan en segundo plano a otro preso vertiéndole agua con un cubo.
Los hechos sucedieron en el patio de una comisaría situada en el municipio de General Güemes, situada a 50 kilómetros de la localidad turística de Salta. Al preso al que asfixian se le oye decir "Te juró que no sé, te juro por Dios, te juro que yo no vi al asesino". El policía le escucha con los brazos cruzados, le coloca la bolsa en la cabeza y se la aprieta mientras el recluso gime y grita basta.
El ministro de Seguridad de Salta, Eduardo Sylvester, definió ayer a los agentes torturadores como “delincuentes vestidos de policía” y declaró que fueron detenidos por “apremios ilegales”. Estos “apremios”, o sea, la tortura y los tormentos, son cotidianos en las comisarías y cárceles de Argentina, según María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “El riesgo ahora es que esto se quede en una suerte de hecho aislado asociado a la situación de una provincia en particular. Cuando lo único particular de este caso, lo único que lo diferencia de muchos otros, es que trascendió y se hizo público. Pero la tortura es sistemática, las denuncias son cotidianas en la Argentina. Si estrás en nuestra página y ponés tortura otormento te van a salir cientos de ellas”.
La Coordinadora sostiene que el año pasado 145 personas fueron asesinadas por policías. A menudo, los agentes federales de las 23 provincias argentinas y de la capital suelen ocupar los titulares de periódicos con una amplia gama de delitos: sobornos a narcotraficantes, protección de prostíbulos, negocios con talleres textiles clandestinos, robo de coches y camiones, asociación con delincuentes comunes para que perpetren delitos y compartan las ganancias, asesinato de otros policías… Y, por supuesto, torturas. El año pasado trascendió otro vídeode torturas a presos grabado en el penal San Felipe de la ciudad de Mendoza.
“Las torturas no son hechos que se puedan atribuir a un loquito suelto o a la poca preparación de la policía en materia de derechos humanos”, señala Verdú. “Y no son producto de la herencia recibida por la dictadura de 1976-1983. La picana eléctrica fue inventada en una comisaría argentina en la década de los 30. Pero en el periodo 76-83, el Gobierno tuvo que recurrir al terrorismo de Estado. Y entonces, estos delitos se volvieron invisibles. Frente a 30.000 desaparecidos, ¿quién se iba a preocupar porque al preso común lo torturaban? Pero recurrir a la dictadura para buscarle una explicación a la tortura de ahora es una manera de despojar de responsabilidad al Estado y a los sucesivos Gobiernos. Es el Estado el que la ampara”.
En Argentina reclaman aprobación de mecanismo contra la tortura
ResponderEliminarPublicado: jul. 21, 2012 at 3:35 PM
BUENOS AIRES, jul. 21 (UPI) -- Los nuevos hechos de tortura a detenidos en una comisaría de Salta reafirman la necesidad de aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que las torturas sufridas por dos detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, aplicadas por un grupo de efectivos de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial, evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en septiembre de 2011 y que ,desde entonces, se encuentra injustificadamente a la espera de su tratamiento en el Senado.
Estos hechos no constituyen una situación aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció el carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en Argentina. En los últimos años, han tomado estado público casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detención a nivel nacional y en distintas provincias del país. Sólo por mencionar algunos ejemplos, cabe señalar los incendios que tuvieron lugar en el penal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires (2005) y en Santiago del Estero (2007); lo sucedido en febrero de 2005 en el penal de Córdoba que dejó en evidencia la crisis de un sistema colapsado y violento; las constantes denuncias por la situación de las cárceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuquén y Corrientes, los casos en el Sistema Penitenciario Federal; la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la situación de Mendoza o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de violencia sistemática, torturas y tratos inhumanos en la provincia de Buenos Aires.
El CELS ha manifestado en reiteradas oportunidades que las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país. Junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensores públicos e integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación participó en la elaboración del proyecto del Mecanismo Nacional que permitiría avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. El proyecto busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la ley 25.932, estableciendo un Mecanismo Nacional independiente, con amplias facultades, que prevea la participación de la sociedad civil, con alcance en todo el territorio nacional, y articulado con los mecanismos provinciales.