A INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO | EL PLAN DE REFORMA

El Gobierno pretende que la ley del aborto decida caso por caso

La norma actual, que permite decidir a la mujer, se suprimirá este mismo año

La opción de detener la gestación se limitará a unos nuevos supuestos

Domingo,El Gobierno español está obligado por la normativa europea a disponer de una ley que regule la interrupción del embarazo y, como confirmó el pasado viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, España seguirá teniendo una ley del aborto, pero modificada. A diferencia de la que está en vigor desde el 2010, que permite que la embarazada decida en las 14 primeras semanas si mantiene o no la gestación, la nueva norma será «una ley de casos», que analizará la circunstancia de cada mujer antes de autorizar o denegar un aborto. Falta por saber qué figura jurídica o médica analizará a cada gestante y qué estructura social asumirá tal función. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, avanzó hace una semana que la norma que prepara no considerará legal detener un embarazo cuando el feto sufre malformaciones graves, contra lo que sucede en todos los países europeos con excepción de Malta e Irlanda. La anterior ley española (1985-2010) autorizaba esos abortos hasta las 22 semanas de gestación. La actual no pone límite temporal, pero obliga a que se constituya un comité médico que supervise el caso.

CAMBIO COMPLETO / La restricción anunciada por Ruiz-Gallardón dejará sin amparo jurídico el aspecto de la ley tal vez más incuestionable desde el punto de vista de los médicos y del resto de la sociedad.

«Interrumpir la gestación de un feto en el que se detectan malformaciones graves es una práctica de sentido común, tanto desde punto de vista médico como humanitario», afirma Ramon Carreras, presidente de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia. «Suspender ese derecho dejaría sin sentido todos los avances científicos aplicados al diagnóstico prenatal, que forman parte de los protocolos de control del embarazo de la Generalitat», añadió.

Esos controles permiten detectar fallos cromosómicos, genéticos o morfológicos, de los que se informa a la embarazada. «La mujer siempre es quien decide si aborta o no», puntualiza Carreras. «No estamos hablando de que al feto le falte un dedido, sino de enfermedades gravísimas del sistema nervioso, del cerebro o de la formación del esqueleto».

LA LEY DE SUPUESTOS / La primera ley española, de 1985, despenalizó tres supuestos en los que quedaba autorizado interrumpir un embarazo: cuando era producto de una violación, si existían malformaciones fetales graves o si la gestación suponía un riesgo físico o un conflicto psíquico grave para la mujer. Este último punto, que exigía un certificado psiquiátrico, cubrió durante 25 años más del 90% de los abortos, de lo que los actuales legisladores han deducido que fue «un coladero» por el que las mujeres decidían sobre sus gestaciones, y no el reflejo de un auténtico quebranto psíquico. Los futuros supuestos legales para abortar serán más estrictos, aseguran.

Dicha ley fue modificada en el 2010 por la desprotección jurídica en que quedaban las clínicas cuando un juez analizaba la situación psíquica de las mujeres que habían abortado. Y también porque mantenía a las mujeres en la consideración de «dependientes» de la autoridad médica, indica Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo, que agrupa a 22 centros en España.

COMO SI NO HUBIERA / «El Gobierno hará ahora una ley del aborto porque el Europa obliga a que así sea, pero será tan restrictiva que, en la práctica, será como si no tuviéramos ley», afirma Barambio. «Nosotros no somos un cuerpo extraño y anómalo, sino que formamos parte de la sociedad civil, que necesita centros acreditados donde interrumpir los embarazos que, por la razón que sea, no son viables», dice. Si la nueva ley es muy restrictiva «desaparecerán las clínicas privadas dedicadas al aborto», asegura Barambio, y pronostica el regreso a la época en que cada año morían miles de mujeres en abortos clandestinos.