1.- ¿Qué es el Derecho inútil?
“Leyes oropel”, “leyes placebo”, “Derecho hueco”, “Derecho inútil”. Éstas son algunas de las expresiones que utiliza el jurista MARTÍN MORENO en su artículo del año 2007 significativamente titulado “¿Para qué sirve el Derecho inútil?”, para referirse a las normas caracterizadas por ser su vigor normativo minúsculo, cuando no inexistente [no deje de leer ese artículo jurídico, pinche Derecho inútil artículo Martín Moreno].
Qué familiares resultan estos planteamientos de “leyes oropel” y
“Derecho hueco” de un tiempo a esta parte; vamos, sin ir más lejos, en
cuanto a tasas judiciales. Porque una de las clásicas funciones del Derecho inútil, tal y como lo describe Martín Moreno es crear normas con las que
“se pretende —literalmente— hacer que se hace,
es decir, dar una respuesta normativa sin pretender que sea eficaz, sino únicamente para responder a las presiones sociales que exigen una medida o reacción del poder público“.
No es pues Derecho inútil realmente, en el sentido de que no sirva para nada. Sirve
para algo muy importante para el legislador, mejor dicho, para
legisladores no muy escrupulosos o, casi peor, que demuestran tal
ignorancia de la realidad jurídica y fáctica que de verdad se creen
-todo es posible y cosas más raras se han visto- que están haciendo
algo. Sirve entonces el Derecho inútil
para que la gente SE CREA que SE HA HECHO ALGO, que las cosas han cambiado.
O sea, y esto es ya expresión mía,
marketing jurídico,
que viene a ser al Derecho lo que las chuches a la comida.
Y ahora, hablemos de tasas judiciales, exenciones subjetivas de tasas y Derecho inútil, y primero, un inciso terminológico, sobre eso tan repetido de la reciente “modulación” (sic) de las tasas, y algún detallito de cómo están las cosas ahora.
2.- ¿Qué significará exactamente eso de “modular” las tasas? Porque “modular” suena bien, pero resulta que no es un término jurídico.
En la reciente reforma de tasas se observa el uso reiterado de dos términos ajenos al Derecho: “modular” y “modulación“, que no figuran en el Real Decreto-Ley 3/2013 que modificó las tasas. Se utilizan por medios de comunicación y hasta por juristas despistados, que demuestran con ello
1) que creen que las notas de prensa son nueva fuente de Derecho, pues la “modulación” y el “modular” sí figura en la nota de prensa que para vender la norma difundió el Ministerio de Justicia;
2) que, claro, no se han leído la norma ni, posiblemente, el diccionario de la Real Academia
3) y que, a estas alturas, que ya es
despiste, se creen lo que dicen el Ministerio de Justicia y su actual
titular, Sr. Ruiz-Gallardón.
El mismo señor que, por ejemplo, afirma que facilita a los juzgados
todos los medios contra la corrupción, pero que para la Oferta de Empleo
Público de 2013 en vez de convocar las 1.164 plazas de funcionarios a
las que se había comprometido con sindicatos y Comunidades Autonómas,
exactamente al día siguiente de comprometerse a ello saca 300, según denuncian todos los sindicatos; el mismo cuyo partido en su programa electoral
dijo digo respecto de cómo debía ser el mecanimos de elección de
vocales del Consejo General del Poder Judicial, y ahora él dice Diego, como es notorio.
El RDL 3/2013 hace referencia a “cambios“, “modificaciones“, “sustituir“, “arbitrar mecanismos” e incluso, “mejora“, pero de “modular“, nada. ¿A qué genio del marketing jurídico se le habrá ocurrido la idea de utilizar este verbo, “modular” sin precedentes en el ámbito jurídico, que sepa esta jurista? Y como “modular” no es un término jurídico, tendremos que empezar viendo qué significa, diccionario en mano, ¿no? Definición del verbo “modular”, según el diccionario de la Real Academia:
modular.
2. tr.
Modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener
distintos resultados; p. ej., aumentar la temperatura para acelerar una
reacción.
3. tr. Electr. Variar el valor de la amplitud, frecuencia o fase de una onda portadora en función de una señal.
No estamos en en el ámbito de la música, el habla o el canto, ni,
casi me atrevo a asegurar, tampoco en el de la electricidad. ¿O lo del
canto quizá sí, que esto de las tasas canta mucho desde el principio?
No, mejor no, que queda como más probable la segunda acepción, el verbo
transitivo “modular“, definido como
“Modificar los factores que
intervienen en un proceso para obtener distintos resultados; p. ej.,
aumentar la temperatura para acelerar una reacción“.
Pongamos que lo aplicable a una reacción química puede serlo a la reacción jurídica de una norma.
Y aquí está el origen de eso de la “modulación”: la nota de prensa que sacó el Ministerio de Justicia para justificar el Real Decreto-Ley de Tasas,
aprobado un par de meses después de sacar la perfecta Ley de Tasas
10/2012, la ley que nos repitieron a los operadores jurídicos y a toda
la oposición que no necesitaba cambios; para leerla, pinche Nota_modulacion_de_tasas_y_justicia_gratuita; la nota sigue colgada en la web del Ministerio de Justicia, dentro de un apartado en el que se dice “El Gobierno aprueba la modulación de tasas judiciales”. También en internet el mismo Ministerio de Justicia ha colgado unas instrucciones sobre tasas que
contienen algún error, algo no del todo inesperado cuando el propio
título del apartado de esa web emplea un título que no alegraría a un
filólogo (“Tasa judicial: definición y casos en los que hay que abonarlas” -sic “abonarlas“, en plural-).
Brillante elección la del término “modular”. No es “cambiar”,
no es “rectificar”, no es “modificar”; es algo que suena como suave,
musical, exquisito, delicado, prácticamente innecesario.
Y qué engañosa es la nota de prensa, qué cuidadosamente redactada está. Un ejemplo,
y voy a recordar que la tasa judicial consta de dos partes que se
suman: una fija desmesurada según el tipo de actuación y una variable
descabellada que va en proporción de la cuantía que se discute.
En la nota de prensa hay un punto y aparte
tras el párrafo que dice que a las personas físicas se les rebaja el
máximo de la parte variable de la tasa del 0,5 % de la cuantía procesal y
el 0, 25 % por encima de 1M€ al 0,1 % -lo cual significa que se sigue
dejando igual la parte fija, en bonitos importes, solo la parte fija,
de, por ejemplo, 800€ por una apelación y 1.200€ por una casación, más
la variable que corresponda. Y tras ese punto y aparte, en otro párrafo,
se dice literalmente “Además, si el límite máximo de pago por la cuota variable estaba fijado en 10.000 euros [cosa de nada, por cierto, algo que tiene cualquiera] ahora desciende a 2.000 [algo que también tiene cualquiera].
La rebaja será de aplicación tanto en primera como en segunda instancia
y se extenderá también al orden Social, donde la primera instanc ia
para trabajadores y autónomos ya era gratuita y en la segunda, este
colectivo contaba con una exención del 60 %”.
O sea, que solo con poner un punto y
aparte parece que esa limitación a 2.000€ de la parte variable afecta a
todos los justiciables, personas físicas y jurídicas, cuando la
realidad es que solo afecta a las personas físicas. La PYME
unipersonal del fontanero autónomo que funciona con una pequeña S.L. y
la ONG ecologista o la ONG defensora de inmigrantes, sin ánimo de lucro y
que funcionan con abogados voluntarios, siguen pagando lo mismo que una
multinacional o un banco, en flagrante contradicción con el principio de capacidad contributiva (y el sentido común).
Pero quien esto firma AÚN cree que las palabras NO deben ser utilizadas aleatoriamente;
incluso le extraña que los medios de comunicación empleen el adjetivo
“histórico” para describir un partido de fútbol, acontecimiento en
principio no equiparable a la Caída de Constantinopla.
Porque, lector, LAS PALABRAS NO SON INOCENTES, y el empobrecimiento y la distorsión del lenguaje y su utilización arbitraria o interesada, modificando su recto sentido, tienen CONSECUENCIAS en el PENSAMIENTO y por tanto, son un elemento de MANIPULACIÓN de la sociedad,
como bien reflejó George Orwell en su conocida novela “1984“.
No incluyo ningún enlace al concepto de “neolengua” en Orwell, que internet está lleno.
Haré algo peor: citar al filósofo Bertrand Russell, el cual propuso allá por 1922 en su ensayo “Pensamiento libre y propaganda oficial” que en las escuelas primarias enseñaran el arte de leer con incredulidad los periódicos,
en el entendido de que si uno de los grandes males de la humanidad es
la credulidad, las sociedades modernas han contribuido, más que nunca, a
incrementarla difundiendo información falsa.
Muy corto que quedó tan ilustre pensador, Premio Nobel y todo, que no
se le ocurrió que fuera preciso enseñar el arte de leer con sentido
crítico las normas jurídicas y lo que alrededor de ellas pulula, incluyendo esa plaga: las “notas de prensa“, que nos cuentan lo que dice el Gobierno que ha hecho o que va a hacer, y por tanto y evitan al medio de comunicación, que la publica tal cual como noticiable, la molestia de analizar lo que realmente ha hecho. Y otro tanto al ciudadano que lee la nota de prensa y se la cree sin saber siquiera que es una nota de prensa, porque el medio de comunicación que usa la nota de prensa tampoco se molesta en mencionar que ES una nota de prensa.
Y, claro, así las cosas, quién va a detectar que el Real Decreto-ley 3/2013, el que nos dicen que “modula tasas”,
- es un ejemplo de libro de
Derecho inútil
- y, además, un ejemplo de
empleo de términos descriptivos que no reflejan la realidad.
Y si en definitiva,
¿se han modificado los factores y se ha obtenido una realidad jurídica distinta tras el RDL 3/2013?
No,
porque
- no solo que haya indefensión antes e indefensión después;
- es que muchas cosas no han cambiado, ni siquiera las que se dice que han cambiado.
3.- Cinco ejemplos reales de
indefensión tras el RDL 3/2013: un problema con una VPO, los
ecologistas, unos trabajadores, unos a los que la aerolínea los ha
dejado tirados y el padre con una niña con parálisis cerebral que no
puede demandar por negligencia médica. Pero usted tranquilo que nada de
esto le afecta a usted (¿o sí?).
Un caso real tras el RDL 3/2013: un señor no puede pagar 2.800 euros que le piden de tasas judiciales para un recurso.
D. Josu Alonso Arrieta, de Vizcaya, sufrió un accidente de tráfico con secuelas, cobró una indemnización y por cobrarla le denegaron una vivienda de protección oficial que le habían concedido inicialmente; y por eso litiga. El que quiera ver y oír al efectado, y comprobar que las impactantes estadísticas de bajadas en el número de pleitos y recursos significan que personas concretas con nombre, rostro y voz quedan indefensas, que pinche aquí, y podrá ver el vídeo de la televisión autonómica, y si pincha aquí,
oír el programa de radio, en el que, además, intervienen abogados que
explican el problema concreto y un resumen de la situación general.
El caso es uno de los muchos de personas que no pueden pagar y se ven
privadas de sus derechos, y así lo ponen de manifiesto los abogados que
intervienen en esos programas, que hablan también del “maquillaje” del
RDL de Tasas, como, por cierto, de “caramelo” lo califica una profesora universitaria de Derecho de la Universidad de Málaga.
¿A usted le parece irrelevante, lejano, que una persona se quede sin
acceso a los tribunales, o muchas? ¿Nunca le va a afectar, porque nunca
va a tener un problema de ese tipo, y llegado el caso, podría pagar
esos 2.800€ por un recurso, que ya es un dinerito, y es problema de ese
señor el que no los tenga y quede indefenso? Gran suerte la de usted y
qué pena que nadie le haya explicado que el Estado de Derecho significa
precisamente y por definición posibilidad para todos de acceso a la
jurisdicción, derecho constitucional reconocido en el artículo 24 de la
Constitución y en los tratados internacionales, y que usted también le
perjudica el déficit democrático, y que, además, perdiéndose
la posibilidad de que un particular recurra, quedan firmes sentencias
favorables a los más poderosos en caso concretos, y por tanto quedan
definitivos esos criterios que se le aplicarían a USTED en caso análogo
si USTED se viera en la precisión de demandar por algo parecido.
Pero vayamos un poquito más allá. ¿Un ejemplo muy concreto de
cómo una demanda de OTROS le beneficia a USTED, y cómo una demanda que
no se puede poner por parte de OTROS perjudica al interés general y al
de USTED?
Más. Las principales asociaciones ecologistas han denunciado que las tasas judiciales les impiden defender en los tribunales al medio ambiente.
Los importes de las tasas en estos casos no han variado tras el RDL
3/2013, tasas por importe de 10.000€ solo una demanda, en contradicción,
además, con el Convenio
de Aarhus, un convenio internacional de defensa del medio ambiente que
obliga a dar facilildades para defenderlo ante los tribunales. Las cinco organizaciones más importantes de la lucha ambiental en España (SEO/BirdLife, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) trasladaron sus quejas el otro día al ministro de Agricultura y Medio Ambiente,
* y Ecologistas en Acción trabaja en la presentación de un recurso ante la ONU,
* mientras que WWF ha recurrido ante la Audiencia Nacional (entiendo
que la orden ministerial que aprueba los formularios de tasas, porque
otra cosa no pueden recurrir los particulares).
¿Demasiado abstracto todavía, aunque sean tantas las demandas
contencioso-administrativas que los ecologistas interponen contra la
Administración, en beneficio de todos? Más concreto:
Y ahora el tercer caso: unos trabajadores con un problema en Galicia.
Ante una discrepancia sobre unas vacaciones que afecta a un grupo de trabajadores en Galicia, y visto que las tasas hacían “prohibitivo” que demandaran todos, se
siguió el sistema de que demandaran dos, y esperar a ver para hacer
extensible el resultado favorable al resto, y otro tanto se va a hacer
ahora.
El cuarto caso: los afectados por el cierre de vuelos de una compañía de Málaga, a los que no les reembolsan el dinero del billete que pagaron
Cito: “El pago de las nuevas tasas judiciales ha echado para
atrás a una veintena de clientes de Helitt que tenía intención de
juntarse en una plataforma de afectados por la compañía aérea para
reclamar en los juzgados de Melilla la devolución del importe de los
billetes de avión que compraron y que no pudieron ni utilizar ni
recuperar porque la aerolínea dejó de volar desde la ciudad a finales de
enero pasado y aún no les ha devuelto lo abonado.“
Y
el quinto caso: en Ciudad Real, el padre de una bebé de cinco meses que
sufre parálisis cerebral no puede demandar contra la Administración
sanitaria por negligencia en el parto porque no puede afrontar las tasas
de 1.500 euros. D. Juan José Sanz, que no puede demandar contra quienes piensa que han causado parálisis cerebral a su niña, y al que, además, le denegaban transporte sanitario para que su niña pudiera ir a rehabilitación, pinche aquí.
Caso
por cierto análogo a otro que se ha contado ya en este blog, el de
Sonia, la niña gravemente discapacitada por lo que su madre, Dª Carmina Esteve, de Valencia, también considera que es una negligencia médica en el parto, y que ha conseguido el dinero para pagar 7.000€ de tasas mediante una colecta pública.
Cinco casos DE INDEFENSIÓN, entre muchos.
Y todo esto sucede DESPUÉS del RDL 3/2013, el que nos dice que modula las tasas, del mismo RDL del que dice la defensora del Pueblo que ya ha solucionado todo y que ya es todo constitucional.
Pues sí que es extraño que diga
eso la defensora de Pueblo, cuando imposibilidad de acceso a la
jurisdicción por motivos económicos = indefensión =
inconstitucionalidad.
Y esto,
además, en un país con tan extraordinario respeto por el Derecho por
parte del Estado y sus representantes que, para muestra un botón (¿de verdad hace falta citar casos concretos de esto?), el otro día un micrófono abierto que se pensaba cerrado permitió oír a un alcalde diciendo que ampliaría un campo de golf que exigiría recalificar zona verde “cuando le diera la gana”.
Pero usted no se preocupe, que esto no va con usted. Esto
es cosa de gente que se mete en juzgados por gusto o por vicio,
haciendo uso de recursos públicos de forma abusiva, que no hay más que
verlo con los casos indicados.
De hecho, TODO uso de recursos públicos es abusivo, ¿no? Y los ecologistas, además suelen llevar el pelo demasiado largo.
Y como es abusivo, que pague al Estado por ello, estaría bueno, y
gracias que no paguen todo, sino solo parte (eso, por cierto, tuvo a
bien decir el ministro de Justicia en el “debate” de convalidación del
RDL 3/2013); y si no puede alguien, que se aguante.
Y de todas formas, estas cosas solo pasan a los demás y a usted no le afectan.
Usted no es Josu, ni Juan José, ni Carmina, ni trabajador, ni viajero,
ni lo será nunca. Usted no es de Vizcaya, ni de Ciudad Real, ni de
Cuenca, ni de Valencia, ni de Galicia, ni de Melilla.
- Usted, lector, jamás va tener un problema con una Administración que, tiene gracia, primero le causa el lío y después le cobra para intentar conseguir que los jueces se lo arreglen
- y a usted ni le va ni le viene que se proteja el medio ambiente ni que haya planes urbanísticos que queden sin recurrir porque son ilegales
- ni usted tendrá nunca problemas en el trabajo, que en este país nadie los tiene
- ni a usted jamás nadie le va a deber dinero, que aquí todo el mundo paga, incluyendo las grandes empresas, las bankias y el Estado
- ni, por supuesto, jamás ni usted ni ningún pariente suyo van a sufrir una negligencia médica.
¿O sí?
Ah, no, que la cosa es mucho más sencilla. Usted es de los
que piensan que nada de esto existe, porque usted no lo ha visto en
televisión ni lo ha leído en su periódico habitual. Acabáramos.
4.- Y a todo esto, ¿en qué punto exactamente estamos de normativa vigente?
-
Convalidación del RDL 3/2013, el que nos dicen que “modula” las tasas
La vigencia del RDL 3/2013, dictado directamente por el Gobierno, no
dependía de su convalidación por el Congreso; estaba vigente y era
aplicable desde el día siguiente a su publicación en el BOE, aunque no
se hubiera convalidado. En cualquier caso el RDL ya ha sido
convalidado por el Congreso y sin tramitarse como proyecto de ley a
pesar que que así se le había pedido al Sr. ministro de Justicia por la oposición, como consta en las actas parlamentarias, y por el Consejo General de la Abogacía,
porque no se quiere admitir ni el cambio de una coma. La convalidación,
efectuada con voto en contra de toda la oposición, o, si se prefiere,
con los solos votos del partido en el poder, se ha publicado ya en el BOE y en el Boletín de las Cortes. No se ha dejado siquiera plantear enmiendas y se ha despachado sin debate reposado, pese a los innumerables defectos técnicos que se le reprochan a la norma;
- y ello pese a que ese RDL que hace un mes era innecesario porque era 100 % perfecto lo que había implantado la Ley 10/2012 de Tasas, se nos decía, ahora se ha reformado sin siquiera una memoria económica que justifique el por qué y el cuánto de las concretas modificaciones.
- y pese a que ese RDL ha sido objeto de críticas acerbas, incluyendo, por ejemplo, de los propios secretarios judiciales encargados de aplicarlas, pinche aquí el clarísimo comunicado del sindicato de secretarios judiciales SISEJ.
- y pese a que ese RDL que tiene la forma de real decreto cuando, como puso de manifiesto la oposición en el “debate” parlamentario (y ya se había dicho en este blog) es IMPOSIBLE legalmente usar esa forma para regular derechos contenidos en el título I de la Constitución, como lo son la tutela judicial efectiva y la justicia gratuita del artículo 24 y cuando, además, la “extraordinaria y urgente necesidad” que se arguye como pretexto para hurtar la intervención de las Cortes deriva de la propia actuación del legislador -no, del Gobierno y el partido que lo sustenta-, primero por aprobar una ley inconstitucional e injusta en solitario y luego por su pasividad en promover su reforma.
Incluyo enlace con las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios y del Gobierno (texto y vídeo).
No se pierda los argumentos
expuestos en el Congreso por el Sr. ministro de Justicia al defender la
convalidación del RDL 3/2013. Lanzó por su boca hermosas perlas que, ya tuiteé en su día, la verdad, y no me apetece repetir, que no se lo merece. En enlace supra está hasta el vídeo.
Y, como siempre en tasas, esta bloguera se ve
en la extraña situación de compartir todos los argumentos de la
oposición, del amplio arco parlamentario, tanto los de fondo como los de
forma. Ya es raro, casi tan raro como que un ministro pretenda
sostener, al parecer en serio, que toda la oposición se ha puesto de
acuerdo para defender intereses corporativistas (los de quién, y tras
ver los vídeos un par de veces, no me ha quedado claro, por cierto).
-
Recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional
Estos
días se han admitido a trámite los tres recursos de
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas 10/2012: de la
Junta de Andalucía, de la Generalitat de Cataluña y del PSOE (mejor dicho, no del PSOE, sino como establece la ley, de diputados del PSOE). Para enlace a la publicación en el BOE de la admisión a trámite de los recursos, pinche aquí, aquí y aquí. Incluyo también las tres providencia de admisión, que no son públicas, ad pompam vel ostentationem y solo para que el lector aprecie que quien esto firma tiene sus contactillos: providencia admisión 1, providencia admisión 2, providencia admisión 3.
Los recursos, como se desprende de esos documentos, no se interponen
exactamente contra los mismos artículos de la Ley de Tasas, si bien es
obvia la coincidencia general.
No se equivoque el lector no jurista: “admitir a trámite”
parece algo serio, pero es solo que el Tribunal Constitucional declara
que se ha presentado en plazo y que no hay defectos apreciables de forma
en los recursos y empieza el trámite; o sea, papeleo, que ni significa nada más ni condiciona nada. Es solo el inicio de una tramitación larga, tanto,
que solo para decir que se ha admitido a trámite el TC ha tardado más
de un mes. En concreto, el recurso del PSOE se presentó el 19 de febrero
de 2013; algo que conoce esta bloguera -titular de esta blog jurídico
no por casualidad calificado de no ideológico- no solo por la prensa,
sino porque estuvo allí en representación de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, dado que estuvieron presentes miembros de la Plataforma Justicia para Todos,
integrada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que
representa a todos los abogados de España, los sindicatos CCOO, UGT,
CSIF, STAJ y USO -los principales en Justicia- y el Consejo de
Consumidores y Usuarios. La Plataforma Justicia para Todos había pedido
al PSOE que interpusiera el recurso -también se lo pidió a la defensora
del Pueblo, con el “éxito” de todos conocido-,
puesto que es indispensable que firme el recurso un número mínimo de 50
miembros del Congreso o senadores, lo cual, en la actual composición de
las Cortes, significa que solo el PSOE puede hacerlo.
Y, que quede claro, la interposición de recursos contra leyes estatatales NO suspende la aplicación de la ley recurrida. En casos análogos, el Tribunal Constitucional ha tardado ocho o diez años; mejor no pensar mucho en que apañados vamos con las tasas si ése es el ritmo del TC, o no consigue antes parar esto la presión social.
Ah, y además, técnicamente interesaría que se recurriera también el RDL 3/2013; de eso, se tratará otro día.
-
La nueva Orden Ministerial de tasas (inexistente cuando se publican estas líneas, pero inminente)
[P.S. 30-3-2013: hoy Sábado Santo, se ha publicado la nueva OM tasas, en vigor mañana, Domingo de Resurrección, pinche aquí a BOE. Y ya van tres normas de tasas, de cuatro, publicadas en sábado]
A día de hoy sigue sin publicarse la Orden Ministerial que
tiene que aprobar los nuevos formularios para el pago de tasas de
personas físicas y para los casos en que han cambiado (algo) las cosas,
si bien se espera que sea inminente; o sea, que no se puede pagar aunque
se quiera, y van ya DOS veces que sucede lo mismo. A día de hoy, el enigmático significado de la Disposición Final 7ª del RDL 3/2013 se nos “aclara” por un inefable “anuncio” en la web de la Agencia Tributaria y en análogos términos en la web del Ministerio de Justicia, y transcribo ambas porque cualquier día quitarán el enlace y nadie se podrá creer que ha existido algo tan peregrino y, de nuevo, sin precedentes:
Web de la Agencia Tributaria, apartado “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación“. Aviso bien visible, con letras rojas, que se repite dentro del mismo formulario informático 696, el del pago de la tasa judicial.
-
”AVISO: De acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero (BOE 23/02/2013) por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita:
- Las persona físicas, y
- Todos los sujetos pasivos en los casos de presentación de los recursos contencioso-administrativos que tengan por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras.
- “AVISO: No obstante, hasta tanto se proceda a la modificación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de marzo, para adaptarlo al Real Decreto-Ley 3/2013, no será necesario acompañar el modelo 696 junto al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible del tributo exclusivamente en los casos de personas físicas y los sujetos pasivos en el caso de la presentación de los recursos contencioso-administrativos a que se refieren los números cuatro y seis del artículo 1. Una vez se apruebe la modificación de la citada Orden deberá procederse a la liquidación de la tasa en el plazo de quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren hasta que se produzca dicho pago. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.“
Ahí queda eso.
Lo que también está en la web es otra anomalía jurídica, otra más: el “proyecto” de la orden ministerial, que resulta que Hacienda ha colgado en su web en fecha imposible de precisar, novísimo sistema sustitutivo de la audiencia pública con publicación en el BOE, en
plena concondancia con el también novísimo sistema, utilizado ya varias
veces en tasas, de que ahora se legisle por “nota informativa” en
sustitución de las normas debidamente aprobadas, promulgadas y
publicadas, eso tan antiguo y que, por cierto, está en la Constitución.
Pinche Proyecto OM Tasas 2013, para el texto del proyecto colgado en la web de Hacienda y Proyecto OM Tasas 2013 Anexos para los anexos con los borradores de formularios.
Esta bloguera no se enteró de que estaba el tal proyecto colgado
porque Hacienda informara o por detectarlo en la web de Hacienda, sino
por absoluta casualidad, al dar con ello en otro blog jurídico.
Incluso ahora, si no se sabe dónde está colgada la información en la
web de la Agencia Tributaria, no hay forma de localizarla, o quizá sea
que la firmante de este post, que como salta a la vista apenas se apaña
con internet, es demasiado torpe para conseguirlo. O sea, una audiencia
pública con todas las de la ley, que se llama, con plena sujeción,
diríamos, al procedimiento normativo aplicable.
5.- El antes y el después de las nuevas
exenciones subjetivas. El caso de los accidentados y de cómo el RDL
3/2013 es Derecho inútil incluso para lo malo, que en Laboral, el RDL
tampoco ha conseguido privar de justicia gratuita a los trabajadores.
Tras un análisis jurídico, de cualquiera que se moleste en ir un poco más allá de las notas de prensa, resulta que
- las exenciones introducidas por el sistema de “adelantar” los “beneficios” de la futura ley de justicia gratuita en el artículo 2 del RDL 3/2013 son puro titular periodístico que no corresponde a la realidad,
- y es también incierto que se haya ampliado verdaderamente el ámbito de acceso a la justicia gratuita por nivel de ingresos.
Los ejemplos expuestos supra son suficientemente explícitos
de cuantías y el de los ecologistas deja claro que en lo que a ellos
respecta, no se ha cambiado una coma; y todos que tras esta
“modulación”, la indefensión sigue. Y es que
- en su mayor parte, esas exenciones del artículo 2 del RDL 3/2013 son inaplicables en los términos que nos venden, ya hay juristas que han empezado a detectarlo en casos concretos, e incluso en ciertos casos pueden ser inaplicables por completo, algo que aun no dice nadie, s.e.u.o., señal solo de que no se ha dedicado tiempo al tema, lógico por el anómalo stand by mientras salen de una vez los nuevos formularios de tasas [este tema se tratará en posterior post].
- y que NO se ha ampliado el ámbito de acceso a la justicia gratuita por nivel de ingresos lo dice el Consejo General del Poder Judicial, en un informe de instructiva lectura que acaba de difundirse, que habla, por ejemplo, de la “supuesta elevación de los umbrales“,
que critica que se consideren los ingresos brutos y no los netos, que
se haya escogido el baremo de ingresos del IPREM -más perjudicial-, que
por supuesto ponga en duda la técnica legislativa del real decreto…
Pero da igual. Ese RDL se nos dice que “adelanta”
los “beneficios” de una futura e hipotética ley de justicia gratuita y
ahí queda la frase publicitaria, aunque sea falsa.
- El lector en un minuto que dedique a buscar en internet leerá por todas partes que con el RDL 3/2013 han subido los umbrales de acceso a justicia gratuita, pese a que no es cierto, por ejemplo, para personas sin familia (el umbral no cambia nada, salvo para peor) y a que se han adoptado criterios en el RDL que resultan más perjudiciales (ingresos brutos en vez de netos; el IPREM en vez del salario mínimo interprofesional cuando éste se actualiza por ley obligatoriamente y el IPREM no y de hecho no está actualizado). Lo ha dicho el ministro, y sale en una nota de prensa; no hay más que hablar, y punto redondo.
- Y sigo leyendo por todas partes que se han bajando las tasas un 80 %, algo absolutamente falso, porque para personas jurídicas no se ha cambiado una coma, y el cambio en las físicas ha sido reducir SOLO la parte variable de la tasas, dejando la fija (de modo, por ejemplo, que una apelación sin cuantía “cambia” de 890 a 890 para personas jurídicas, o sea, nada, y una apelación sin cuantía para personas físicas pasa de 890 a 818, o sea, insignificante bajada).
- Y es también falso que se haya hecho caso de las absolutamente insuficientes “recomendaciones” de la defensora del Pueblo, la cual se permite el lujo de vender como un éxito que no le hayan hecho caso ni siquiera en sus recomendaciones-paripé.
Y lo mismo con las nuevas exenciones. Salvo en caso de las víctimas de violencia doméstica, que es una de las nuevas excepciones del artículo 2 del RDL 3/2013, y alguna otra nueva excepción, las demás exenciones nuevas del artículo citado, además de arbitrarias, es decir, inconstitucionales
e inadmisibles en una democracia que se rige por el Derecho y no por la
arbitrariedad o por el dejarse llevar de las presiones de los grupos de
poder o de quien más se queje,
resulta que no son lo que nos venden.
En posterior post se analizará el artículo 2 del RDL 3/2013, que se
refiere a las nuevas exenciones subjetivas inicialmente previstas para
la futura hipotética ley de justicia gratuita “adelantadas” con el RDL.
En este post solo se va a hacer referencia a un caso dentro de este artículo 2, el caso examinado ya por la abogada López Valverde,
Directora de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro, revista de
referencia para profesionales prácticos del Derecho en la materia:
el caso de la pretendida exención en favor de los accidentados.
El título del post de López Valverde ya nos introduce en parte del tema: “Asistencia jurídica gratuita para accidentados: solo si son trabajadores“. Transcribo:
“En el art. 2, apdo. 1, del RDL 3/2013
modificador, se añaden al art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita varios apartados y se amplía el ámbito personal de aplicación a
los lesionados en accidentes independientemente de que dispongan de
recursos económicos o no, cuando se reclamen los daños personales y
morales.
Y lo que en principio fue motivo de aplauso desde su inclusión en el anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se vuelve incredulidad al comprobar que ha quedado limitada a:
“quienes, con
independencia de la existencia de recursos para litigar, a causa de un
accidente, acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la
realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual
y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades
más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la
reclamación de indemnización por los daños personales y morales
sufridos”.
Por lo tanto, se establece que deben ser secuelas “que impidan la realización de la ocupación laboral o profesional habitual”, cuando
en el conocido baremo de tráfico, aplicado en todos los ámbitos para
determinar los perjuicios por accidentes, se superó esa denominación
mediante la determinación de categorías de incapacidad para “la
ocupación o actividad habitual” de la víctima, sin cita a lo laboral o profesional, por su finalidad protectora de toda persona lesionada en el ámbito de responsabilidad. Por
ello, los jubilados, amas de casa y estudiantes, según la literalidad
de la ya vigente ampliación (entró en vigor en febrero de 2013) si
sufren la desgracia de tener un accidente no tendrán acceso a ese
beneficio.“
Resalta López Valverde la discrepancia entre esta
redacción y lo que figuraba en el anteproyecto de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita de 10 de Enero de 2013, que sí sigue la terminologia
del baremo, “por lo que es inexplicable esta redacción aprobada” y que este “error del legislador” podría dejar desasistidos a muchos perjudicados. Añade esta autora que además, con la exención
“se limita la ayuda a lo que se denominan “grandes inválidos”, esto es, personas afectadas con secuelas permanentes que
requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más
esenciales de la vida diaria como vestirse, desplazarse, comer o
análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma
vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o
neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera
completa, etc).“
Por tanto, quedan fuera de la posibilidad de exención los que
tengan una invalidez legalmente impeditiva de cualquier profesión u
oficio PERO que no necesitan la ayuda de una tercera persona.
Y esta autora ilustra las consecuencias prácticas de esta limitación con un ejemplo real:
“la situación de la sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 36/2013, de 4 de febrero,
en la que se solicitaban los daños como consecuencia de un accidente de
circulación sufrido por un joven de 19 años (ya no podríamos aplicar el
beneficio, era estudiante¡¡), por el que, entre otras secuelas, sufrió
la perdida funcional del miembro superior derecho, y por el que le fue
reconocida una incapacidad permanente absoluta por el INSS, incompatible
con cualquier profesión u oficio, pero que no necesita de ayuda de
tercera persona, no se podría aplicar la asistencia jurídica gratuita y
con la actuales tasas, teniendo en cuenta que la cuantía ascendía a
1.028.435,96 euros la sola presentación de la demanda representaría el pago de unos 2.000 euros por la víctima sin ingresos propios que forma parte de una unidad familiar.“
Obsérvese: aplicando la teórica
“exención” del RDL 3/2013 “en favor de los accidentados”, un joven de 19
años que vive con su familia y pierde el uso de un brazo y sufre graves
secuelas incompatibles definitivamente con cualquier profesión y
oficio
- como era un estudiante y no un trabajador, no habría tenido derecho a la exención
- y tampoco la habría tenido porque aunque ya no podía trabajar no necesitaba la ayuda de una tercera persona para las actividades esenciales de la vida diaria.
Y aquí añado yo unos detalles:
- Que TAMPOCO habría tenido derecho a exención si en vez de, o además de, litigar para reclamar la “indemnización por los daños personales y morales sufridos”, se le ocurre reclamar TAMBIÉN los daños MATERIALES. Porque si se reclaman los daños materiales, una de dos, o devengan tasas en la parte que se refiere a ellos, o se pierde la exención completa, sin que quede claro cuál es la solución, y más bien parece que es la segunda.
- Y obsérvese, además, que la exención, cuando la hay, solo es aplicable a un único pleito, aquel pleito en que “el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos”; lo cual significa que no solo no está exento en cualquier otro pleito ese mismo inválido contra quien sea, sino que tampoco están exentos pleitos CONEXOS al propio accidente y a la propia invalidez, como puede ser el problema litigioso de la propia clasificación administrativa como gran inválido, la reclamación de un subsidio que se otorgue con tal motivo o una demanda contra la comunidad de propietarios para que instale una rampa en el portal del edificio. Y naturalmente, no está exento en pleitos que interponga cualquiera contra él, que devengan sus tasas en reconvención o en recursos, en su caso, y que queden incluidas en las costas si pierde el plieito y hubiera costas.
- Y por otra parte ¿quién, cómo y por qué valora si el demandante es un gran inválido que además necesite ayuda? ¿Hay que acreditar que se tiene la clasificación administrativa correspondiente, o sea, que hasta que no se disponga de esa clasificación administrativa no puede siquiera pedirse la exención, ni demandar, y no es por cierto precisamente fácil de conseguir que den esa clasíficación administrativa de gran invalidez con los criterios restrictivos utilizados habitualmente, ni cosa de dos días incluso cuando se consigue? ¿Cuando resulta que mientras los pleitos de responsabilidad extracontractual, o sea, caso prototípico, los accidentes, prescriben al año, y el tiempo se echa encima? ¿O basta con alegarlo, y que lo decida con o sin papeles acreditativos la Comisión de Justicia Gratuita, coincida o no lo que decida con lo que finalmente declare en su caso como clasificación administrativa la Administración correspondiente?
- Y finalmente, ¿quién, cómo y por qué decide que el pleito es precisamente el dedicado a reclamar los daños personales y morales (y que no incluye nada más, como daños materiales)? ¿La Comisión de Justicia Gratuita? ¿El secretario judicial del juzgado donde se lleve el pleito?
Ah, y recordemos, como se ha dicho en posts anteriores, que la
concesión de justicia gratuita NO es automática ni instantánea,
requiere acreditación documental y papeleo, y en muchos sitios tarda en
concederse (cuando se concede) meses o más de un año. Y mientras, claro, no hay exención. O sea, incluso el que esté en
este RESTRINGIDÍSIMO caso
- de gran inválido que necesita ayuda para atender sus funciones esenciales
- que además era trabajador antes del accidente
- que además solo reclama daños personales y morales pero no materiales
- que además solo va a reclamar por esos daños concretos y no por otros pleitos conexos a su accidente o su invalidez
- y que nadie sabe cómo y a quién tiene que acreditar su situación y las circunstancias indicadas
incluso ese, tiene que esperar hasta que le den el OK a su exención el tiempo que tarden en concedérsela.
Resumiendo:
- Bien lo llevan las amas de casa, ¿los parados?, ¿los jóvenes que no han llegado a tener primer empleo?, los jubilados, los estudiantes.
- Bien lo llevan los que hayan tenido un accidente que les haya causado graves lesiones, tan graves que incluso les impidan trabajar para siempre en cualquier tipo de trabajo, pero no tan graves como para resultar incardinables en el concepto legal de gran invalidez, que exige ayuda de terceros para las actividades básicas de la vida.
- Bien lo llevan los que además de haber perdido la salud en un accidente, han tenido la mala suerte de haber perdido también el coche o la casa, o cualquier bien, en el mismo accidente. Pobres camioneros o taxistas, que pierden su instrumento de trabajo y si quieren reclamar por ello, además de por su salud, se quedan sin exención; pobre el que sufra un escape de gas y le explote la casa. Pobre el que en el accidente de tren pierde además efectos personales valiosos.
- Y bien lo llevan todos los que puedan tener derecho a la exención, en cualquier pleito distinto al que tengan que interponer contra el que les provocó la invalidez, y aunque esté relacionado con ésta.
Bien lo llevan, sí; tan bien lo llevan como antes de la reforma. Igual por cierto que los que hayan sufridos análogos daños por causas distintas de un accidente del tipo que sea; porque solo a accidente se refiere la restringidísima exención, sin definirlo, es decir, que, por ejemplo, las víctimas de una negligencia médica NO tienen exención alguna.
Así lo dice esta autora, y así lo vengo poniendo de manifiesto en este
blog desde hace meses. Usted sí exento, usted no. ¿Por qué? No se sabe.
Cómo cuadra todo esto con la Ley
53/2003 , de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, aprobada cuando estaba en el mismo partido que ahora
lo ostenta, ley que se dictó con carácter de transversalidad, tampoco se
sabe.
O sea, en definitiva, que esta exención del artículo 2 del RDL 3/2013 en favor teóricamente de los accidentados es un caso prototípico de Derecho
inútil, por el que el legislador nos vende algo que luego resulta no
ser cierto, y que queda en poco menos que nada en cuanto se analiza con
un mínimo rigor.
Quiero a la vez mencionar,
un dato paradójico:
cuando el legislador NO ha querido deliberadamente
introducir la exención de tasas para trabajadores en la jurisdicción
social, pese a que imponérselas es manifiestamente inconstitucional, ya
hay interpretaciones que enmiendan la plana al legislador, y que dicen
que a pesar, y contra, de lo que el legislador ha pretendido, la
defectuosa técnica legislativa permite considerar que NO ha desaparecido
la justicia gratuita sin necesidad de petición ni concesión para
trabajadores en la jurisdicción laboral -dato, por cierto, ya dejado caer quien esto firma en anteriores posts-.
Y es que hasta para perjudicar al justiciable hay que saber hacer las cosas con una mínima técnica jurídica.
Tomen nota los laboralistas, que esto es VERDADERAMENTE MUY importante:
Interesantísimo
artículo de un magistrado, que analiza en detalle los motivos jurídicos
de por qué tras el RDL 3/2013 los trabajadores siguen exentos de pago
de tasas en la jurisdicción laboral, y además no necesitan solicitarla
de forma individual, por no haberse derogado expresamente la exención
genérica de trabajadores de la Ley de Justicia Gratuita de 1996. Pinche Aplicación tasas en orden social Folguera Esta
bloguera puede asegurar que hasta la fecha no ha encontrado ni un solo
artículo jurídico serio (o no serio) que analice el mismo tema y llegue a
otra conclusión.Y con análogo criterio, primera
resolución dictada por un Tribunal Superior de Justicia, en concreto
del País Vasco, Sala de lo Social, que considera inaplicables las tasas
en Laboral a trabajadores. Pinche Auto TSJ País Vasco 19-2-2013 no tasas laboral. El auto tiene
fecha anterior al RDL 3/2013, si bien en definitiva no se observa
especial dificultad en aplicar el criterio a casos posteriores al RDL
3/2013, puesto que los argumentos vienen a coincidir con los expuestos
en el artículo del Magistrado Sr. Folguera.
El consejo obvio a los laboralistas: que se eche mano masivamente de
los argumentos expuestos en estos dos documentos en todos los
procedimientos laborales, además de los ya conocidos del Juzgado de lo Social nº 1 de Benidorm, magistrado Sr. Vegas Ronda, que por su carácter general serían también aplicables tras el RDL.
Y hablando de Derecho inútil,
qué inútil es el Derecho que ni siquiera acierta cuando intenta
conseguir la consecuencias fácticas desfavorables para el justiciable
que el legislador buscaba, ¿no?
6.- Derecho absolutista, marketing jurídico, patologías jurídicas y la responsabilidad del jurista.
Solo con dedicarle un rato al RDL 3/2013, se ve lo que hay tras la pantalla: nada, o poco menos. Pero las criticas a la nueva norma han
sido tan duras con carácter general, y con toda razón, que no ha sido
siquiera preciso ahondar en este punto, y ha quedado la falsa impresión
de que en efecto HAY nuevas exenciones aplicables, las que nos cuentan
la “nota de prensa”. El papel, incluyendo el BOE que ya no está en papel, lo aguanta todo, y el marketing jurídico funciona muy bien.
Pero es más cómodo repetir una campaña publicitaria acríticamente que informarse, analizar y PENSAR.
Pensar cansa, aburre y lleva tiempo. ¿Conoce usted la frase famosa
“Lejos de nosotros la funesta manía de pensar“,
esa frase que se atribuye a los clérigos de la Universidad de
Cervera, por el año 1827, dirigida al infame rey Fernando VII, como
muestra de adhesión al absolutismo y de sumisión al poder por parte de
los que entonces eran los universitarios? Esos equivalentes hoy de los
intelectuales y de los que han, hemos, tenido la oportunidad de una
educación universitaria. Incluyendo los juristas.
Pero los juristas tenemos OBLIGACIÓN de pensar sobre el Derecho.
El Derecho NO cae del cielo como
el granizo destructivo imprevisible e inevitable, y se puede y se DEBE
desbrozar y criticar para denunciar las arbitrariedades y las
injusticias, para que cambie. Porque describir lo que hay sin entrar en
el fondo ni poner en duda la forma es pernicioso y revela un concepto
erróneo del Derecho y por ende de la función del jurista:
- primero, porque es considerar el Derecho como fuerza mayor o caso fortuito en el sentido jurídico de estas expresiones, es decir, el Derecho como algo imprevisible o que previsto es inevitable,
o sea, un concepto ABSOLUTISTA DEL DERECHO,
- y segundo, más aun, porque es considerar que da igual que el Derecho esté vacío,
o sea que da igual que el Derecho no sea Derecho, sino MARKETING JURÍDICO
Pero el Derecho en una democracia no es ni absolutista ni
marketing jurídico, o no debería serlo. El Derecho proviene de personas,
no del Destino ineluctable, y se puede y de DEBE cambiar, cuando está
mal, y cuando no tiene nada detrás.
Pero a día de hoy son contados los análisis de las exenciones de las tasas que efectivamente ANALICEN las exenciones y obtengan consecuencias. Se limitan a TRANSCRIBIR lo que hay en el RDL, como si de verdad lo que está en el BOE fuera Derecho, y sin extraer conclusiones. Porque cuando se analizan las exenciones se comprueba QUE NO HAY TALES EXENCIONES EN LOS TÉRMINOS QUE SE VENDEN,
e incluso que hay caso que no las hay an absoluto. Era obvio desde que
salieron los sucesivos anteproyecto de ley de justicia gratuita, y en
concreto el último que ahora se “adelanta” Anteproyecto de Ley de Asistencia Juridica Gratuita C.Ministros,
y quiero pensar que los informes que han debido de entregar en fase de
audiencia públicas las diversas instituciones jurídicas lo habrán puesto
de manifiesto; y no digamos ya cuando lo que se “adelanta” no es
siquiera lo que ese anteproyecto preveía, como es el caso de los
accidentados.
Algo muy similar sucedió con algo que se aprobó en la Ley 10/2012 de tasas y que TAMPOCO existe, y que se ha analizado en este blog en un post: una pretendida rebaja del 10 % en la tasa al que use medios telemáticos cuando resulta QUE NO HAY TALES MEDIOS TELEMÁTICOS. Es un ejemplo DE LIBRO de DERECHO INÚTIL, de MARKETING JURÍDICO. Se
dice en la Ley de Tasas que al que use medios telemáticos al presentar
los escritos a los tribunales le rebajan un 10 % y resulta que salvo
casos contados NO hay
tales medios porque el Estado no proporciona ni PERMITE otra vía de
comunicación que la entrega física de escritos por Registro General ¿y nadie lo dice?
No, por lo visto basta con repetir que existe esa rebaja del 10 % en la
ley, como si fuera irrelevante que sea falsa e inaplicable.
Como el preámbulo de la Ley de Tasas dice que se ofrece una rebaja del
10 % al que PREFIERA usar medios telemático, y el Sr. ministro de
Justicia lo ha repetido, y hay un artículo de la ley que lo indica, da
igual que cuando AUNQUE SE QUIERA no puedan usarse, ni por justiciables,
ni por profesionales, porque no existen tales medios de comunicación
con los juzgados salvo en casos contados. Y da igual, que en resúmenes
de cómo es la normativa de tasas, se dirá una y otra vez que esta
posibilidad de rebaja del 10 % existe, cuando es puro y simple Derecho inútil.
El que con falsa objetividad se limita a transcribir las
falsas “exenciones” de una norma sin ir más allá incurre en la grave
responsabilidad del que sabe o debería saber, y que colabora con la
injusticia y la frivolidad jurídica por el sistema de no ponerlas de
manifiesto. Porque si estamos ante Derecho inútil,
estamos ante una PATOLOGÍA del Derecho,
como dice Martín Moreno en el artículo citado, “y como tal se debe tratar“.
Y ante una patología del Derecho, dice Martín Moreno,
“los juristas llamados a opinar sobre la producción normativa no pueden inhibirse, creyendo que invaden el margen de libre apreciación del legislador con consideraciones de oportunidad“.
Porque si el jurista se inhibe, añade Martín Moreno, se corre el riesgo de seguir agravando la desconfianza de los ciudadanos hacia su eficacia ordenadora.
Y si el jurista se inhibe, añado yo modestamente, no se pone coto a
legislador injusto, arbritrario y frívolo. Y se irá a más, también en
eso.
Verónica del Carpio Fiestas
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