Urdangarin rechaza que el juez escrute sus negocios de ejercicios “prescritos”
El abogado observa que “ninguna empresa privada ha reclamado” los fondos entregados
Iñaki Urdangarin
se escuda en la caducidad de los plazos de persecución y reproche penal
de sus posibles delitos, durante tres años (entre 2003 y 2005) para
intentar frenar la acción del juez y Hacienda. El yerno del rey –a
través de un escrito de su abogado ante la Audiencia de Palma- se ampara
en la eventual prescripción, a efectos tributarios y delictivos, de sus
actuaciones empresariales y personales durante los ejercicios
económicos de los citados años.
El esposo de la infanta Cristina, imputado en el caso Nóos
de supuesta malversación de caudales públicos, falsedad documental,
fraude a la Administración y prevaricación, reclama que los magistrados
de la Audiencia rectifiquen al juez instructor José Castro y paren el
escrutinio global sobre sus negocios que encargó a Hacienda, a petición
del fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
La Agencia Tributaria de Cataluña, por orden judicial, examina todos los movimientos del complejo entramado de empresas y fundaciones del Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin y su socio y coimputado Diego Torres. Este análisis ayudará a determinar las posibles responsabilidades individuales de los diferentes administradores y socios de las distintas firmas.
El letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, en el recurso de apelación pide que los informes tributarios sobre los tres ejercicios "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno". Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la prescripción, "causa de extinción de la responsabilidad penal".
"Si el delito está prescrito no hay ni puede haber responsabilidad penal y, por tanto, su instrucción acerca de los hechos y de las conductas prescritas está prohibida por la propia normal penal", recalca el defensor.
El letrado Mario Pascual observa que en la actuación del juez José Castro puede existir "una nueva ligereza o exceso verbal", por anticipar "una clara decisión judicial de valoración futura con carácter inexorable". Anteriormente, sobre este mismo episodio de los informes reclamados a la Agencia Tributaria, el abogado del duque de Palma afirmó que las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción "carecen de la necesaria y exigible objetividad" y agregó que el representante del ministerio público, Pedro Horrach, incluyó en su petición frases "claramente incriminatorias".
La Agencia Tributaria de Cataluña, por orden judicial, examina todos los movimientos del complejo entramado de empresas y fundaciones del Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin y su socio y coimputado Diego Torres. Este análisis ayudará a determinar las posibles responsabilidades individuales de los diferentes administradores y socios de las distintas firmas.
El letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, en el recurso de apelación pide que los informes tributarios sobre los tres ejercicios "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno". Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la prescripción, "causa de extinción de la responsabilidad penal".
"Si el delito está prescrito no hay ni puede haber responsabilidad penal y, por tanto, su instrucción acerca de los hechos y de las conductas prescritas está prohibida por la propia normal penal", recalca el defensor.
Carga del defensor del duque contra el juez y el fiscal
El defensor del duque de Palma pide que se “rectifique” una referencia del juez instructor sobre los negocios privados de Nóos con empresas particulares. El magistrado comentó en un auto que no desarrollaba una causa general sobre Urdangarin -como mantenía su defensa, porque, por ejemplo, no investigaba las "muy diversas generosamente lucrativas relaciones comerciales que ha mantenido con empresas privadas". El duque recuerda que "ninguna empresa privada ha reclamado" y que aquella cita puede resultar "una licencia o un exceso incluido de cualquier caso de manera injustificada".El letrado Mario Pascual observa que en la actuación del juez José Castro puede existir "una nueva ligereza o exceso verbal", por anticipar "una clara decisión judicial de valoración futura con carácter inexorable". Anteriormente, sobre este mismo episodio de los informes reclamados a la Agencia Tributaria, el abogado del duque de Palma afirmó que las valoraciones de la Fiscalía Anticorrupción "carecen de la necesaria y exigible objetividad" y agregó que el representante del ministerio público, Pedro Horrach, incluyó en su petición frases "claramente incriminatorias".
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