El derecho constitucional destituyente

El derecho constitucional destituyente

Por Gabriel Boragina ©

La palabra "destituyente" no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Lo más cercano que allí podemos encontrar es el verbo destituir, que el diccionario define de este modo:

destituir.

(Del lat. destituĕre).

1. tr. Separar a alguien del cargo que ejerce.

2. tr. p. us. Privar a alguien de algo.

MORF. conjug. c. construir.

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Constituyente

En Argentina el neologismo "destituyente" fue acuñado por los déspotas, con miras a perpetuarse en el poder de manera indefinida, como término para victimizarse, o -en forma directa- amenazar explicita o solapadamente a sus oponentes y adversarios políticos. Con este vocablo, pretenden estigmatizar cualquier acto de disidencia, disconformidad o censura a las políticas oficialistas.

Sin embargo, en una democracia entendida en un sentido amplio, la destitución de los gobernantes forma parte de sus reglas de juego. Si se trata de la democracia concebida como votación de candidatos a cargos públicos, el ciudadano al emitir el sufragio por un determinado candidato, está optando por la destitución de los restantes (estén al momento o no en el poder). Es decir, está desplazando a todos los demás, con excepción del votado. Destituir, es una acción corriente y normal en las democracias. Si se habla de una democracia constitucional, existen mecanismos previstos en la Carta Magna que apuntan a la destitución de los gobernantes en diferentes momentos. Si tomamos, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, advertimos -al menos- tres mecanismos de destitución que ella contempla:

1 La ya referida del sufragio universal, que es la usualmente conocida e invocada por la mayoría.

2 La del juicio político.

3.La rebelión popular.

Estos tres dispositivos de destitución (o "destituyente") se hallan contemplados:

Al primero de los métodos se refiere el art. 94 de la Constitución.

El juicio político (segundo procedimiento indicado) está previsto por los arts. 59 y 60 de la Constitución.

El Derecho a la rebelión (el tercero) está consagrado por el art. 36 de la Constitución expresamente cuando dice: "Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos."

Este artículo 36 remite al art. 29 que dice:

"Artículo 29- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria."

Como se advierte, al menos en el caso argentino, la misma Constitución de la Nación Argentina establece más de un mecanismo de destitución (o "destituyente") para evitar la consolidación de un poder despótico. Es natural que los tiranos (o tiranas) se ofusquen y enfurezcan en contra de estos procedimientos, que como acabamos de ver, son perfectamente democráticos.

¿Significa esto acaso, que de no encontrarse reconocido el Derecho de Resistencia a la Opresión (ya que de esto al fin de cuentas se trata) este derecho no existiría? La respuesta es por supuesto, negativa. El Derecho de Resistencia a la Opresión va mas allá de lo que cualquier ley pueda o no decir respecto de él.

El distinguido profesor Dr. Héctor Negri explica sobre el tema: "7. El derecho de resistirse a la opresión es un derecho subjetivo natural. Es una facultad que cada hombre tiene y que deriva de un orden de determinaciones que no es propiamente el del Estado, sino aquel otro que la conciencia ha revelado y revela siempre como superior al de las determinaciones estatales.

Por él, en su virtud, cualquier miembro de la comunidad, solo o unido a sus semejantes, puede resistir una agresión injusta dispuesta o autorizada por el derecho del Estado: en resistencia que puede ir desde los fenómenos mínimos de oposición, hasta el extremo máximo de la insurrección que desplace a las fuerzas políticas con mando, y restituya el imperio de la justicia.

Es pues, un derecho de la más alta importancia, ya que significa en definitiva, la legitimación de la lucha por la justicia, el punto de convergencia y colisión entre un derecho positivo desviado y el derecho natural, y el sacrificio del primero y la primacía ética del segundo." ([1])

En otras palabras, el Derecho de Resistencia a la Opresión (denominación clásica del Derecho Político o Teoría del Estado) no es otra cosa que un Derecho Destituyente.

El Dr. Negri explica su mecánica de esta manera:

"12. Cuando se piensa de este modo, el significado de la expresión derecho de resistencia alcanza todo su significado, y el juego de la facultad que ella designa, y el uso de la fuerza que ella legitima, se puede comprender con la claridad más honda.

Hay un Derecho positivo. Este Derecho es injusto, se contrapone a las facultades naturales, a las que un orden universal e inmutable establece. Esa contraposición entraña, por la negativa a esas facultades, una opresión. La resistencia es la acción contraria a las fuerzas opresoras, es el hecho que intenta volver las cosas al natural ámbito de justicia. El derecho de resistencia a la opresión es en definitiva el derecho a la lucha por la justicia, el derecho a combatir por la vigencia plena de un orden ético adecuado a las más puras exigencias de la conciencia; el derecho a la destrucción del orden injusto y de las fuerzas políticas que lo sostienen.

Es la defensa, la resistencia, el impedimento que legítimamente se contrapone a las injustas violaciones de un derecho subjetivo natural." ([2])

En otras palabras, aun cuando la constitución política nada dijera, existe en todo su esplendor un Derecho Natural "el derecho a la destrucción del orden injusto y de las fuerzas políticas que lo sostienen."

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[1] Dr. HÉCTOR NEGRI. Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 24, letra R, Grupo 09, pág. 83 a 87

[2] Ídem nota anterior.