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sábado, 20 de julio de 2013


La Fiscalía se querella contra el juez del ‘caso Blesa’ por detención ilegal

Acusa al juez Elpidio José Silva, que ordenó la prisión para el expresidente de Caja Madrid, de prevaricación, detención ilegal y un retardo malicioso en la administración de justicia


El juez del 'caso Blesa' Elpidio José Silva / KIKO HUESCA (EFE)
El juez metió en la cárcel al banquero, pero el caso ha dado un giro de 180 grados y el magistrado ha sido acusado de tres delitos graves. El nuevo capítulo del culebrón del caso Blesa ha llegado este viernes cuando la fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra Elpidio José Silva Pacheco al que le acusa de “delitos continuados de prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia”, así como de “dos delitos contra la libertad individual”, es decir, por detención ilegal del banquero.
Silva fue el juez que ordenó en dos ocasiones la prisión para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra (con pérdidas que posteriormente afloraron) del City National Bank of Florida. La primera vez Blesa salió tras pagar una fianza de 2,5 millones. La segunda vez regresó a Soto del Real sin fianza y no recuperó la libertad hasta que la Audiencia de Madrid determinó que debía ser excarcelado. Según fuentes jurídicas, Silva podría ser inhabilitado por 40 años si prospera la querella.
La querella, que será resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, está firmada por el fiscal jefe Manuel Moix Blázquez. Con este gesto, Moix ha escenificado un apoyo sin fisuras al fiscal responsable del caso, consciente de que es un asunto con gran sensibilidad en la opinión pública y que da pie a múltiples interpretaciones, según fuentes judiciales. Entre las diligencias que solicita la fiscalía, pide que se tome declaración al juez Silva, así como al exbanquero Miguel Blesa y a su abogado, Carlos Aguilar Fernández.
Los delitos de detención ilegal los justifica la Fiscalía señalando que Silva encarceló a Blesa tras la única petición de Manos Limpias, “que no estaba personada como acusación particular y, siendo plenamente consciente [el juez] que dicho sindicato no tenía la condición de parte”. La Audiencia de Madrid también consideró que el sindicato no formaba parte del proceso. Esta organización rechaza esta acusación y asegura que forma parte legal del proceso.
Uno de los últimos casos más sonados de detención ilegal tuvo lugar en enero de 2005, cuando el Tribunal Superior de Cataluña condenó a nueve años de prisión al juez Luis Pascual Estevill. En este caso se añadieron las acusaciones de cohecho y de prevaricación.
El ministerio fiscal acusa a Silva, además, de haber ordenado prisión a sabiendas de que no existía riesgo de fuga, con lo que justifica además el delito de prevaricación. En la querella se recuerda que el Código Penal dispone que “el juez que, a sabiendas, dictare sentencia injusta será castigado con multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo por 10 a 20 años”.
El fiscal superior considera que “al acordar la prisión de Miguel Blesa de la Parra en dos ocasiones, a instancias únicamente del Sindicato Manos Limpias, los cuales no tenían condición de parte, tal y como se ha puesto de manifiesto”.
En cuanto al delito de “retardo malicioso”, se lo achaca porque considera que Silva retrasó a propósito la resolución de un buen número de recusaciones contra él provocando indefensión a Blesa. El primer recurso fue contra la ampliación de la denuncia —que la querella considera que no está basada en ninguna prueba objetiva— que tardó “más de cinco meses en resolver, sin causa legal alguna que explicase dicha dilación”.
En resumen, la querella es una condena total de todas las actuaciones relevantes tomadas por Silva desde diciembre pasado. En esa fecha amplió el caso del crédito de 26,6 millones concedido por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán a otro caso nuevo, el del banco de Florida. En estos seis meses, se considera que Silva vulneró el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones “no solo de los imputados, sino también de personas ajenas al procedimiento”. También que adoptó el secreto de las actuaciones sin motivos fundados, así como que tuvo actuaciones procesales contrarias a derecho “de modo torticero” y que admitió “de forma ilícita” a Manos Limpias.
Carlos Aguilar, abogado defensor de Blesa, considera que la querella “pone en evidencia que las resoluciones del Silva eran injustas desde el principio. Había una persecución contra Blesa y la actuación era abiertamente ilegal e injustificable. Creo que es un rosario de prevaricaciones desde el principio”.
Por otro lado, la querella ha aliviado a Miguel Blesa, aunque está a la espera de la decisión de la Sala Civil y Penal. Blesa está convencido, como declaró a la salida de la prisión, de que el juez era parcial y considera que ha sufrido un gran daño contra sus derechos e imagen con este caso.

3 comentarios:

  1. Sin lugar a dudas, medidas descabelladas y absolutamente grotescas ante un Juez, la cruzada de la Fiscalia contra un hombre que en aras a su posición de defensa de la justicia y con sus armas para impartir justicia de aquellos que han sido duramente desprotegidos y engañados, en depositar un dinero en Caja Madrid actualmente Bankia.

    Quién protege a estos CIUDADANOS, quién responde por ellos, porque ese ensañamiento contra un juez CONTRA EL JUEZ SILVA ¿que es lo que la verdad esconde? es absolutamente indigno e ilógico la posición de la Fiscalia al pedir que un Juez sea inhabilitado por cuarenta años.. sin lugar, a dudas y a merced de un justo veredicto en la querella impuesta por la Fiscalía

    Doy fe de que todos somos humanos erramos en soluciones y en este caso puede o no haber errores, pero quién castiga al que CASTIGÓ en su actuación de malechor, cruel y vil villano Presidiendo una Caja y poniendo a su antojo el dinero de personas sin conocimientos, engañados por esos banqueros que toda la vida había depositado su confianza ¿quién? espero y deseo una resolución favorable para el Juez Silva porque en este país parece ser que QUIEN TIENE HUEVOS SE LOS CORTAN y así veamos el caso del excelente Sr. Garzón.. Pues Sres., no nos equivoquemos y cortemos los HUEVOS a quién corresponda AL VERDADERO CULPABLE.

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  2. Los siete errores capitales del magistrado Silva
    La querella se ha presentado en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
    La Audiencia aparta al juez Silva de la causa por la que encarceló a Blesa
    MIGUEL MORENO MENDIETA MADRID19-07-2013 21:58
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    El juez Elpidio José Silva. EFE/Archivo
    (EFE)
    La Fiscalía acaba de presentar una querella contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa', al considerar que podría haber cometido un delito de prevaricación, por un continuado "retardo malicioso" en el proceso, así como "dos delitos contra la libertad individual", por el encarcelamiento de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. La querella se ha presentado ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
    La Audiencia de Madrid ya había anulado el 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por al considerar que había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una “causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos”. `
    El escrito presentado por el Ministerio Fiscal critica con dureza la mayoría de las decisiones adoptadas por el juez Silva en la investigación del crédito concedido por Caja Madrid al grupo Marsans (propiedad del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán) y de la compra del banco de Florida City National Bank, por parte de Caja Madrid:
    1. La reapertura del caso
    El fiscal Manuel Moix Blázquez considera que Silva no argumentó correctamente la decisión de reabrir el caso del crédito de 26 millones a Marsans. El propio juez había decidido el archivo de la causa en 2011, pero decidió retomar las investigaciones "sin que se hubiera generado dato nuevo alguno que justificase la reapertura de las actuaciones".
    El Ministerio Público recuerda que los sucesivos autos de reapertura del caso fueron declarado nulos por la Audiencia Provincial al considerar que no estaban suficientemente fundamentados.
    2. Los correos electrónicos de Blesa
    El fiscal también considera que el juez Silva cometió un delito de intervención ilegal de las comunicaciones al pedir a Bankia (grupo financiero en el que quedó integrada Caja Madrid y tras su fusión con otras seis cajas) la remisión de todos los correos electrónicos que se intercambiaron Miguel Blesa y sus directivos en relación al grupo Marsans. El juez pidió correos de un periodo de siete años, algunos de los cuales salieron a la luz pública, vulnerando el derecho a la intimidad del banquero.
    Silva también llegó a solicitar a la Policía que le enviase un informe con todas las salidas y entradas de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán del territorio español.
    3. Infundada adopción del secreto de actuaciones
    La Fiscalía estima que el auto en el que Elpidio José Silva decretó el secreto de las actuaciones fue desproporcionado y "no tenía otra razón de ser que el fin perverso de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento, puesto que no existía motivo legal alguno para adoptar semejante medida que, aunque temporal, es restrictiva del derecho de defensa".
    El fiscal también critica que el juez Silva dilatase sin justificación los recursos interpuestos por los abogados de la defensa contra esta medida.

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  3. 4. Ampliación de la investigación a la compra del banco de Florida
    El Ministerio Público cree que Elpidio José Silva también actuó de forma contraria a Derecho al "asumir de modo torticero el conocimiento de la denuncia por la adquisición del City National Bank of Florida". Según relata el fiscal, después de la entrega de un informe del Banco de España donde se investigaba esa operación, el juez decidió abrir una causa separada "en lugar de remitirla al Juzgado Decano para su reparto, y ello a pesar de ser consciente de la carencia de conexidad alguna entre dicha operación de compra y los hechos denunciados en origen, que él mismo ya había sostenido, para lo que a través de razonamientos alambicados y forzados".
    5. Admisión ilícita de la personación de Manos Limpias
    Tras la reapertura del caso, Manos Limpias decidió mantenerse en la causa como acusación popular (que permite a colectivos no directamente afectados por el delito personarse en procesos penales). Sin embargo, el juez Silva decidió que Manos Limpias tuviera la condición de acusación particular (reservada a personas que se han visto perjudicadas por el presunto delito).
    El fiscal considera que Silva tomó esta decisión (posteriormente censurada por la Audiencia) porque sabía que siendo acusación popular el sindicato Manos Limpias no tenía legitimación suficiente para denunciar la comisión de un delito societario, por lo que el juez "ilícitamente procedió a transmutar su condición de parte, para así poder continuar una instrucción que en Derecho le estaba total y absolutamente vedada".
    6. Apertura de diligencias contra el abogado de Blesa
    Silva abrió un nuevo procedimiento contra Carlos Aguilar Fernández, abogado de Blesa, por un supuesto delito de obstrucción a la justicia, y en esas diligencias decidió tomar declaración al banquero como testigo de ese delito, una actuación que vulneró de forma "clamorosa" los derechos que tenía Blesa en su condición de "imputado", como la posibilidad de no declarar contra sí mismo.
    7. Errónea decisión de encarcelar al banquero
    Entre los diversos errores formales que cometió Elpidio José Silva al decretar el ingreso en la prisión de Soto del Real de Miguel Blesa, la Fiscalía destaca la incogruencia de que el un primer auto decretó su encarcelamiento eludible prestando fianza (que el banquero presentó y que le permitió salir de la cárcel), y posteriormente su encarcelamiento sin fianza, sin que hubieran cambiado las circunstancias del caso.
    Estas actuaciones "radicalmente contrarias a derecho" dieron lugar a la ilícita privación de libertad de Miguel Blesa en dos ocasiones y "fue consecuencia directa de aceptar como parte acusadora al Sindicato Colectivo Manos Limpias".

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