Personas homosexuales en Italia: ciudadanos de segunda clase
El año 2013 ha sido un buen año para las parejas del mismo sexo. Francia y Brasil han sido los dos últimos países en aprobar el matrimonio homosexual y así también lo han hecho los estados de Rhode Island, Delaware y Minnesota en Estados Unidos. Además existen otros modos de regular el estado civil de las personas, como son las uniones civiles, las cuales están permitidas también para las parejas homosexuales en algunos países europeos como Alemania, Austria y Reino Unido.
Esto quiere decir que en casi toda Europa, a excepción de los países del este, está regulado el derecho de este colectivo a constituirse como pareja. Sin embargo, existe un país dentro de las viejas democracias europeas que se resiste a hacerlo, y en el que la simple mención del mismo genera un profundo debate político y social. Un país fuertemente influenciado por la Iglesia católica, que siempre ha mostrado su rechazo a este tipo de uniones. Es Italia, el país de la “dolce vita” que, de momento, reserva el pleno disfrute de la misma sólo a los heterosexuales.
La sociedad italiana y la homofobia
La sociedad italiana es considerablemente más homófoba que otras sociedades europeas. Hay innumerables modos de llamar a los homosexuales de manera despectiva (frocio, finochio, culattoni, etc., todas ellas quieren decir “maricón”) y en general tanto la sociedad como las autoridades se muestran pasivas ante los ataques a este colectivo. La homofobia no se considera peligrosa y es banalizada. Sonados son los casos de los políticos que realizaron comentarios homófobos, como el famoso “mejor ser un apasionado de las chicas guapas que ser gay”de Berlusconi o la afirmación del subsecretario de familia en 2010 “la adopción de matrimonios gays favorece el tráfico de niños”, o aquella de Alessandra Mussolini “mejor fascista que maricón”. Estas y otras aberrantes declaraciones son recogidas en un artículo denominado “bestiario homófobo” de Ana Paola Concia, ministra abiertamente gay.
Otro ejemplo aterrador es la propuesta en 2007 del entonces alcalde de Treviso, Giancarlo Gentilini, de llevar a cabo una “limpieza étnica de maricones” ya que en su ciudad no había lugar para “maricones o similares”. En el mismo año en Roma, una pareja de gays fue arrestada por darse un beso por la calle y, recientemente, ha visto la luz un spot del partido político de los Hermanos Italianos que, tras decir que creen en el amor entre el hombre y la mujer y en la familia como base de la nación, acaban con el homófobo mensaje de “vota con la cabeza, no con el culo”.
No es de extrañar que en el mapa realizado en 2012 por la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association (ILGA) donde se puntuaba la situación legal de este colectivo en los distintos países, Italiase situara a la misma altura que Polonia, por detrás de países como Albania, Rumania, Lituania y Bulgaria.
Pero ¿por qué está Italia tan retrasada en cuestión de derechos LGBT en comparación con sus vecinas europeas? Algunos creen que es por la presencia del Vaticano y por tanto la gran influencia que ejerce la Iglesia Católica, que siempre ha tenido una actitud más bien homófoba y tendente a la discriminación, ya que si bien no condenan la homosexualidad abiertamente, sí que condenan los actos homosexuales.
En el año 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó, con el consentimiento del Papa Juan Pablo II, un documento titulado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, donde invitaba a los políticos católicos a oponerse de forma clara e incisivaante cualquier intento de reconocer legalmente las uniones homosexuales. El Papa Ratzinger, por su parte, afirmaba que la homosexualidad era “contra natura” y que el matrimonio homosexual “amenazaba la paz mundial”. Su papado se caracterizó por poner trabas a cualquier atisbo de mejora para la condición de los homosexuales, llegando incluso a oponerse en 2008 a la propuesta que Francia presentó ante la ONU para exigir la despenalización universal de la homosexualidad. Esta opinión es compartida por el actual Papa Bergoglio, quien fue un fuerte opositor de la aprobación en Argentina del matrimonio gay. Parece ser así que para la Iglesia “no todos somos iguales ante los ojos de Dios”.
Las innumerables e infructuosas propuestas de Ley
En el ámbito legislativo, la cosa se pone aun peor. Italia es el único país de Europa en el que la discriminación sexual no constituye un agravante de los delitos penales, a diferencia de aquellos ataques basados en la etnia, raza, nacionalidad, lengua o religión, lo que contraviene el principio de no discriminación de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Esto quiere decir que la incitación al odio se criminaliza con relación a grupos concretos, entre los que no se incluye el colectivo LGBT. Hasta dos veces se ha rechazado la propuesta de ley para incluir la homofobia como agravante, en 2009 y posteriormente en 2011. Este mes de mayo, se ha vuelto a presentar y parece ser que obtendrá el mismo resultado.
En materia de uniones civiles, se han hecho muchas propuestas, y todas ellas han quedado en papel mojado. La primera propuesta presentada en el parlamento fue en el año 1988 por el partido socialista Italiano. Se creó una enorme polémica, terminó en las primeras páginas de la prensa, y fue condenada fuertemente por el Vaticano. En los años 90 hubo al menos 10 propuestas de Ley, pero nunca llegaron siquiera a insertarse en el orden del día, debido sobre todo al veto expreso de la jerarquía católica.
En el 2002, el diputado Franco Grillini, líder histórico del movimiento gay, presentó los Pactos Civiles de Solidaridad (Pacs), cuyo modelo referente era el modelo francés de unión civil. Estos estarían dirigidos a parejas heterosexuales y homosexuales, como alternativa al matrimonio, pero no con los mismos derechos y obligaciones que este último. Algunos de los derechos que se reconocían en este tipo de unión eran: asistir a la pareja en caso de hospitalización, participar en las decisiones referentes a su salud y a su vida y derechos de sucesión. Pero este proyecto de Ley tampoco pudo ver la luz porque fue calendarizado en el 2005, cuando ya había terminado la legislatura.
Posteriormente, en el 2007 se deliberó el diseño de un nuevo proyecto de Ley que habría tenido el nombre deDICO (Derechos y deberes de las personas que conviven de manera estable), pero este también quedo en nada debido a la caída del II Gobierno de Prodi. Además, este proyecto de Ley tuvo mucha resistencia por parte de la poderosa Iglesia Católica y también fue criticado por la izquierda radical y los grupos de Gays y Lesbianas, ya que la consideraban demasiado prudente. El derecho a la herencia, por ejemplo, se obtenía sólo después de 9 años de convivencia, y además ni siquiera podían acudir al registro a inscribirse, sino que un conviviente debía mandar una carta recomendada al otro, y este la firmaba en casa. La propuesta que se presentó en el 2008,DIORDE (Derechos y Deberes de Reciproca Convivencia), ni siquiera fue examinada.
Tampoco mejoró la situación de la cuestión durante el gobierno de Monti, donde no sólo no se hizo ninguna propuesta por “no ser esta la propiedad del gobierno” sino que además el primer ministro se manifestó abiertamente contrario al matrimonio gay.
En cuanto al gobierno actual, a inicios de este mes de mayo, la ministra de igualdad de oportunidades Josefa Idem, realizó unas polémicas declaraciones, afirmando que “ya era hora de que hubiese una ley que regulara las uniones civiles” ya que “no debe importar si se ha elegido compartir la vida con un hombre o una mujer, si una persona es gay, lesbiana o heterosexual. La cosa fundamental es que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, sin distinción de sexo”. Estas declaraciones han sido rápidamente criticadas por el PDL que le ha recordado que esta no es una prioridad del gobierno Letta y otra vez ha salido a relucir la excusa de la crisis económica como tema más “importante” a tratar. Polémica, acusaciones y mucha palabrería, que parece ser que volverán a quedar en nada.
Situación actual
La situación a día de hoy es que no existe ninguna ley que permita la unión de parejas del mismo sexo.Muchos viajan a
España, Estados Unidos o Argentina entre otros países para casarse, pero llegados a Italia, ese matrimonio no existe. Asique conviven, crean una vida en común y una familia que carece de cualquier tipo de tutela, y que puede desaparecer de un plumazo, ya que para el Estado italiano estas familias no son “legales”.
Si en una pareja homosexual uno de ellos quiere dejar en herencia al otro la casa en la que han estado conviviendo durante años, por ejemplo, debe hacerlo mediante un testamento. Pero, al igual que en España, mediante testamento sólo se puede disponer libremente de una parte de los bienes, por lo que la familia del propietario de la casa podría impugnar el testamento. Además, aunque no hubiese protestas, el conviviente debería pagar unos impuestos elevadísimos ya que los beneficios fiscales en las sucesiones sólo se contemplan para parientes y cónyuge.
Tampoco pueden tener una familia, ya que sólo uno de la pareja podría figurar como padre o madre, y en caso de muerte del que ostenta la tutela, el hijo pasaría a estar bajo la tutela de la familia de este. Ni tan siquiera podrían ser informados de la situación médica de su pareja o visitarlo en caso de hospitalización, ya que este derecho sólo se prevé otra vez para familiares o conyugues.
Dado que el Estado no da ninguna solución, las distintas regiones de Italia han creado registros de las uniones civiles. Según la revista italiana L’Espresso, son 82 los municipios que cuentan con un registro de este tipo pero de momento, sólo tienen un significado simbólico, ya que únicamente reconocen derechos y beneficios que se otorgan en aquellos municipios, como por ejemplo, la asistencia en caso de hospitalización de la pareja. Los verdaderos derechos como la pensión, la herencia y la tutela familiar están bajo la regulación del gobierno, y sujetas por tanto, a la figura del matrimonio.
¿Hay esperanza en el futuro?
Sin embargo, hay motivos para la esperanza. Algunas sentencias están arrojando un poco de luz entre tanta oscuridad. En el año 2012 una sentencia de la Corte Suprema de Casación italiana, afirmó que las parejas del mismo sexo tenían derecho a una vida familiar con los mismos derechos que las parejas de distinto sexo. La Corte dictó que “los componentes de una pareja homosexual”tienen “derecho a una vida familiar” y a “vivir libremente la sexualidad y la vida de pareja” y afirmó también que la regulación de las uniones entre personas del mismo sexo “no deben dar lugar a discriminaciones injustificadas respecto a los derechos correspondientes a las parejas casadas heterosexuales, de lo contrario la corte se reservaba el derecho a intervenir directamente”. Esta sentencia no reconoció el matrimonio que habían contraído los demandantes en Holanda, ya que el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo contraídas por italianos en el extranjero fue prohibido en 2007, pero afirmó así que no existe obstáculo constitucional que impidiese la aprobación del matrimonio igualitario en Italia, lo cual es enormemente significativo.En el mismo año un uruguayo casado con un italiano en España obtuvo la residencia italiana, ya que para el Tribunal de Reggio Emilia se debe reconocer la “calidad de familiar” del extracomunitario, mediante la aplicación de la directiva europea 2004/38/ce. Parece ser que los Tribunales italianos son los únicos capaces de llevar a cabo avances reales en la materia.
Pero pese a que la jurisprudencia está realizando grandes pasos, estos no son ni remotamente suficientes para cambiar la realidad social y política italiana, que parece haberse quedado atrás en el tiempo, presa de un inmovilismo impuesto por instituciones más que cuestionables. Esta situación social no hace sino convertir al colectivo LGBT en Italia, en “ciudadanos de segunda clase”, ciudadanos ya que a pesar de pagar los mismo impuestos, están siendo discriminados por su propio Estado al no poder disfrutar de los mismos derechos fundamentales que el resto de sus conciudadanos.
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