El Salvador rechaza la solicitud de aborto de una mujer en riesgo de muerte
El Tribunal Supremo considera que "los derechos de la madre no prevalecen" sobre el niño
Beatriz, de 22 años, está embarazada de un feto anencefálico y gravemente enferma
Una activista de Amnistía Internacional se manifiesta en favor de la mujer de El Salvador en
Beatriz, la salvadoreña que había solicitado a su país interrumpir el embarazo que está poniendo en grave riesgo su vida, no podrá hacerlo en El Salvador. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de su país ha rechazado su solicitud de amparo. La mujer, de 22 años, padece Lupus, enfermedad renal grave y preclamsia y está encinta de un feto anencefálico –falta de parte del cerebro—que, además, no vivirá aunque lleve a término su embarazo. Razones por las que los médicos que la atienden habían aconsejado la intervención de su embarazo. La sala constitucional, sin embargo ha considerado que la intervención terapéutica que solicitaban tanto ella como los facultativos es contraria a su Constitución. En El Salvador el aborto está prohibido y se penaliza con hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se sometan a él y 12 para los médicos que lo realizan.
“Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus [el no nacido] ni viceversa”, dice el alto tribunal en su fallo, notificado a las partes hace unas horas. “Existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional”, dicen los magistrados “que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”, destacan. Tres de los cinco magistrados del Constitucional salvadoreño ha votado para denegar la solicitud de amparo de Beatriz, uno en contra y otro se ha abstenido.
El Constitucional dictaminó también que los exámenes periciales a los que se ha sometido a Beatriz –encinta ya de 23 semanas y que permanece ingresada en un hospital de San Salvador desde hace más de un mes-- han mostrado que la mujer está recibiendo el tratamiento adecuado y que está “estable” . Consideran, por tanto, que con los cuidados adecuados –que, según el fallo deber seguir recibiendo-- la continuidad con el embarazo no pone en riesgo la vida de la mujer.
Avisa, además, a los facultativos que la atienden y que habían considerado que la mejor opción para Beatriz era interrumpir el embarazo: “Los médicos deben asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión; de allí que a ellos les corresponde estrictamente decidir los procedimientos y el momento de actuar, tomando en cuenta el referido mandato constitucional que garantiza la vida de la madre y del producto de la concepción”.
El Constitucional de El Salvador no ha compartido el criterio que hace semanas manifestó la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que la mujer también había recurrido en busca de amparo. El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigió hace más de tres semanas que el país centroamericano cumpliera con el tratamiento aconsejado por el comité médico que atiende a Beatriz: la interrupción del embarazo.
Tras la notificación del fallo, las organizaciones de mujeres y de derechos civiles han hecho un llamamiento al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que interceda para permitir la interrupción del embarazo de Beatriz. Su caso ha reavivado el debate sobre el aborto en el país centroamericano, que en la década de los noventa eliminó la opción del aborto terapéutico que entonces recogía su legislación. No son los únicos colectivos, hace unas semanas un grupo de expertos de Naciones Unidas solicitó al presidente Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) que permita la intervención y criticó la inacción de su Gobierno que está sometiendo a la mujer “a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”, dijeron en un comunicado. Beatriz, abundaron, “tiene pleno conocimiento del estado de salud del feto y el riesgo de muerte que ella misma enfrenta”.
Otras figuras públicas, como la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, se han posicionado a favor de que se practicase la intervención a la mujer --que tiene otro hijo de un año y medio--. Rodríguez hizo un llamamiento hace semanas para que se le concediese un permiso especial para poder interrumpir su embarazo y para que ni los médicos que realicen la operación ni Beatriz sean castigados.
Sin embargo, las organizaciones antiabortistas de ese país y la Conferencia Episcopal del Salvador se han mostrado absolutamente en contra de esta intervención terapéutica. Han acusado, además, a las organizaciones de derechos civiles y de mujeres de utilizar el caso de Beatriz para legalizar el aborto en ese país.
El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.
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