UNO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES TIENE PROBLEMAS PARA PAGAR
La crisis lleva la nueva pobreza de
España también al recibo de la luz
Hay una pobreza que no se ve, que se vive en la intimidad del hogar y que pasa casi inadvertida por la mayor atención (relativa) que captan otras formas de pobreza más visibles en estos tiempos de crisis. En España uno de cada diez ciudadanos, hasta unos cuatro millones, no puede asumir el coste de la energía necesaria para asegurar unas condiciones de habitabilidad de su vivienda aceptables. Las dificultades (o imposibilidad) de pagar la luz y el gas estarían detrás, según algunos expertos, de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año.
La España de la crisis es una España empobrecida. Dos recesiones en cuatro años -y sin que haya aún certezas sobre cuando se verá el final del túnel- han hecho saltar los resortes económicos de la sociedad española con mayor crudeza de la esperable. Con una tasa de paro ya por encima del 26%, y subiendo, la crisis hace tiempo que dejó de hacer mella sólo en las grandes cifras macroeconómicas y bajó a la calle, colocando a muchos ciudadanos al borde de ese precipicio figurado que es la pobreza... o incluso empujando ya a algunos al fondo de él.
Los datos que avalan que la pobreza se ha disparado en España apabullan por su dureza y su profusión. Los informes y estudios de organismos públicos y ONG sobre la incidencia en la sociedad de la crisis se acumulan a modo de constante bofetada de realismo, y ponen negro sobre blanco un escenario que va mucho más allá de la impresión intuitiva que todo el mundo dice tener de que cada vez más gente rebusca en los contenedores de basura. Mucho más allá.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado más de un 21% de la población española se encontraba bajo el umbral de la pobreza, un 40% de los hogares se ve incapaz de afrontar gastos imprevistos y un 13,7% llega con extrema dificultad a fin de mes. Cáritas alerta de que ya atiende en España a más de un millón de personas en dificultades, más del triple que antes de la crisis. Cruz Roja prestó asistencia el año pasado a casi 2,4 millones de españoles, casi el triple que en 2008 y de los que más de la mitad eran parados. Unicef España alerta de que la cifra de niños en riesgo de pobreza se ha disparado en los últimos años y alcanza ya un 26% del total... Suma y sigue.
Pero hay otro tipo de pobreza que hasta ahora parecía invisible en España. Ni lo recogen específicamente las cifras oficiales ni las ONG han hecho saltar las alarmas sobre ella, pero afecta a millones de ciudadanos y es síntoma (otro más) de la profundidad de la crisis y de cómo se instalado gravemente en los últimos años en los países desarrollados. Hasta cuatro millones de ciudadanos han caído ya en España en la denominada pobreza energética.
Sin poder pagar los recibos
El término tiene ya una larga tradición entre los expertos internacionales del desarrollo sostenible e incluso ha motivado políticas específicas desde hace más de una década en otros países europeos, singularmente Reino Unido. Pero en España hasta el momento no había despertado la atención ni de autoridades ni de los actores sociales. Se entiende que la frontera para estar o no en una situación de pobreza energética se encuentra, por un lado, en estar obligado a destinar más de un 10% de los ingresos totales para cubrir los gastos energéticos anuales de la vivienda (el doble que la media nacional) y, en paralelo, en ser incapaz de mantener el hogar a una temperatura adecuada sobre todo en los meses fríos (al menos entre 18 y 21 grados). Una trampa en la que ha caído ya uno de cada diez españoles.
En España en torno a un 10% del total de hogares (esto es, unos 1,7 millones) se encuentran en esa situación de dificultades severa para pagar el recibo de la luz o del gas para garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas, especialmente en materia de calefacción. Así se recoge en el informe Pobreza energética en España 2012, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y que constituye el primer estudio específico sobre la materia que se realiza en el país. El informe está diseñado con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida correspondientes a 2010, último ejercicio con información disponible. Dado que durante la última década el impacto del problema ha ido creciendo en el país, los expertos dan por hecho que en los dos últimos años, en plena crisis, los datos podrían haberse agravado y podrían rondar ya el 15% en 2012.
"La pobreza energética es una problemática poco conocida en España y prácticamente invisible para las administraciones públicas, ONG, empresas y resto de agentes sociales relevantes o con capacidad de decisión", subrayan los autores del informe de ACA, que vinculan su hasta ahora mínima relevancia con ser un problema eminentemente doméstico, espacialmente difuso y por estar en relación directa con otras formas de pobreza y exclusión social. "La pobreza energética se ha visto afectada por la actual crisis, que ha incrementado sus tasas y afectado de manera diferencial a la población española. En concreto, la crisis está aumentando tanto el número de hogares con pobreza energética como el porcentaje de hogares con miembros en paro que sufren pobreza energética", lamentan.
Crisis, paro y subidas de la tarifa
El problema va más allá de tratar de contener el golpe al bolsillo del recibo de la luz como hace cualquier ciudadano, va más allá de optar por bombillas de bajo consumo, bajar unos grados la calefacción, acortar un poco la ducha o velar por no dejarse encendida ninguna lámpara al salir de casa. La pobreza energética abre un escenario dramático que pasa por familias con niños, pensionistas u otros colectivos de mayor debilidad que renuncian por completo a una habitabilidad siquiera razonable de su vivienda al no poder afrontar los pagos de los recibos de la luz o el gas. De hecho, durante la crisis las compañías eléctricas han ejecutado en torno a un millón de cortes de suministro por impago de clientes residenciales entre los 25 millones de contratos que existen [ver noticia en Expansión en Orbyt].
Y con la crisis la difícil relación entre la energía que es necesario consumir y la factura que se puede pagar ha ido a peor. Por un lado, claro, porque la tasa de paro disparada, el desempleo de larguísima duración al alza y la consunción de las prestaciones públicas en algunos casos, amén de las situaciones críticas como los más de 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro, han hecho caer la renta familiar media. Y, por otro, porque el recibo de la luz no ha dejado de crecer: la tarifa que paga el ciudadano medio prácticamente se ha duplicado desde el año 2000. Además, el enorme agujero de casi 30.000 millones que acumula el sistema eléctrico español -que en la práctica es lo que debemos todos los españoles a las compañías eléctricas- no deja de engordar y los intereses financieros de la deuda siguen creciendo, lo que hace que las posibilidades de que la tendencia de subida de precios de la luz se vaya a romper es, cuando menos, reducidas.
Sin calefacción... más mortalidad
Las situaciones de pobreza energética no se quedan en la mera incomodidad de pasar frío en casa durante el invierno por no poder encender la calefacción, o no poder hacerlo el tiempo o con la potencia exigibles. No es anecdótica. Los expertos alertan de que las condiciones de habitabilidad que genera la pobreza energética tienen como efecto directo un incremento de enfermedades físicas y mentales y también de la mortalidad. España cuenta con una altísima tasa del 20,5% de mortalidad adicional durante el invierno, que se ha mantenido de forma estable desde los noventa, pero que es de las más altas de los países occidentales.
Según se destaca en el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), algunas estimaciones apuntan a que la pobreza energética podría ser causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en España cada año, con especial incidencia entre ancianos durante el invierno. Para calibrar el impacto real en la mortalidad vinculada a las dificultades para costear el gasto energético en el hogar, basta recordar que el año pasado en las víctimas de accidentes de tráfico fueron 1.300 el pasado año o algo menos de 1.500 en 2011.
No sólo un problema de países en desarrollo
Hasta ahora, al menos en España, se entendía que los problemas graves de acceso a la energía se circunscribían a países en desarrollo: según la Agencia Internacional de la Energía, casi una cuarta parte de la población mundial (unos 1.400 millones de personas) carece de electricidad en sus hogares, de los que la práctica totalidad viven en zonas rurales de África subsahariana o Asia. "Un nivel mínimo de acceso a la energía es un derecho básico de las personas en el mundo actual, pues la falta de este acceso mínimo limita severamente el desarrollo humano", alerta Ignacio Pérez Arriaga, director de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas.
Y ese derecho básico también está en peligro en los países desarrollados en la medida en que algunos ciudadanos tienen dificultades severas para comprar una cantidad suficiente de energía para satisfacer las necesidades, aunque los hogares por lo general tengan garantizado el acceso a la energía. Mientras que en los países en desarrollo la solución pasa fundamentalmente por la inversión en nuevas infraestructuras, en el primer mundo "el diseño de soluciones a este problema es de índole esencialmente regulatoria, pues se trata de establecer medidas objetivas y estrategias para reducir en lo posible estas situaciones", apunta Arriaga. Y, en este sentido, España no cuenta con una estrategia concreta de lucha contra la pobreza energética, como sí sucede por ejemplo en Reino Unido.
Solución o cuidados paliativos
El reparto de subsidios que incrementen los recursos económicos de los hogares en dificultades y la aplicación de precios subsidiados de la energía para estos consumidores desfavorecidos son dos de las medidas de impacto directo y rápido para solventar los problemas de pobreza energética. En España existen medidas apenas paliativas como el bono social, una tarifa de la luz con descuento a la que se pueden acoger los hogares con menor renta y una potencia instalada mínima. Pero desde el propio sector eléctrico se apunta que su efectividad es reducida para combatir los casos más graves.
Para contener estas situaciones de pobreza energética a medio plazo, y con ciertas garantías, los expertos apuestan por la mejora de la eficiencia energética de los hogares, fundamentalmente de los inmuebles pero también de los aparatos que consumen energía. El Gobierno aprobó hace un par de semanas una iniciativa en este sentido en el marco del nuevo Plan de Vivienda: un programa de promoción de la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de los hogares y para renovar el parque de calderas, que cuenta con un presupuesto de 627 millones de euros hasta 2016. Un importe que parece demasiado modesto para un país en que el 60% de sus viviendas se construyeron sin tener en cuenta ninguna normativa de eficiencia y en el que el parque de hogares es responsable del 17% de toda la energía que consume el país. Un paso en el buen camino, pero que muchos ya advierten de que será insuficiente.
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