Estados Unidos y el ciberespionaje: el dilema entre privacidad y seguridad nacional

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La protección jurídica del derecho a la privacidad

El conflicto entre el derecho a la privacidad y la seguridad nacional es habitual tanto en el ámbito político como el jurídico. Desde la perspectiva del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dos hitos son importantes en materia de protección de la privacidad de los individuos. El primero es la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y, el segundo, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ambos casos se establece que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia y, además, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias. Por otro lado, también los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos protegen este derecho. El
Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europadeclara el respeto de la vida privada de los individuos pero establece una serie de excepciones a este derecho entre las que se incluyen la seguridad nacional y la seguridad pública. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos protege igualmente este derecho. En el ámbito nacional, el desarrollo normativo relativo a la privacidad e intimidad de las personas está bastante extendido. En EE UU
la IV Enmienda a la Constitución y la posterior jurisprudencia sentaron las bases de lo que más tarde sería el derecho a la privacidad, siendo considerado como un bien jurídico fundamental. La privacidad se constituye, por tanto, como uno de los derechos humanos más importantes y más protegidos en la actualidad, al menos, desde un punto de vista jurídico y formal.

Sin embargo, los conflictos entre privacidad y seguridad persisten, sobre todo si consideramos el aumento sin precedentes de los flujos de información y comunicación que se ha producido como consecuencia de una globalización tecnológica que ha supuesto uno de los mayores retos hasta la fecha para garantizar un equilibrio siempre relativo entre un derecho fundamental como es la privacidad y la seguridad pública. Este aumento ha generado importantes cambios en la relación entre ambas, tanto es así que hoy nuestra privacidad se ve amenazada fundamentalmente por la huella digital que dejamos diariamente en Internet. Además, los Gobiernos han pasado del espionaje al ciberespionaje y el ciberterrorismo se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad nacional.

Snowden y el PRISM

La última polémica en relación al conflicto entre privacidad y seguridad ha surgido a raíz del escándalo de ciberespionaje que sacude a EE UU estos días tras las
filtraciones de Edward Snowden, ex agente de la CIA de 29 años, en relación a los programas de espionaje del Gobierno estadounidense. En concreto, se hace referencia al PRISM, el programa de vigilancia electrónica que dirige la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), cuyo principal predecesor fue el Programa de Vigilancia Terrorista, surgido tras los atentados del 11-S y ejecutado sin la aprobación del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). El PRISM opera bajo la ley de vigilancia estadounidense. Esta ley permite tener como objetivo de vigilancia tanto a personas que vivan fuera de EE UU como a nacionales que hayan tenido contacto con residentes en el extranjero. Conviene señalar que la ley estadounidense permite acceder a los registros de fechas, horas y destinatarios de las comunicaciones y no a los contenidos de las mismas. Uno de los elementos más polémicos es la posibilidad de interceptar comunicaciones sin la necesidad de una orden judicial previa. Además de las llamadas, la tecnología de Sillicon Valley ha permitido que el espionaje estadounidense investigue de manera instantánea a los ciudadanos en cualquier parte del mundo accediendo a los servidores de las principales compañía de Internet. Sin embargo, la abundancia de información que fluye en Internet nos llevaba a pensar que ninguna organización tenía la capacidad para poder abarcar y filtrar un volumen tan elevado de datos. Precisamente, eso es lo que niegan las últimas informaciones en relación alsistema ideado por EE. UU. a través de la NSA, gracias al cual desde esta agencia se estaría accediendo directamente a los servidores de empresas como Google, Facebook, Apple y otros.

Reacciones a la filtración

Las reacciones por el escándalo del PRISM no se han hecho esperar. El presidente Barack Obama ha declarado que los programas de espionaje son legales y transparentes y que para garantizarlo existe el FISA, una corte secreta de la que no se conoce su emplazamiento y cuyas sesiones son a puerta cerrada, asistiendo sólo abogados del Gobierno. Para defender el programa de espionaje, Obama ha remarcado los éxitos logrados en la lucha contra el terrorismo, siguiendo la línea del discurso de la doctrina de la seguridad nacional, gracias a programas como el PRISM, advirtiendo que estas prácticas son compatibles con el respeto a la privacidad de los ciudadanos.

En cuanto a las compañías de Internet, hay que destacar que a pesar de que inicialmente Google aseguró que no existe una “puerta trasera para que el Gobierno acceda a los datos privados de los usuarios”, así como las principales compañías de Internet también afirmaron a través de comunicados oficiales no tener conocimiento del programa PRISM (menos aún pertenecer a él), las informaciones filtradas apuntan a que han formado parte del programa de vigilancia, en el caso de Microsoft desde 2007, y posteriormente Google, Facebook, Skype y, finalmente Apple, quien inicialmente mostró más reticencias. En este sentido, Yahoo ha declarado que en ningún caso proveen al Gobierno acceso a sus servidores, sistemas y redes, alegando que la compañía se toma muy en serio la privacidad de los usuarios. Por su parte, Microsoft ha asegurado que no facilitan a ninguna organización gubernamental información, salvo que exista una orden judicial previa. Son importantes las reacciones de Google, Microsoft y Yahoo porque de estas tres compañías proceden casi la totalidad de los datos obtenidos a través del PRISM. Las compañías parecen también haberse puesto de acuerdo en el impulso de políticas de transparencia corporativa tras es el que para muchos analistas es ya el mayor escándalo sobre la privacidad en Internet. Sin embargo, ni los informes de transparencia ni los comunicados oficiales logran frenar una polémica que aumenta con el paso de los días y que hace que los gigantes de Internet comiencen a incurrir en contradicciones y a perder credibilidad para los usuarios. Ayer mismo supimos que Yahoo recibió más de 12.000 peticiones de agencias gubernamentales para compartir datos de usuarios. Pero Yahoo no es la única, Facebook y Microsoft también han reconocido que a través del PRISM se les solicitó información de 50.000 usuarios. Falta aún por saber qué información facilitaron a la NSA y, sobre todo, con qué fines.

En cualquier caso, las compañías han manifestado haber rechazado muchas de las solicitudes del Gobierno e, incluso, afirman haber entregado la información únicamente para cumplir con la legislación vigente. Además, han solicitado al Gobierno la publicación de todas las solicitudes que han recibidocomo parte de los planes de transparencia que ahora elaboran.

Viviane Reding, Comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, se ha dirigido a Eric Holder, Fiscal General de los Estados Unidos, para avisarle de que desde la Bruselas se espera una explicación rápida y concreta en relación al PRISM por las consecuencias negativas que este programa de espionaje pudiera provocar en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE. Además, advierte del peligro que puede suponer este escándalo para las relaciones entre EE UU y la UE. Una de las cuestiones en juego es el acuerdo comercial que actualmente se negocia entre la UE y EE UU. En este sentido los miembros de la UE se han dividido en dos grupos. El primero, encabezado por Alemania, pretende intensificar las relaciones diplomáticas con EE UU, a pesar de que se tiene constancia de que EE UU espió cerca de 500 millones de comunicaciones de Alemania. El segundo, liderado por Francia, ha protestado oficialmente por las prácticas de EE UU, lo cual resulta paradigmático si consideramos las informaciones del diario “Le Monde” que revelaron que Francia ha interceptado ilegalmente millones de comunicaciones a través de sus servicios de inteligencia que operan desde la Dirección General de la Seguridad Exterior.

América Latina también se ha visto afectada por el espionaje de EE UU. El pasado martes 2 de julio Francia, Italia, Portugal y España prohibieron el paso al avión del Presidente de Bolivia, Evo Morales, por las sospechas de que en su avión presidencial viajaba Eduard Snowden. Como respuesta, el Presidente Morales ha declarado que concederá el asilo a Snowden si éste lo solicita y ha convocado a los embajadores de Francia, España e Italia y al Cónsul de Portugal para que expliquen los “desagradables, prepotentes y abusivos” acontecimientos, tal y como los definió el vicepresidente Álvaro García Linera. Asimismo, Nicaragua y Venezuela también han ofrecido asilo a Snowden. Además de las respuestas bilaterales, el resto de países Latinoamericanos mostraron su apoyo en bloque a Bolivia a través de una reunión de urgencia de Unasur convocada por el Presidente de Ecuador Rafael Correa. Por otro lado,las últimas filtraciones de Snowden sitúan a Brasil como víctima del espionaje de EE UU. Según las informaciones del diario “O Globo” millones de comunicaciones de ciudadanos, empresas e instituciones habrían sido espiadas. Brasil ya ha exigido explicaciones sobre este asunto.

Son muchos los interrogantes abiertos en torno al programa de vigilancia electrónica de EE UU, fundamentalmente porque aún no se tiene constancia del criterio utilizado por la Administración Obama para solicitar información a las principales compañías de Internet (más allá de las explicaciones relativas a la lucha contra el terrorismo) ni de las respuestas que finalmente estas compañías han dado a las peticiones del Gobierno. En definitiva, el debate se centra, tal y como ha indicado la Comisaria Reding, en que el concepto de seguridad nacional no significa que todo vale, ya que los Estados no tienen un derecho limitado de vigilancia secreta. Aún falta por saber si esta idea es compartida por Gobierno de EE UU.