La particular justicia de Gallardón
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Los grandes de la construcción están bajo sospecha, pero el asunto más grave es el de Villar Mir.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, presionó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que apartara a las fiscales encargadas de la investigación, Concha Sabadell y Myriam Segura. Gallardón se negó a recibirlo, por lo que utilizó primero como intermediario al exministro Ángel Acebes y luego a Javier Arenas. Las presiones de Bárcenas ante el todopoderoso ministro de Justicia resultaron infructuosas. Cuando el pasado domingo, el diario El Mundo público los SMS cruzados con Rajoy, desde el Palacio de la Moncloa se aseguró que esos mensajes de texto eran la mejor prueba de que la Justicia había funcionado.
Gallardón, que no aparece entre los presuntos receptores de dinero negro, tiene sin duda poco que perder. No ocurre lo mismo en otros asuntos, como el caso Blesa. El ministro fue el protector del expresidente de Caja Madrid y uno de los grandes beneficiados durante su mandato. Debería comportarse con igual pulcritud que con Bárcenas.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, se querelló ayer contra el magistrado Elpidio José Silva. Ahora comprendo la soberbia y la chulería con las que Blesa actuó nada más salir de la cárcel. Sus primeras palabras fueron para pedir que retiraran al magistrado. El fiscal, dependiente de Gallardón, se adelanta incluso a la propia defensa del exbanquero para pedir su inhabilitación. Blesa seguramente se sintió respaldado por su amigo el ministro de Justicia. El trato de favor es descarado e inaudito.
Silva tiene indicios de que el banquero posee cantidades de dinero en cuentas en el extranjero muy superiores a los ingresos que obtuvo de su actividad. Sin embargo, desde la Fiscalía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se empeñan en poner trabas a la investigación. La última, la acusación de prevaricador al magistrado.
Es sencillamente impresentable que un banquero sobre el que existen abundantes sospechas de enriquecimiento ilícito en la compra del Banco de Florida, por el que pagó el doble de su valor con el dinero de todos los impositores, se burle así de la Justicia.Gallardón, que ya recurrió a presiones para evitar la imputación de la infanta Cristina, no debería permanecer como ministro un minuto más si no actúa con mayor equidad.
Por lo demás, Bárcenas ha fracaso en su intento de implicar al presidente del Gobierno, como ya advertimos. Ni los mercados lo creyeron. La bolsa cerró la semana con alzas superiores al punto porcentual y la prima de riesgo permanece estable en torno a los 300 puntos.
La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, estuvo muy hábil al convocar con urgencia a los corresponsales de los medios extranjeros para ofrecer explicaciones en Moncloa. Si el presidente comparece en el Parlamento, todo puede quedar en una tormenta de verano. Es improbable que la Audiencia investigue los sobresueldos, porque, además de carecer de pruebas, son cantidades que quedarían en simples faltas administrativas y no son objeto de investigación judicial porque no hay delito.
Pero una cosa es el presidente y otra muy distinta su partido. La Justicia debe ser implacable en este asunto para averiguar si los empresarios que realizaron presuntamente donaciones al PP obtuvieron contratos a cambio. Las aportaciones fueron orquestadas por Bárcenas, por lo que en numerosas ocasiones él pudo ser el principal beneficiario de estos presuntos cohechos.
El asunto más grave es el del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien al parecer aportó 300.000 euros para la última campaña electoral del PP. Villar Mir está ya imputado junto al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, pero su actuación podría ser constitutiva de delito electoral al superar los 120.000 euros. El viernes se conoció que FCC, ahora bajo la batuta de Alicia Alcocer Koplowitz, y ACS, presidida por el gran Florentino Pérez, apoyaron al PP gallego. Si a ello sumamos la reciente condena a la empresa de Rafael del Pino, Ferrovial, en el caso Palau, el escenario es grotesco. Los grandes constructores del Ibex son presuntamente sospechosos de cohecho.
Quien no aparece en la lista de donantes es el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que casualmente es el principal perjudicado por la reforma eléctrica, mientras que Abengoa, a quien se relaciona con Montoro, es la gran beneficiada. Tanto desde las empresas como desde el Gobierno se niega cualquier detonante político. Seguramente es así. Pero la desconfianza política es tan fuerte que apaga el resto de los sentidos. Sobre todo, si no podemos fiarnos ni del ministro de Justicia.
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