LAS CENTRALES DETIENEN SU ACTIVIDAD PARA EVITAR LOS NUEVOS IMPUESTOS A LA NUCLEAR

El 'tasazo' a las eléctricas apaga Almaraz y Garoña

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COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

Vista de la central nuclear de Almaraz. (EFE)

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Las barras de uranio acumulan polvo en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El pasado día 5 los operarios se disponían a sacar el combustible consumido en el reactor número 1 de la central e introducir el nuevo, pero una orden procedente de la empresa les ordenó en el último momento "no hacer nada". Semana y media después siguen igual. "El reactor está parado y desconectado de la red eléctrica", explica Aniceto González, portavoz de planta. "Lo más probable es que se recargue a partir de enero, pero de momento no sabemos nada".

Nada oficialmente, aunque las razones oficiosas parecen claras. Esta semana, el Senado aprobó con los votos del Partido Popular el Proyecto de Ley de medidas para la sostenibilidad energética, que prevé la instauración de un nuevo gravamen a las centrales nucleares. Cuando la medida entre en vigor –presumiblemente en enero, tras su aprobación definitiva en el Congreso– las seis nucleares españolas tendrán que pagar a Hacienda 2.190 euros por cada kilogramo de "combustible gastado resultante de la generación de energía nucleoeléctrica", principalmente uranio y plutonio.

El problema –para ellas– es que generan muchos residuos. Retrasando la recarga hasta enero, los propietarios de Almaraz –Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa– evitan que los nuevos desechos del reactor 1 se solapen fiscalmente con los descargados previamente durante el mismo ciclo de reacción, inaugurando así un periodo impositivo desde cero. La maniobra podría ahorrarles hasta 90 millones de euros. 

Garoña también para

Esta inaudita situación en la industria nuclear española lo es por partida doble. La central de Santa María de Garoña, en Burgos, realizará este domingo una parada programada del reactor para descargar los residuos antes de enero y esquivar los nuevos impuestos. En su caso, no volverán a recargarlo con nuevo plutonio ni a reactivar el núcleo.  

Su permiso de funcionamiento expira el próximo 6 de julio, y Endesa e Iberdrola –propietarias de Garoña a través de la sociedad Nuclenor– no lo han renovado. Pese a haber conseguido una prórroga del Gobierno que les permitía funcionar hasta 2019, decidieron el pasado septiembre renunciar a ella y cerrar Garoña en 2013 alegando "inseguridad jurídica". El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, tachó entonces la decisión de "irresponsabilidad incomprensible" y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que sería la empresa "quien tendrá que explicar por qué ha cambiado de opinión". 

Y aunque en la dirección callan, los trabajadores tienen claro el porqué. "Si descargásemos los residuos después del 1 de enero estaríamos hablando de más de 150 millones de euros", estiman fuentes de Nuclenor. "Es inasumible para una empresa que cierra en seis meses". 

Un cierre "técnicamente reversible", según el presidente de comité de empresa, Alberto César Gónzález, aunque la compañía haya comunicado –no oficialmente, sino a los trabajadores– que será definitivo si no se eliminan las tasas que se están tramitando en el Parlamento. Lo cierto es que la vuelta de Garoña a la actividad no es tan sencilla. El noviembre, después de que Endesa e Iberdrola dejasen correr el plazo para renovar su licencia, el ministerio de Industria llegó a un principio de acuerdo para extender uno nuevo y que reactivasen el procedimiento administrativo. Hoy parecen dispuestas a no hacerlo, al menos mientras persistan los nuevos impuestos.

Y es que el cierre de Garoña también tiene una finalidad retórica. Con él, el sector escenifica sus persistentes denuncias sobre el proyecto de reforma fiscal. Para Foro Nuclear, la asociación que agrupa a las empresas españolas del sector, esta reforma se basa en "datos de costes para la generación nuclear irreales y parciales" y no permitirá "una planificación de los ciclos económicos de las centrales nucleares" a largo plazo. El proyecto de ley también provoca "la unánime oposición" de los sectores empresariales integrados en la CEOE, que el mes pasado anunció que "no es la esperada reforma del sector energético" y denunció un ensañamiento fiscal con las empresas energéticas. "Estos impuestos se añaden al especial de la electricidad que ya existe y al recientemente incrementado IVA", recordó la confederación.

Un horizonte de gastos tras Fukushima

El tasazo del Gobierno no es el único gasto extra al que tendrán que enfrentarse las nucleares a medio plazo. El pasado octubre, el comisario europeo de EnergíaGuenther Oettinger hizo público un informe que revelaba deficiencias de seguridad en casi todas las centrales de la Unión, entre ellas las seis españolas.

En concreto, los reactores nacionales carecen de una sala de control alternativa preparada para el control de emergencias. Cinco de las centrales –Garoña, Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós– no disponen tampoco de "sistemas pasivos para prevenir una explosión de hidrógeno", una carencia que agravó las consecuencias del fatal accidente de Fukushima. La sexta de ellas –Trillo– tampoco resistió con éxito las pruebas antiestrés, porque no incluye en su plan de gestión de emergencias todos los accidentes posibles.

Aunque el informe no es vinculante, Oettinger señaló que la Comisión presentará "una revisión de la actual Directiva de seguridad nuclear a principios de 2013", cuyas recomendaciones tendrán que acabar traspuestas en las leyes nacionales con el tiempo. Cada reactor europeo –hay 134– tendrá que invertir entre 20 y 300 millones de euros para mejorar sus sistemas de seguridad a través de "planes de acción nacionales con calendarios de aplicación". Según Bruselas, el conjunto de la industria nuclear europea tendría que invertir entre 10.000 y 25.000 millones de euros en los próximos años.