A la espera del auditor de Bankia
Una semana después, el 3 de mayo, el consejo de administración de
Bankia, que presidía Rato, aprobó las cuentas con un beneficio de 305
millones. Pero los estados financieros no iban acompañados por el
pertinente informe de auditoría. Tampoco se presentó al día siguiente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como es obligatorio.
Mora llamó al auditor para pedirle explicaciones. “Tú sabrás, que estáis
en negociaciones”, contó la consejera que le respondió el socio
auditor. El juez se propone conocer el contenido de esas negociaciones.
Por eso, fuentes de la Audiencia califican la declaración de esta
consejera independiente como clave en la investigación.
Unas 24 horas después Rato presentó la dimisión.
Y dos semanas más tarde, el nuevo presidente de la entidad, José
Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas de 2011: que pasaron a
arrojar pérdidas por 2.979 millones, lo que obligó a Bankia a pedir
ayudas públicas por 19.000 millones. Mora considera que esta
modificación no debería justificarse por la nueva reforma del sector
financiero del Gobierno, que obligaba a realizar nuevas provisiones. “No
puede aplicarse con carácter retroactivo”, indicó la consejera. Mora
dimitió el 25 de mayo para no aprobar las nuevas cuentas reformuladas
ese mismo día.
Los discusiones entre Deloitte y Rato se centraron en dos grandes
problemas: el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia,
tenía valorada su filial en 12.000 millones cuando en Bolsa valía 2.000
millones. El auditor sostenía que era una valoración irreal y reclamó
que se ajustara, al menos, hasta los 8.500 millones. Es decir, había que
reducir el beneficio o los recursos propios en 3.500 millones. Por otro
lado, BFA se había anotado créditos fiscales (consiste en contabilizar
beneficios por impuestos que prevé ahorrarse en el futuro) por 2.500
millones. Deloitte sostenía que era casi imposible pensar que BFA podría
obtener esos beneficios en los próximos años.
Desde el primer trimestre del año hubo dudas sobre cómo iba a cerrar
BFA-Bankia sus resultados. Sin reconocer los problemas con claridad, la
entidad sostenía que si se le daba tiempo y un poco de ayuda, podría
salir adelante. No obstante, Rato no consultó habitualmente los
problemas más graves con el consejo, donde, por otra parte, se sentaban
muchas personas que han admitido no entender un balance bancario, lo que
les restaba posibilidades de comprender los problemas a los que se
enfrentaba Bankia. Así, algunos de los imputados en el caso justificaron
que aprobaron esos nuevos balances por “responsabilidad”. El juez trata
de dilucidar qué hay detrás de ese argumento.
Rodrigo Rato compareció el pasado jueves ante el juez y justificó que Deloitte no había alertado sobre salvedades
antes de la aprobación de las cuentas. El ex vicepresidente del
Gobierno de Aznar aseguró que Celma le garantizó que le entregaría el
informe a tiempo para aprobar sus cuentas. "Aunque tenga que trabajar
toda la noche", le dijo Celma, según manifestó Rato ante el juez. Pero
el visto bueno del auditor nunca llegó. Rato no supo explicar el jueves a
qué se debió el retraso, según fuentes de la acusación.
Otros imputados también han señalado a Deloitte.
El expresidente de la Comisión de Auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez,
criticó la "pasividad" de la firma. Y manifestó que el socio solo había
presentado dos objeciones a las cuentas antes de que el consejo aprobara
las primeras cuentas que arrojaron beneficios. Pese a ello, el auditor
no entregó el informe, dijo.
José Manuel Fernández Norniella, otro de los imputados, declaró que
el presidente de la entidad contrató a la misma firma en marzo,
Deloitte, para que elaborara un plan de capitalización y viabilidad que
disipara las dudas sobre la entidad. Este punto puede ser importante
porque no es fácil entender por qué se encargó este informe a Deloitte
si había un encontronazo entre Rato y la auditora. Norniella, mano
derecha de Rato, afirmó ante el magistrado que el Banco de España avaló
dicho informe. Pero el plan tuvo que ser modificado por las nuevas
exigencias del Gobierno para la banca. Finalmente, el ministerio de
Economía rechazó el proyecto lo que desencadenó la dimisión de Rato,
según han declarado varios de los consejeros ante el juez. Nadie duda de
que Rato mantuvo tensas conversaciones a tres bandas: Gobierno,
Deloitte y Banco de España para cerrar las cuentas. Al final, solo contó
con el apoyo del supervisor, y no fue suficiente.
Otro de los que señaló a Deloitte fue el ex ministro popular, Ángel
Acebes, que dirigió la comisión de auditoría de la matriz BFA. El
exsecretario general del PP dimitió de su cargo y abandonó el banco dos
semanas antes de reformularse las cuentas. En su declaración ante el
juez Andreu aseguró que la auditora no le informó de los problemas
contables de la entidad y solo aludió a "unos temas pendientes de
análisis".
Tras escuchar los testimonios de los 33 imputados el magistrado solo
ha sacado una conclusión: ninguno de los miembros del consejo de
administración asume un ápice de culpas. La mayoría ha responsabilizado
de la debacle de la entidad a Deloitte, apuntan al ex gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ministro de
Economía, Luis de Guindos e incluso a su predecesora Elena Salgado. Pero
ni rastro de arrepentimiento. En algunos casos ni de pudor: “Queríamos
quitárnoslas de encima. Si Deloitte dice que las cuentas están bien, no
me las voy a leer”, declaró al juez Arturo Fernández, presidente de la
patronal madrileña y exconsejero de Bankia. Cobraba cerca de 300.000
euros por su cargo. El Supremo ha dictado varias sentencias contra
consejeros de empresas con problemas que firmaban las cuentas sin
conocer la situación de la sociedad, por dejación de funciones.
Los testimonios de los imputados
- El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha escuchado el testimonio de los 33 miembros del consejo de administración del grupo BFA-Bankia. Estas son algunas de las declaraciones:
- El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, aseguró el pasado miércoles que “el gobernador del banco de España tiene mucho poder”. Trataba de justificar por qué accedió a la fusión de la caja valenciana con Caja Madrid. “Me advirtieron de que tenían una inspección en marcha”, añadió.
- Rodrigo Rato, expresidente del grupo financiero, declaró: “Deloitte habia dicho en la comisión de auditoría de Bankia que no había salvedades. Había una opinión del auditor”.
- Una de las comparecencias más controvertidas ha sido la del presidente de la patronal madrileña y ex consejero de Bankia, Arturo Fernández, quién manifestó: “Si Deloitte dice que están bien las cuentas, no me las voy a leer”. Respecto a la reformulación de cuentas dijo: “Queríamos quitarnolas de encima de la forma más rápida posible”.
- En la Audiencia sorprendió el testimonio de Mercedes de la Merced, ex consejera de BFA. Esta política vinculada al PP justificó la salida a Bolsa del grupo en el verano de 2011 por “los brotes verdes” que había divisado el anterior Gobierno socialista. Su partido, sin embargo, echó por tierra las buenas perspectivas económicas que vendía el Ejecutivo anterior. “Compré 80.000 euros en preferentes” porque consideraba que eran un buen producto, agregó.
- El exministro del PP, Ángel Acebes, también desfiló por los pasillos del juzgado para explicar algunas de las actuaciones que provocaron la caída de Bankia. Explicó que el auditor solo advirtió “unos temas pendientes de análisis” sin importancia.
- La mano derecha de Rodrigo Rato en la entidad, José Manuel Fernández Norniella, justificó la estrategia final del banco. Destacó los esfuerzos del banco para adaptarse a las exigencias de capital a las que iba obligando el Gobierno. Norniella dijo que encargó un informe a Deloitte que avaló el Banco de España. “Las palancas incluidas en el plan deberían ser suficientes para el cumplimiento de los requerimientos fijados”, dijo el supervisor, según el imputado.
- El exsecretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, explicó al juez que “tan correcto son beneficios de 300 millones como pérdidas de 3.000 millones”. Justificó la salida a Bolsa porque “era bueno para España y para la sociedad”.
Otros imputados también insistieron en desconocer los detalles de las
cuentas. "Tan correctos son beneficios de 300 millones como pérdidas de
3.000 millones", señaló en el juzgado Ricardo Romero de Tejada, ex
consejero de la entidad [cargo por el que cobraba 270.000 euros] y ex
secretario general del PP de Madrid, quien aseguró desconocer que el
Banco de España había realizado una advertencia sobre la situación de la
entidad. Aún más clara fue la ex secretaria de Esperanza Aguirre,
Mercedes Rojo, que ocupó un cargo en la comisión de auditoria de Bankia.
Esta admitió ante el juez que carecía de "conocimientos financieros" y
por eso mostró "reticencias" a su ocupar su puesto por el que cobró
345.000 euros.
Algo parecido sostuvo Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Caja
Insular de Canarias, quien manifestó en su compareciencia en el
tribunal como imputado que ignoraba el agujero en las cuentas de la
entidad: "Nos enteramos de la situación cuando se propuso el
nombramiento de Goirigolzarri como presidente".
El magistrado está interesado en esclarecer los detalles sobre la
salida a Bolsa, la determinación de valor de la compañía y la inmediata
depreciación del valor de las acciones. Bankia se estrenó en el parqué
madrileño el 20 de julio de 2011. El precio de la acción se fijó en
3,75%, un 15% menos del anunciado en el folleto de emisión. Un año
después los títulos de Bankia habían perdido más del 80% de su valor. El
juez considera que los consejeros del grupo BFA-Bankia pudieron
distorsionar las cuentas "a fin de dar la impresión o crear la ficción
de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo
que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse
la cofianza de los inversores en su salida a Bolsa".
La semana pasada también declaró como imputado el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, quien manifestó que el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le amenazó con intervenir Bancaja si no
aceptaba la fusión con Caja Madrid. El ex presidente interino de la
Comunidad Valenciana por el PP explicó al magistrado que trató de
oponerse a la operación porque la situación de la caja valenciana era
buena. Y admitió que “en condiciones normales” no hubiera accedido a la
unión. El juez le preguntó que si estaba saneada la caja qué es lo que
temía del supervisor: “El gobernador del Banco de España tiene mucho
poder”, rspondió.
El consejero delegado del grupo BFA-Bankia, Francisco Verdú, que
también prestó declaración en calidad de imputado, admitió que desde su
llegada detectó “problemas de liquidez”. Verdú fue fichado por Rato en
julio de 2011 para resolver los problemas de mora y para reforzar el
capital e implantar planes de ahorro, según relató en la vista. Verdú
reveló las dificultades de la entidad, que tenía deudas por 18.000
millones. Solo en 2012 debía hacer frente a pagos por 3.000 millones.
Este ejecutivo cobró 1,7 millones por un año de trabajo.
Tras los imputados, ahora es el momento de los testigos. En esa lista
figuran el ex gobernador del Banco de España y el actual presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Las declaraciones de Ordóñez pueden
levantar la polémica porque ya se manifestó en el Congreso contra la
nacionalización de Bankia. Lo que nadie duda es que este es el gran
problema del sistema financiero que tendrá un elevado coste para el
contribuyente y sobre el que todavía hay demasiadas sombras.
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