El Registro Civil tiene que desaparecer y pasar a la Agencia Tributaria
Se ha filtrado un anteproyecto de ley de privatización del Registro Civil de tal manera que todas las funciones que ahora mismo lleva este área del ministerio de Justicia pasaría a ser parte de los registradores de la propiedad y mercantiles. Lógicamente, en este paso, se les traspasa ya un activo digitalizado que son todas las bases de datos y que el ministerio de Justicia ha invertido unos 130 millones de euros y se ponen en juego una serie de tasas importantes para la emisión de certificados, excepto de nacimiento o defunción o tasas por inscripción.El negocio que el Gobierno le pasa a los registradores es realmente suculento y hay estimaciones de coste final para los ciudadanos que cifran la facturación global de esta privatización cerca de los 1.000 millones de euros anuales para unos costes anuales de mantenimiento de 300 millones. Queda claro, que el presidente barre para el sector de Registradores, que andan de capa caída en la inscripción de protocolos desde que la burbuja inmobiliaria ha dejado de dar suculentos beneficios para este sector. En todo caso y a día de hoy, con los continuos avances tecnológicos, el Registro Civil debería integrarse bajo la Agencia Tributaria, como el mejor organismo de gestión público con el que cuenta el Estado.
Las funciones del Registro Civil se fijan en la fe pública de la situación civil de los ciudadanos, tales como el nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, filiación de hijos, situaciones anómalas de desconocimiento de origen u otros extremos como desapariciones, naufragios… La pregunta es sencilla ¿por qué no puede certificar y controlar toda esta situación civil la Agencia Tributaria? ¿Por qué es necesario privatizar una base de datos que ya existe dentro de dos organismos como son Hacienda y la Seguridad Social?
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Está claro que el camino a seguir no es crear más trámites burocráticos y más costes para los ciudadanos, tal y como pretende esta privatización de los registros al obligar a los notarios a certificar los estados civiles de los intervinientes en escrituras, o incluso crear un registro de apoderamientos personales que no se sabe muy bien para qué se va a crear a nivel registral tampoco.
Hacienda es nuestro Gran Hermano que todo lo sabe y que puede certificar perfectamente si nos casamos o no, si hemos fallecido o si tenemos un hijo y no tiene sentido aumentar la burocracia de facto si ya hay una herramienta cualificada en el Estado para asumir estas funciones que eliminen burocracia y faciliten la tarea a los ciudadanos. Pero claro, si se pone en marcha este cambio, a los registradores se les acaba el chollo de los 1.000 millones de euros anuales.
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