Manos Limpias denuncia al presidente del Poder Judicial por quitar a Silva del caso Blesa
El juez Elpidio José Silva. Imagen: Archivo.
La Fiscalía se querella contra Silva
Manos Limpias sale en defensa del juez Elpidio Jose Silva y abre una guerra contra el Ministerio Público por apartar al magistrado del caso Blesa y tratar de cerrar la causa contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra del City National Bank of Florida y el crédito de 27 millones concedido sin garantías al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
El sindicato va a presentar hoy una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, el fiscal jefe de la audiencia provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Moix Blázquez y los instructores del expediente disciplinario abierto contra Silva con "la indisimulada intención de apartarle del caso Blesa como sea". El sindicato les acusa de delitos de prevaricación, violación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y delito contra la integridad moral.
La querella salta poco días después de que la Fiscalía presentase otra contra el titular del juzgado de instrucción número 9 por prevaricación y detención ilegal, lo que podría acarrearle una suspensión.
Las actuaciones del ministerio fiscal van un paso por delante que las de la defensa de Blesa y Díaz Ferrán, que aun no han emprendido acciones legales contra el magistrado tras haber sido apartado de la investigación, que ha caído, en parte, en manos del juez Juan Antonio Toro, quien ha cancelado las escuchas aunque ha denegado que se devuelvan los ordenadores que le fueron incautados al inicio de la investigación, tal y como solicitó la Fiscalía.
Maniobras para cerrar el caso
En un escrito de 19 folios al que ha tenido acceso este diario, Manos Limpias acusa a Moliner y a otros cinco fiscales e instructores de maniobrar para "quitarse de encima al juez" Silva sometiéndole a él y a su juzgado a "una auténtica causa general e inquisitorial en la que se llega incluso a negársele su derecho a la defensa". En concreto, el sindicato que preside Miguel Bernard, acusa de prevaricación a los querellados por abrir una investigación secreta e incoar un expediente disciplinario "sin justificación alguna ni amparo en Derecho" con la "decidida intención" de apartar al juez Silva de sus funciones "sin preocuparse siquiera de aparentar el cumplimiento formal de los trámites".
En este sentido, el sindicato relata como se llevó a cabo la apertura del expediente y su investigación señalando, a su entender, multitud de errores y fallos. Según explican, en diciembre de 2012 el Servicio de Inspección, que depende del presidente del CGPJ, incluyó en su plan de visitas ordinarias una inspección general ordinaria sobre el juzgado que lleva Silva, cuando al parecer ya había sido inspeccionado un año antes sin que se hiciera constar ninguna censura en el funcionamiento del juzgado ni de su titular.
En este punto, Manos Limpias señala que en noviembre de ese año la investigación secreta que estaba llevando a cabo la Fiscalía tampoco detectó ninguna anomalía por lo que, argumenta, es raro que el departamento de Inspección ordenara nuevas actuaciones en el mismo mes que se producen las declaraciones como imputados de Blesa y Díaz Ferrán. Una decisión, que según relatan, debió causar "desazón en muchas de las instituciones".
La visita al juzgado se produjo el 6 y 7 de febrero, después de que el magistrado encargara a KPMG un informe pericial sobre el crédito concedido a Díaz Ferrán. El sindicato critica que la inspección se realizara en dos días y asegura que su única finalidad fue cumplir formalmente con el trámite para justificar la apertura de un expediente con el magistrado. Siempre según consta en la querella, las conclusiones de la investigación no eran suficientes para apartar a Silva del caso, motivo que llevó al fiscal María Jesús Armesto a presentar en marzo una denuncia contra el juez por la comisión de dos faltas muy graves y una grave, cuya incoación se produce el 23 de abril.
En cuanto al delito de revelación de secretos, la querella apunta directamente al presidente del CGPJ por haber informado a los medios de comunicación que existía un expediente disciplinario abierto contra el magistrado, que no estaba terminado. En concreto, Moliner aseguró en declaraciones a la prensa que esperaba que "llegase a buen fin" el expediente llegando a manifestar a través del CGPJ que se había sancionado a Silva hasta en cuatro ocasiones, extremo que luego fue desmentido. Según la acusación, esas declaraciones empujaron a los medios a dar por hecho que se podía expulsar al magistrado de la carrera judicial, como si fuese una decisión tomada de antemano.
El sindicato apunta a que el expediente disciplinario se encuentra viciado por "un interés extrajurídico del propio presidente del CGPJ" y asegura que la instrucción de la causa contra la compra del City National Bank of Florida, cuyo precio se infló en al menos 500 millones de euros según el Banco de España, y contra el crédito al fundado de Marsans, se vio alterado por las continuas investigaciones y pesquisas de la fiscalía.
A raíz de las críticas vertidas por Moliner, la acusación asegura que manchó el nombre de magistrado y se puso en tela de juicio todas sus actuaciones y su carrera profesional. Por ello, también acusa de un delito contra la integridad moral asegurando que un superior está menoscabando su dignidad.
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