Gibraltar ‘ataca’ con hormigón
La instalación de un arrecife para la pesca abre el enésimo conflicto con el Peñón
Un remolcador gibraltareño lanza bloques de hormigón en aguas cercanas al aeropuerto el
Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se le contabilizan a estas alturas el mismo número de bravatas que de disculpas, sobre todo en lo concerniente a Latinoamérica. Así que no es de extrañar que, dado un empate tan elocuente en materia de política exterior, se encuentre especialmente cómodo con Gibraltar: a los llanitos se les puede acusar de cualquier delito o conducta pecaminosa sin necesidad de tener que rectificar. La Peñónpolitik de Margallo arranca desde el minuto uno de su mandato, cuando, al conocerse su nombramiento, saludó al eurodiputado británico Charles Tannock con un “Gibraltar español”. Poco después dijo aquello de “se acabó la broma de Gibraltar”, para rematar con un “jamás pisaré el Peñón hasta que ondee allí una bandera española”. Con estos antecedentes vintage, estilo años sesenta, el resultado de su política no podía ser otra que una escalada de pequeños conflictos como no se conocía en décadas.
Los gibraltareños, como es el caso del abogado Charles Gómez, no le dan demasiada importancia al asunto. Han desarrollado una flema autóctona, un instinto de supervivencia y una forma de previsión meteorológica sobre los ataques de ira del Gobierno español: “Estábamos convencidos de que después de lo de Bárcenas y la situación de Rajoy en el Parlamento nos llegarían las bofetadas”. Gibraltar consume el agua de su planta desalinizadora y la electricidad de su obsoleta central, cuando podría importar ambas cosas de España, pero en la conciencia de su gente se ha transmitido de generación en generación que España sería capaz cualquier día de dejarles sin luz y sin agua.
El último conflicto tiene un trasfondo medioambiental. Lo sucedido es simple: Gibraltar ha comenzado alanzar bloques de hormigón al mar(hasta 70), en las inmediaciones de su aeropuerto (ver gráfico), para construir un arrecife artificial con la intención de regenerar la pesca e impedir el uso de arrastreros. España se lo ha tomado muy mal, como sucede de un tiempo a esta parte, y denuncia todo tipo de pecados: “Violación del derecho internacional en aguas españolas”, “violación del derecho de la UE y sus normas medioambientales”, “delito medioambiental” y “delito penal”. En ninguna nota oficial, España menciona la palabra “arrecife”. Oficialmente, Gibraltar lanza bloques de hormigón “con pinchos de acero” para impedir el sustento de pescadores españoles.
Al lado de Gibraltar, España instaló en 2006, a través de la Junta de Andalucía, lo mismo, es decir, un arrecife artificial en La Línea, con 88 módulos. En un informe de la Junta se explica el motivo: “A petición del sector pesquero del puerto de La Atunara, con la finalidad de impedir el paso de arrastreros en su zona habitual de pesca”. Los motivos son los mismos que pueda argumentar Gibraltar. De hecho, la junta inició un plan en 1989 para regenerar caladeros agotados, siguiendo directrices europeas, que ha supuesto instalar 25 arrecifes en 20 años. Muchos de ellos “con pinchos de hierro”.
Los grupos ecologistas locales tratan de no poner en evidencia al Gobierno español y se limitan a decir que “hay un trasfondo más político que medioambiental. El problema es que no hay diálogo”, dice el portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción. El científico José Carlos García Gómez, catedrático de Biología marina de la Universidad de Sevilla, autor de estudios sobre arrecifes marinos, concluye que el instalado en Gibraltar “es de tipo mixto” con la finalidad de disuadir la pesca de arrastre y permitir la artesanal. García estima que hay un debate científico sobre la eficacia de estas instalaciones: “No está claro si crean pesca o simplemente la atraen”.
“Llevamos un año con el tema de la pesca”, afirma Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. “Estudiamos cómo mejorar activamente los recursos de la zona creando un arrecife artificial. Es algo planeado que formaba parte de las reformas legislativas. No era un secreto. Se debatió en nuestra Cámara. Lo que sucede es que no tenemos relación institucional con el Ejecutivo español. No hay posibilidad de informarle. Y la zona no era un caladero”.
La respuesta española no ha sido muy original, aunque hace tiempo que no se recurría a ella con tanta virulencia: forzar al máximo los controles de entrada y salida en la frontera para provocar colas de hasta seis horas de duración, y cuyas víctimas se reparten entre turistas y trabajadores españoles. “Al Gobierno se le olvida que Gibraltar es la primera fuente de empleo en la zona del Campo de Gibraltar”, dice un edil de La Línea. Teresa García Mellado, del PP, manifestó que pedirán al Gobierno que cesen las retenciones en la frontera.
Exteriores argumenta esta medida como parte de su obligación de vigilar la evasión de divisas, el contrabando y el fraude fiscal, en cumplimiento de normas comunitarias. O dicho de otro modo: Gibraltar es una cueva de piratas, un nido de contrabandistas y un paraíso para defraudadores. “Menos mal que Bárcenas no metió dinero en Gibraltar”, dice un abogado llanito. España no ha actualizado su vocabulario con el Peñón: Gibraltar ya no está en la lista de paraísos fiscales y la UE aprobó en junio pasado su ley del impuesto sobre la renta.
El viernes se incorporó al conflicto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que interpretó como un “ataque a las fuerzas de seguridad y al Estado de derecho” la difusión de una página web de origen gibraltareño (una web satírica antiespañola) en la que se fomentaba el escrache a policías y guardia civiles que trabajaban en la frontera, de los cuales se divulgaban algunas fotografías bajo el título de “torturadores”. El ministro dijo que llegaría “hasta las últimas consecuencias”, sin decir, naturalmente, cuáles. Minutos antes, un portavoz de Exteriores afirmaba, gallardamente, como si se tratara de un éxito, que España había prohibido el paso de camiones de hormigón por la frontera.
Estos episodios fronterizos tuvieron un lance imprevisto la tarde del viernes: el embajador español en Londres fue llamado a consultas. Según Exteriores, España se mantuvo “firme” en su posición ante la queja de Londres de una actuación “desproporcionada”. Ahora anuncia medidas de castigo. La palabra “firmeza”, que parecía en desuso, ha sido rescatada en el vocabulario diplomático español. Dado el estilo vintage, habrá que ver, opinan algunas fuentes, si Margallo resucita algún día aquello de “La Pérfida Albión”.
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