El Gobierno presentó el pasado día 6 una nota verbal de protesta ante el Reino Unido por la construcción de un espigón en Gibraltar que se adentra de forma ilegal en aguas españolas, y en el que las autoridades del Peñón pretenden construir un complejo inmobiliario que ha sido bautizado como Eastside Project o Cabo Privilegiado. Pero es precisamente una empresa española, la Compañía General de Canteras, la que está suministrando a la colonia británica las rocas y áridos empleados para ganar terreno al mar, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a la compañía.
El material, que se transporta a Gibraltar en grandes camiones, procede de la cantera de La Utrera, situada en el límite entre los municipios malagueños de Casares y Manilva. El yacimiento, que ocupa una extensión de más de 30 hectáreas, se hunde en las entrañas de la Sierra de Utrera, un paraje de gran diversidad ecológica y uno de los contados valles de roca caliza que aún quedan en España. Las frecuentes protestas de grupos ecologistas, vecinos y agricultores en defensa de ese paraje natural no sólo no han frenado la extracción, sino que la Compañía General de Canteras ha logrado que la concesión de explotación se haya renovado hasta el año 2038.
Trabajos de relleno en la parte este de Gibraltar. (EFE)
La ilegal expansión territorial del Peñón con material de relleno procedente de la cantera de La Utrera y otras cercanas no es nueva, aunque se ha intensificado en los últimos meses. La usurpación de territorio marítimo por parte de Gibraltar comenzó a ser notable a partir de 2006, y ya en 2008, según las fuentes consultadas, el transporte de rocas y áridos a la colonia británica se disparó, coincidiendo con la construcción de la urbanización Ocean Village, en la zona oeste del Peñón y muy cerca del aeropuerto, cuya única pista también se adentra parcialmente de forma ilegal sobre terreno ganado al mar en la bahía de Algeciras.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero miró hacia otro lado mientras Gibraltar se expandía mar adentro, de forma lenta pero inexorable, en aquellos años. El PP, entonces en la oposición, puso el grito en el cielo; pero desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, el Ejecutivo gibraltareño deFabian Picardo ha seguido sacando tajada de la pasividad española. Hasta que, a comienzos de este mes de agosto, las hostilidades entre Madrid y Londres se desataron con una virulencia desconocida desde hace décadas. Y a partir de ese momento se acabó, supuestamente, el hacer la vista gorda. Pero sólo de forma parcial, porque los camiones con material de la Compañía General de Canteras han continuado llegando al Peñón hasta esta misma semana.
Gibraltar no tiene aguas territoriales más allá de las que abarca el recinto del puerto, pero la colonia británica, con el asentimiento de Londres, reclama 15 millas náuticas. Los sucesivos Gobiernos españoles, apelando al Tratado de Utrecht, jamás han reconocido al Peñón jurisdicción alguna sobre esas aguas. Sin embargo, la política de hechos consumados aplicada por el Reino Unido le ha llevado a denominar ese espacio marítimo como British Gibraltar Territorial Waters ('Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar'). Algo similar a lo ocurrido con la ampliación del aeropuerto de la Roca sobre aguas españolas.
La paradoja es que, pese a que los beneficios de la venta de material a Gibraltar para su expansión territorial se los lleva una empresa española, el Gobierno español se ha quejado al menos en dos ocasiones ante el Ejecutivo de David Cameron por unas prácticas que considera "inadmisibles". El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre un real decreto que crea una zona de especial protección medioambiental en Gibraltar, y que prohíbe expresamente construir en el enclave donde se va a levantar el complejo inmobiliario de Cabo Privilegiado.

El pasado martes, sin embargo, el Ministerio del Interior pareció reaccionar y ordenó a la Guardia Civil que vete el paso a Gibraltar de camiones cargados de arena procedente de la duna de Valdevaqueros, en la localidad gaditana de Tarifa. Esa arena, al igual que las piedras y áridos traídos desde la cantera de La Utrera, en Málaga, está siendo utilizada por las autoridades del Peñón para ganar terreno al mar en la Cala Este de la colonia, la que mira hacia Sotogrande y el mar de Alborán. La decisión de Interior se ha tomado después de que la Fiscalía de Medio Ambiente haya incoado diligencias contra el Ayuntamiento de Tarifa, gobernado por el PP, por la venta de esa arena.