Nuestro derecho a decidir: el aborto
Al
grito de “el
aborto es sagrado” irrumpieron
en el Congreso tres feministas de FEMEN el pasado 9 de octubre.
También el 28 de septiembre, numerosas organizaciones sociales
se manifestaron en
varias ciudades de España reivindicando el derecho a la salud
reproductiva y a la elección de la maternidad. Un derecho que
peligra debido a la modificación de la Ley del aborto de Gallardón,
ya que ésta supondría un retroceso enorme para la salud
reproductiva, cuya conquista es aún una realidad muy lejana en
muchos lugares del mundo.
Aborto y legislación española
Foto:
“Yo decido” / Flickr Montecruz Foto
El aborto es la interrupción del embarazo pudiendo ser espontáneo
o natural e inducido, siendo este último el que arrastra
polémica, y el que está sujeto al ordenamiento jurídico de cada
país.
A nivel internacional, su regulación es muy diversa, desde el libre
acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos, como en
el caso de Holanda y Reino Unido, hasta la penalización con
años de prisión para las mujeres que aborten y quienes se lo
practiquen, como es el caso de Malta, Chile, El Salvador, Nicaragua y
República Dominicana.
La ley española actual es una ley de plazos que
equipara el modelo español con la legislación de otros países de
Europa, como Holanda o Francia. Se puede interrumpir el embarazo sin
dar ninguna explicación hasta la semana 14 de gestación. A partir
de entonces, y hasta la semana 22, pueden hacerlo sólo si se
aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la
madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo
está permitida si un comité médico determina que hay una
malformación grave o incompatible con la vida.
La
nueva norma que plantea el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón,
dibuja un marco legal más restrictivo incluso que el de países
tradicionalmente católicos como Italia o Polonia. La reforma, que se
ha dado a conocer de forma ambigua y a cuentagotas, supondría que el
aborto sea un delito excepto
en casos concretos, que son los admitidos en la Ley de 1985,
(violación, malformación del feto o riesgo para la madre), aunque
con modificaciones.
-
El supuesto de malformación
del feto podría quedar suprimido en la mayoría de los casos.
Aunque el ministro de Justicia ha expuesto distintas opciones en el
último año, cobra fuerza aquella en la que el aborto se pueda
practicar en los casos de malformación grave y quede prohibido en
los de “discapacidad” del feto; pero no está claro qué se
entendería por discapacidad.
-
Se les exigirá a las
menores, sin excepción, el permiso de sus tutores para abortar, lo
que supone un gran retroceso, porque actualmente, las chicas de 16 y
17 años pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus
padres excepto en los casos en los que la menor embarazada alega que
contarlo en casa le puede generar un conflicto puede abortar sin que
los padres sean informados.
El supuesto de malformación
del feto podría quedar suprimido en la mayoría de los casos.
Aunque el ministro de Justicia ha expuesto distintas opciones en el
último año, cobra fuerza aquella en la que el aborto se pueda
practicar en los casos de malformación grave y quede prohibido en
los de “discapacidad” del feto; pero no está claro qué se
entendería por discapacidad.
Se les exigirá a las
menores, sin excepción, el permiso de sus tutores para abortar, lo
que supone un gran retroceso, porque actualmente, las chicas de 16 y
17 años pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus
padres excepto en los casos en los que la menor embarazada alega que
contarlo en casa le puede generar un conflicto puede abortar sin que
los padres sean informados.
Argumentos y consecuencias
Foto:
“Aborto Madrid” / Flickr Abortolegal
Uno de los objetivos que el gobierno dice perseguir con esta
retrograda reforma es reducir el número de abortos, argumento
totalmente falaz ya que, como se lee en el último informe de la OMS:
“La
condición legal del aborto no produce ningún efecto sobre la
necesidad de una mujer de tener un aborto, pero afecta dramáticamente
su acceso a un aborto sin riesgos”.
Así
lo refleja un estudio de la revista The
Lancet que
demuestra que la tasa de abortos es menor en países con leyes más
permisivas y el informe de la Organización Mundial de la Salud
anteriormente mencionado, que revela que restringir el aborto sólo
provoca más mortalidad materna. La
mortalidad está tan ligada a los abortos inseguros, que en
Suráfrica, el número de muertes relacionadas con los mismos cayó
un 91% tras la liberalización de su práctica, siendo la reducción
de un 48% en Nepal y de un 70% en Etiopia.
Dar marcha atrás en la actual Ley del Aborto en los términos
anunciados por Gallardón situaría al país en el ránking
de los países más restrictivos de Europa, equiparándolo con
buena parte de las zonas más subdesarrolladas de África o América
Latina. Además, todos los tratados internacionales relativos a los
derechos de las mujeres abogan por la despenalización del aborto,
por lo que se estaría yendo en contra de la normativa internacional.
Cabe
recordar que hace no tantos años en nuestro país, concretamente en
el año 1976, cuando el aborto era ilegal, se producían
aproximadamente 100.000 abortos clandestinos anuales según el
sociólogo Ibáñez
y García Velasco.
Los efectos más graves derivados de la clandestinidad eran las
muertes de 200-400 mujeres al año, según datos del Tribunal Supremo
de Justicia, y los elevados índices de morbilidad (infecciones
graves del tracto genito-urinario). Unas consecuencias que afectaban
fundamentalmente a las mujeres con menos recursos económicos, puesto
que las más adineradas recurrían al conocido “turismo abortivo”
y viajaban a países europeos con legislaciones más permisivas. Este
fenómeno económico se repite aun hoy, ya que según datos de la OMS
el 98% de los abortos inseguros se practican en países
subdesarrollados.
Con la nueva Ley tendremos que
hacer frente a la falta de información, al restablecimiento de la
tutela; a la limitación en la formación de profesionales, a la
ausencia de regulación de la objeción de conciencia, a la pérdida
de garantías en la calidad del servicio hasta la pérdida de la
gratuidad, la intimidad y la confidencialidad. Es decir, todo lo que
hasta ahora se había conseguido, que cumple con lo establecido en
tratados internacionales, y en recomendaciones de la OMS.
Si la reforma se hace realidad, más de 73.000 mujeres de las 113.031
que abortaron en el año 2010 en nuestro país, se situarían en el
limbo de la inseguridad jurídica y física; ya que según las
estadísticas, el 62,35% de las mujeres que abortaron, lo
harían en cualquier caso.
Otra de las razones para estas rocambolescas modificaciones, es que
se realizan en aras de laprotección del derecho del concebido y
no nacido. Parece ser que la protección de los derechos de quien
no es aún considerado persona según nuestro código civil, es más
importantes que el derecho a la reproducción sexual y el derecho
fundamental a la salud.
Los argumentos esgrimidos por Gallardón contrastan con una realidad
que los refuta totalmente, y la reforma parece mas bien estar
motivada por convicciones y principios personales que obligarían a
miles de mujeres a pasar por un calvario que ya estaba superado.
Ningún Gobierno debería tutelar las decisiones íntimas, personales
e intransferibles de las personas. La decisión de ser madres
debe ser la decisión íntima, personal e intransferible de una
mujer.
Foto de portada: #Escrachefeminista / Flickr Gaelx
Así nos va... Un país donde se eleva a derecho (o despenaliza, que a la criatura descuartizada poco le hará que se tilde de esto o de lo otro) liquidar al más indefenso. El hombre de las cavernas debía ser más civilizado, porque el de hoy es ser BRUTAL. Despiadado hasta decir bastas.
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