Entre libros, cuadernillos complementarios y libros de ejercicios, 25 ejemplares, entre los que sólo tienen carácter voluntario los de Religión. Unos 430 euros.Demasiado para Beatriz López, divorciada y madre de dos niños, Javier y Nico, de 6 y 9 años (primero y cuarto de Primaria). Los libros de texto se van a llevar toda la pensión que en agosto le ha pasado su exmarido (400 euros), mientras que, según cuenta agobiada, la de septiembre y su propio sueldo (530 euros) tendrán que dar para todo lo que supone la ‘vuelta al cole’ -cuadernos, bolígrafos, mochilas, material deportivo, ropa…- y la vida en general: luz, agua, una persona que los cuide mientras ella trabaja, etc.
El asalto del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) a un supermercado andaluz ayer viernes, del que se llevaron material escolar, ha puesto de relieve lo que esta vuelta al cole tiene de terrible: el simple hecho de que muchos niños no pueden pagar no sólo ese material complementario, sino, incluso, los libros del curso. No es el caso de Andalucía, donde actuó el sindicato dirigido por Diego Cañamero, pues allí existe un sistema de préstamo gratuito por parte de la Junta, pero sí de otras muchas comunidades donde la crisis ha barrido las becas y subvenciones para su compra. La OCU ha calculado el gasto que suponen a las familias: 189 en un centro público; 243 en uno concertado y 223 en uno privado.
“Aquí no se va a quedar un solo niño sin libros, aunque los tengamos que pagar los profesores”. Habla Marisa Aguirre, profesora y directora de Lengua del IES Juan de la Cierva y miembro de la Marea Verde que el pasado año organizó varias protestas en defensa de la Educación Pública. Aguirre pide acuerdos con el sector editorial, cuyos precios “se dispararon con la bonanza económica; sucedió con ellos igual que con la burbuja inmobiliaria. Hace años todo el mundo compraba libros; hoy no pueden”, dice. Además, añade, las editoriales cambian a menudo las ediciones, “poco en el contenido pero mucho en el formato”.
En el Juan de la Cierva hace ya dos años que el AMPA ha organizado intercambio de libros, y la cola que en el pasado junio se formó para acceder a él fue “nunca vista”. “Hubo una demanda tremenda, por la crisis y por los precios. Lo de los libros de texto es una extorsión, cuando hablamos de sueldos mileuristas”, sostiene Aguirre.
Una mujer compra los libros en una gran superficie, el pasado año. (Efe)
Mas de 200.000 firmas

Elena Alfaro, autora de unapetición en Change.org que reclama un precio justo para estos libros y que las instituciones públicas faciliten su reutilización -exigiendo a las editoriales que las actualizaciones se hagan online y que las ediciones no cambien cada año-, añade: “Este es un tema de derechos fundamentales. Países como Alemania, Estados Unidos o Francia tienen los materiales en los centros, y se reutilizan. Igual que el niño no tiene que llevar el pupitre ni al profesor al colegio, no debería tener que llevar el libro, si es que este se considera imprescindible. No puede ser que tengan carácter obligatorio y al tiempo las familias no puedan afrontar ese gasto”.
Su iniciativa, que fue recogida en diciembre por UPyD en una proposición no de ley aún pendiente de debate, ha recolectado ya más de 227.000 firmas, y ella estudia volver al Ministerio de Educación: “No para que me reciban, sino para que se considere la propuesta”. Mientras, varias AMPAS se han organizado como cooperativas para comprar los libros. Los padres ponen un dinero y se consigue un precio más económico. Lo ha hecho, por ejemplo, la del centro público de Chiloeches (Guadalajara). En otros, como el de Azuqueca de Henares, a pesar del sistema de préstamo que, como Andalucía, tenía Castilla La Mancha, el pasado curso ya hubo niños con fotocopias. Lo constata Patricia González, profesora allí de Geografía e Historia de secundaria. “No puedes mandar a determinados chicos que compren libros porque no tienen ni para comer, pero los necesitas. Desde algunos equipos directivos se presiona para que los profesores preparemos materiales que los sustituyan, pero no tenemos tiempo. Y por otro lado están las diferentes ediciones de un mismo libro: en una clase con 34 alumnos, es un follón”.
Libreros y editores
“Tenemos una actividad empresarial que se dedica a algo fundamental, como son los recursos educativos, pero parece que somos los malos de la película”, señala José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), que asegura que en toda esta polémica se mezclan los libros de texto con otros materiales del comienzo del curso. “Un libro infantil puede suponer en realidad unos 0,15 céntimos al día, cuando ves a niños con 6 años y el teléfono, la Nintendo… El problema no es de los editores, sino de las ayudas de la Administración, que han sufrido recortes bestiales”, afirma. Un estudio de la Anele destaca que el precio de los libros subirá este año sólo un 1,1% en primaria y secundaria y un 1,3% en infantil, y señala que, desde 2006, la mayor parte de los años su alza ha sido menor que el IPC.
El precio de los libros subirá el próximo curso un 1,1% en primaria y secundaria y un 1,3% en infantil, según la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza
Moyano añade que, salvo en 1º y 2º de primaria e infantil, los libros no incluyen los ejercicios -uno de los impedimentos a su reutilización- y que no se cambian cada año -“no sería rentable y la ley establece que los centros educativos deben mantener su elección de textos, al menos, durante cuatro años”-. A menos, eso sí, que haya cambio de ley, como la que se anuncia para los próximos meses.

“Estamos intentando en la medida de lo posible contener los precios, pero necesitamos la colaboración de todos los eslabones de la cadena”, añade. Desde el de los libreros, Juan Manuel Cruz, presidente de Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros), analiza: “Entiendo que este es un gasto importante en esta situación de crisis, pero el libro es un elemento fundamental, y aun así parece que duele pagarlo. Además, en su precio han influido muchos factores, como los sistemas de gratuidad en algunas comunidades, que suponían un 100% de reutilización durante 4 años; las promociones y regalos que las editoriales han hecho a los centros; o las ediciones autónomas en distintas regiones, lo que significa tiradas reducidas, pero no reducción de costes”.
“¿Por qué sólo se habla del precio de los libros? Parecemos narcotraficantes”, se queja Cruz. Y añade Alfaro: “Hay que respetar el derecho de la gente a defender sus beneficios empresariales. Pero mi empresa es la Administración, y tiene que defender los derechos del niño”.