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lunes, 16 de septiembre de 2013

La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones

El Gobierno calcula que la nueva fórmula mermará las prestaciones como mínimo hasta 2022

El objetivo es tener listo los cambios antes de fin de año para que entren en vigor ya en enero



El CES recibió este lunes el anteproyecto y la memoria de la reforma, a la que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros estudió el pasado viernes. En él se detalla la doble vía de ajuste en pensiones que el Ministerio de Empleo quiere tener lista antes de fin de año para que entre en vigor ya en enero próximo. Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual, ahora ligada al IPC, para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit (0,25%) y un techo para los de superávit (inflación más el 0,25%).
Por otro, se crearía un nuevo parámetro (como ya lo son la edad legal de jubilación, los años cotizados o el periodo de cómputo) que también contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión y que comenzaría a actuar desde 2019. A este último punto exclusivamente es al que el Gobierno llama factor de sostenibilidad; al primero, índice de revalorización anual.
El recorte del gasto en casi 33.000 millones acumulados entre 2014 y 2022 llega por la combinación “respecto de la situación estimada en ausencia de los mismos”, explica el informe en la página 29. No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. A partir de ese momento la cantidad se estabiliza.
La práctica totalidad de este ahorro procederá de la aplicación del nuevo índice de revalorización. Habrá que esperar hasta 2030 para que el nuevo parámetro que liga la pensión a la esperanza de vida tenga impacto sobre el gasto del sistema, un 0,1% del PIB (poco más de 1.000 millones en la actualidad).
 Todos estos resultados evidencian que durante los primeros años los pensionistas perderán en torno a un 0,7% y un 0,8% de poder adquisitivo anualmente hasta 2019, según explican varios conocedores del funcionamiento de la fórmula. Es decir, en los primeros cinco años de funcionamiento del nuevo índice, las pensiones pueden devaluarse entre un 3,5% y un 4%. Para recuperar este terreno —en el muy difícil supuesto de que a partir de entonces las cuentas arrojaran supéravit abundandantes— un jubilado necesitaría vivir entre 14 y 16 años más, teniendo en cuenta que las pensiones nunca podrán subir un 0,25% por encima del IPC, según la reforma propuesta por el Gobierno.
Ya estudiados estos números en el Consejo de Ministros y remitidos al CES, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha optado en Onda Cero por mirar a los últimos 15 años pasado para justificar su propuesta de reforma y no por los cinco futuros: “Si se hubiese puesto en marcha en el año 96 ó 97 la revalorización de las pensiones con este nuevo índice, el resultado habría sido que en 16 años se hubiera subido el IPC más el 0,25% en 14 de ellos y sólo en los dos últimos años habrían subido, aunque menos del IPC. Incluso en los cincos años de crisis tan dura habrían subido las pensiones por encima del IPC”.
Pero es difícil que ese pasado se repita. Las previsiones económicas inmediatas son lúgubres y auguran altas tasas de paro —el empleo y sus cotizaciones son la fuente de financiación de las pensiones— hasta al menos 2020. Además, conforme avancen los años España camina hacia la generación del baby boom, que llevará el número de pensionistas en 2052 hasta los 15 millones desde los nueve millones actuales.

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