Gallardón pone fecha a una reforma del aborto cuatro veces aplazada

El ministro anuncia para octubre una ley que respetará el “discurso histórico” del PP

El partido pidió al Constitucional eliminar el supuesto de malformación fetal

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Gallardón, en una imagen de la campaña publicitaria de la plataforma antiabortista Derecho a 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, volvió a poner fecha este lunes a la nueva ley del aborto: el Consejo de Ministros la aprobará “antes de que termine octubre”. Es el quinto plazo que da en dos años, y todos los anteriores se incumplieron. La ley se ha ido aplazando una y otra vez, al tiempo que crecía la incertidumbre de los colectivos que auguran que será la normativa más dura de la democracia. Este lunes, asociaciones feministas y el PSOE volvieron a alertar de ello. Porque, además, Gallardón apuntó en esa línea dura al poner como fuente de doctrina de la nueva ley el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2010 por el PP contra la ley Aído. En aquel recurso, los populares pedían, por ejemplo, suprimir algún día el supuesto de aborto por malformación fetal, comparándolo con las leyes de exterminio de la Alemania nazi.

“No va a haber ningún tipo de bandazo por parte del PP”, dijo Gallardón en RNE. La orientación de la nueva ley se basará en la doctrina del Tribunal Constitucional, en el “discurso histórico” del PP, en su programa electoral y, “sobre todo”, subrayó el ministro, en el recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares en 2010 contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Ahí se definió lo que sigue siendo vigente hoy: los criterios del PP”, insistió Gallardón, remarcando así que el contenido de la nueva ley no es solo responsabilidad suya, sino de su partido. Que la orientación no viene de ahora, sino de antes.

Atendiendo al programa electoral del PP y a lo que Justicia ha dejado sentado muchas veces, solo hay dos cosas seguras de la futura ley del aborto: que volverá a un sistema de supuestos como el de 1985, en lugar del modelo de plazos actual (en el que durante las primeras 14 semanas se puede abortar sin alegar motivo); y que se suprimirá el derecho de las chicas de 16 y 17 años a abortar sin permiso de sus padres.

Presente y futuro de una ley

La ley actual permite abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación. Es una ley de plazos que equipara el modelo español con la legislación de otros países de Europa, como Holanda o Francia. En la mayoría de los países de la Unión Europea hay ley de plazos.

Entre las semanas 14 y 22 de embarazo, la ley permite abortar únicamente por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”, determinados tras un dictamen realizado por médicos especialistas distintos de los que practicarían la intervención.

E Un embarazo de más de 22 semanas solo puede interrumpirse si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.

Los plazos descritos anteriormente, contemplados en la actual ley, quedarían suprimidos. La nueva plantea una vuelta al modelo de supuestos vigente hasta 2010 —violación, malformación del feto o riesgo para la madre—, aunque con modificaciones.

El supuesto de malformación del feto podría quedar suprimido en la mayoría de los casos. Aunque el ministro ha expuesto distintas opciones en el último año, cobra fuerza aquella en la que el aborto se pueda practicar en los casos de malformación grave y quede prohibido en los de “discapacidad” del feto; pero no está claro qué se entendería por discapacidad.

Uno de los aspectos que resultaron más polémicos cuando se debatía la última norma aprobada era el que hace referencia a las menores. Las chicas de 16 y 17 años pueden abortar libremente, aunque deben decírselo a sus padres, que deberán acompañarlas a la clínica. Pero, además, si la menor embarazada alega que contarlo en casa le puede generar un conflicto puede abortar sin que los padres sean informados.

El Gobierno ha reiterado que la nueva norma exigirá a las menores, sin excepción, el permiso de sus tutores para abortar.

Pero el recurso de inconstitucionalidad de 2010 —que es el que, según insistió Gallardón, “plasma a efectos jurídicos” la posición de su partido— dice algo más. Considera que el supuesto de aborto por malformación fetal supone una “discriminación” entre individuos sanos y enfermos, y que eso “no puede admitirse”. “No parece que resulte conforme mantener un supuesto de despenalización del aborto que claramente distingue entre vidas más o menos valiosas y del que, además, se ha hecho una aplicación eugenésica en el peor sentido de la palabra (por ejemplo, ya no nace el 90% de los niños con síndrome de Down que nacía hace unos años)”, rezaba aquel recurso, abogando implícitamente por la eliminación del supuesto.

El supuesto de malformación fetal fue avalado por el Constitucional en 1985; el PP, sin embargo, sostenía en ese recurso de 2010 que la situación ha cambiado porque ahora hay una Ley de Dependencia para ayudar a los discapacitados y a sus familias.

Gallardón siempre ha sido ambiguo en este aspecto del supuesto de malformación fetal. Primero dijo que lo eliminaría, luego cambió la palabra “malformación” por “discapacidad”. Y en mayo sugirió que la ley hará una distinción entre las malformaciones gravísimas y la “discapacidad”, aunque no explicó qué entiende por discapacidad. De los 118.359 abortos que se produjeron en 2011 en España, solo el 3% (unos 3.600) fueron por problemas de salud del feto; de estos, 356 entraban en la categoría de anomalías gravísimas e incurables.

Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), subrayó su “oposición” a que se establezcan categorías de malformaciones, siendo unas motivo de aborto y otras no. “Solo una mujer sabe si puede afrontar la enfermedad del hijo, si es compatible con su vida, independientemente de la gravedad”, opinó.

Barambio consideró que la nueva ley en los términos conocidos, “nos saca de Europa”. “Las españolas serán mujeres de segunda y se tendrán que marchar fuera del país para abortar”, dijo. En este sentido, Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) señaló que “habrá desigualdades entre las mujeres que se puedan costear el viaje al extranjero y las que no. Como hace 40 años”. Algo que no ocurre, dijo, con la actual ley, “que se adecúa al entorno europeo”. Por su parte, asociaciones antiabortistas, como el Foro de la Familia y Derecho a Vivir, abogaron por el “aborto cero”. Así, el portavoz de esta segunda organización, Gádor Joya, pidió la supresión de los supuestos de riesgo para la madre, que calificó de “coladero”, así como el de malformación del feto en algunos casos.

En cuanto a futuras movilizaciones contra la nueva ley, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, anunció que su formación defenderá “la actual regulación utilizando todos sus recursos para que esta reforma no se lleve a cabo”. Barambio cree que todavía es pronto para definir una agenda de acciones. Una de las que barajan es “dejar de practicar abortos durante unos días antes de la aprobación. Para que se vean las consecuencias negativas y la gente se movilice contra la reforma”, explicó el presidente, que puntualizó que una medida así tendría que ser aprobada por la Asamblea de la organización.