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Así legalizará Uruguay la marihuana
El proyecto establece una venta máxima de 40 gramos de marihuana por mes y persona, pero también habilita el autocultivo y la instalación de clubes de fumadores
Uruguay comenzó esta semana a delinear su proyecto para legalizarla producción, distribución y venta de marihuana. Después de que el presidente José Mujica anunciara en agosto la intención de su gobierno de producir marihuana estatal, este jueves la bancada del Frente Amplio presentará un proyecto de ley de 37 artículos que establece que «el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados».
El proyecto, al que accedió ABC, establece una venta máxima de 40 gramos de marihuana por mes para el consumo personal, pero también habilita el autocultivo y la instalación de clubes de fumadores de marihuana (algo que de hecho los redactores del proyecto tomaron siguiendo el ejemplo de Cataluña y el País Vasco). Para el autocultivoel máximo permitido es de 6 plantas mientras que en el caso de los clubes de membresía, de hasta 15 personas, es de 7.200 gramos anuales. También se permite el uso de marihuana con fines medicinales.
El texto, que ahora será estudiado por la comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados, crea un organismo público de derecho privado llamado Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que se encargará de otorgar licencias a organismos privados o públicos interesados en la plantación de marihuana.
El instituto estaría integrado por un representante de la Secretaría Nacional de Drogas; un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Ministerio de Sanidad. A este organismo directivo se le sumará una Comisión Honoraria de la que tendrán participación las asociaciones de autocultivadores, académicos de la universidad estatal y los clubes de membresía, entre otros.
Además se crea una oficina de monitoreo y seguimiento de la política pública que hará un informe anual ante la Asamblea General acerca del desarrollo de esta política. Quienes planten marihuana fuera de este sistema tendrán penas que van desde 20 meses hasta los 10 años de prisión.
Creación de un registro
El INCA también llevará a cabo un registro de autocultivadores y de los clubes de membresía. Hasta ahora éste ha sido uno de los puntos más polémicos en Uruguay, ya que varios organismos (como Transform Drug Policy Foundation) se han manifestado en contra de la existencia de un registro de consumidores. Esta semana el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, dijo en declaraciones al diario local La República que el registro podría hacerse mediante tarjetas electrónicas innominadas que preservan la información personal del usuario. Pero de esto nada habla el proyecto de ley, que tampoco establece un precio de venta de la marihuana, aunque se estima que será similar al que existe ya en el mercado ilegal.
«La ley establece quiénes van a hacer las cosas y en qué condiciones», dijo a ABC el diputado Sebastián Sabini, uno de los redactores del proyecto de ley. «Si existe un registro, será innominado y los datos estarán protegidos. Lo importante no es la identidad de la persona, sino que sea mayor de 18 años y que nos permita asegurarnos que lo que se produzca en Uruguay, quedará en el país».
Consumo de marihuana en Uruguay
De acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, existen en Uruguay 25.000 personas que consumen diariamente marihuana, otras 75.000 que lo hacen habitualmente y unas 200.000 que afirman haberlo hecho «alguna vez». Se estima que el mercado ilegal de marihuana ronda los 60 millones de dólares y que existen por lo menos 1.000 personas dedicadas al autocultivo.
«No es una ley para promover el consumo de marihuana», dijo a ABC el diputado socialista Julio Bango, otro de los redactores del proyecto de ley. «El primer objetivo que tenemos es tener una política sanitaria que prevenga y opere contra el consumo abusivo de la sustancia. Y lograr separar al mercado de la marihuana de las economías en negro que han florecido fruto de una política prohibicionista de guerra a las drogas».
El proyecto surgió como parte de un conjunto de 12 medidas de seguridad que en agosto anunció el gobierno uruguayo. Entonces el presidente Mujica envió al Parlamento apenas un artículo, que se limitaba a declarar la intención del Ejecutivo de regular el mercado de marihuana, pero no establecía cómo. Esto es lo que se conoció esta semana.
«Uruguay sería el primer país que intenta establecer un modelo integral», dijo a ABC el diputado Sabini. «Es algo que incluya el autocultivo, los clubes de membresía, la posibilidad de la venta regulada y la producción y uso medicinal. Y que parte de los recursos se destinen también para la información, prevención, educación».
No se fumará en lugares públicos cerrados
En su artículo 8, el proyecto establece el Sistema Nacional de Educación Pública «deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis». Tampoco se permitirá fumar marihuana dentro de los espacios públicos cerrados, siguiendo así la misma política que desde 2005 se estableció con respecto al tabaco.
Con este proyecto algunos detalles que habían trascendido han quedado por el camino. El presidente había anunciado en junio y desde Brasil que se vendería marihuana en cigarrillos, pero el proyecto de ley que esta semana entra a estudio del Parlamento apunta a que la droga se venda empaquetada. También se prohibiría hacer cualquier tipo de publicidad al respecto «y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión, cine, revistas, filmaciones en general, carteles, vallas en vía pública, folletos, estandartes, correo electrónico, tecnologías de internet, así como por cualquier otro medio idóneo».
Los legisladores del Frente Amplio (partido del presidente José Mujica y que actualmente mantiene mayoría parlamentaria) pretenden aprobar este proyecto antes de fin de año en la Cámara de Diputados. Sin embargo algunos diputados de la fuerza de gobierno ya han anunciado públicamente su intención de votar contra el proyecto. En caso de ser aprobado, el proyecto debe aún pasar por la aprobación de la Cámara de Senadores, algo que no sucedería hasta fines del año que viene.
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