"España no es país para jueces": de Garzón a Elpidio Silva, Castro, Ruz y Alaya
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Elpidio José Silva. Foto: EFE.+
El 'caso infanta'
Hace ocho meses el juez instructor Elpidio José Silva estaba investigando un caso de corrupción de primer nivel que llevó unos días a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, un banquero con excelentes conexiones políticas. Ahora Silva está preparando su propia defensa después de que Blesa, que presidió la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y 2009, se querellara contra él argumentando que estaba siendo perseguido.
La delicada situación del juez nace de una garantía procesal española que permite a los acusados querellarse contra jueces, uno de los muchos factores que han ralentizado una serie de destacados casos de fraude, mermando la confianza en el sistema judicial y planteando dudas sobre la influencia política, según las encuestas.
Silva, que niega que actuara de forma contraria a la ley, fue apartado del caso y aunque luego fue reasignado, finalmente se abstuvo por conflicto de interés ya que podría enfrentarse a un juicio por prevaricación en la investigación de los posibles delitos cometidos en Caja Madrid antes de que la entidad se integrara en Bankia, que luego precisó el mayor rescate bancario de la historia de España.
Los abogados de Blesa declinaron hacer comentarios en esta historia, pero en documentos judiciales han negado los delitos de falsedad en documento mercantil, y apropiación indebida en la compra de un banco en 2008.
"La Justicia desahuciada"
Silva continúa trabajando en otros casos y está escribiendo un libro. Dice que lo va a titular: "La Justicia desahuciada: España no es país para jueces".
La percepción que la población tiene del fraude en España es una de las más altas de Europa. Más de un 90% dijo sentirse frustrado por el tiempo que se demoran las investigaciones y culpan mayoritariamente a los recursos de los acusados, según una encuesta independiente de Metroscopia.
"Por las demoras, a la gente le da la impresión de que hay poco interés en investigar, o que hay algún tipo de colusión entre el Gobierno y los jueces. El proceso lento da la sensación de unos estándares bajos", dijo José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.
España también cuenta con un número de jueces proporcionalmente menor que Alemania, Francia, Italia o Portugal, y muchos cambian de puesto a mitad de la instrucción, lo que contribuye a los retrasos.
Silva ha lanzado una campaña mediática para afirmar que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y tienen un efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.
"La querella contra mí es una querella abusiva y política, no es jurídica. Tendrían que haberla archivado ya. No tienen nada contra mí", dijo Silva a Reuters en su piso de Madrid, mientras respondía a llamadas de personas que estaban recogiendo firmas para apoyarle.
El caso de Garzón
Baltasar Garzón, el exjuez español internacionalmente conocido por perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, también fue acusado de prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del "caso Gurtel".
Garzón, que ahora es asesor en derechos humanos a nivel mundial, afirma que fue perseguido políticamente por intentar investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
De la Casa Real al PP y al PSOE
Tras la muerte de Franco, el sistema judicial se rediseñó para salvaguardar los derechos de los acusados, pero las querellas sin fundamento contra jueces han conllevado largos retrasos en varios casos, como los ocho años que transcurrieron hasta que se condenó a políticos y promotores inmobiliarios en Marbella y la década que pasó hasta que el político del PP Carlos Fabra fue juzgado por fraude a la Hacienda Pública. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel, pero ha recurrido el caso.
Incluso la Familia Real española se ha visto salpicada por una larga investigación por corrupción cuya fase de instrucción aún no ha terminado. El juez lleva más de tres años investigando al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, por malversación y fraude, entre otros, a través de una fundación sin ánimo de lucro. El juez José Castro imputó el martes a su esposa, la infanta Cristina, por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La infanta y su marido, que defienden la legalidad de sus acciones, no han presentado ninguna querella para ralentizar el proceso, pero el juez y el fiscal anticorrupción han discrepado sobre cómo continuar la instrucción del caso.
La élite política española también se ha visto sacudida por la acusación de que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acumuló hasta 48 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza y llevaba una contabilidad paralela de la formación en el poder con dinero de los magnates de la construcción.
Cuatro años después de iniciarse la investigación, está en prisión provisional acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, pero el juicio podría demorarse aún varios años. También niega ante el magistrado Pablo Ruz haber cometido ninguna irregularidad.
Aunque pocas personas querrían volver a un sistema menos garantista con los acusados, y cada año se plantean un puñado de casos contra jueces por conducta impropia, el lento ritmo de la rendición de cuentas ha dañado la fe en las instituciones públicas, según las encuestas, que muestran que los partidos minoritarios podrían salir beneficiados en las próximas elecciones, en detrimento del PP.
Si el PP tiene problemas, también lo tiene con el 'caso de los ERE' su rival político, el PSOE, y sindicatos como UGT y CCOO. En Andalucía, incluso, la Sala del Gobierno del TSJA tuvo que rechazar las "actitudes cercanas al acoso" y las "injustificables descalificaciones personales" dirigidas a la juez Mercedes Alaya, por miembros de CCOO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de unos sindicalistas detenidos.
Las relaciones políticas
La investigación de Silva -suspendido cuatro meses el año pasado por falta de motivación de otras de sus resoluciones- siempre iba a ser un caso delicado, ya que Caja Madrid, como muchas cajas de ahorros españolas, estaba estrechamente ligada al poder político, y Blesa era amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros.
El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales.
Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of Florida en 2008. En junio emitió un auto en el que dijo que había evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal, falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó prisión provisional para Blesa.
Blesa quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad.
La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa.
El sustituto de Silva en el caso ordenó el martes a Blesa comparecer este mes para responder sobre la compra en Florida y determinar si perjudicó a Caja Madrid. Los abogados de Blesa no han contestado aún al auto.
Mientras, Silva recoge firmas para demostrar que tiene apoyo público. "Si no me condenaran es porque lo pararíamos, porque toda la ciudadanía se movería".
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