La pobreza energética y la estafa del mercado eléctrico

Los 17 años de vida del mercado eléctrico recuperan una modalidad de pobreza que creíamos definitivamente superada: la energética.

La pobreza energética "es la incapacidad de un hogar satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas" como la climatización del hogar cocinar, asearse, etc. La carencia de energía eléctrica, por no poder pagar la factura eléctrica, puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas.

En los últimos cinco años el efecto combinado de la pérdida del trabajo y/o la reducción de los salarios ha provocado una caída abrupta de los ingresos de la mayoría de las familias españolas llevando a un segmento importante de la población a tener que reducir drástica y dramáticamente el consumo de energía eléctrica. Bien porque le cortan el servicio, bien por razones presupuestarias para usos alternativos.

Una familia, según las estadísticas más fiables,gasta de promedio en energía un 10% de los ingresos disponibles. Teniendo en cuenta que hay unos dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, con seguridad un mínimo del 7,2% de los hogares españoles no tienen recursos para sufragar los gastos de electricidad. Según publica la Comisión Nacional de la Energía el 5% de la población española ha tenido problemas para pagar los recibos de la luz ya en 2012, y a 1,4 millones de viviendas se les cortó el servicio. La organización Asociación Ciencias Ambientales cifra en unos tres millones las personas que no pueden sostener una climatización correcta de la vivienda, 25º en verano y de 18º a 20º en invierno, el mínimo necesaria para un correcto bienestar y salud física de las personas.

Entre 2008 y 2013 la inflación promedio anual no superó el 2%, en cambio la subida de la electricidad fue de un 9%. Las tres compañías eléctricas dominantes (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Unión Fenosa suponen aproximadamente el 68% del mercado eléctrico español) han declarado un beneficio neto en conjunto de 45.000 millones de euros en la misma etapa. Una cifra astronómica, más evidente todavía cuando se contrasta con el gasto anual de pensiones o de sanidad en España (45% y 80%, respectivamente).

En la base de tamaño despropósito social, por calificarlo de una manera suave, está el fracaso absoluto del mercado eléctrico. La subasta de electricidad de "último recurso", la llamada CESUR, en diciembre de 2013 concluyó con un incremento del precio de la luz en 11% para el primer trimestre del año en curso, llevando al gobierno a tener que suspender ese procedimiento tarifario que repercutía en más del 90% de los consumidores domésticos.

La sustitución de las subastas trimestrales CESUR por el PVCP, precio voluntario al pequeño consumidor, no supondrá un alivio para los consumidores ni que se abandone la fijación de los precios a través de los llamados mercados organizados de la energía eléctrica. Hay varios: el diario, el intradiario, a plazos. No tiene mayor importancia a efectos de lo que estamos comentando entrar en el detalle porque el concepto fundamental de mercado eléctrico no cambia. La única novedad importante, según anuncia el Ministerio de Industria, estará en que la información sobre el consumo energético será instantánea y se obtendrá de unos contadores inteligentes por instalar – sólo existen siete millones -. Las propias compañías eléctricas no saben cómo se puede implementar un sistema de esta característica, en particular por la complejidad administrativa para facturar el consumo instantáneo. El gobierno sostiene que los consumidores se beneficiarán de la gestión 'on line' porque podrán decidir el gasto en función del precio de cada momento de la energía: absurdo pensar en una cosa así.

En febrero, mientras tanto, ha aumentado la remuneración del llamado término fijo de la factura eléctrica en un 17%, esto es, aquella parte de la electricidad que se paga independientemente del consumo. El pago por kW garantiza el beneficio de las empresas en relación al coste de inversión que soportan y castiga a los consumidores más pobres. También el gasto en distribución está reconocido como "valor añadido de la distribución" y retribuido dentro de los llamados peajes eléctricos.

Se sigue insistiendo en la idea del mercado como el mejor sistema para un sector económico que disfruta de ingresos y beneficios asegurados. En 17 años el mercado eléctrico no ha traído ninguna mejora a los ciudadanos: ni han bajado los precios de la energía, ni los ciudadanos perciben un cambio en la calidad y confiabilidad del servicio en relación al sistema regulado preexistente a 1997. Tampoco hay competencia: La tasa de "switching", cambios de contratos a otras compañiás rondan el 10%. La CNE confirma que el mercado de la electricidad en España se sitúa "entre los peores valorados por los consumidores", somos los penúltimos de los 27 de la UE.

En el sector eléctrico no se cumplen las condiciones exigibles a un mercado competitivo y eficiente: no hay suficientes agentes con libertad de entrada y salida, tampoco son líquidos y fluidos como para que las transacciones establezcan un precio aceptante, objetivo, no manipulable por los vendedores. Las empresas eléctricas no trasladan las fluctuaciones de los precios del mercado a los inputs de capital: las tecnologías avanzadas para producir energía eléctrica conforman también un mercado de pocos con tendencia al monopolio.

En 1997 cuando se liberalizó el precio de la luz no se permitió que se repercutieran directamente a los usuarios más de un 2% de aumento por año. La diferencia con el precio de mercado se transformó en un derecho de cobro, el conocido "déficit de tarifa". El devengo de pago se contabilizaba y las empresas eléctricas lo adelantaban con mecanismos financieros alternativos avalados por del estado a largo plazo y que endeudaron a todos los españoles por 15 años. En 2013, el saldo de deuda alcanzó los 30 mil millones de euros. El sistema de subastas trimestrales creado en 2010 fue un intento frustrado de acabar con el déficit. No redujo los precios de la electricidad, los aumentó. En estas subastas entraron agentes financieros con la misión de dotar de "más liquidez y desconcentración" a los mercados eléctricos. Pero no introdujeron eficiencia sino especulación. Según informes de la Comisión Nacional de la Energía en los mercados organizados de electricidad, es decir el mercado diario, intradiario y a plazo en el período 2008-2010 el número de oferentes activos fue de 47 y en las subastas CESUR (energía para consumidores de último recurso) entre 26 y 29. En términos de cuota, que es lo que importa, los 3 primeros oferentes y demandantes representaban el 69,8% del mercado eléctrico en el período indicado.

Quienes más se han lucrado de los mecanismos de mercado han sido los especuladores financieros y las eléctricas. En el período 2008-2011 el precio spot de le energía ha estado "en línea con los precios de los combustibles". Las empresas eléctricas no arriesgan en el precio de los combustibles primarios. Hacen un "passthrogh" del coste de la energía primaria, es decir trasladan a tarifa el coste sin más. El petróleo, gas, carbón, etc., son una commodity cuyo precio se fija diariamente en los mercados. No es posible obtener márgenes de rendimiento en este capítulo de gasto. Como ya dijimos: el beneficio está en la inversión: recuperan un monto mayor a través del precio de la potencia facturada. Hay un exceso de capacidad instalada, es decir de unidades productoras de electricidad. España tiene unos 100 mil MW en plantas eléctricas, y con la crisis, en horas punta de consumo total, el factor de planta, eso es usinas generando electricidad, no supera los 45 mil MW.

Las eléctricas afirman que hay inseguridad regulatoria.. Para las grandes del sector, el "lobby" agrupado en Unesa, el conflicto regulatorio principal sólo está en el dinero que se desvía a las energías especiales, las renovables. Aunque no dejan de pleitear por el cambio en la retribución impuesto por el gobierno en los últimos años. Pero nada dicen de los ingresos atrapados en exceso, por inversiones en ciclos combinados, en nucleares, en costes reconocidos por la transición al mercado, en el valor añadido de la distribución, etc.

El gobierno ha dado una vuelta de tuerca más a la pobreza energética de los ciudadanos más vulnerables al incrementar el precio de la potencia instalada, y nada positivo ha resuelto a la fijación por el mercado de los precios de la luz para los ciudadanos. Es de prever en el futuro inmediato que el monopolio eléctrico de nuestro país volverá a maniobrar con las tarifas en función de los dividendos a repartir entre sus accionistas. El mercado eléctrico, una especie a extinguir, sigue inexorablemente castigando a los más débiles sin que se adopte solución alguna para estabilizar el precio y asegurar el acceso a un servicio básico para la población. El estado, expresión del interés general es el que lo debe garantizar y no el mercado, y menos aún un sucedáneo del mismo.

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