Scott Panetti, a sus 56 años, ha pasado casi media vida en el terrible corredor de la muerte. Habiendo sido hospitalizado una docena de veces por varios problemas mentales (esquizofrenia, depresión y alucinaciones), en 1992, Panetti cometió el doble asesinato de sus suegros. Las enfermedades que llevaban afectando al condenado durante años contribuyeron sin duda al crimen perpetrado. En 1995, el acusado insistió en defenderse a sí mismo en el juicio que serviría de punto de inflexión en su vida. La decisión de autorepresentarse y las escenas que protagonizó durante el juicio dejaban patente la incapacidad de Panetti de defenderse. En su declaración, explicó que el asesinato de sus suegros fue cometido por su alter ego “Sage”. Las evidencias de su discapacidad intelectual no evitaron que un Tribunal Penal de Texas le condenaran al máximo castigo, por cuyo número de aplicaciones es famoso el estado de Texas: la inyección letal.
Así, en 1995 comenzó la larga estancia del reo Scott Panetti en el corredor de la muerte de la cárcel texana de Huntsville. Según la legislación federal, una discapacidad intelectual o problemas mentales son motivo para no sentenciar a la pena de muerte. El precedente de ello fue sentado en el caso de “Ford vs. Wainwright” en 1986 por la Corte Suprema de EEUU. No obstante, la legislación de cada Estado federado es quien establece los umbrales para que una discapacidad intelectual deba impedir o no una sentencia a pena de muerte. En el caso del estado de Texas, hay tres requisitos que deben darse para que no se permita la aplicación de la inyección letal: el reo debe tener una capacidad mental inferior, no poseer capacidad para adaptarse a la sociedad y que sus problemas mentales tengan sean previos a sus 18 años.
La sentencia de Panetti ha pasado por varios tribunales para su revisión en estos años. En 2007, cinco jueces de la Corte Suprema concluyeron que había abundantes datos en el expediente de Panetti que corroboraban que sufría fuertes delirios y otros problemas mentales que habrían sido causa del crimen cometido. Ésta consideración, no obstante, no fue suficiente para retirar la máxima condena que recaía sobre Panetti. En una sentencia del 25 de noviembre, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas denegó una suspensión de la ejecución, tras decidir que carecía de jurisdicción respecto a la apelación. Cuatro de los nueve jueces discreparon, alegando que lo que había en juego en este caso justificaba que la Corte examinara la apelación. Consideraban, según recoge Amnistía Internacional, que no hacerlo podía dar lugar a la ejecución irreversible y constitucionalmente inadmisible de una persona no apta mentalmente. En una segunda sentencia dictada el día siguiente, esta vez con una mayoría favorable, la misma Corte se negó a examinar la alegación de que imponer la pena de muerte a una persona con una enfermedad mental severa “es contrario a las normas morales contemporáneas.
El pasado 3 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Quinto Circuito suspendió la condena a muerte a la espera de una orden de la corte que les permitiera considerar las complejas cuestiones legales entorno a esta decisión.
La inmoralidad de la pena de muerte
El paso del caso judicial por varias instancias y las posteriores sentencias se dan mientras Scott Pinetti, al igual que cualquier otro preso en una situación similar, vive en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte, que suele designar el espacio de celdas destinadas a aquellos ya condenados a ser ejecutados, es en muchos casos una forma de tortura en sí misma. En EEUU, según los datos del Departamento de Justicia para 2010, por lo largos que llegan a ser los procedimientos de apelación, la media de espera entre la condena y la ejecución es de 178 meses (alrededor de 15 años). La incertidumbre de cuándo llegará la ejecución de la sentencia es también causante de agonía.
Durante el año 2013, 22 países del mundo aplicaron la pena de muerte. Los principales artífices de las ejecuciones son: China, Irak, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos. En éste último, existen grandes diferencias entre los distintos estados federados; Texas es el principal ejecutor.
La pena capital, cuando se contempla en una legislación como sanción aplicable a ciertos crímenes, supone la posibilidad de que se asesine a un criminal por decisión judicial, apoyándose el asesinato en la despersonalización del criminal.“La justicia”, de acuerdo con la legislación del Parlamento, cuya autoridad recae en su papel de representante de los ciudadanos, aplica la pena de muerte mediante el sofisticado método de la inyección letal. Varios funcionarios participan de la ejecución, accionando cada uno una inyección distinta, para que no haya posibilidad de conocer quién es exactamente el que proporciona la inyección fatal. La sofisticación de todos estos mecanismos, poderes y procesos hace que, en aplicación de la pena de muerte, se cometan asesinatos cuyo autor no parece identificable. Se castigan crímenes de gran gravedad con un crimen de máxima gravedad. Además, cabe una mención a los errores reversibles o no que se han cometido hasta el día de hoy: inocentes pasando años en el corredor de la muerte y otros que llegaron a ser ejecutados.
Que se aplique la pena de muerte sobre personas cuya capacidad de delinquir conscientemente es muy improbable obliga a reflexionar no sólo sobre esta extrema medida jurídica sino también sobre cómo está regulada. Uno de los principios básicos del derecho penal es que castiga a las personas capaces, es decir, que poseen la capacidad de ser consciente de sus actos. En este caso, la legislación de Texas marca unas fronteras demasiado rígidas a la consideración de que una enfermedad mental impida que se sentencie la pena capital.
Foto de portada: World Coalition Against the Death Penalty Flickr.
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