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martes, 7 de octubre de 2014

El juez Elpidio José Silva, condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación al encarcelar a Blesa



Deberá indemnizar con 10.000 euros por los daños morales ocasionados a Gerardo Díaz Ferrán

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a 17 años, seis meses y un día de inhabilitación al juez instructor Elpidio José Silva por prevaricar y violentar las garantías constitucionales de Miguel Blesa y Gerar Díaz Ferrán, lo que supone su expulsión de la carrera judicial.
El tribunal lo inhabilita por un delito de prevaricación continuada y por otros dos delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales al encarcelar por dos veces a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, así como a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y de Viajes Marsans. Además, deberá pagar una multa de 6.300 euros.
La sentencia considera que Blesa estuvo ilegalmente privado de libertad por dos periodos, el primero de un día y el segundo de 15 días.
El acusado se negó a dar un plazo de 24 ó 48 horas a la defensa de Blesa para prestar la fianza, "comportamiento absolutamente reprobable" ya que el ingreso en prisión se subordina a la no presentación de la fianza en un plazo que se suele fijar en espacios más dilatados.
Además, el juez consiguió su objetivo de ver encarcelado a Blesa, cuando "se aseguró de adoptar una decisión imposible": abonar de forma inmediata una fianza de 2 millones de euros.
Cuando el exbanquero depositó esta fianza, el juez decidió "asegurarse de que no volviera a ocurrir, dictando la segunda vez prisión sin fianza".
Elpidio José Silva tendrá que indemnizar a Gerardo Díaz Ferran con 10.000 euros, por el "padecimiento moral" que sufrió al ser acusado de forma arbitraria con un "actuar prevaricador" del juez Silva, que está llamado a impartir Justicia "al margen de cualquier sombra de arbitrariedad".
La sentencia califica de "disparate jurídico" que Silva apreciara una conexidad entre el caso que el juez investigaba -la compra por parte Caja Madrid del banco de Florida- con  el préstamo de 26 millones de euros concedido por esta entidad a Díaz Ferrán. El tribunal resuelve que Silva se apropió de ambas causas para convertir el proceso en un "instrumento ad hominem de búsqueda de responsabilidades".  

Inquisición general: le importaba poco la ley

La sentencia sostiene que Silva"desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión de Blesa al frente de la caja, adentrándose en unainquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías".
 Su actuar constituyó una"execrable" parcialidad en favor de la acusación ejercida por Manos Limpias, con cuyo abogado "formó un tándem" y se reunió sin estar presentes el resto de partes del caso.
Es más, encuadra el proceder de Silva en un "plan preconcebido" donde el juez incumplió "clamorosamente" la ley, al que acusa de extralimitarse en sus funciones y no motivar sus resoluciones. "Le importaba poco la ley", sostiene la resolución.

El presidente del tribunal discrepa y no ve delito

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del presidente del tribunal juzgador, Arturo Beltrán, quien considera que el proceder del juez fue una conducta equivocada pero no delictiva.
En su voto particular, Beltrán analiza las resoluciones de Silva en este caso y concluye quesi una conducta, "por deplorable que sea, pueda explicarse al margen del derecho penal, la conclusión es que debe dictarse sentencia absolutoria".
Beltrán considera que los autos más graves del juez fueron los que acordaron el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, en junio y julio de 2013. Ambos autos fueron"largamente fundados" y la prisión la solicitó el sindicato Manos Limpias, del que el juez ahabía aceptado su personación como acusación particular.
Respecto al análisis de riesgo de fuga como causa para encarcelar a Blesa, Beltrán expone que no es una decisión fácil: hace años nadie pudo presumir que el fugado más famoso de España fuera el director general de la Guardia Civil o que una sección de la Audiencia Nacional fuera disuelta y sus miembros expedientados, aunque luego resultaran absueltos.
La Fiscalía había solicitado una condena de 30 años de inhabilitación para el juez que investigaba la adquisición por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida cuando era titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid. Por su parte, el exbanquero pidió 40 años de inhabilitación, mientras que Díaz Ferrán solicitó 24 años y una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
Nada más conocerse la sentencia, la defensa de Elpidio José Silva anunció que la recurrirán ante el Tribunal Supremo. Para ello, se basan en que esta sentencia rompe la jurisprudencia del propio TSJ de Madrid, por cuanto la conducta del juez fue fundamentada, sus autos motivados y se explica al margen del derecho penal, como sostiene el magistrado Beltrán en el voto particular.
Arturo Beltrán presidió el tribunal juzgador de Elpidio José Silva y son famosas las invectivas y apostillas que le prodigó el juez juzgado durante la vista.  
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