Los expertos piden al Gobierno que detenga la proliferación de nuevas facultades de Medicina
Los recortes en la sanidad pública abocan cada vez más al colectivo al paro o a la emigración
España tiene más facultades de Medicina por millón de habitantes que Reino Unido, Francia, Italia... En realidad, tiene más que cualquier otro país grande—más de 20 millones de habitantes— del mundo, con la excepción de Corea del Sur. En apenas ocho años, los centros en los que se puede estudiar esta carrera han pasado de 28 a 41. Con los alumnos de nuevo ingreso ocurre otro tanto: de 4.250 a más de 7.000. La conclusión de esta ensalada de cifras es que ahora, con los servicios públicos de salud recortando en personal y con España a la cabeza de los países europeos que pierden población por culpa de la crisis, sobran estudiantes de Medicina.
El paro entre los facultativos, algo insólito en la última década, y la creciente emigración en busca de oportunidades laborales empiezan a evidenciar el desajuste entre el número de especialistas y los puestos de trabajo que ofrece el sistema. Y eso, a juicio del Foro de la Profesión Médica, que agrupa a las principales organizaciones del sector, quiere decir que hay que tomar medidas. La petición no es nueva, pero ha tomado impulso ante la anunciada apertura de siete facultades más, tres de ellas privadas. Los médicos quieren frenar lo que consideran una “proliferación” descontrolada de estos centros. No solo no son necesarios, dicen, sino que además ponen en peligro la calidad de la formación.
“El número de estudiantes tiene que estar ajustado a los hospitales que están acreditados para formarles de forma adecuada. Ahora tenemos aproximadamente 1.000 estudiantes más de Medicina que la formación que podemos ofrecerles. Hay unas 7.000 plazas para cursar la carrera, y unas 6.000 de MIR”, dice el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín. “Por tanto, es pura matemática, hay 1.000 con los que no sabemos qué va a pasar, porque no se van a poder formar. El aumento de facultades es un disparate; no hay ninguna necesidad. Se ha querido satisfacer a políticos de comunidades autónomas y alcaldes; ha pasado exactamente igual que con la creación indiscriminada de hospitales que ahora no sabemos cómo pagar”, añade.
Se podría argumentar que, con la crisis, también hay exceso de licenciados o graduados en muchas otras profesiones: arquitectos, abogados, periodistas... Sin embargo, la de médico es muy particular. Un licenciado en Medicina no puede trabajar en España, ni en el resto de Europa, solo con su carrera universitaria de seis años. Necesita especializarse, y para ello ha de conseguir una plaza de médico interno residente (MIR) y formarse durante otros cuatro o cinco años.
“A esos 1.000 estudiantes que sobran, los que no van a tener plaza MIR, no les espera otra cosa que el éxodo, marcharse a otro país donde sí se necesiten sus servicios”, señala Enrique Lázaro, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y alumno de quinto en la Universidad de Barcelona. “No es congruente derrochar el dinero que cuesta formarnos de esa manera. Es una inversión de la que luego no va a haber frutos”, añade.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué han abierto sin aparente control todas esas facultades, entre ellas ocho privadas, en apenas una década? “Ni la planificación ni la política de recursos humanos han sido afortunadas en nuestro país en los últimos años”, dice Rodríguez Sendín, que lo ejemplifica así: “En el año 2001 se decía en España que sobraban unos 15.000 médicos. Seis años más tarde, según un estudio del Ministerio de Sanidad de entonces, faltaban entre 15.000 y 20.000. Cinco o seis años más tarde, es decir, ahora, sobran los mismos. Tenemos casi 3.000 médicos en paro y, por si fuera poco, este año se nos han ido otros más de 3.000 al extranjero, más del 90% de los cuales a buscar empleo”.
Los expertos insisten en que la planificación es fundamental. Y sin embargo, no existe un registro nacional. No se sabe cuántos médicos en activo hay en cada especialidad ni dónde trabajan. A principios de los noventa se vivió otra época de paro médico. Como respuesta, el Gobierno empezó a aplicar el numerus clausus, un cupo anual de alumnos de nuevo ingreso en Medicina. Se usaron las recomendaciones de la OMS: un estudiante por cada 10.000 habitantes. En 2002 había 4.250 estudiantes de nuevo acceso en 27 facultades (26 públicas y una privada), según datos del Foro de la Profesión Médica.
La época de crecimiento económico que siguió en España, sumada al aumento de población que trajo la inmigración, provocó una especie deboom también en la sanidad: se inauguraron hospitales y centros de salud, en ocasiones sin más planificación que la electoral, y se lanzaban mensajes, incluso desde el Gobierno, de que hacían falta más médicos y de que, de seguir así, llegaría el temido déficit de especialistas. En realidad, según explica Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas, solo se necesitaban en determinadas especialidades y únicamente en algunas zonas geográficas, porque lo que sucedía era que estaban mal distribuidos. “Es prácticamente imposible decir taxativamente si faltan o sobran médicos”, apunta.
Las comunidades se lanzaron a abrir hospitales. Madrid inauguró seis a la vez en 2008. La demanda de médicos aumentó y “hubo algún problema puntual de cobertura” en determinadas especialidades, explica González. Simultáneamente “se produjo una convalidación masiva de títulos extranjeros” y aumentó considerablemente el número de plazas en las universidades. Un aumento procedente en buena parte de facultades privadas. “Además se creó un problema de equidad en el sistema. Mientras en la pública se entra con expedientes brillantísimos y estudiantes con sobresaliente se quedan fuera, en la privada se ingresa si el padre del estudiante paga”, recuerda.
Por aquellas fechas, el Ministerio de Sanidad también aumentó las plazas de formación sanitaria especializada (MIR). El efecto llamada estaba servido: entre 2001 y 2011 se convalidaron más títulos extracomunitarios (50.205) que médicos se licenciaron en las facultades españolas (46.194), según datos del Foro de la Profesión Médica. Ya nadie se acordaba del paro médico de los años noventa. Estudiar Medicina equivalía a asegurarse un buen empleo. Toda ciudad de cierto tamaño quería su Facultad de Medicina. Los Ayuntamientos cedían terrenos y las comunidades autónomas autorizaban los nuevos estudios. El alumnado aumentó casi un 40% en apenas siete años.
Pero llegó la crisis. El sistema sanitario reaccionó a ella a partir de 2010 con recortes presupuestarios. “Y lo primero de lo que se recorta es lo más fácil, el personal: sustituciones, interinidades...”, enumera González. En la última convocatoria MIR hubo plazas para todos los estudiantes formados en España, pero en tres o cuatro años “llegará el desajuste”, señala.
“No podemos volver a tener una bolsa de paro de profesionales. En tres o cuatro años sus habilidades se pierden y tienen que volver a hacer un reciclaje”, dice Francisco Miralles, de CESM, la confederación de sindicatos médicos. “Hay que aprovechar los recursos económicos al máximo y este país no se puede permitir perder a profesionales que ha costado formar entre 200.000 y 250.000 euros”, añade.
Los expertos se preguntan si se está viendo afectada la calidad de la formación que se ofrece en todas esas facultades. “A las sociedades científicas les preocupa que esta, a nuestro entender, deficiente regulación, pueda poner en riesgo la calidad formativa de nuestros graduados médicos”, señala Carlos Macaya, presidente de laFederación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME). “Es difícil medir esa calidad, no hay método científico, pero yo iría a ver lo que ha pasado en el examen MIR en los últimos años. Y lo que pasa es que los extranjeros, tanto comunitarios como latinoamericanos, acceden cada vez más a los primeros 2.000 o 3.000 puestos. Es un signo indirecto de que ojo con la calidad formativa que tienen nuestros médicos que salen de estas universidades”, señala.
Otro problema relacionado con la saturación de facultades es dónde hacen prácticas sus alumnos. Las camas de hospital, los enfermos con los que aprender, son limitados. “Es necesario que estén asociadas con buenos hospitales universitarios. Aunque estén acreditados y formen MIR, no todos sirven para enseñar Medicina”, precisa Ricardo Rigual, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. El incremento de facultades coincidió con el de nuevos hospitales. El mismo año en que Madrid inauguró seis hospitales (2008), el Gobierno regional firmó convenios con cuatro universidades para crear cuatro nuevas facultades de Medicina.
“Parece que hemos alcanzado la capacidad de saturación. ¿Cuántos estudiantes pueden participar en una consulta con el paciente y su médico? ¿Cuántos pueden atender una exploración ginecológica? ¿Cuántos entrar en quirófano?”, se preguntaba Antonio F. Compañ, decano de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche, hace unos meses en un artículo de opinión. En ocasiones, en los hospitales públicos hay a la vez alumnos de la facultad pública y de la privada. “Se pierde calidad cuando se compite por la formación. Eso de que donde comen cuatro, comen cinco no es verdad. Si comen cinco, comen menos”, ejemplifica Rodríguez Sendín.
“También nos preocupa la proliferación de hospitales, tanto públicos como privados, que a nuestro entender fácilmente se otorgan el rótulo de hospitales universitarios y hacen convenios con esas nuevas universidades que también han proliferado”, opina Macaya. “Ahora mismo no existe ningún organismo que acredite que un hospital cumpla los requisitos para ser denominado universitario”, abunda Rigual. “En Madrid ahora todos los hospitales se ponen el rótulo. No se sabe qué se acredita ni cómo se selecciona y acredita al profesorado”, añade Macaya. “Se tiene que regular igual que la formación MIR, que está muy bien regulada”.
¿A quién compete poner freno a las facultades? O, lo que es lo mismo, ¿quién las permite? Para empezar, los planes de estudio los autoriza laAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación(ANECA), una fundación estatal en principio independiente pero cuyo patronato está presidido por el ministro de Educación de turno. Ahora José Ignacio Wert. La competencia para autorizar la apertura de una facultad la tienen las consejerías de Educación de las autonomías. Pero como necesitan conveniar con un hospital, también intervienen las consejerías de Sanidad.
Es decir, en la práctica los ministerios no dicen a una autonomía si puede o no puede abrir más facultades. “Pero el responsable último es el Gobierno. Si esto ocurre es porque hay leyes que lo permiten. Cámbiense”, subraya Rodríguez Sendín. El Ministerio de Sanidad asegura que él solo se encarga de la formación sanitaria especializada (MIR), que “se adecua a las necesidades del Sistema Nacional de Salud”, explica una portavoz. Es el Ministerio de Educación, por tanto, junto con las comunidades autónomas, el que puede explicar el por qué de este fenómeno y si está previsto ponerle freno como piden todas las organizaciones médicas. Educación alegó “cuestiones de agenda” para no responder a las preguntas de este diario durante 15 días.
Detrás de la apertura de facultades ha habido intereses tanto políticos como económicos. Una universidad privada cobra entre 10.000 y 20.000 euros por un curso. “Si somos el segundo país con más facultades de Medicina es por algo. Esto es simplemente porque hay dinero detrás. Son unos estudios muy demandados, a los que entran los mejores y la gente paga”, dice Rodríguez Sendín. La proliferación de facultades ha generado polémica en algunas regiones por el uso de instalaciones públicas (hospitales) para un uso particular. José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, ha denunciado que hay hospitales públicos en Madrid que cobran menos a las universidades privadas que a las públicas por hacer uso de sus instalaciones.
Hay otras siete nuevas facultades de Medicina en estudio. La delCampus Mare Nostrum (Murcia) y la de la Universidad Católica San Antonio (Alicante), ambas privadas; una concertada en Vic (Barcelona) y cuatro públicas, tres en Andalucía (Almería, Jaén y Huelva) y otra en Baleares. Algunas ya tienen el plan de estudios aprobado por la ANECA; otras cuentan con el terreno cedido por el Ayuntamiento; la de Vic pretende abrir en el curso 2015-2016, pero ningún responsable quiso responder a si cree que es necesaria otra facultad en el área de Barcelona. La Católica San Antonio no contestó a este diario en 15 días.
Desde la Universitat de les Illes Balears, el catedrático Félix Grases explica que llevan 15 años pidiendo estudios de Medicina y que Baleares es la única comunidad que no los tiene. Y precisa: “Iniciaríamos la carrera en tercero, de forma que no incrementaríamos el número de estudiantes de Medicina”. Grases da la razón a las organizaciones que piden que el Gobierno ponga freno a la multiplicación de facultades: “Se han creado estudios con toda la alegría del mundo, y con esto hay que ser muy prudentes para no saturar el mercado”.
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