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El enfrentamiento interno, la falta de transparencia y la tacañería hunden su imagen en España.
Ser empresario es una tarea difícil, a veces imposible, como se ha visto en estos años. No es el caso de Coca-Cola. Sus embotelladores reciben una especie de jarabe viscoso con la fórmula secreta de la felicidad, que mezclado básicamente con agua esterilizada produce este refresco, líder de ventas en el mercado español. Se trata de una actividad casi en régimen de monopolio y muy lucrativa, porque con la excepción del avance de las bebidas no azucaradas como los zumos, apenas tiene competencia. Fuentes industriales reconocen que deja un margen generoso, superior al 50 por ciento, y que su precio en España está por encima de la media.
Sin embargo, a los directivos de Coca-Cola en España, que preside Marcos de Quinto, se les ha debido de helar la sonrisa. El Instituto de la Felicidad que crearon para ligar la bebida al estado de ánimo de sus usuarios tendrá que ser clausurado, probablemente, para siempre. Todo por la desmedida ambición de los propietarios de la embotelladora Iberian Partners, un grupo familiar que capitanea Sol Daurella.
Los dos principales propietarios de Casbega, la planta de Madrid, Jaime Castellanos y Víctor Urrutia, aprobaron, por ejemplo, un dividendo para repartirse más de 300 millones de euros antes de integrar la sociedad en el holding de Daurella. Su fábrica de Fuenlabrada es una de las cuatro que pretende echar el cierre y poner a todos los empleados de patitas en la calle por el módico coste de 30 días por año, después de diversas negociaciones.
También clausurarán sus puertas definitivamente las plantas de Alicante, Oviedo y Palma de Mallorca, con el fin de que cada una de las nueve restantes se dedique a una línea de producción con objeto de mejorar su competitividad. Pero, ¿por qué es necesario ejecutar tantos cierres en un negocio tan redondo? El motivo es que desde la sede central de Coca-Cola en Atlanta (Estados Unidos) se quiere reducir a media docena sus franquicias mundiales.
Los empresarios españoles, que hasta ahora vivían felices amasando una suculenta fortuna al margen del resto de afligidos contribuyentes, se vieron obligados de repente a emprender una loca carrera por concentrarse a fin de evitar ser engullidos por alguno de los grandes grupos europeos. "La alternativa era crecer o desaparecer", señala una fuente autorizada de la empresa. Se ha emprendido el camino para mejorar la gestión con objeto de mantener mercados como el norte de África o Portugal y de atacar otros como parte de Alemania o Estados Unidos.
La iniciativa conlleva una reorganización industrial, que refuerza, como informó elEconomista, la presencia en Barcelona a cambio de que la Generalitat abandonara la idea de gravar con un impuesto bebidas azucaradas como la Coca-Cola. En paralelo, se traslada la sede fiscal a Madrid, para mejorar el beneficio fiscal, tanto de la empresa como de sus socios. La capital de España acogerá también la actividad de planificación comercial y de marketing, de manera que por término medio no perderá empleo con respecto a la situación anterior y éste será de mayor cuantificación.
El plan se completa con la salida a bolsa de parte del negocio para financiar el crecimiento allende los mares. Se trata, en definitiva, de una estrategia que persigue la máxima empresarial de optimizar el beneficio y minimizar el gasto. Todo es perfecto, casi irreprochable. Incluso que la principal accionista de la nueva y pujante embotelladora, Sol Daurella, administre su patrimonio cercano a los 850 millones desde Luxemburgo para pagar menos impuestos en España, donde tiene su principal fuente de ingresos, sino es porque pretende aprovecharse de la rebaja de las indemnizaciones por despido recogidas en la reforma laboral.
Los abogados del prestigiosos bufete laboralista de Sagardoy, que asesoran la operación, han metido la pata en esta ocasión. Es impensable que la autoridad laboral acepte el recorte de empleo en este caso por pérdidas económicas o por la mejora de la innovación tecnológica y tampoco a causa de la reorganización industrial, como recordó esta semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Si Coca-Cola, con beneficios de 300 ó 400 millones anuales, quiere reestructurarse, que lo haga a costa de su cuenta de resultados, en lugar de la de sus empleados.
La falta secular de transparencia de la marca americana en España; el enfrentamiento entre Daurella y Marcos de Quinto, investido por Atlanta en el portavoz oficial del conflicto, y la creciente indignación ciudadana han creado la tormenta perfecta. Las ventas caen con fuerza en febrero, mientras nadie parece estar al frente de la nave, que hace aguas por todas partes, en un momento en que urge dar un golpe de timón, ser generoso con los empleados y reconquistar el favor de los consumidores.
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