Madrid propone que los médicos de la sanidad pública dejen de ser funcionarios
El consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty pone el ejemplo
británico donde los médicos de familia son autónomos y los especialistas
firman un contrato individualizado.
"Los funcionarios no tienen elementos de motivación más allá del altruismo", sostiene el político del PP
Las políticas y propuestas sanitarias madrileñas han marcado el paso de las medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de Madrid.
Es el pilar al que falta meter mano. Los tambores
comienzan a sonar. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty, se ha convertido en una figura nacional a base de
profundizar abisalmente en la transformación del modelo sanitario bajo
la premisa de la gestión privada de los recursos públicos. Este lunes 9
de diciembre ha demandado que la sanidad pública sea un mercado laboral
"más flexible". Ha puesto así la primera ficha de otra serpiente de
dominó: los recursos humanos sanitarios.
Lasquetty ha inaugurado unas jornadas organizadas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid tituladas Derecho a la sanidad: ¿Realidad o mito? En
ese contexto ha analizado que España "apenas se fija en los métodos de
organización y gestión de otros países". Y ha puesto el acento en "la
rigidez en los recursos humanos". Acto seguido ha puesto el ejemplo del
NHS británico donde "en Atención Primaria los doctores son autónomos" al
cargo de los consultorios. Y en los hospitales "los médicos firman un
contrato individualizado sujeto a revisión periódica acerca de la
necesidad de esa actividad y la remuneración". Flanqueado por el rector
de la universidad, Julio Martínez, y el decano de la facultad de
Derecho, Íñido Navarro, el consejero madrileño ha asegurado que "los
funcionarios no tienen elementos de motivación", más allá del
"altruismo", ha añadido ante un foro no muy numeroso en el salón de
actos de la institución.
Los movimientos de la
administración sanitaria de la región van en ese camino: desprenderse de
trabajadores funcionarios. A las privatizaciones encadenadas de
servicios de mantenimiento y gestión (la cesión de limpieza se llevó 250
interinos, la lavandería unos 300) se ha sumado la jubilación forzosa
de 700 médicos en 2013. Las políticas que se llevan a cabo en Madrid se
calcan más o menos al trasladarse al Boletín Oficial del Estado. En
Canarias este año han sido 149 médicos los que han salido del sistema
por jubilaciones. Euskadi prepara un plan para aplicar esta normativa a
736 doctores. El pasado octubre, la ministra de Sanidad, Ana Mato,
avanzó que estudia "50 medidas" sobre política de gestión de recursos
humanos en sanidad con el horizonte de flexibilizar las necesidades
futuras, según contó hace un par de meses.
Lasquetty marca tendencia
La comunidad gobernada por Ignacio González (secretario general del PP
de Madrid, dirigido aún por Esperanza Aguirre) marca tendencia. Si ha
ido un paso más allá en la privatización del sistema y ha subastado este
año la gestión de seis hospitales, otras regiones siguieron el ejemplo
como Castilla-La Mancha. La batalla legal que ha bloqueado el proceso en
Madrid ha sido el motivo de que la presidenta castellano manchega María
Dolores de Cospedal y su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz,
hayan echado el freno momentáneamente. Una vez más, el ejemplo madrileño
sirve de avanzadilla, en este caso de aviso de prudencia.
Pero la actuación del Partido Popular sigue ese patrón. En diciembre de
2010, el equipo de Lasquetty elaboró un documento titulado Límites a la cobertura de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
en el que se elegían de entre todas las prestaciones [...] aquéllas que
podrían ser potencialmente limitadas o excluidas en el futuro". Y
añadía que "quizá debiera considerarse, en vez de la exclusión, el
establecimiento de criterios más rigurosos para el acceso a las mismas" o
"valorarse en determinados servicios/prestaciones, la participación del
paciente en el pago del tratamiento". Revelado el documento, Lasquetty
adujo que "no forma parte de ningún proyecto político". Evidentemente,
la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre esa cartera de
servicios. Y el Partido Popular todavía era la oposición al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero. Un año después, tras la victoria
electoral de Mariano Rajoy, el
Ministerio de Sanidad ha establecido el copago farmacéutico, el de
transporte sanitario y la modificación del acceso a determinados
servicios sanitarios.
Javier Fernández Lasquetty ha vuelto a insistir en que "el sistema
sanitario nunca ha estado tan amenazado" para justificar una reformas
"que son imprescindibles". Su antagonista en el Parlamento madrileño y
diputado regional socialista, José Manuel Freire -presente en la
audiencia-, cree que "claro que se tienen que hacer reformas, pero lo
que no debe hacerse es tirar al niño con el agua con la que se le ha
lavado", en referencia al desmantelamiento del sistema como se entiende
ahora. El consejero -crecido políticamente al calor de la fundación
FAES- ha abrochado su intervención vaticinando que la crisis "es una
oportunidad para salir con un sistema sanitario mejor que garantice el
derecho a la sanidad, que en España es una realidad, no un mito". Tras
la salida de Lasquetty, la sala se metía en un debate sobre la
"respuesta política: ¿Es la privatización la solución para la
sostenibilidad del sistema?" Quien ha dado la respuesta desde hace
meses, por parte al menos de la Comunidad de Madrid, había abandonado ya
el foro.
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