Los niños invisibles

La inscripción del nacimiento en el Registro Civil es el “primer derecho” que debe reconocerse a toda persona al nacer, pues implica el derecho a recibir una identidad y a ser considerado como parte de la sociedad a la que pertenece (1).

El registro de nacimiento podemos definirlo como la constancia oficial y permanente del nacimiento de un niño (2) que un determinado nivel administrativo del Estado asienta en un archivo (3). En la generalidad de los países, mediante la inscripción se concede al niño un certificado de nacimiento, en el cual se incluirán distintos datos, que como mínimo deberían incluir el nombre del niño, de los padres, del personal facultativo que atendió el parto y el lugar y fecha de nacimiento. Además, en los países en que se concede la nacionalidad según el lugar de nacimiento (“ius soli”), el certificado de nacimiento también le acredita como nacional de dicho Estado.

Los 10 países con el porcentaje de inscripción de nacimiento más bajo se encuentran en el África subsahariana. En India, uno de cada tres niños no se inscribe al nacer.

Los datos son alarmantes: casi 230 millones de niños de menos de 5 años no están registrados. De ellos, más de la mitad (59%) vive en Asia y el otro 37% vive en el África Subsahariana. En esta última región, el 44% de los niños no han sido inscritos, si bien con niveles que van desde el 3% en Somalia hasta el 95% en Suráfrica. En la mayoría de países hay diferencias importantes entre las áreas rurales y urbanas, pero no se observan diferencias significativas entre las inscripciones de nacimiento entre niños y niñas (4).

¿Cuáles son las principales causas?

La falta de inscripción de nacimiento en el Registro Civil se debe a multitud de razones. Ante todo, en ciertos entornos familiares y sociales existe falta de conciencia social y de conocimiento del procedimiento, pues se considera como una simple formalidad legal y de poca trascendencia.

Además, en ciertos países la inscripción del nacimiento no se considera como una de las prioridades de la agenda de los Estados, existiendo cierta pasividad política (por ausencia de legislación específica) y administrativa (ya sea por insuficiencia de recursos o de formación inadecuada a los encargados de registrar los nacimientos).

La pasividad política de los Estados, las barreras administrativas, así como la falta de conciencia social se consideran como causas principales de la falta de inscripción de nacimiento.

Así, en muchos Estados existe una excesiva burocratización de la inscripción de nacimiento, ya sea por el centralismo de registros, siendo demasiado costoso para los padres los viajes y el tiempo que precisan ausentarse de sus tareas laborales para la inscripción, o la obligatoriedad en ciertos países de satisfacer una tasa o la imposición de una multa para el caso de inscripción tardía.

Además, también existen problemas de inscripción en el caso de madres solteras: en Indonesia no puede inscribirse el nacimiento del niño sin presentar el certificado de matrimonio de los padres o en Bhután, donde no puede inscribirse el nacimiento del niño si el padre es desconocido.

Las consecuencias de no estar inscrito

Niños en la India [Foto: Gauthamkanchodu via Pixabay]

La inscripción de nacimiento abre el camino a derechos fundamentales para los niños como son el derecho a la educación, a la sanidad o a ser considerado parte del sistema social y político de su país. Además, tiene consecuencias también a escala macroeconómica, al ser imposible realizar por el Estado previsiones adecuadas y acordes con la realidad. Analizamos las más destacadas:

• Derecho a la educación: aunque son minoritarios, en algunos países, como Camerún o Sudán, es preciso presentar el certificado de nacimiento para inscribirse como alumno en una escuela, y en otros se requiere para ser beneficiario de una beca o para acceder la universidad.  Además, a nivel macroeconómico, sin datos demográficos reales, los Estados no pueden realizar las previsiones correctas relativas a la construcción de escuelas o el número de profesores que debe formar.

• Derecho a la sanidad: sólo los niños inscritos se computarán en programas de inmunización u otras campañas sanitarias, así como se tendrán en cuenta para las estadísticas sanitarias del país precisas para diseñar políticas de planificación de la salud pública.

• Matrimonio prematuro: al no conocer la edad de los futuros esposos, pueden producirse matrimonios de niños que no han alcanzado la edad legal para contraer matrimonio.

• Protección contra la explotación infantil y los malos tratos: el desconocimiento de la edad real de los niños supone que sean un blanco más fácil para las redes de prostitución u otras formas de esclavitud o para que trabajen antes de la edad legal para hacerlo.

• Justicia juvenil: el certificado de nacimiento puede ser esencial para que en caso de ser arrestado, el niño no sea considerado y procesado judicialmente como un adulto.

• Subsidios estatales y participación en la vida social y política: el certificado de nacimiento es esencial para multitud de ámbitos de la vida social: la concesión de un pasaporte, una licencia matrimonial o un carné de conducir, la apertura de una cuenta bancaria, el acceso a puestos de funcionario público, la posibilidad de heredar propiedades o para ser partícipe activa y pasivamente en una elecciones.

¿Qué hacer para que no sean invisibles?

Ante esta realidad, se han implementado distintas medidas para intentar mitigar el problema. Así, UNICEF ha desarrollado un programa por el que se permite la inscripción de nacimiento mediante el uso de tecnologías de la información (mediante el envío de un SMS). También ha habido campañas de concienciación de la necesidad de inscripción haciéndolo coincidir con una fecha determinada. Por ejemplo, en el caso de Afganistán se hizo coincidir con la campaña de vacunación contra la polio.

De entre las medidas para fomentar la inscripción de nacimiento destacan las campañas públicas de concienciación a la ciudadanía o las reformas legislativas.

Madres y niños en la República Central Africana [Foto: Hdptcar via Wikipedia]

Por otro lado, en algunos países se potencian reformas legislativas. En Uzbekistán, casi el 100% de los niños están inscritos ya que se concedió una pequeña ayuda si se procedía a inscribir a los recién nacidos. Por otro lado, en Bangladesh se aprobó una nueva Ley en 2006 estableciendo que la inscripción del nacimiento servía como prueba para acceso a los servicios.

Los esfuerzos para incrementar el número de inscripciones están dando sus frutos. Así, del año 2000 al 2010 se ha mejorado la ratio, pasando del 58% al 65% de nacimientos inscritos en el mundo.

Así pues, la falta de inscripción en el Registro civil es imprescindible para garantizar que millones de niños tengan reconocidos sus derechos fundamentales y que los Estados puedan tener datos fiables para luchar contra múltiples problemas, por lo que es necesario seguir trabajando para conseguir que cada niño nacido sea debidamente inscrito en el registro de su país.

(1)  El derecho de inscripción del nacimiento es reconocido en múltiples convenios internacionales, de entre los cuales destaca la Convención sobre los Derechos del Niños, de 20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 7 dispone “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”

(2)  Utilizaremos “niño” para referirnos indistintamente a niño o niña.

(3) Esta definición y el texto en su conjunto, utilizado como bibliografía:http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest9s.pdf

(4)  Estos datos han sido sacados del Estudio publicado por UNICEF en el siguiente enlace: http://www.unicef.org/mena/MENA-Birth_Registration_report_low_res-01.pdf

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Ara Malikian. Pisando flores

Aerosmith - Crazy

La batalla contra la pobreza

LA CUARTA PÁGINA

Un país desarrollado como España no debe permitirse el nivel actual de desigualdad de ingresos y sus consecuencias. Es urgente una reforma del programa de rentas mínimas y de los servicios sociales

Salario mínimo

 

Pobreza

 

Política social

 

Salario

 

Desempleo

 

Empleo

 

Problemas sociales

 

Condiciones trabajo

 

Sociedad

 

Trabajo

r

España había conocido desde mediados de los años setenta un largo periodo de reducción de la desigualdad de rentas, un proceso que, aunque frenado durante el último ciclo de crecimiento económico, nos permitió situarnos en posiciones cercanas al promedio de los países de la OCDE. La Gran Recesión ha cambiado el signo de esa evolución y España se ha convertido en uno de los países desarrollados donde más está creciendo la desigualdad de rentas.

No es tan extraño si se tiene en cuenta la magnitud de la pérdida de empleo y el modo en que esa pérdida ha afectado a los hogares con rentas más bajas. La cifra de hogares en los que todos sus activos están en paro se acerca ahora a los dos millones, cuando era de 380.000 a finales de 2007. Y los hogares sin ningún perceptor de ingresos eran 170.000 y son ahora 769.000. Ya en 2010, los hogares que estaban en el decil más bajo del nivel de renta venían perdiendo desde 2007 un promedio anual de un 14% de su renta disponible, cuando la pérdida promedio del conjunto de los hogares era del 3%.

La evolución de la desigualdad de rentas, en todo caso, tiene causas de largo recorrido y combatirla eficazmente tomará un tiempo, cuando menos el necesario para una fuerte y prolongada recuperación del empleo. Pero la pobreza es mucho más acuciante; sobre todo la pobreza severa, que puede ocasionar carencias de bienes materiales y de inclusión social irreversibles. Y la pobreza severa se puede y se debe combatir a más corto plazo.

El indicador de pobreza severa puede servir como referencia de las situaciones de necesidad que merecen una protección prioritaria y urgente. Incluso con un umbral de pobreza severa muy bajo, el 30% de la mediana —que se situaría en 657 euros mensuales para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores—, el porcentaje de población española en esa situación alcanza un 8%, lo que equivale a una cifra cercana a cuatro millones de personas: un país del nivel de desarrollo de España no debe permitírselo.

La crisis económica ha sometido a todo el sistema español de protección social a un durísimo test, especialmente para las partes que sirven de última malla de seguridad: el sistema de garantía de ingresos mínimos, en particular, y los servicios sociales públicos, en su conjunto. Su función más específica es prevenir que una situación prolongada de crisis económica no derive, como efectivamente está ocurriendo, en una situación de emergencia social.

El programa de rentas mínimas viene siendo desplegado por las comunidades autónomas desde principios de los años noventa. Los esfuerzos de este programa se han duplicado con creces durante la crisis, pero manteniéndose en cifras modestas: 217.358 perceptores; 3.236 euros de cantidad anual media por perceptor y un gasto anual total de 855 millones (datos referidos a 2012). Su balance puede simplificarse en dos notas. Por un lado, tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza severa. Por otro lado, y aunque con notables singularidades en alguna comunidad autónoma, es muy limitado en cobertura de la población necesitada y claramente insuficiente en intensidad protectora, siendo también débil en mecanismos de activación para el empleo de los beneficiarios potencialmente activos.

Todo el sistema de protección se ha visto sometido a un durísimo test por la crisis

La necesidad de una reforma de tal programa viene siendo argumentada por expertos y por entidades de acción social. El Círculo Cívico de Opinión ha hecho suyas algunas de las propuestas formuladas en ese sentido a sabiendas de que la reforma sólo sería viable con una implicación muy directa de la Administración General del Estado. Hay varias opciones para ello, pero todas requieren el diálogo con las comunidades autónomas y un adecuado encaje constitucional. Una de esas opciones consistiría en establecer un programa básico estatal de renta mínima de inserción, garantizada como derecho, en el que se integraran, además de las rentas mínimas de las comunidades autónomas, la renta activa de inserción y el Programa de Recuperación Profesional (PREPARA), gestionados por la Administración central. Podría estudiarse también, como incentivo para el empleo, hasta qué límite los perceptores pueden hacer compatible esta ayuda con ingresos por trabajo.

En el campo de los servicios sociales, la acción combinada de Administraciones autonómicas (que tienen esta competencia) y locales, junto a los planes concertados con la Administración central, han conseguido un éxito estimable en el acopio de recursos y la difusión del modelo de atención primaria y de servicios sociales básicos. Sin embargo, no se ha logrado cubrir toda la demanda, ni siquiera la correspondiente a la población en riesgo mayor de exclusión, dejando un amplio campo de acción a las entidades voluntarias. Por ejemplo, Cáritas ha informado de que el número de personas atendidas en sus servicios se multiplicó por tres entre 2007 y 2012, y que un 67% de las personas que acceden a sus servicios han acudido antes a los servicios sociales públicos.

La crisis ha hecho aún más visibles algunas de las escaseces del sistema público de servicios sociales. El fuerte incremento de la demanda y las reducciones presupuestarias en la materia —muy extendidas y apenas bien cuantificadas— han ocasionado una cuantiosa deriva de demandas hacia los servicios privados y un endurecimiento de los requisitos de acceso a los públicos. Con todo, los problemas de los servicios sociales no son sólo de escasez de recursos para enfrentar consecuencias de la crisis. Otro de los más importantes es que el sistema, por su propio diseño institucional, supone fuertes desigualdades territoriales en los elencos de prestaciones y los regímenes de acceso. Eso hace que las diferencias de gasto en algunas prestaciones puedan oscilar por comunidades autónomas entre uno y cinco, diferencias no atribuibles a distintos niveles de la demanda o de riqueza entre los territorios.

La situación económica puede provocar una pérdida de cohesión social de efectos imprevisibles

La mejora de los servicios sociales exige, pues, iniciativas que incrementen la aportación financiera de la Administración General del Estado, así como una regulación clara de sus funciones y de las condiciones de acceso, que aseguren la igualdad en este ámbito, siempre dentro de las opciones que permita el marco constitucional. Su objetivo principal ha de ser garantizar paulatinamente el acceso igualitario, en el plano territorial, a catálogos nacionales de prestaciones para algunas situaciones graves de necesidad social.

La brecha entre la demanda de servicios sociales y la capacidad de respuesta de la oferta de servicios públicos ha permitido que los agentes del sector no lucrativo hayan desempeñado una labor muy estimable, sobre todo en el nivel de los servicios especializados. Una buena parte de sus actividades ha sido objeto de ayuda pública, por medio de subvenciones y de gestión pública indirecta. La subvención debe entenderse como un medio de ayuda y fomento para la acción privada, pero no una alternativa a la acción pública obligatoria.

La etapa que ha vivido y aún está viviendo la sociedad española puede dejar un deterioro irremediable en las oportunidades de vida de los más vulnerables y, con ello, una pérdida de cohesión social de efectos imprevisibles. Comienza a dejarse atrás la crisis, pero sus efectos más duros todavía no son del todo perceptibles. La proporción de parados sin prestaciones por desempleo sigue aumentando y las Administraciones agotan los recursos destinados a los programas de ingresos mínimos y a los servicios sociales.

España ha realizado, y tendrá que seguir realizando, un importante programa de reformas para el crecimiento económico y la regeneración política. La legitimidad de esas reformas necesita la compañía de un compromiso efectivo de no dejar de lado a quienes están en las posiciones sociales más precarias. Urge, por ello, comprometer una mejora efectiva del sistema de garantía de mínimos y de la red pública de servicios sociales. Completar esa mejora tomará tiempo y recursos. Aplazarla hará que el daño social de la crisis resulte menos soportable y, aún peor, se haga más irreversible.

Rodolfo Gutiérrez es catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo y socio fundador del Círculo Cívico de Opinión.

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La Seguridad Social retrasa la jubilación de 35.000 despedidos

CAMBIOS EN LA PENSIÓN »

Empleo niega el retiro anticipado a los 61 años de los que sufrieron rescisiones individuales de contrato antes de abril de 2013 y pagan un convenio especial

El fotógrafo Pedro Corro muestra la carta en la que se le notifica la negativa a su jubilación 

Ana cumplió 61 años el 30 de julio. Agosto iba a ser el primer mes en que cobrara su pensión de 2.137 euros brutos mensuales, según le había informado la Seguridad Social en abril de este mismo año. “Parece desprenderse que usted reúne los requisitos para acceder a la jubilación en la fecha indicada [30 de julio de 2014] de acuerdo con la legislación vigente”, dice la carta que recibió del instituto público. Sin embargo, tres meses después el criterio ha cambiado y Ana se encontró con una notificación en la que le negaban su solicitud oficial para jubilarse el mismo 30 de julio, el día de su cumpleaños, y tendrá que esperar dos años más para hacerlo. Como ella, hay otras 35.000 afectados —a un ritmo de 7.000 al año hasta 2018 incluido—, según fuentes oficiales del Ministerio de Empleo.

Hasta el 13 de junio Ana, temerosa de dar su nombre verdadero, se habría jubilado sin problemas. Pero ese día la dirección general de ordenación emitió un nuevo criterio de interpretación de las reglas de la jubilación anticipada que hacía más restrictiva su aplicación. Como norma general, la retrasa en dos años (o, incluso, hasta cuatro) para trabajadores que perdieron su empleo en despidos individuales antes de abril de 2013 y tienen suscritos un convenio especial por el que asumían el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Otro posterior del 1 de agosto incluyó también a quienes suscriben un convenio cobrando al mismo tiempo el subsido por desempleo.

Ahora Ana, que suscribió un convenio especial durante tres meses para mantener su base de cotización, a razón de 850 euros al mes, y que su futura pensión no menguara, se enfrenta a dos años en tierra de nadie. No puede seguir pagando el convenio especial, estará dos años más sin cobrar nada y, además, al no tener dinero para cotizar durante 24 meses más verá como su pensión futura se reduce. Un doble golpe.

El 13 de junio el instituto público cambió el criterio seguido hasta ahora

En abril de 2013, el Gobierno endureció los requisitos de la jubilación anticipada. Hasta entonces había que estar en paro, tener 61 años y tener cotizados 30 años para retirarse del mercado laboral antes de tiempo. Después del 1 de abril del año pasado hay dos vías para llegar a la jubilación anticipada: si el trabajador había perdido su empleo en un ERE, puede retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal de jubilación; y si procedía de un despido individual, tenía que esperar hasta dos años antes.

En este último caso, había una excepción: haber sido despedido antes del 1 de abril de 2013. Si era el caso, el afectado podía jubilarse con la legislación anterior hasta 2019, excepto si “con posterioridad a tal fecha no vuelva a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, explicaba una disposición de la reforma. Hasta el pasado 13 de junio, Empleo no interpretaba como “inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social” la suscripción de un convenio especial. Y así, Manuel Sánchez Galán, de 61 años, que perdió su empleo en 2010 y firmó un convenio con la Seguridad Social en 2012, ha podido jubilarse en marzo de este año.

Justo un mes después, en abril, Ana firmó su convenio, pero ya no ha podido jubilarse. Tampoco ha podido hacerlo Pedro Corro, un fotógrafo que, como Ana, acumula más de 40 años cotizados y cumplía los 61 años el pasado 19 de julio. Él ha estado pagando por su convenio especial durante un año y tres meses: 900 euros al mes. También él, como casi todos los afectados consultados para elaborar esta información, siguió los consejos de los funcionarios de la Seguridad Social y tiene cartas informativas previas al 13 de junio en las que el instituto público le dice que se puede jubilar a los 61 años.

“Solo es una aclaración de la norma”, defiende el Ministerio de Empleo

“Se trata de aplicar la legislación de la norma más garantista posible. La Seguridad Social está en permanente proceso de revisión de sus actuaciones dada la enorme casuística que tiene que atender, siempre desde la equidad y el interés general”, argumentan desde el Ministerio de Empleo, donde niegan haber cambiado de criterio: “Solo es una aclaración ante las diferentes interpretaciones que había”.

En el Ministerio, calculan que su “aclaración” afecta a 7.000 personas cada año entre 2014 y 2018, es decir, a 35.000. Y señalan que este número es holgado para los que creen que será finalmente, puesto que cada año, defienden, menguarán los afectados. No obstante, Empleo para su cálculo solo parte de las 132.445 personas que en julio tenían suscrito uno de los dos convenios afectados por el cambio de criterio. La cifra no tiene en cuenta que la nueva interpretación de la norma llevará a que muchos potenciales suscriptores que en un futuro iban acogerse a algún convenio para mejorar su carrera de cotización o mantener su base y percibir una mejor pensión, no lo harán a partir de ahora. Y tampoco suma a quienes habiendo pagado convenio en algún momento han tenido que dejar de hacerlo sin llegar a jubilarse.

El cambio de criterio ha llevado a los sindicatos mayoritarios a reaccionar. Ambos, UGT y CC OO, ha pedido a Empleo que rectifique en el consejo del Instituto Nacional de Seguridad Social y los responsables del ramo de ambas centrales (Carmen López y Carlos Bravo, respectivamente) han enviado sendas cartas exigiendo la vuelta a la situación anterior. En la misma línea, ambos sindicatos ayer emitieron dos comunicados.

Además de la batalla sociopolítica, ahora a la Seguridad Social se le abre el frente judicial. Ni Ana ni Pedro, ni los otros afectados consultados se conforman. La primera ya ha presentado una reclamación de 13 páginas. “Estoy esperando a que mi abogado vuelva de vacaciones para poner la demanda en los tribunales”, explica el segundo. Lo mismo están haciendo dos afectados de Valladolid que prefieren no dar sus nombres porque sus antiguas empresas —con la que pactaron el despido con el horizonte del criterio previo al 13 de junio— están sopesando ser ellas quienes carguen con el coste del pleito.

Las normas para acceder antes a la pensión

• Desde abril de 2013 hay dos formas de acceder a la jubilación anticipada: la forzosa, para quienes han perdido su empleo en un despido colectivo, y la voluntaria, los trabajadores que han perdido su empleo en rescisiones de contrato individuales. En ambos casos hay que haber cotizado al menos durante 33 años.

• Los despedidos en regulaciones de empleo, convenios colectivos, acuerdos colectivos de empresa y en procedimientos causados por concursos de acreedores pueden jubilarse hasta cuatro años antes de la edad legal (entre 65 y 67 años, según el tiempo cotizado) con coeficientes de reducción por cada trimestre que se adelante el retiro entre el 1,5% y el 1,875%.

• Los despedidos individuales, en cambio, solo pueden jubilarse hasta dos años antes de la edad legal con coeficientes de reducción entre el 1,625% y el 2%.

•  Ambas normas no se aplican a quienes han sido despedidos antes de abril de 2013. La excepción está vigente hasta el 1 de enero de 2019 y se pierde si el trabajador vuelve a quedar integrado en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. No se consideran los periodos de cotización esporádicos si no suman más de 30,5 días.

• Desde junio, la Seguridad Social entiende que los que firman un convenio especial vuelven a encuadrarse en un régimen de cotización y, por tanto, pierden la excepción a la aplicación.

• Según las cifras de la Seguridad Social, el pasado julio había 132.445 personas con un convenio especial ordinario o beneficiarios de subsidio por desempleo. Dentro de este colectivo hay unos 35.000 afectados por el cambio de criterio, a razón de 7.000 cada año.

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Manuel Carrasco - Y Ahora

 Mapa animado: la crisis del capitalismo se come la sanidad en Estados Unidos

Uno de los temas clásicos, si no el que más, usado por los críticos de Estados Unidos para atacar su sistema económico y social es su sistema sanitario. Una de las características principales de este sistema, que lo hace tan conocido y polémico a la vez, es su no universalidad. Es uno de los pocos países ‘industrializados’ que no ofrece un sistema de salud universal. Esto quiere decir que un porcentaje variable de la población no tiene ninguna cobertura sanitaria y en caso de necesitarla todo el gasto correría a cargo del bolsillo del particular. Atendiendo a los costes de la atención sanitaria, buena parte de la población estadounidense sin seguro médico no puede permitirse enfermar.

Pincha en el mapa interactivo para verlo ampliado

Para hacerse una idea uno puede fijarse en este mapa interactivo de los compañerosMetricMaps en el que vemos la evolución desde 1999 hasta 2012 del porcentaje de la población por estado sin seguro médico. En él se observa que, mientras los primeros años los porcentajes se van reduciendo fruto del buen estado de la economía, a partir de 2006/07 los números empiezan a crecer llegando al 25% en estados como Texas, Nevada o Lousiana. Estamos hablando de un cuarto de la población (en esos estados) sin ningún tipo de cobertura sanitaria.

Población sin cobertura médica

Para ser más específicos se exponen a continuación una serie de datos procedentes de la encuesta del National Health de 2012 sobre el número de habitantes con un nivel 0 de cobertura sanitaria. Los datos se muestran por rangos de edad, pues la administración estadunidense tiene programas de seguro públicos para mayores de 65 años y menores de 18 (detallados más adelante).

Entre los menores de edad un 6,6% de los encuestados no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria, mientras que el 93,4% restante se divide entre seguro privado (51,3%) y seguro público (42,1%). El grupo de edad más problemático es el de los adultos entre 18 y 65 años. Según la encuesta un 20,9% de los americanos no tiene seguro sanitario alguno y el resto dispone, en su gran mayoría, de seguro médico privado (64,1%) excepto un 15% de la población que tiene acceso a algún programa público de seguro sanitario atendiendo a circunstancias especiales.

No es casualidad que entre los años 2006/07 se produjera el cambio de tendencia hacia mayores porcentajes de población sin seguro o cobertura sanitaria pues el sistema sanitario de Estados Unidos tiene una gran dependencia del buen funcionamiento de su economía y al fallar ésta, con el inicio de la crisis, empieza a fallar todo. ¿Por qué?

¿Cómo funciona el sistema de salud de Estados Unidos?

Como ya se ha apuntado anteriormente, los servicios de salud en los Estados Unidos se dividen entre los sectores público y privado. El mayor proveedor de servicios de salud es el competitivo sector privado, generalmente contratado por el empleador aunque no sin contribución económica del empleado.

El sector público está representado por el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) y tiene como objetivo proveer los servicios sanitarios públicos a aquellos que no puedan permitirse un seguro privado. El Congreso determina el presupuesto del HHS.

Dentro del sector público, el gobierno de Estados Unidos es proveedor directo de servicios de salud a excombatientes, indios y nativos estadounidenses, así como a presidiarios.

El sector sanitario público se basa en tres pilares:

1. En primer lugar Medicare, destinado a todos los ancianos mayores de 65 años y personas con discapacidades permanentes (los beneficiarios pagan una parte).

2. El Medicaid, que tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de los más pobres, discapacitados y personas en estado de precariedad socioeconómica. Para beneficiarse de él es requisito imprescindible haber trabajado en el país durante 10 años. El programa tiene un límite de permanencia de 5 años.

3. El tercer pilar es el SCHIP (State Children’s Health Insurance Program). Este programa ofrece seguridad sanitaria a los niños menores de 18 años con bajos ingresos familiares, aunque superiores a los de los beneficiarios del Medicaid.

El sector privado se basa en la obtención de un empleo. La gran mayoría de seguros privados de salud son contratados por parte del empleador, el cual no está obligado a ello pero tiene ventajas fiscales importantes por proveer tales seguros. El coste es siempre compartido entre empleado y empleador. Se estima que un 75% de los empleados tenían seguro contratado en la empresa antes de la crisis. Cabe señalar, pero, que generalmente se trataba de seguros parciales, por prestaciones y con limitadas opciones de elección.

Principales problemas del sistema sanitario estadounidense

1. Baja eficiencia del sistema: Estados Unidos destina el 17% de su PIB a salud, de los que más en la OCDE, sin embargo ocupa una posición muy discreta en cuanto a resultados de indicadores como mortalidad infantil o esperanza de vida.
2. Poca orientación a la prevención: énfasis curativo al preventivo. Muy poca inversión en prevención y salud pública.
3. Alta proporción de población no asegurada: una gran parte de la población no tiene imposibilidad económica pero sí tienen enfermedades anteriores o permanentes.
4. Fuerte crecimiento de los costes de salud, para todos: los costes en salud han aumentado tres veces más rápido que el salario promedio.
5. Incentivos mal enfocados: Al pagar a los prestadores por prestación y no por resultados no existen incentivos orientados al uso eficiente.
6. Dependencia del empleo: El sistema sanitario depende en gran medida de tasas de desempleo muy bajas, pues es la obtención de un empleo lo que asegura una cobertura médica.

¿Cómo acabar con estos problemas? La reforma de Obama

La reforma del Sistema de Salud, oficialmente Ley de Protección a los Pacientes y de Cuidados de la Salud Asequibles (Patient Protection and Affordable Care Act – PPACA) fue propuesta por Barack Obama como emblema de su legislatura y pretendía transformar el ineficiente y “cruel” funcionamiento de la sanidad en el país. A continuación se exponen de manera muy breve los principales puntos de reforma del llamado “Obamacare”.

1. Asegurar a toda la población de Estados Unidos
2. Crear una bolsa de Seguros de Salud que permita ofrecer información fiable sobre seguros privados y aumentar la competencia, bajando así los precios.
3. Realizar cambios para las personas ya aseguradas que no permitan a las aseguradoras discriminar por enfermedades preexistentes o no renovar seguros por la aparición de una.
4. Incentivar la prevención. Tanto empresas como programas públicos tendrán la obligación de crear programas de prevención de enfermedades y controles rutinarios a aquellos más vulnerables.
5. Creación de un órgano independiente que controle la eficacia de los distintos tratamientos y ordenar así información muy útil.
6. Gran inversión para introducir y consolidar sistemas electrónicos de información médica. Menos costosos y más fiables.

La gran polémica que ha rodeado la reforma sanitaria de Estados Unidos durante los últimos años ha sido mayormente su financiación y las consecuencias económicas de ésta. Según Obama y sus partidarios, se conseguirá reducir los costes totales que tiene el sistema sanitario mientras que sus detractores aseguran que los precios subirán y no bajarán a los niveles anteriores. Pero este debate va más allá de los números, es una cuestión ideológica siempre palpable en la política estadounidense; sobre el papel del Estado y su intromisión en el libre funcionamiento del capitalismo liberal. Pero hablar de esto sería meterse en otro jardín y para ello sería necesario dedicar un artículo entero.

Foto de portada: proporción de población sin seguro médico. Fuente: Metric Maps.

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Marta Sánchez y Mónica Naranjo, la extraña pareja

Ellas sonríen a la cámara y tiran de (mucho) sentido del humor. Que para algo entre las dos suman medio siglo de carrera y las tablas suficientes para protagonizar y defender este sainete.

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Mónica Naranjo lleva vestido de Roberto Cavalli. Marta Sánchez viste americana de terciopelo de Sportmax y body de Intimissimi.

Foto: Pablo Zamora

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Se rumorea en Antena 3 que, cuando Carolina Cerezuela causó baja como jurado de la nueva edición de Tu cara me suena, a Mónica Naranjo (Figueres, 1974) le faltó tiempo para sugerir que la sustituta ideal sería Marta Sánchez (Madrid, 1966). Acababa de compartir con ella la gira Ídolos en México y, aun así, añoraba pasar más tiempo con su amiga. Una amistad que nació hace 20 años, el día en que se encontraron en un ascensor de un hotel de Guadalajara (o Monterrey, según versiones) y que se ha forjado en intempestivos embarques aéreos, en noches de hotel y en decenas de galas. Juntas forman un dúo con el que es difícil no reírse. Tienen mucho de tira cómica, de Zipi y Zape, de Hernández y Fernández. Naranjo confiesa que le encanta «picar a Marta» y a Sánchez le va la marcha. La complicidad es tal que, por el shooting, corretea Paula, la hija de Marta, ante la mirada de Óscar, el marido de Mónica Naranjo. Se han vuelto a encontrar en un momento crucial de sus carreras: Naranjo ha regresado a los escenarios para celebrar sus 40 años con la tournée MN 4.0, que encadena un «entradas agotadas» tras otro; y a Sánchez la pillamos haciendo las maletas antes de iniciar su nueva vida en Miami, junto a su novio Daniel Terán, donde esperan componer al alimón las canciones del nuevo trabajo.

Marta luce chaleco de Adolfo Domínguez y body de Wolford. Mónica, abrigo de astracán multicolor de Dior.

Foto: Pablo Zamora

¿Se llevan ustedes tan bien como aparentan? 

Mónica Naranjo: Es verdad, de toda la vida. Lo primero que le digo cuando la veo es: «¿Qué has hecho, serda?».

Marta Sánchez: Nos hemos admirado y respetado mucho desde el día que nos cruzamos en México por primera vez.

¿Nunca se han tenido pelusa? 

M. S.: Bueno, siempre he querido que la mataran, porque era demasiado buena, pero… aquí sigue, viva.

M. N.: En América han insistido en que lo nuestro era un «duelo de gatas». Ya no sabían qué inventar para vender revistas. Estamos lejos de eso; siempre ha habido un cariño enorme.

M. S.: No, cariño, no. Ya es amor. A ver si después de esto se van a inventar por ahí que existe un «romance de gatas»…

M. N.: No me importaría, en absoluto. Siempre he dicho que soy bastante gay, así que… que digan lo que quieran. ¡Pues sí, mira, somos novias!

Entonces, cuando Marta se negó a darle un pico en Tu cara me suena, en realidad, era un paripé.

M. N.: El beso existió, pero a hurtadillas. Fue el más morboso de la historia y nadie lo vio. Además, fue en un momento muy bonito.

M. S.: Sí, cuando lo sentimos. No cuando le apetece a la cámara. Yo no soy de ésas. Hago las cosas cuando las siento.

Chaqueta de esmoquin y sandalias, todo de Boss; body de Intimissimi, cadena de oro de Pesavento y medias de látex de Marta.

Foto: Pablo Zamora

Han comentado que hasta la dirección del programa se puso nerviosa con «la noche de los picos». ¿No era un guión? ¿En realidad no actuaba en ese momento Marta como «la mala malísima» del concurso? 

M. S.: ¿Yoooooo? ¿Yo soy mala? ¡Si yo soy un trozo de pan! ¡La mala era Mónica!

M. N.: Yo digo las cosas con sorna, y por eso la gente no sabe si es por cachondeo o por maldad.

M. S.: En mi caso se confunde con tener carácter: cuando hay algo que no me gusta, se me nota mucho. Incluso me cabreo. A ver, lo que quiero decir es que a mí, en la tele, no me pongas en una tesitura que me incomode, porque se me va a notar.

Ambas llevan más de 20 años en el mundo de la música. ¿Por qué creen que siguen siendo iconos del pop y no aparece nadie que les haga sombra? 

M. N.: Sí surgen. El gran problema es que la industria está agonizando. Hay muchas artistas que intentan sacar la cabeza y que no pueden por como está todo.

Pero de ellas, ninguna alcanza ese intangible estatus de divas que tienen ustedes.

M. S.: Yo esa palabra la odio, la detesto. Para mí es sinónimo de soberbia y altanería. ¡Mónica es más diva que yo!

M. N.: Mónica Naranjo, como personaje, sí es diva: es dramática, distante, sufrida… Encarna bien el calificativo.

Y cuando se encuentran Marta y Mónica, ¿quiénes hablan? ¿Los personajes o las personas?

M. S.: Las colegas, solo jodería, digo... solo faltaría.

M. N.: No me llevaría nunca el personaje a casa, me volvería loca. Te voy a contar una anécdota: cuando mi hijo Aitor era pequeño, volvía de un shooting y él estaba en el sofá. Al verme con el maquillaje y el vestuario, se me quedó mirando y me dijo: «Quítate a Mónica Naranjo antes de besarme».

Mónica lleva vestido de U by Adolfo Domínguez, anillo de Bernard Delettrez y zapatos de Gucci.

Foto: Pablo Zamora

Marta, ¿le ha pasado algo parecido con Paula? 

M. N.: No. Mi hija nunca me ha visto como «Marta Sánchez, la cantante». Lleva con una naturalidad aplastante la fama de su madre. Es más, odia que le recuerden que es «la hija de».

Se venden como buenas cantantes y buenas madres. Y eso que la conciliación familiar no es tarea fácil... 

M. S.: Nuestro estilo de vida es atípico. Pero es un grandísimo error pensar que se es mejor madre por pasar el desayuno y la merienda con tu hijo. Importa más la calidad del tiempo.

M. N.: Hay cosas que te pierdes, pero lo haces por su bien. Hoy, con 21 años, mi hijo Aitor agradece ser anónimo.

¿Qué admiran la una de la otra?

M. S.: Los cojones que tiene. ¿Se puede decir así, no? Es que no me gustaría decirlo de otra manera: aparte de ser una mujer valiente por cómo ha encaminado su vida, profesionalmente es una artista que siempre ha estado y ha puesto a todo el mundo en su sitio. En esta profesión, eso es lo más difícil.

M. N.: ¡Nunca me habías dicho nada así! (risas). Marta tiene 48 años y me quedo perpleja cuando dice que necesita una metamorfosis. Lo deja todo en España y se va a empezar de nuevo a Miami. Qué vértigo. Tú no sabes lo tenaz que llega a ser: toda la vida ha sido una hormiga.

Mónica lleva camisa lúrex de Max Mara y falda lápiz de Adolfo Domínguez. Marta, chaqueta oversize de plumas de marabú de Adolfo Domínguez y body de Intimissimi.

Foto: Pablo Zamora

Ya que Mónica ha sacado el tema. Marta, como diría Jeanette: «¿Por qué te vas?». 

M. S.: Se ha perdido un brillo, un rayo de sol, una chispa…

M. N.: … La magia, la sorpresa, el ingenio.

M. N.: Muchos colegas han dejado la música…

M. S.: … Porque no se pueden ganar la vida con esto. La creatividad se alimenta de ilusión, y ésta mengua cuando un compositor ve que le pagan cuatro euros por sus canciones.

¿Cómo va la mudanza?

M. S.: Muy heavy. Y esta sesión de fotos me ha caído como la pata de King Kong. Me dijeron: «Vete a comprar Germinal a la farmacia, que tienes una sesión, nada más y nada menos, que con S Moda». Llevo subiendo y bajando cajas un mes.

Eso debe ser buenísimo para tonificar el cuerpo, ¿no? 

M. N.: Doy fe. La he estado toqueteando y está más dura que el acero alemán… Y ya no cuento más.

Mónica lleva chaqueta de Emporio Armani y vestido con transparencias de U by Adolfo Domínguez. Marta, vestido de Roberto Diz.

Foto: Pablo Zamora

Estoy pensando que no todo puede ser tan ideal. Habrá algo que les irrite de la una y de la otra.

M. N.: Marta está todo el día: «Estoy fea. Hoy no estoy guapa…». Cuando empieza así, le digo: «¡Cállate ya, chochona!». M. S.: ¡Eso no lo pongas, ¿eh?!

M. N.: Cuando yo voy a un gimnasio, voy muy rústica. Ella no: ella se tiene que poner colorete.

M. S.: A ver, me pongo un poco de eyeliner y un poco de brillo… Lo hago por mí, porque me gusta verme bien. Porque cuando veo mis bíceps trabajar me gusta que estén acompañados por un pelín de cuidado en el rostro.

Le toca: ¿qué es lo que menos le gusta de Mónica?

M. S.: Que no sea un poco más humilde y no se cante un dueto conmigo de una puta vez. Es mu pesá.

M. N.: No, la pesada eres tú que me dijiste que ibas a escribir la canción y todavía la estoy esperando.

M. S.: No. Dijimos que la íbamos a componer juntas. 

M. N.: ¡Y ahora te vas a Miami! ¡A ver cómo lo hacemos, guapa! 

Marta, ¿le pasa las nuevas canciones de su disco a Mónica? ¿Es tan dura como en Tu cara me suena?

M. S.: Mucho, pero eso me mola.

M. N.: Eso se llama aprecio. La verdadera amistad es lo que tiene. La confianza da asco y hay que decir la verdad; si no, ¿qué clase de amigas somos?