7 claves para entender la justicia universal

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La jurisdicción universal, más conocida como justicia universal, ha copado en estos meses numerosos titulares de la prensa, sobre todo, española. En España, las últimas reformas llevadas a cabo por su gobierno han sido duramente criticadas por colectivos de derechos humanos y profesionales del derecho, haciéndose eco de un vacío legal que a través de un criterio personalista de las leyes, deja en desamparo a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de guerra y contra la Humanidad. Explicamos en siete sencillos puntos qué es la justicia universal, en qué consiste y la finalidad que persigue.

Augusto Pinochet en 1977 [Foto: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile via Wikipedia]

1. ¿Justicia universal o jurisdicción universal? La comúnmente llamada justicia universal, es conocida en el argot jurídico como jurisdicción universal y por algunos juristas, también como “el principio de jurisdicción universal”. La clave se halla en el significado de la palabra “jurisdicción”, entendiendo esta como el territorio en que un juez o tribunal pueden ejercer sus facultades como tal, esto es, para juzgar y hacer ejecutar lo que han juzgado. Al entenderse “universal” se infiere que el juez o tribunal oportunos pueden tener ese poder traspasando los límites del Estado soberano al que pertenezcan. Un ejemplo muy conocido de ello tuvo lugar en 1999 cuando el juez español Baltasar Garzón lanzó una orden de búsqueda y captura contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet.
2. ¿Qué es la jurisdicción universal? La jurisdicción universal es, en palabras de Xavier Philippe, un principio de Derecho que permite a un Estado traer a su jurisdicción a aquellos criminales de ciertos delitos contemplados en las leyes Internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario.
3. ¿Cómo se establece la jurisdicción universal en los Estados? La jurisdicción universal es un principio de Derecho establecido en los artículo 49/50/129/146 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en el artículo 85 de su Protocolo I Adicional de 1977 (todas ellos normas de Derecho Internacional Humanitario), además de en el artículo 4 y siguientes de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles o degradantes (norma de Derecho Internacional de los Derechos Humanos) que permite a los Estados perseguir y hacer perseguir a los criminales de delitos contra la tortura allá donde se hallen. Además, los Estados pueden entender también de aquellos delitos incluidos en el artículo 3 común a todos los Convenios de Ginebra, lo que extiende la aplicabilidad de este principio legal. Por otro lado, al tratarse todos ellos de normas de Tratados, para que el contenido de estas sea efectivo en un Estado, es necesario que los países ratifiquen estas normas, esto ocurre por ejemplo con la Convención contra la Tortura. En este enlace puedes consultar qué países han ratificado los Convenios de Ginebra y en este la Convención contra la Tortura. Estos Convenios son de obligado cumplimiento por los Estados que los ratifican, lo que significa que deben armonizar sus normas internas con el contenido y propósito de las normas contenidas en ellos.
4. ¿Qué objetivos persigue la jurisdicción universal? El objetivo que persigue la jurisdicción universal es denegar la impunidad a criminales de violaciones de derechos humanos independientemente del lugar de dónde provengan esos criminales y del lugar en el que hayan perpetrado sus delitos. Los crímenes de derechos humanos se entienden como suficientemente perjudiciales para la humanidad y el interés general que aquellos que los han cometido no deben, bajo la legalidad ni internacional ni nacional, quedar impunes y disfrutar de amnistía. De este modo, el objetivo cumple también con el propósito de traer justicia a las víctimas de esos delitos, si no es por parte de su propio Estado, a través de la soberanía de un tercero. Además, es importante apuntar que los crímenes de derechos humanos no prescriben en tiempo, lo que significa que los sospechosos de haberlos cometido, podrán ser juzgados mientras vivan.
5. ¿Cuántos países aplican el principio de la jurisdicción universal? Actualmente no se tiene una cifra exacta de cuántos países alrededor del mundo han integrado en sus sistemas judiciales este principio jurídico, pero se estima que entre 12 y 15.
6. ¿Qué obstáculos encuentra la jurisdicción universal en su aplicación? Los obstáculos para una implementación correcta de este principio responden a razones muy variadas.
   

   El presidente George H.W. Bush fue denunciado en Bélgica de acuerdo con el principio de justicia universal por la acción de EE.UU. durante la primera guerra del Golfo [Foto: Gerald R. Ford Presidential Library via Wikimedia]
   En primer lugar, existen numerosos países que a pesar de haber ratificado todos los Convenios mencionados con anterioridad, no han armonizado sus normas internas con lo dispuesto en estas normas internacionales. Esto se debe a que el principio de jurisdicción universal es entendido por algunos juristas como no obligatorio stricto sensu, aunque por otro lado, hay que recordar el carácter obligatorio de las normas en las que está establecido así como la responsabilidad de investigar, perseguir, y penalizar crímenes de derechos humanos que tienen los Estados según lo establecido por la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio del mismo año. Otros expertos, encuentran que otro gran problema es el correcto entendimiento de lo que este principio significa y el objetivo real que persigue, habiendo países en los que el principio opera solo en los casos de ausencia de total de jurisdicción en el país en el que se han cometido los crímenes o de los que proceden los criminales sospechosos. Por último, y no por ello menos importante, el problema y mayor obstáculo que encuentra este principio es que su aplicación no deja de ser una fuente de controversias entre Estados soberanos. En este sentido, y con el fin de no levantar ampollas en las relaciones diplomáticas e intereses entre Estados, muchos de ellos deciden limitar (como el caso de España) o prescindir de la aplicación de este principio, como es el caso de Bélgica, que aplicó la justicia universal desde el año 1993 hasta el año 2003.
7. El caso español. El antiguo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicialestablecía que España podía enjuiciar a españoles o extranjeros por los siguientes crímenes cometidos tanto dentro como fuera de sus fronteras: genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda, prostitución, tráfico de drogas, y/o cualquier otro que según los tratados o convenios firmados por España, fuera considerado como delito. A mediados del año 2010 el grupo político del Partido Popular presentaba al partido de entonces en el gobierno, Partido Socialista Obrero Español, una enmienda al apartado 4 de este artículo en el que se restringía el enjuiciamiento de estos crímenes solo en aquellos casos en los que estuvieran envueltos nacionales españoles. Por aquel entonces, ONGs internacionales como Amnistía Internacional, y plataformas de profesionales del Derecho como “Jueces por la Democracia”, hacían públicos sus respectivos comunicados rechazando de manera frontal este cambio. Entonces, se recogían en las actas del Congreso las siguientes declaraciones del entonces gobierno de España que sostenían que con la reforma se intentaba “solventar la problemática (…) que afectaba a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos”. De este modo, empezaba una carrera galopante hacia la restricción del principio de jurisdicción universal, que no sólo ha dado quebraderos de cabeza a asuntos internos de este país, sino que también ha dejado huérfanos de justicia a atrocidades como el genocidio del Tíbet.

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