Suiza se plantea colaborar contra la evasión aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información
“Suiza y otras 13 jurisdicciones, de muchas de ellas no habrán oído ni el nombre”. El director del centro de política fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, señaló así en septiembre qué países o territorios aún no habían adaptado sus leyes a las reglas internacionales contra la opacidad financiera. Y cuando buscó un ejemplo para explicar cómo el intercambio automático de datos —nuevo objetivo del G20— acabará en el futuro con prácticas oscurantistas que cobijan la evasión fiscal, lo encontró... en un banco suizo.
Berna se sabe bajo el punto de mira, pero reivindica haber hecho mucho más que otras jurisdicciones opacas. “Y vamos a adoptar todas las reglas internacionales, pero el sistema político en Suiza es peculiar”, aduce Catherine Chammartin, del Secretariado para Asuntos Financieros Internacionales, en referencia a un sistema que prima el consenso, en el que cada cambio legislativo puede someterse a referendum. En sucesivos encuentros con la prensa española esta semana en Berna, en un viaje organizado por el Gobierno suizo, altos funcionarios detallan nuevos proyectos legislativos. Como la posibilidad de dar información a países que la reclamen en base a datos robados de cuentas bancarias en Suiza, siempre que el país reclamante acceda a ella de “forma pasiva”.
La propuesta hace recordar a lo que ocurrió con la lista Falciani, los datos de 130.000 cuentas bancarias extraídos por el informático Hervé Falciani de la sede del banco británico HSBC en Ginebra. El informático ofreció su información a Francia y Estados Unidos, y París, además, la compartió con Italia, Alemania y España a través de los convenios que promueven el intercambio de datos. Las sanciones y regularizaciones fiscales a evasores han suministrado más de 2.000 millones a las arcas públicas de estos países, pese a que no consiguieron colaboración alguna de Suiza.
En este caso, con la nueva propuesta, al menos las agencias tributarias de Italia, Alemania y España, que accedieron a los datos robados de “forma pasiva”, habrían podido optar a la colaboración suiza. Pero los altos funcionarios de Berna matizan: la propuesta no tendrá carácter retroactivo, depende aún del visto bueno del Parlamento helvético y la colaboración no podrá hacerse efectiva si se demuestra que quien extrajo los datos recibió recompensa. En el caso Falciani, Suiza acusa al informático de intentar vender la lista, pero al rechazar la demanda de extradición, la Justicia española (Falciani fue detenido en Barcelona en 2012) lo negó.
Otras de las quejas habituales de los países que acuden a Berna en busca de colaboración, es que la legislación suiza obliga a advertir al cliente cuyos datos bancarios se quieren investigar, lo que, en algunos casos, da al traste con las pesquisas. “En casos excepcionales no informaremos de la petición de datos a la persona investigada”, asegura Daniel Ruffi, del servicio de intercambio de información del Gobierno suizo. Un proyecto, de nuevo, que depende del aval del Parlamento.
Berna tiene en marcha otras propuestas, que responden a las nuevas exigencias de regulación internacional, como limitar las operaciones con dinero en efectivo (aunque el tope, unos 80.000 euros, es mucho más generoso que en otros países como España, apenas 2.500 euros) o endurecer y ampliar las normas que obligan a los bancos suizos a informar de movimientos de dinero ilícito en cuentas de responsables políticos y altos funcionarios extranjeros.
Una alerta que no funcionó en algunos de los grandes casos de corrupción que investigan ahora jueces españoles, como el del extesorero del PP, Luis Bárcenas (8,2 millones en cuentas suizas) o del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet (3,2 millones), vinculado a CDC. Las autoridades suizas prefieren resaltar que luego sí ha habido cooperación con los jueces españoles.
El panorama cambiará de forma radical en los próximos años, si se adopta el sistema automático de intercambio de datos, que el G20 plantea para 2016. Un sistema que obligaría a las entidades financieras a poner la información más relevantes de sus cuentas en una base de datos internacional a la que podrían acceder las agencias tributarias de todos los países incluidos en el sistema. Un misil a la línea de flotación del secreto bancario suizo.
“Cooperaremos en el debate sobre este nuevo sistema”, dice Chammartin, sin dejar de subrayar los recelos helvéticos: “Se debe garantizar la transparencia sobre quienes son los propietarios reales de todas las entidades financieras”, un recado a los trusts y fundaciones habituales en otros países. Suiza mira de reojo a los competidores, otras jurisdicciones opacas: “Las nuevas reglas deben aplicarse en todo el mundo”.
El botín de Duvalier, más cerca de Haití
Las revueltas de la primavera árabe no cogieron a Suiza desprevenida. “Fuimos los primeros en congelar el acceso a cuentas bancarias, en el caso de Siria antes incluso de que hubiese sanciones europeas”, recalca en Berna Pascale Baeriswyl, que dirige el equipo de trabajo suizo para la recuperación de activos. Un equipo que se creó en 2011, precisamente tras la caída de los regímenes tunecino y egipicio.
Porque el secreto bancario suizo fue, durante décadas, el refugio favorito del dinero público desviado por regímenes dictatoriales y autoritarios. Y, cuando hay un cambio hacia sistemas más democráticos, Suiza suele afrontar exigencias de que se devuelva el dinero robado. El Gobierno helvético, que reivindica haber sido responsable de la devolución de un tercio de los cerca de 4.000 millones de euros reintegrados en los últimos años, aprendió las lecciones del caso Duvalier, el tortuoso proceso para restituir a Haití unos 4 milones de euros hallados en cuentas suizas del depuesto dictador. Tras más de una década en litigio, los tribunales administrativos suizos acaban de dar la razón al Gobierno frente a la apelación de los abogados de Baby Doc, como se conoció a Jean-Claude Duvalier. Solo queda el recurso al Supremo, que podría dictaminar este mismo año.
Berna se vio forzada a actuar de urgencia en 2010, cuando la Justicia suiza dictaminó que los activos financieros de Duvalier (apenas una fracción de los 500 millones de euros que varias organizaciones estiman que se desviaron bajo su mandato) no podían seguir congelados, ya que la Administración haitiana, copada por funcionarios del antiguo régimen, no avanzaba en la justificación de que el dinero retenido se había captado de forma ilícita, algo que sí se hizo en los casos de Ferdinand Marcos, en Filipinas, Sani Abacha en Nigeria o Raúl Salinas en México.
Para evitar que los Duvalier accedieran al dinero, el Gobierno suizo preparó una nueva norma (conocida como Ley Duvalier), que permitía alterar el sentido de la carga de la prueba en “Estados fallidos”. En esos casos, son los dictadores depuestos y sus familiares los que deben demostrar que el dinero congelado en cuentas suizas se logró de forma legal.
El problema es que, por ejemplo, ni el Gobierno tunecino ni el egipcio, se consideran pertenecientes a un Estado fallido (su Administración funciona), pese a las enormes dificultades técnicas para sustentar el origen ilícito del dinero que demandan. Y sobre todo, que la primavera árabe ha vuelto a dejar al descubierto que algunos bancos suizos habían vuelto a cobijar dinero ilícito, sin dar cuenta a las autoridades. Las multas impuestas empequeñecen cuando se comparan con los fondos gestionados. Y, pese a que Berna alude al daño a la reputación como principal castigo, se resiste a publicar los nombres de las entidades que guardaron el dinero sucio de dictadores. “No es nuestra forma de hacer las cosas”, puntualiza Baeriswyl.
No hay comentarios:
Publicar un comentario