El Partido Popular se verá obligado a negociar desde este martes cambios en la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. El pleno del Congreso aprobará admitir a trámite las proposiciones de ley de PSOE y PNV que tienen como objetivo modificar la polémica ley. Por su parte, Podemos, pedirá su derogación completa. Estos son algunos de los puntos más polémicos que sanciona la ley.
Manifestarse junto al Congreso y el Senado
El texto aprobado considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión queda al "arbitrio" de la policía. Esta medida coincide con la aparición de movimientos como Rodea al Congreso.
Fotografiar a policías
Las cámaras de vídeo se han multiplicado en las manifestaciones durante los últimos años. Y las redes sociales se han convertido en el instrumento utilizado para difundir grabaciones, que han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes. La Ley Mordaza sanciona "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales" de policías "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación". Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: "Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía".
Parar un desahucio
"En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio", señala la PAH, uno de los colectivos más activos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que el PP llegó a acusar de “coquetear con organizaciones próximas al terrorismo” etarra. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana dificulta la acción de sus activistas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.
Protestar en las alturas
Un artículo de la Ley Mordaza lo deja bien claro. Los agentes multarán “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. “Este artículo parece haber sido redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que Greenpeace realiza basándose en el derecho a la libertad de expresión”, subraya la ONG en el informe que elaboró contra la normativa aprobada por el PP. “En este caso, la comisión de la infracción tiene lugar sin necesidad de que se produzca ni alteración del orden público, ni daño a la seguridad ciudadana”, remacha el colectivo. La imposición de la sanción se somete, bajo criterio policial, únicamente a la existencia de un “riesgo”.
La resistencia pacífica y las sentadas
La Ley Mordaza ha puesto fecha de caducidad, según recalcan las ONG, a la resistencia pacífica. La nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene "la autoridad competente". También sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones".
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