Desde un punto de vista térmico, los últimos años no han destacado por valores extremos. Las temperaturas invernales se han mantenido en torno a los 8ºC de media, que es lo habitual. Sin embargo, la sensación térmica social ha cambiado y se tiene la percepción de que los inviernos están siendo especialmente crudos. El cambio fundamental es que antes de la crisis el frío estaba fuera, pero poco a poco se ha ido metiendo en las casas. Así se ha normalizado y extendido el concepto de pobreza energética.
La primera vez que se formuló esta idea fue en 1973 con el objetivo de medir las consecuencias sociales que la “crisis del petróleo” estaba teniendo sobre la población. La definición inicial de pobreza energética se hace desde una perspectiva “térmica”, bien medida como proporción de los hogares que no pueden mantener la temperatura media en invierno entre 18ºC y 21ºC (Organización Mundial de la Salud, 1987), bien como aquellos que gastan más de un 10 por ciento de sus ingresos en asegurar el confort térmico. Además se identificaron tres factores primarios a partir de lo que se explicaba la renta de las familias, la eficiencia energética de las viviendas y los precios de la energía.
Han pasado cuarenta años desde que se propuso esta definición y en este tiempo han cambiado los patrones culturales y tecnológicos de acceso energético. Además, las condiciones socioeconómicas que marcan esta crisis son muy diferentes a las que se vivieron en los años setenta. Surge aquí una primera cuestión:
¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?
Por un lado, habría que incorporar todos los consumos que tienen las familias como el agua, el gas, la electricidad e incluso el acceso a internet, sin reducir el campo a lo “térmico”. Por otro, sería necesario añadir a los factores primarios la cultura energética -los hábitos- que hasta ahora solo se han tenido en cuenta como elemento para incentivar el consumo. Incorporar nuevos insumos (factores de producción) es clave, ya que marcan los puntos sobre los que dirigir el desarrollo de políticas que consigan revertir la situación.
Por un lado, habría que incorporar todos los consumos que tienen las familias como el agua, el gas, la electricidad e incluso el acceso a internet, sin reducir el campo a lo “térmico”. Por otro, sería necesario añadir a los factores primarios la cultura energética -los hábitos- que hasta ahora solo se han tenido en cuenta como elemento para incentivar el consumo. Incorporar nuevos insumos (factores de producción) es clave, ya que marcan los puntos sobre los que dirigir el desarrollo de políticas que consigan revertir la situación.
Más allá de como la definamos, no debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país. Se trata simplemente de una mirada desde una perspectiva “energética” a un problema estructural. Las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza sufren pobreza energética, pero se hace difícil pensar que pudiese haber personas en pobreza energética que no se encuentren en un proceso de exclusión.
Desde que la crisis empezase en el año 2008 la pobreza se ha hecho más extensa. La Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2013 reconoce una tasa de pobreza del 21,6% de la población de nuestro país (10 millones de personas). El informe de la Fundación FOESSA presentado recientemente amplía ese número a 11,7 millones de personas porque incorpora más factores, además de la renta. Por último el propio INE, al aplicar el indicador AROPE de la UE (que mezcla renta, número de empleos en los hogares y privación), llega hasta los 13 millones (28% de la población) en el año 2013.
En los últimos cinco años, el umbral de la pobreza ha pasado para una persona de 7.576,8 euros a 7.182,1. Una familia compuesta por dos adultos y dos menores ese techo estaba en 2010 en 15.911,2 euros; a finales de 2014 se había reducido hasta loa a 15.082, casi mil euros menos. En resumen, los “pobres” son ahora “más pobres”. La pobreza se ha hecho más crónica también porque la desigualdad se ha disparado –el índice Gini que mide la desigualdad se encuentra en los niveles de 1986- y hace que las personas que están en situación de pobreza tengan menos posibilidades de salir de su situación.
El gasto energético de las familias
El gasto energético de las familias
Para conocer cuál es el gasto energético de las familias, lo mejor es acudir a la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y comparar los datos del año 2006 con los de 2011. Son años en los que se ha producido un significativo cambio en el peso de las partidas de la economía de los hogares. Las que más crecieron fueron los alquileres (45%), la electricidad, el gas y otros combustibles (45%) y los servicios relacionados con la vivienda -como el agua- (31%). De media se pasó de dedicar un 4,6% del presupuesto doméstico a la energía y los suministros a un 6,5%.
Estas variaciones se deben a dos elementos diferentes. El primero es el notable incremento del precio de los insumos (materias primas) energéticos. La electricidad ha incrementado su precio en un 59,7 % entre 2006 y 2013 según el Instituto Energético de Galicia (INEGA); el precio efectivo del gas ha subido un 25% desde el año 2005. También lo ha hecho el agua y pueden servir de ejemplo los datos del Observatorio del Precio del Agua (Agència Catalana de l’Aigua) que reconoce que el precio medio que se paga por metro cúbico en Cataluña —sin las tasas municipales— se ha incrementado casi en un 44% entre 2008 y principios de 2012.
El segundo factor al que atribuir el aumento del presupuesto doméstico para la energía tiene que ver con la propia gestión de la economía familiar. La reducción de renta obliga a ajustar los gastos y a priorizar unas partidas sobre otras. Se toman decisiones que, en función de la situación serán más o menos drásticas. A la hora de atarse el cinturón una familia comenzará, por lo general, reduciendo sus costes variables: menos gasto en ocio, en ropa… Luego pasará a reducir todo lo que pueda sus costes fijos. Más tarde decidirá prescindir de aquellos servicios que parecen más superfluos, posiblemente internet.
Este proceso acaba trasladando a coste variable –del que se puede prescindir- la mayor parte de partidas que antes se consideraban coste fijo. Cuando ya no quede de donde reducir, llegará el momento de renunciar a la calefacción, o restringirla; después llegará el turno de prescindir del agua caliente –alterando sus hábitos de higiene-. Y por último, muy posiblemente, hasta se deje de usar la cocina y se apueste microondas. Al final empezará a jugar con su “tesorería” y se producirá una dinámica de pagos intermitentes de facturas para poder mantener el servicio –Un 9,2% de familias tuvo ya en 2013, según el INE, dificultades para pagar el agua, la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad, la comunidad… y tuvieron que dejar pendientes recibos hasta poder pagarlos… o no. El proceso desembocará inevitablemente en el corte de los suministros y por último, si no se puede pagar la vivienda, en una dinámica de exclusión acelerada: el desahucio y todo lo que lleva aparejado. Son precisamente los Alquileres y las hipotecas, la partida que más ha crecido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.
Este proceso acaba trasladando a coste variable –del que se puede prescindir- la mayor parte de partidas que antes se consideraban coste fijo. Cuando ya no quede de donde reducir, llegará el momento de renunciar a la calefacción, o restringirla; después llegará el turno de prescindir del agua caliente –alterando sus hábitos de higiene-. Y por último, muy posiblemente, hasta se deje de usar la cocina y se apueste microondas. Al final empezará a jugar con su “tesorería” y se producirá una dinámica de pagos intermitentes de facturas para poder mantener el servicio –Un 9,2% de familias tuvo ya en 2013, según el INE, dificultades para pagar el agua, la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad, la comunidad… y tuvieron que dejar pendientes recibos hasta poder pagarlos… o no. El proceso desembocará inevitablemente en el corte de los suministros y por último, si no se puede pagar la vivienda, en una dinámica de exclusión acelerada: el desahucio y todo lo que lleva aparejado. Son precisamente los Alquileres y las hipotecas, la partida que más ha crecido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.
Las dos compañías eléctricas que gestionan el 80% del suministro doméstico (Endesa e Iberdrola) realizaron en 2013, tal y como recogen sus memorias, 931.263 desconexiones. Si se hace una extrapolación al 20% restante, el dato resultante es que se “cortó la luz” a más de un millón de hogares, el 5% de los usuarios domésticos. Teniendo en cuenta el tamaño medio de los hogares españoles estaríamos hablando de 3,6 millones de personas. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar aproximadamente un 60%, es decir, 300.000. Podríamos tener datos similares con otros suministros domésticos como el gas.
En este contexto de pobreza es donde hay que interpretar los datos que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) aporta en su informe sobre pobreza energética del año 2014: Un 9% de familias se declaran incapaces de mantener su vivienda caliente (4 millones de personas) y un 12% gasta más de un 10% de sus ingresos en confort térmico (7 millones de personas). Aunque el informe es de 2014, los datos son de 2012.
El descenso de la esperanza de vida
El resultado de esta espiral negativa es que empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad estructural. En el año 2007 se realizó un estudio sobre la esperanza de vida en la ciudad de Madrid con resultados llamativos. Un varón residente en el Barrio de Salamanca vive 78,9 años frente a los 71,3 años de uno residente en el Barrio de Orcasur. Esta diferencia de 7,6 años se produce en una distancia de 15 kilómetros. Siete años después, y con una crisis de por medio, lo que ha ocurre es que además de que las condiciones de vida son más difíciles (más frío, menos higiene, peor alimentación,…) es necesario trabajar más para llegar a fin de mes. Según la Fundación 1º de Mayo, el 12,3% de los trabajadores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Han de trabajar más horas para alcanzar una renta mínima. La suma de ambos elementos hace que hoy la distancia entre Orcasur y el Barrio de Salamanca supere, con toda seguridad, esos 7,6 años de diferencia en la esperanza de vida. Esta es la consecuencia real de la pobreza energética.
El resultado de esta espiral negativa es que empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad estructural. En el año 2007 se realizó un estudio sobre la esperanza de vida en la ciudad de Madrid con resultados llamativos. Un varón residente en el Barrio de Salamanca vive 78,9 años frente a los 71,3 años de uno residente en el Barrio de Orcasur. Esta diferencia de 7,6 años se produce en una distancia de 15 kilómetros. Siete años después, y con una crisis de por medio, lo que ha ocurre es que además de que las condiciones de vida son más difíciles (más frío, menos higiene, peor alimentación,…) es necesario trabajar más para llegar a fin de mes. Según la Fundación 1º de Mayo, el 12,3% de los trabajadores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Han de trabajar más horas para alcanzar una renta mínima. La suma de ambos elementos hace que hoy la distancia entre Orcasur y el Barrio de Salamanca supere, con toda seguridad, esos 7,6 años de diferencia en la esperanza de vida. Esta es la consecuencia real de la pobreza energética.
Hasta el momento, para paliar esta situación se ha utilizado el Bono Social recogido en la Ley 24/2013. Se trata de un descuento del 25% de la factura eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3kW, pensionistas con más de 60 años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, familias numerosas y también aquellas otras en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Casi dos millones y medio de hogares se beneficiaron del Bono Social en 2013, la mayor parte por tener menos de 3 Kw de potencia. Es interesante ver que, desde el año 2009, el número de personas inscritas ha disminuido en medio millón, lo que no parece lógico cuando la situación social ha empeorado y los gastos en energía crecen tal y como indica la Encuesta de Presupuestos Familiares. Y llama la atención el crecimiento de las solicitudes de las familias numerosas, que llegan a los 162.000 hogares.
¿Es el Bono social tal y como está pensado una solución?
A la luz de los datos parece que no. En primer lugar, no está llegando a la gente que más lo necesita; gran parte de las familias numerosas que lo solicitan no parecen estar entre las que menos renta tienen y un porcentaje no despreciable de los que tienen menos de 3 Kw de potencia contratados –a los que se les aplica sin solicitarlos- son segundas residencias vacacionales. En segundo lugar, el problema se circunscribe a la electricidad cuando lo generan también otros muchos factores. Lo que también ocurre es que la población vulnerable no está accediendo todo lo esperado al sistema, pero no por una mejora de su renta.
A la luz de los datos parece que no. En primer lugar, no está llegando a la gente que más lo necesita; gran parte de las familias numerosas que lo solicitan no parecen estar entre las que menos renta tienen y un porcentaje no despreciable de los que tienen menos de 3 Kw de potencia contratados –a los que se les aplica sin solicitarlos- son segundas residencias vacacionales. En segundo lugar, el problema se circunscribe a la electricidad cuando lo generan también otros muchos factores. Lo que también ocurre es que la población vulnerable no está accediendo todo lo esperado al sistema, pero no por una mejora de su renta.
¿Es posible disminuir la factura en necesidades básicas de las familias y generar empleo simultáneamente?
En este momento las políticas de eficiencia energética están pensadas como inversiones a realizar en el marco de mejoras de viviendas –apoyo a cambio de ventanas, cambio de calderas, electrodomésticos eficientes,…- o edificios –grandes intervenciones en fachadas subvencionadas parcialmente-. Pero este tipo de políticas seguramente va a contribuir a aumentar la “desigualdad energética”: son cada vez más ineficientes los que más lo necesitan y cada vez más eficientes los que menos lo requieren.
En este momento las políticas de eficiencia energética están pensadas como inversiones a realizar en el marco de mejoras de viviendas –apoyo a cambio de ventanas, cambio de calderas, electrodomésticos eficientes,…- o edificios –grandes intervenciones en fachadas subvencionadas parcialmente-. Pero este tipo de políticas seguramente va a contribuir a aumentar la “desigualdad energética”: son cada vez más ineficientes los que más lo necesitan y cada vez más eficientes los que menos lo requieren.
Un cambio en la política es posible si se decide invertir en mejorar las viviendas de los hogares pobres. Se trataría no sólo de inversiones en edificios –que son elevadas para la rentas de los hogares y requieren cofinanciación y acuerdo de todos los vecinos-, sino también poner en marcha pequeñas intervenciones en viviendas particulares a fondo perdido sobre elementos de poco coste como lámparas de bajo consumo, perlizadores de agua, aislamiento de ventanas mediante aislantes adhesivos, termostatos… Se trata de hacer una política macro como suma de muchas intervenciones micro.
En términos sociales esto podría permitir, por un lado, generar un nicho para una mano de obra que no requiere una altísima cualificación y que facilitaría reengancharse tras haber sido expulsada del mercado de trabajo –muchos de la construcción- y por otro, una intervención en hogares vulnerables que incrementaría su renta de forma estable como consecuencia del ahorro producido. En términos energéticos, este tipo de actuaciones son menos eficientes en las viviendas que las que se realizan globalmente en los edificios, pero muchas intervenciones micro sumadas –y posibles- son más eficientes que pocas intervenciones globales –poco factibles a día de hoy-.
¿Es posible disponer de un sistema de precios diferenciados?
Las grandes compañías multinacionales suministradoras de insumos tienen parte de su negocio en otros lugares. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, existen tarifas diferenciadas en función de la renta. Plantear una propuesta de tarifas en función de algunos tramos de renta es una posibilidad que al menos habría que explorar.
Las grandes compañías multinacionales suministradoras de insumos tienen parte de su negocio en otros lugares. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, existen tarifas diferenciadas en función de la renta. Plantear una propuesta de tarifas en función de algunos tramos de renta es una posibilidad que al menos habría que explorar.
Es posible un replanteamiento del Bono Social para resolver el problema de aquellas familias más vulnerables. Sería más eficiente si se tratase de un sistema por el cual, siempre en función de la renta, se solicitase una mejora en la eficiencia de la vivienda que reduciría establemente las facturas y además generaría empleo. Esto debería ampliarse también a otros insumos (gas, internet, agua, electricidad y podría acompañarse de la implantación de un sistema de tarifas en función de la renta. No hay que olvidar en ningún momento que otro de los temas que está presente permanentemente en el análisis es el coste de la energía
¿Se puede mantener la escalada de los precios de la energía?
El cambio de la política sobre la energía en este momento es una buena herramienta para luchar contra la pobreza de forma estructural. La Estrategia Europea 2020 marca como desafíos fundamentales, entre otros, el cambio climático y el aprovisionamiento energético y como objetivos el empleo, la educación y la pobreza. Estos conceptos se traducen en líneas de financiación de fondos europeos (FSE y FEDER fundamentalmente) que pueden ser orientados en estos campos y sobre los que se está en proceso de decisión.
El cambio de la política sobre la energía en este momento es una buena herramienta para luchar contra la pobreza de forma estructural. La Estrategia Europea 2020 marca como desafíos fundamentales, entre otros, el cambio climático y el aprovisionamiento energético y como objetivos el empleo, la educación y la pobreza. Estos conceptos se traducen en líneas de financiación de fondos europeos (FSE y FEDER fundamentalmente) que pueden ser orientados en estos campos y sobre los que se está en proceso de decisión.
Temas abiertos para debatir, hay. Y posibilidades financieras para abordarlos, también.
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