Las dos vueltas de las pasadas elecciones municipales en Francia y las posteriores votaciones europeas se revelaron como un duro golpe para el gobernante Partido Socialista, hasta el punto que el Presidente se vio obligado a cambiar el primer ministro y el conjunto del Gobierno después de las elecciones locales. Estos fueron los primeros comicios desde la llegada de François Hollande a la presidencia de la República en mayo de 2012, y han plasmado el descontento de una parte importante de la población con sus políticas. La abstención y la progresión de la extrema derecha son las muestras más destacables. La derecha achaca el fracaso socialista a la indefinición del Presidente, mientras que la izquierda lo atribuye al giro socio liberal materializado con el Pacto de Responsabilidad y la aplicación de medidas de austeridad en contraposición con la campaña que llevó Hollande a la jefatura del Estado. Sin juzgar el contenido de dichas políticas, es evidente que éstas se alejan de las propuestas que en su momento realizó el candidato socialista. Pero no es solo en la política económica que Hollande se distancia de sus promesas.
Una promesa histórica
Manifestación en Francia contra el racismo el 4 de septiembre de 2010 / Flickr / carac3
Uno de los ejemplos más claros lo encarna el derecho a voto de los ciudadanos extracomunitarios en las elecciones municipales. Reivindicación histórica de la izquierda francesa, Hollande la incorporó en su programa electoral e hizo bandera de ella para diferenciarse de las políticas de su predecesor y rival electoral Nicolas Sarkozy. A principios de los años ochenta, François Mitterrand también la llevó en su proyecto, pero jamás se atrevió a aplicarla. Superados por un racismo latente, los gobiernos de Mitterrand vivieron, por un lado una sucesión rampante de agresiones xenófobas, y por otro la reacción de los colectivos de inmigrantes que empezaban a organizarse. En 1983 se llevó a cabo la “Marcha por la Igualdad y contra el Racismo”, que supuso la primera manifestación multitudinaria contra la discriminación hacia las personas de origen inmigrante. A la Marcha le sucedió la cristalización de diversos movimientos, como SOS Racismo, que exigían una política diferente en materia de inmigración, el voto de los extranjeros así como una lucha más efectiva contra el racismo.
En 2012 Hollande recuperó la promesa perdida, pero una vez instalado en el Elíseo la paralizó hasta el día de hoy. El argumento oficial ha sido siempre que otorgar el derecho de voto a los extranjeros requiere una reforma constitucional cotizada con el voto favorable de dos tercios de la Asamblea Nacional, una suma que la mayoría presidencial –socialistas y ecologistas– no posee. Para llevar a cabo dicha reforma, Hollande debería convencer, al menos, a los diputados centristas y puede que a alguno conservador. Asustado por el auge del Frente Nacional en las elecciones y, sobretodo, por la virulenta reacción de la derecha a la otra promesa estrella del Presidente en materia de derechos civiles, el matrimonio homosexual, el Gobierno ha preferido no abrir este melón hasta, supuestamente, después de las elecciones municipales de hace unos meses.
Son muchos los que en el seno de la mayoría presidencial han presionado para acelerar la aplicación de esta promesa. El paso más destacado lo dieron 75 diputados socialistas que en otoño de 2012 firmaron un manifiesto que exigía al Presidente el cumplimiento de sus promesas sobre el voto de los extranjeros. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales, sindicales y antirracistas han continuado presionando para que se otorgara el derecho a voto a los extracomunitarios. La mayoría se han agrupado bajo el paraguas del Colectivo para el derecho a voto en 2014, exigiendo la aplicación de dicha promesa para las pasadas elecciones municipales.
Una reivindicación que, en muchos casos, se ha acompañado de otras que en su día también formaron parte del programa de Hollande. Por ejemplo, la Unión Nacional de los Estudiantes de Francia (UNEF) sigue exigiendo una reforma de la ley CESEDA, que encuadra la política migratoria de los universitarios, con el objetivo que los estudiantes extranjeros puedan tener un visado plurianual, ya que a día de hoy lo tienen que renovar cada nueve meses, lo que les obliga a pasar al menos 3 veces al año por la prefectura. Esta y otras medidas, como la exigencia de poseer 7.000 euros para poder estudiar en Francia, fueron reforzadas durante el mandato de Nicolás Sarkozy bajo la lógica de la inmigración selectiva. Hollande prometió cambiarlas, pero como en la concesión del derecho a voto, fueron aparcadas.
La presión del discurso de la extrema derecha, y la negativa de centristas y conservadores a facilitar la adopción del derecho a voto de los extranjeros ha paralizado pues esta promesa del Presidente hasta nueva fecha. De hecho, la última vez que éste se expresó sobre la cuestión fue en una rueda de prensa en mayo de 2013. Desde entonces no ha vuelto a hablar del tema.
Manifestación en Francia contra el racismo el 4 de septiembre de 2010 / Flickr / carac3
Nuevo Gobierno, ¿nuevas perspectivas?
Después de los últimos batacazos electorales, Hollande corrió a cambiar su Gobierno, nombrando primer ministro a Manuel Valls. El Presidente indicó que la restructuración respondía a la voluntad de “ir más lejos y más rápido”. Sin embargo, nadie sabe con precisión hacia dónde; si se refería a profundizar en el giro que supone el Pacto de Responsabilidad en materia económica o, por el contrario, a aplicar las medidas estrella del programa electoral que aún están en el aire. Algunos dudan que bajo la tutela de Valls el Ejecutivo dé grandes pasos hacia una nueva política migratoria que implique, entre otras cosas, el reconocimiento del voto de los extracomunitarios en las municipales. El ex ministro del Interior es conocido por las polémicas que ha sembrado en los últimos dos años, como cuando afirmó que “los gitanos no tienen voluntad de integrarse en Francia”. El pasado 8 de abril, en el debate parlamentario sobre el voto de confianza hacia el nuevo Primer Ministro y su Gobierno, Valls anunció que habría reformas en materia de inmigración, sin precisar cuáles serán.
Así pues, está por ver si el nuevo Gobierno dará pasos para cumplir la vieja promesa y permitir que los extranjeros puedan, al fin, votar en las elecciones municipales como ya sucede en algunos países europeos. El periódico Libération afirmaba el pasado 18 de marzo que cerca de 1,8 millón de extranjeros residentes en Francia desde hace más de 5 años podrían beneficiarse de la medida. La mayoría llevan décadas en el país, llegados con las oleadas de la inmigración postcolonial a partir de los años 60. Según los sondeos, más del 50% de los franceses apoyaría la medida. Pero en un país en el que la extrema derecha fue primera fuerza en las elecciones europeas y en el que su discurso racista está cada vez más normalizado, los extranjeros –y sus descendientes– son el chivo expiatorio perfecto para todos los problemas. ¿Se atreverá el nuevo ejecutivo a enfrentarse a este contexto y cumplir una promesa electoral que se arrastra desde hace más de 30 años?
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