Los grandes casos de
corrupción
abiertos en España
No pasa un solo día sin que este país se vea sacudido por el sobresalto de una nueva imputación, detención, registro o revelación sobre los casos más notorios de corrupción que salpican a políticos, empresarios, sindicalistas y personas vinculadas a la realeza. Pero, entre todos –que son muchos- hay dos que han cobrado fuerza en los últimos días y que son especialmente inquietantes porque hunden sus raíces en lo más hondo de los dos grandes partidos políticos españoles: Gürtel –y su derivada, ‘los papeles de Bárcenas’- y los ERE fraudulentos de Andalucía. Han pasado años desde que empezó a rodar la investigación de ambas tramas corruptas, pero es ahora cuando salen a la luz datos que demuestran la relación de una de ellas con el PP y las consideraciones de una jueza que apuntan directamente a la cúpula socialista de Andalucía. Por lo que se refiere a Gürtel y Bárcenas, el juez Ruz ha emitido un auto recogiendo las conclusiones del fiscal anticorrupción que, por primera vez, demuestran el nexo entre la red dirigida por Francisco Correa y la contabilidad del PP. En cuanto a los ERE fraudulentos, es evidente la implicación de exaltos cargos de la Junta de Andalucía pero sus presidentes –José Antonio Griñán ahora y, antes, Manuel Chaves- han negado siempre haber conocido los manejos de sus subalternos y se han parapetado tras el mantra de que fueron ellos los primeros en denunciar los hechos a la justicia. Sin embargo, la juez Alaya, que investiga el caso, les tiene en su objetivo y prueba de ello son algunos párrafos que figuran en los últimos autos que ha redactado para enviar a prisión a unos cuantos imputados en la causa. El PP se ha apresurado a lanzar todo tipo de insinuaciones. Le conviene tapar con otro escándalo el vendaval que se cuela por todas sus rendijas desde que Luis Bárcenas empezó a soplar para presionar al Gobierno y a su antiguo partido en un intento desesperado de aliviar su complicada situación judicial. Pero es que hasta el dirigente de IU Diego Valderas, socio y sustento de Griñán para gobernar Andalucía, ha dicho que "si pasa (la investigación de la juez) de lo que ha sido la comisión de investigación habrá que tomar decisiones".
CASO NÓOS
Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y ha escalado al primer puesto de los casos más graves de corrupción que se investigan tras ser imputada su mujer, la Infanta Cristina, hija del Rey.
El 3 de abril, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma imputó a Cristina de Borbón, que deberá acudir a declarar el 27 de abril como copropietaria de Aizóon -tenía el 50% de la entidad mercantil- y directiva de Nóos -era vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada-. El juez instructor, José Castro, ve a la Infanta cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente de Nóos, una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido el duque de Palma.
En su auto, el juez desmonta la tesis defendida por Urdangarin de que la Infanta era una mera figura decorativa que no se enteraba de nada. Y, para ello, se remite a la intervención de José Manuel Romero cuando “ordena, recomienda o aconseja” al yerno del Rey que se abstenga de determinados comportamientos lo que, en buena lógica, hizo en nombre de don Juan Carlos. La recomendación, dice Castro, tiene un tono de reproche hacia las actividades de Urdangarin y “no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido” para instarle a desvincularse del Instituto Nóos. Pero, además, el juez deja claro que, sin la participación de la Infanta, Urdangarin y Diego Torres no hubieran podido perpetrar el expolio de fondos públicos del que se les acusa. La Fiscalía Anticorrupción no comparte el criterio de Castro y ya ha anunciado que recurrirá la imputación.
Según la investigación, el marido de la infanta Cristina y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana. El caso está en fase de instrucción. Iñaki Urdangarin declaró ante el juez el 26 y el 27 de febrero, cuando aseguró que era Diego Torres quien manejaba realmente el Instituto Nóos. También desvinculó a la infanta Cristina de las actividades de la fundación. En enero, la Fiscalía del Estado rechazó investigar si la hija del Rey tuvo conocimiento de las supuestas actividades ilícitas.
Diego Torres no quiere ser el único que haga frente a las responsabilidades del caso y lo ha dejado claro filtrando a la prensa correo electrónicos que dejan al descubierto una relación bastante estrecha de la Casa Real con las actividades del Instituto Nóos. Entre los mails figura uno con una foto con chicas ciclistas en toples, en el contexto de la negociación acerca del equipo ciclista Illes Balears, y con este texto acompañando a la imagen: “Este es mi equipo”. Otro, que firmó como ‘El Duque Em…Palma…Do’, le ha costado quedarse sin calle en Palma de Mallorca
El sábado 16 de febrero, Torres materializó su amenaza y ante el juez Castro destacó el papel relevante que jugaban tanto García Revenga como José Manuel Romero, conde de Fontao. Pero Torres dio un paso más para involucrar al Rey desvelando una supuesta reunión en el Palacio de la Zarzuela en marzo de 2004 a la que, además de él, habrían asistido el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y obviamente Urdangarin. En ese encuentro, negado por Camps, se habría acordado la celebración del Valencia Summit de 2005, uno de los eventos investigados en la causa. Eso sí, precisó que el Rey no estaba en el Palacio.
Además, Torres entregó al juez Castro nuevos correos que demuestran que el Rey estaba al tanto de las actividades de su yerno. “SM me ha comentado un posible patrocinador importante”, escribe Iñaki Urdangarin el 12 de octubre del 2007, en referencia, según el propio exsocio, al Rey (Su Majestad). El 13 de octubre, el duque escribe a Pedro Perelló, empresario y regatista con el que trató de impulsar el proyecto Ayre para crear una segunda escudería española para la Copa América, para la que pedían 100 millones de euros en patrocinios y que finalmente no salió adelante. Le dice que “sobrevender (exagerar) la participación de la familia real en el proyecto cuando quien tú ya sabes nos está ayudando como lo está haciendo no creo que sea el mejor camino. Sobre todo porque mi experiencia me dice que el perfil bajo es mejor compañero de viaje que la venta excesiva de los activos. (…) SM me ha vuelto a comentar las ganas que tiene de que el proyecto salga adelante”.
El 23 de febrero, justo un año después de su primera declaración, Iñaki Urdangarin volvió a declarar ante el juez Castro y lo hizo con la lección muy bien aprendida. Puso todo su empeño en desvincular a la Casa Real de sus actividades y, muy especialmente, a su mujer, la infanta Cristina. “No sé” y “no lo recuerdo” fueron las expresiones más utilizadas por el duque de Palma ante preguntas del tipo de si la infanta participaba en las reuniones de la Junta Directiva de Nóos, de la que era miembro. Urdangarin llegó a decir que su nombramiento respondió a que había cinco sillas y tuvieron que cubrirlas.
Y a finales de mayo, Torres hizo entrega en el juzgado de una nueva remesa de correos que son los que han llevado al juez a imputar a la Infanta porque hasta ese momento no se conocía el cruce de mails sobre Nóos entre Urdangarin y Cristina de Borbón. Solo había correos de terceros que hacían referencias sobre supuestas gestiones de la duquesa a favor de su marido.
CASO DE LOS ERE FRAUDULENTOS
Alaya, por ejemplo, dice que los ERE se habían convertido en un “negocio bilateral” en el que los directivos de las aseguradoras “previo ofrecimiento de dádivas” al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -al que el miércoles se dictó orden de reingreso en prisión- se garantizaban que se “obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros”. La juez incluye en la “trama corrupta” a la autoridad pública que “permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración” y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que “seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio”. En otro auto, el relativo al exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que también ha ingresado en prisión, la juez afirma que este sistema permitió “importantes beneficios para su empresa”, a la vez que él pagaba presuntamente “comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración”. Y añade: La Junta de Andalucía “consentiría este hecho en claro perjuicio del erario. (…) La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de esta, sus principales responsables”.
El supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo es la nueva línea de investigación que está siguiendo la jueza Mercedes Alaya y lo que ha dado con los huesos en la cárcel del ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, que se han unido, entre otros, a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que ingresó en prisión un día antes. Pero hay que recordar que el escándalo estalló cuando se destapó la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas que se beneficiaron de un fondo público de la Junta, el llamado fondo de reptiles, dotado con 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo y en 42 de ellas se han detectado irregularidades.
Esas actuaciones irregulares se produjeron durante diez años y, supuestamente, los principales responsable de la Junta no se percataron de nada. La Intervención alertó del irregular proceso administrativo, opaco y discrecional, empleado para repartir el dinero. Y Griñán, que en aquella época era consejero de Hacienda, reconoció después en la comisión de investigación que se constituyó en el Parlamento andaluz que los interventores habían discrepado del procedimiento utilizado, aunque negó que hubieran detectado irregularidades. Es decir que, a su juicio, el hecho de que las transferencias de financiación no fueran el procedimiento adecuado y que para la gestión de las subvenciones no se siguiera el proceso necesario no era ‘irregular’. En los autos de la juez Alaya se menciona a la Consejería de Economía y Hacienda aunque no directamente a Griñán. Veremos, de todas formas, en qué acaba todo esto.
CASO BÁRCENAS
Aunque Luis Bárcenas ya estaba imputado en el ‘caso Gürtel’, uno de los de mayor envergadura por la extensión de sus raíces y por haber contaminado a políticos de primera línea de uno de los dos principales partidos españoles, el Partido Popular, el caso que ha sido bautizado con su nombre estalló el pasado 16 de enero cuando Suiza comunicó a la Audiencia Nacional que el extesorero del PP había llegado a tener 22 millones en cuentas de ese país. A partir de ahí, se inició un goteo de revelaciones en la prensa que alcanzaron su punto culminante el 3 de febrero, cuando El País publicó lo que denominó “Todos los papeles de Bárcenas”, una serie de apuntes contables del extesorero que registran entregas a las sucesivas cúpulas del partido desde 1990, así como supuestos pagos de otros gastos de la formación política. Entre los destinatarios de los pagos en B aparecen Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja.
Tres días después, Bárcenas acudió a declarar a la Fiscalía Anticorrupción y negó la existencia de cuentas ocultas en el PP y que él fuera el responsable. Existe la impresión de que el extesorero ha filtrado los documentos a través de su amigo y exdiputado del PP, Jorge Trías, que sí se ratificó en su denuncia de la doble contabilidad ante la fiscalía. Bárcenas, entretanto, estaría enseñando una mínima parte de lo que tiene, reservándose la baza de los originales que podría sacar a la luz en el momento que considere más oportuno, y esperando que le ofrezcan algún trato ventajoso para librarse de tener que responder por delitos contra la Hacienda Pública y como el blanqueo de capitales a cambio de no revelar todo lo que sabe sobre la supuesta financiación ilegal de su antiguo partido.
De momento, la trama se complica. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado cuatro conexiones entre la contabilidad oficial del PP y el caso Gürtel que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, por lo que se ha vuelto a inclinar a favor de que sea este magistrado, y no su compañero Javier Gómez Bermúdez, quien asuma el caso, después de que haya estallado un conflicto competencial entre ambos magistrados. Los vínculos entre Gürtel y ‘los papeles de Bárcenas’ son:
1) El 9 de enero de 2002 figura como donativo al PP un ingreso de 26.835 euros, que coincide con un pago de 4,5 millones de pesetas (27.045 euros) por parte de Enrique Carrasco -empresario de la construcción imputado en Gürtel- realizado un día antes a “LB” (indiciariamente identificado como Luis Bárcenas) y que figura en este sumario.
2) Una donación de 12.000 euros hecha el 28 de febrero de 2002 que aparece en la documentación entregada por el PP al Tribunal de Cuentas y un documento de Gürtel del 15 de febrero de ese año que registra la entrega a “L.B.” de la misma cantidad.
3) La coincidencia entre un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donaciones del PP el 18 de diciembre de 2002 y un documento fechado el mismo día “de reparto de un millón de euros, en el que se atribuye a JS (que el fiscal identifica con el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda) la entrega de 60.000 euros”.
4) Un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donativos del PP fechado el 13 de mayo de 2003 y una entrega de la misma cantidad a “LB” del 15 de mayo que obra en la contabilidad de la red Gürtel. “El mismo día 15 de mayo de 2003 existe otra anotación en la cuenta de donativos de 60.101 euros, cuya correspondencia con el anterior documento” ha de ser investigada, dice el fiscal.
Bárcenas, mientras tanto, sigue haciendo la ‘peineta’ a todo el país. El 22 de marzo se negó a declarar ante el juez Ruz y, encima, dijo que no lo haría ‘nunca más’.
CASO GÜRTEL…
La denuncia en 2009 de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.
Gürtel tiene dos ramas. La madrileña, a la que pertenecen todos los anteriormente citados, y la valenciana, que incluye varias instrucciones: el caso de los trajes; la pieza separada del caso FITUR, por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Por lo que se refiere al ‘caso de los trajes’, supuso la investigación de la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El ‘premio’ serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región. Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama. El juicio comenzó el 12 de diciembre de 2011 en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que el 21 de marzo anunció su intención de revisar la sentencia absolutoria.
…Y LA AMNISTÍA FISCAL
Situar a la amnistía fiscal bajo el epígrafe de ‘corrupción’ puede parecer exagerado, y sin duda lo será para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha defendido su ‘criatura’ a capa y espada frente a las acusaciones de la oposición, que empezó considerándola éticamente reprobable y que ha terminado asimilándola a un ‘coladero’ para delincuentes. Y es que, por lo que se sabe, varios imputados en Gürtel se han acogido a esa regularización especial de dinero negro. Antes o después, Montoro tendrá que acabar dando explicaciones. El 13 de febrero dijo en el Congreso que solo un imputado se había acogido a la amnistía. La Agencia Tributaria reveló después que eran dos los empresarios imputados que se habían apuntado a esta vía y que otros seis habían presentado declaraciones complementarias desde que estalló esta trama de corrupción en el 2009. Teniendo en cuenta que Luis Bárcenas también ha revelado que se ha aprovechado del mecanismo, ya son tres los implicados en la trama Gürtel que se han beneficiado de la amnistía fiscal: Fernando Martín (expresidente de Martinsa-Fadesa), Alfonso García Pozuelo (expresidente de Hispánica Construcciones) y Luis Bárcenas (extesorero del PP).
El exdiputado madrileño Alfonso Bosch es el único que puso al orden sus cuentas con Hacienda antes de que estallara el caso Gürtel (ingresó 3.111 euros en el 2008 correspondientes a los ejercicios del 2005 y del 2006). Los otros imputados aclararon sus cuentas con el erario público a partir del 2009 y mayoritariamente en el 2010. La excepción es el también exparlamentario regional Alberto López Viejo, que esperó hasta el pasado julio para abonar a Hacienda 4.722 euros correspondientes a los ejercicios del 2008 al 2011.
CASO PALMA ARENA
Es la matriz del ‘Caso Nóos’y lo destapó un informe encargado por el PSOE al llegar al Govern a raíz del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena, que llevó al banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión. Está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros delitos. Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés. Afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007) y están imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas también es investigado por el caso Ibatur, trama de desvío de dinero del Instituto Balear de Turismo, entre otros casos. El ‘Palma Arena’ ya tiene 26 piezas separadas. Jaume Matas ya fue condenado el 20 de marzo de 2012 a seis años de prisión por pagar con dinero público a un periodista para que hablase bien de él. En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.
CASO POKÉMON
Se indagan las posibles comisiones ilegales a cambio de concesiones municipales, así como una red de enchufes en contrataciones. La investigación la lleva un juzgado de Lugo pero en su segunda fase, que ha recibido el nombre de ‘Manga’, el caso no solo se circunscribe al territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y Cataluña. El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo Vendex y sus distintas filiales. Ahora también en Aquagest y GRS Arc Local. Ángel Espadas, el hombre fuerte del Gobierno del PP en Santiago hasta que dimitió el alcalde Gerardo Conde Roa –que tiene otro caso pendiente- el pasado abril, está en la cárcel desde la madrugada del sábado. El edil de Seguridad de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, al que la juez impuso una fianza de 15.000 euros, ha dimitido de su cargo aunque el alcalde, Ángel Currás, también imputado en este caso, le había retirado las competencias el viernes. Espadas, Vázquez Aldrey, y José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest, fueron detenidos el jueves 14 de febrero. El nuevo escándalo se produjo solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor de Santiago partiendo de la querella de un policía municipal que les acusa de degradarle en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones.
CASO CONDE ROA
Este exalcalde de Santiago, del PP, está siendo investigado por un delito fiscal, por apropiarse del IVA de su constructora y tiene otro sumario pendiente por posible corrupción en un contrato municipal.
CASO BALTAR
Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarón del PP de Ourense, José Luis Baltar, por efectuar un centenar de contrataciones en la Diputación de personas afines al PP en vísperas del congreso provincial del partido del 2010 que ganó su hijo. Hace unos días, el extodopoderoso presidente del PP y de la Diputación de Ourense compareció ante el juez que instruye la querella fiscal contra él por prevaricación y se acogió al derecho constitucional de no contestar a las preguntas de la acusación particular: el PSOE y la organización Manos Limpìas. Pero a preguntas de su propio letrado cargó contra sus empleados: los dos altos funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el exinterventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la provincia. Baltar aseguró conocer los procedimientos para contratar personal y remarcó la “urgencia” -negada por el interventor- de los 104 que firmó en las vísperas del congreso del PP pero precisó que jamás había visto un expediente de contratación. Dijo que se había limitado a firmar los documentos que le ponían delante los jefes de servicio, el interventor o el secretario.
CASO CAMPEÓN
La instrucción del ‘Caso Campeón’ afecta de lleno al ex ministro de Fomento y diputado socialista, José Blanco, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y cohecho al percibir presuntas comisiones ilegales a cambio de favores. Se investiga la trama de subvenciones y comisiones ilegales cobradas y pagadas por el empresario del sector farmaceútico Jorge Dorribo. Los principales imputados, además de Blanco (PSOE), son el ex consejero gallego Fernando Blanco (BNG) y el exdiputado autonómico Pablo Cobián (PP), así como varios altos cargos de la Xunta actual (PP). El 14 de febrero se hizo público que el fiscal encargado del caso en el Tribunal Supremo, Manuel Dolz, pedirá que se juzgue por un posible delito de tráfico de influencias a José Blanco, al que acusa de interceder ante diferentes autoridades a favor de su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente del Grupo Azkar, para que consiguiese la instalación de una nave en Sant Boi (Barcelona). El Ministerio Público considera que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) ya han aportado indicios suficientes para iniciar el proceso judicial y pedir el suplicatorio para proceder contra Blanco, aforado por su condición de diputado. La apertura de un procedimiento judicial no implica el archivo de las pesquisas sobre el resto de actuaciones supuestamente delictivas que se le atribuyen a Blanco como el dinero que habría recibido del empresario farmacéutico Jorge Dorribo por hacer gestiones en su favor ante varios ministerios; su participación en la firma andorrana Salut D’Innovació a través de José Antonio Orozco, o el pago de su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Del sumario del ‘Caso Campeón’ derivó el de las ITV de Catalunya.
CASO ITV
Empresas vinculadas en el caso Campeón acabaron por conducir a una investigación judicial ya abierta en Catalunya sobre una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales que obran en el sumario, Oriol Pujol, secretario general de CDC, era el contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red. El pasado 4 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la juez que investiga el un prolijo informe en el que detalla la participación de Pujol en la trama que intentó amañar un concurso público para adjudicar estaciones de ITV.
Poco después de que el fiscal solicitara la imputación de Pujol, el dirigente nacionalista dio a entender que dejaría alguno de sus cargos si el juez acordaba la imputación, lo que se produjo el 19 de marzo. Inmediatamente el hijo de Jordi Pujol, su delfín destinado a convertirse algún día en el líder de CDC, convocó a la prensa y estrenó un nueva fórmula de dimisión: la delegación. Oriol Pujol anunció que delegaba sus funciones como presidente del grupo parlamentario y como secretario general de Convergenci para no entorpecer el proceso soberanista, pero que seguirá siendo diputado y militante convergente, tras ser imputado por presunto tráfico de influencias. Por supuesto, reiteró su inocencia: “Ni he sido colaboración ni he sido necesario en una trama de corrupción”. Su intención es apartarse de la primera línea política temporalmente, pero sus planes están siendo cuestionados dentro de CiU, que no le quiere en sus listas si se prolonga la imputación.
CASO CLOTILDE
Al presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Gerona), Andrei Petrov, se le atribuye haber blanqueado un total de 56 millones de euros en operaciones urbanísticas a cambio del patrocinio de los equipos de fútbol y hockey patines del municipio. El jefe de la mafia rusa fue enviado a prisión el pasado 28 de enero tras ser imputado por los delitos de integración en organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. El caso salpica al ex alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña, y al concejal Josep Valls, también de CiU.
CASO MERCURIO
El ‘Caso ITV’ y el ‘Caso Clotilde’ no son los únicos que afectan a políticos catalanes, fundamentalmente de CiU y del PSC. A él hay que sumar los casos Palau de la Música, Pretoria y el más reciente caso Mercurio. Todo ello sin olvidar el ‘Pallerols’ -los tres dirigentes de Unió que han sido condenados por financiación ilegal tras firmar la conformidad de la acusación- y otros dos de UDC indultados por el Gobierno del PP.
La ‘operación Mercurio’ ha apartado del cargo al emblemático alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, y al número dos del partido, Daniel Fernández. Al primero se le achaca malversación y al segundo tráfico de influencias. El juez investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de servicios públicos en la ciudad en la que están imputados el hermano, el tío y la pareja de Bustos, además de empresarios.
CASO PALAU
Félix Millet y Jordi Montull están acusados del saqueo del Palau de la Música que en la instrucción se cifra en más de 32millones de euros. Según las investigaciones (entrada de los Mossos en el Palau en julio del 2009), Millet presuntamente recibía comisiones de constructoras a cambio de influir en la concesión de concursos públicos de los gobiernos de CiU. Convergència mantiene su sede embargada por orden judicial al estar considerado este partido responsable a título lucrativo del desvío de 3,3 millones del Palau de la Música. En una causa paralela, están imputados ex altos cargos del PSC por la permuta de fincas con Millet para la construcción de un hotel frente al Palau.
CASO PRETORIA
Este caso de corrupción urbanística, acabó con una veintena de imputados en 2009. A la espera de que se concluya la investigación y con más de la mitad de los imputados iniciales ya sin acusación en la causa, el caso Pretoria reveló supuestas tramas de corrupción con Santa Coloma de Gramenet como eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el exconsejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra y el ex secretario general de la Presidència, Lluís Prenafeta, estuvieron en prisión preventiva.
CASO COOPERACIÓN
Gürtel y Nóos son los casos de corrupción más graves que afectan a la Comunidad Valenciana pero tampoco son los únicos. Uno de los más sonados es el ‘Caso Cooperación’ sobre el desvío en beneficio de una trama mafiosa de ayudas de la Generalitat Valenciana al Tercer Mundo. Hay 27 imputados, entre ellos el exconseller de Cooperación y hombre fuerte del PP valenciano, Rafael Blasco, dos altos cargos de la Generalitat Valenciana y un empresario en prisión.
CASO EMARSA
La causa sobre el supuesto saqueo de los fondos públicos de la depuradora de Pinedo, el denominado ‘caso Emarsa’, que puede alcanzar los 40 millones de euros, va por los 38 imputados y 102 tomos de diligencias cuando se han cumplido dos años de la presentación de la querella que dio origen a la instrucción. La prolija causa judicial investiga la gestión que entre 2004 y 2010 llevó a cabo la ahora extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios del área metropolitana para gestionar esa depuradora y el saneamiento de aguas residuales de Valencia. Están imputados el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, el popular Enrique Crespo, entre otros.
CASO BRUGAL
Brugal es un acrónimo que viene de “Basuras RUrales Gestión ALicante” y es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Está imputado el expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes; en total más de 30 militantes del PP alicantino. En pieza separada, sobre la modificación del PGOU de Alicante, están procesados la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y también diputado autonómico, Luís Díaz Alperi.
CASO CARLOS FABRA
La justicia ha procesado al expresidente de la Diputación de Castellón por varios delitos contra la administración pública. Está imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio de 1999. En junio de 2011 dejó la presidencia de la Diputación de Castellón, después de 16 años al frente de la misma. Entre otras cosas, está acusado de simultanear su cargo público con un negocio de asesoramiento a través de la empresa Camarcas S.L. dedicada a asesoría y consultoría entre 2000 y 2004. En la documentación de Hacienda se reveló que Fabra, administrador único de Camarcas, cobró de por lo menos siete empresas diferentes, algunas de ellas con contratos adjudicados de la administración pública de Castellón, por un importe de 841.021 euros. En enero de 2012, el juez del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Nules acordó la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, y su exmujer, María Desamparados Fernández, por el ‘caso Naranjax’, así como contra Vicente Vilar, administrador único de la empresa, y su entonces mujer Montserrat Vives. A partir del 22 de marzo, el auto de apertura de juicio oral es firme y contra él no cabe recurso. Carlos Fabra era hasta ese momento presidente de la sociedad pública Aerocas (que gestiona el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto sin aviones y ‘para las personas’). Tras saber que será juzgado por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, presentó su dimisión.
CASO UNIÓ MALLORQUINA
En Baleares, además del caso Nóos, la antigua cúpula de UM tiene varios procesos abiertos. El juez de Palma investiga a los dirigentes del partido por asociarse ilícitamente para obtener comisiones de contratos públicos en varias instituciones. En el caso Can Domenge, se indagan supuestas irregularidades en la venta de un solar público del Consell de Mallorca, dirigido entonces Maria Antònia Munar fue condenada a cinco años y medio de cárcel. Ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
CASO VOLTOR
Se trata de un caso con varias piezas en que se indagan supuestos desvíos de fondos entre el 2003 y el 2011 por parte de miembros de UM. En noviembre de 2011, el promotor inmobiliario y dueño de medios de comunicación de Mallorca, Jacinto Farrús, que fue detenido e imputado en 2010 por supuesta corrupción en las tramas de Unió Mallorquina (UM) desde el Gobierno de Baleares, asumió ante la juez del caso Voltor, que donó fondos y bienes de sus empresas a UM para sus campañas electorales. Entre los imputados se encuentran el exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM) y el expresidente de UM Miquel àngel Flaquer.
CASO ANDRATX
Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, varias de las cuales ya han sido juzgadas, llevó a prisión al que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y al ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo (PP).
CASO DE LOS ERE
Es el caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno, destapó cuatro casos de fraude. Una partida 647 millones de euros destinada a ayudar a empresas en crisis sirvió para la inclusión de más de 120 intrusos que cobraban prejubilaciones sin tener derecho a ellas. También se concedieron grandes sumas de dinero en ayudas a empresas, principalmente en la sierra norte de Sevilla, zona de origen del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Entre los imputados y beneficiarios están varios alcaldes del PSOE y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. De los 647 millones, al menos 85 habrían sido defraudados. Guerrero calificó la partida destinada a los ERE’s como el “fondo de reptiles”La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 72 ‘polizones’ entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas, pero también cargos del Partido Popular.
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La investigación está en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.
CASO MALAYA
Afecta a Marbella y se trata del mayor caso de corrupción en el seno de un ayuntamiento. Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento a las órdenes de los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, gestionaba una red de licencias y favores urbanísticos a cambio de cuantiosas comisiones. El dinero defraudado asciende a más de 240 millones de euros.
CASO MINUTAS
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios jurídicos de forma irregular e injustificada. La Policía calcula que en Marbella se defraudaron 670 millones de eurosDel Nido ha anunciado que recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los condenados ingresen en prisión preventiva. El ‘caso Minutas’ es un apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La policía tasa el dinero blanqueado en el ‘caso Malaya’ en unos 670 millones.
CASO ASTAPA
El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y varios miembros de la corporación municipal han sido acusados de falsedad en documento público y blanqueo de dinero. Barrientos pasó seis meses en prisión preventiva por estos delitos. Se investiga el posible blanqueo de 8 millones de euros y el juez bloqueó 40 millones a los imputados, que suman un total de 109 y 120 sociedades mercantiles.
CASO PONIENTE
El ex alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL, una escisión del PP), está acusado por malversación de fondos públicos. La trama giraba en torno a la empresa municipal Elsur. La operación se cerró con la detención de 20 personas por irregularidades de al menos 93 millones de euros.
CASO CAJA CASTILLA LA MANCHA
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó en octubre la investigación sobre la gestión de la anterior dirección de Caja Castilla- La Mancha en la que supuestamente se aprobaron hasta veinte préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros. La causa se abrió en diciembre del 2010 contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.
CASO UMBRA
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga delitos de malversación, blanqueo, cohecho y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio. También están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.
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